El Confidencial

• Ceacop alerta de que el enorme incremento del precio de las materias primas este año amenaza con paralizar obras en marcha y pide mecanismos extraordinarios ante la situación

ndalucía arrastra desde hace décadas un importante déficit de infraestructuras que no solo repercute directamente en los ciudadanos, sino también en las empresas del sector. El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop) lleva años reclamando a todas las administraciones públicas competentes (central, autonómica y local) un especial interés en el desarrollo de infraestructuras en una región como esta, situada en la periferia de Europa, y con una población de ocho millones y medio de habitantes (muy superior a la de la mayoría de los países de la UE).

Ahora, con ocasión de su 25 aniversario, esta entidad que representa a 250 pequeñas y medianas empresas andaluzas del sector, ha presentado un informe con las 25 medidas clave para la recuperación tras la crisis del covid. La primera ha sido poner cifra a esas inversiones necesarias para lograr ese objetivo, así como la consolidación de un tejido empresarial regional, fundamental para la creación de actividad y empleo. A su juicio, sería necesaria una inversión anual de 2.800 millones que permitiera convertir a la obra pública en motor de desarrollo económico y social y en generador de puestos de trabajo. En ese sentido, Ceacop recuerda que por cada millón de euros invertido en infraestructuras se generan hasta 15 puestos de trabajos directos y 30 indirectos. Sin embargo, el pasado año, se adjudicaron en Andalucía 1.723 millones de euros, un 14% menos que el año anterior. Los Ayuntamientos y la Junta de Andalucía se posicionaron como los principales organismos inversores, siendo los responsables de haber adjudicado 635 y 630,5 millones de euros respectivamente, lo que supone que el 73,5% de los contratos de obras y consultoría en Andalucía. El Gobierno central redujo drásticamente la inversión en obra pública en Andalucía, que bajó en 500 millones (un 63% hasta los 280 millones). La presidenta de Ceacop, Ana Chocano, subraya a El Confidencial, que esta cifra es “claramente insuficiente” y recuerda que “la construcción es parte de la solución para la reactivación de la economía andaluza”.

Este sector da empleo a más de 2000.000 personas y es además “fundamental para la construcción de infraestructuras que faciliten la vida de los andaluces”. Pero los constructores no solo reclaman más presupuesto sino una verdadera planificación de infraestructuras a medio y largo plazo de todas las administraciones, evitando que se tomen decisiones por criterios políticos o personales en lugar de los criterios técnicos, y “repartiendo los recursos e inversiones equitativamente entre las ocho provincias andaluzas”. Ceacop ha elaborado una lista con las principales obras por provincias pendientes en Andalucía que entregarán a las administraciones públicas Ceacop ha elaborado una lista con las principales obras pendientes en Andalucía que van a entregar a las administraciones públicas. Entre ellas, destacan el impulso al Plan de Depuración y Saneamiento de Andalucía que ha prometido la Junta de Andalucía. De hecho, el propio presidente de la Junta, Juanma Moreno, anunció el pasado año el Plan Andalucía en Marcha, al que prevé destinar a inversiones 3.450 millones, de los que una cuarta parte, 940 millones, son obras relativas a infraestructuras hidráulicas, “obras fundamentales para la recuperación económica” y para el uso del agua, “especialmente, en agricultura y abastecimiento”. En cuanto a las infraestructuras de transportes, el prometido y retrasado Corredor Ferroviario Europeo, con presupuesto de la UE y que debería haber llegado hasta Algeciras el pasado año, puede ser una de las grandes inversiones que tiren del sector en los próximos años. Por provincias, en Almería, destaca la reclamación de la construcción de ese eje ferroviario (que ahora solo llega hasta Murcia) y también la esperada llegada del AVE a la capital almeriense, ambas competencia del Gobierno central, así como la finalización de la autovía del Almanzora desde la A-7 hasta Baza, dependiente de la Junta. En Cádiz, Ceacop considera prioritario ejecutar la conexión ferroviaria Algeciras-Bobadilla, el enlace de Tres Caminos a San Fernando, y el control de la regresión en los sistemas litorales de la costa gaditana.

En la provincia de Córdoba, se reclama el desarrollo del ramal ferroviario Central y la conversión en autovía tanto de la N-432 como de la carretera que va de la capital cordobesa a Toledo. En Granada, Ceacop pone énfasis en la conducción del Embalse de Rules, pendiente del Gobierno, y también en la ampliación de la línea 2 del metropolitano, competencia autonómica. También considera prioritario el teleférico Granada-Sierra Nevada. En Huelva, la principal reclamación sigue siendo el desdoblamiento del túnel de San Silvestre, pendiente de la Junta, la Presa de Alcolea y el enlace a las playas desde la A-49. En la provincia de Jaén, pide que se prime la conexión ferroviaria Granada-Jaén y la modernización de la línea que pasa por Linares. Además, reclama infraestructuras para la ciudad como la Ciudad de la Justicia y la Ciudad Hospitalaria. En la provincia de Málaga, los constructores consideran esencial desarrollar el corredor litoral ferroviario en la Costa del Sol, donde municipios como Marbella no tienen tren. También reclaman la construcción del acceso norte al aeropuerto y el esperado Tercer Hospital de la capital malagueña. En Sevilla, Ceacop apunta a las tres grandes infraestructuras que llevan prometiéndose desde la Expo 92, hace casi 30 años en la capital: el cierre de la ronda de circunvalación SE-40 (incluyendo el polémico paso del río Guadalquivir); la terminación de la red de Metro y la conexión del aeropuerto con la estación de tren de Santa Justa; y la Ciudad de la Justicia.

La presidenta de Ceacop, Ana Chocano, confía en que la puesta en marcha de estas obras, largamente reclamada en todos los casos en las ocho provincias andaluzas, permitan reactivar el sector, también pendiente de la aprobación en el Parlamento Andaluz de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista). Esta nueva Ley del Suelo, que se aprobará este mismo año, permitirá desbloquear hasta casi 500 PGOU (planes generales de ordenación urbana) que se encuentran anulados o suspendidos parcialmente por incumplir las numerosas trabas administrativas actuales. “Creemos que va a permitir salir de la actual situación y puede agilizar nuevas inversiones públicas locales y provinciales”, explica.

Chocano aprovecha para recordar que una de las grandes reclamaciones de Ceacop es facilitar el acceso de las pymes a las licitaciones, con actuaciones de menor tamaño en lugar de megaproyectos. “Mejor cinco obras de dos millones en lugar de una sola de 10”, subraya.
Precio de las materias primas
Sin embargo, el principal problema al que se está enfrentando el sector este año es al enorme crecimiento del precio de las materias primas que se está produciendo en los últimos meses, que “amenaza seriamente con la paralización de las obras e incluso el aumento del precio de la vivienda, además de arruinar a empresas con contrato adjudicado por un montante que ahora es imposible de cumplir”. La subida del precio del petróleo y sus derivados está teniendo repercusiones en el transporte, especialmente en el marítimo, así como en la fabricación y la distribución, y consecuentemente algunas materias primas como el betún, el acero o el cobre han duplicado el coste. Eso, unido a la enorme demanda de China y otros países emergentes con fuertes planes recuperación, ha provocado un enorme tsunami en el sector de la construcción. La suma de estos factores repercutirá irremediablemente en el precio final de las infraestructuras, que podrían encarecerse entre un 20% y un 35%, a la vez que puede producir problemas de abastecimiento en las obras. Sin embargo, el mayor problema lo tienen las empresas con contratos ya firmados con la administración por unos precios que en estos momentos son imposibles de cumplir con esta desproporcionada subida de costes de las materias primas.

Las empresas se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Tras la entrada en vigor de la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017, la revisión de precios ha desaparecido de los pliegos de contratación pública. “Las empresas no cuentan con ningún mecanismo que les permita revisar los precios fijados en la oferta, por lo que reclamamos que se introduzca alguna herramienta que permita restablecer las condiciones de equilibrio económico en los contratos firmados. Es una situación extraordinaria que requiere una respuesta acorde, medidas especiales, como ocurrió con la puesta en marcha de los ERTE”, asegura Chocano. Asimismo, Ceacop demanda la actualización del banco de precios que sirve de base para los contratos, ya que algunos son anteriores a 2018. “Están obsoletos, no solo por el tiempo transcurrido, sino también por la crisis sanitaria que ha transformado la forma de fabricar, distribuir y acopiar materiales tras el covid”, insiste la presidenta de Ceacop. La patronal alerta asimismo que se trata de un fenómeno a nivel mundial y que, según todas las previsiones económicas, esta alza de precios se mantendrá y posiblemente no volverán a los niveles anteriores. “Nos estamos enfrentando a una situación extraordinaria incontrolable y continuada en el tiempo”, concluye.

El Confidencial

• La industria de la construcción, tras menguar con el estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis, se ha saneado y puede convertirse en motor de recuperación para la economía
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Hay tres grandes consecuencias que ha traído la pandemia de covid-19. La primera es que ha provocado la recesión más profunda desde la Guerra Civil. La segunda es que ha acentuado la preocupación con el cambio climático. La tercera es que se ha acrecentado la disparidad en la distribución del ingreso y la riqueza. Ante este diagnóstico, la prescripción es clara: tenemos que activar cuanto antes la recuperación económica, reducir con contundencia las emisiones de gases de efecto invernadero y de partículas contaminantes, y trabajar intensamente para no dejar a nadie atrás, combatir la desigualdad social y atenuar los riesgos de una creciente polarización de la sociedad. Para lograr esos tres objetivos, la industria de la construcción es estratégica. Es un sector que, tras menguar estrepitosamente con el estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera de 2008-2009, se ha saneado y puede convertirse en un poderoso motor de recuperación para la economía española. Sin embargo, este papel de locomotora en la reactivación lo debe hacer teniendo en mente un modelo inmobiliario español más sostenible, y esto significa pensar en la rehabilitación de edificios y en la construcción de vivienda de alquiler social. La rehabilitación de edificios es un modelo sostenible, porque no solo pretende descarbonizar un sector que representa el 30% de la demanda total de energía final en España, en parte debido a un parque edificatorio antiguo e ineficiente, sino porque además apuesta por la ciudad compacta, con sus beneficios en cuanto a confort y calidad de vida, por hacer un uso más racional del suelo y por dar valor al patrimonio ya construido. Por otro lado, la construcción de vivienda de alquiler social o asequible es sostenible no solo porque tendrá altos estándares de eficiencia energética, sino porque es necesaria para ofrecer soluciones habitacionales a las familias más vulnerables, algo fundamental para mejorar la resiliencia de la economía en tiempos de crisis como los que vivimos hoy.

Pese a estas ventajas, la actividad en rehabilitación y construcción de vivienda social en España es más baja que en los países de nuestro entorno. Pese a los esfuerzos por impulsar la rehabilitación, llevamos años estancados en torno a las 30.000 viviendas rehabilitadas, lo que implica una tasa de renovación efectiva de 0,08 frente al 2,01 de Francia o el 1,49 de Alemania. Por otro lado, la construcción de vivienda de alquiler social es una política que ha sido, en gran medida, abandonada en España. En consecuencia, nuestro parque social apenas representa un 2,5% del total, lo que limita nuestra capacidad de dar respuesta a las urgencias habitacionales de las familias más desprotegidas.

Por tanto, ambos mercados son dos nichos de actividad muy pequeños, pero que precisan ser desarrollados para impulsar el crecimiento de la economía bajo un modelo más sostenible y resiliente. Que la rehabilitación no haya terminado de despegar en España se debe a varios factores, entre ellos, el predominio de la vivienda plurifamiliar en comunidades de propietarios, la falta de estandarización y elevados costes de transacción para la banca en rehabilitaciones integrales, que incluya la intervención de la envolvente; o la escasa familiaridad de los vecinos para acometer obras de rehabilitación energética.

Por tanto, y para romper esas barreras, hay que actuar en varios frentes. Con ese fin, el Gobierno está articulando modelos que integren medidas normativas e instrumentos de comercialización y financiación que derriben esos obstáculos y generen el deseado salto en el número de viviendas rehabilitadas, entre ellos, unos modelos estandarizados de ‘llave en mano’ con un enfoque integral y de mercado basado en los ahorros energéticos que, con la inyección de los recursos europeos, sea viable técnica y financieramente. Tenemos que lograr construirlo y consolidarlo durante estos años para que, en el futuro, se sostenga en el tiempo de manera espontánea. También con los fondos europeos debemos dar un fuerte impulso a un mercado que ahora es casi inexistente, el de la vivienda de alquiler social. La provisión de este tipo de vivienda es un típico caso de ‘fallo de mercado’: pese a haber una fuerte demanda por este tipo de vivienda, el mercado no la produce. Cuando existe un ‘fallo de mercado’ y el sector público no lo solventa, significa que existe un ‘fallo de política’. En España, ese fallo ha sido persistente, y tenemos que corregirlo con un carácter duradero, para quedarse, si queremos levantar un parque de vivienda de alquiler social que responda a las necesidades de los ciudadanos, o los costes sociales y económicos serán altísimos.

Para ello, el suelo público, a través del modelo de ‘derecho de superficie’ u otras fórmulas de colaboración, debe ser utilizado como elemento de apalancamiento para atraer la inversión privada, y ser apoyado con ayudas públicas con el fin de dar mayor consistencia al modelo y garantizar su rentabilidad. Como se ve, la colaboración con el sector privado es fundamental. Para garantizar su éxito, España destinará en torno a 7.000 millones a la rehabilitación de edificios y la vivienda social, lo que representa un 10% del PIB del sector, una inyección de recursos que, además de desarrollar estos dos mercados fundamentales para la sostenibilidad y resiliencia de España, reactivará el sector, creará empleo, lo modernizará y hará de la construcción una actividad más profesionalizada y resistente a los vaivenes de los ciclos económicos.

Tribuna: Pedro Saura García, secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

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• Andalucía se ha levantado sobresaltada el jueves, aparte de por las terribles consecuencias humanas de la pandemia del coronavirus Covid-19, por los brutales datos de paro

Andalucía se ha levantado sobresaltada el jueves, aparte de por las terribles consecuencias humanas de la pandemia del coronavirus Covid-19, por los brutales datos de paro. Casi 140.000 desempleados más en el mes de marzo, el 46% del nuevo paro registrado en el conjunto de España, que elevan la cifra total a 945.000. Si a todo el país le afecta por igual el estado de alarma y la hibernación económica, ¿por qué destaca para mal de tal forma el comportamiento del mercado laboral? Es sabido que el tejido productivo andaluz es más dependiente que en otras autonomías del sector servicios, en detrimento de la industria. Pero el motivo de fondo que explica esta evolución es más político que económico.

Según ha explicado la Consejería de Empleo, que dirige Rocío Blanco (Ciudadanos), el Ejecutivo andaluz ha priorizado que los trabajadores andaluces que se hayan visto afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) cobren cuanto antes sus prestaciones por desempleo. Tan pronto como el próximo 10 de abril en muchos casos, de manera que un importante volumen de hogares puedan mantener un mínimo de nivel de rentas. Para ello, y a diferencia de lo que ha ocurrido en las otras 16 comunidades autónomas, ha incluido a todos los trabajadores de los ERTE como parados directamente. Técnicamente, deberían ser demandantes de empleo no ocupados, pero hacer ese filtro y criba hubiera retardado la tramitación de sus prestaciones ante el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Agustín González, secretario general de Empleo, en un audio distribuido a los medios de comunicación, reconoce esta “anomalía” en los datos. Y la pone en contexto señalando que triplica el peor registro de la serie histórica mensual en Andalucía. “Muchos de los afectados todavía no han podido ser clasificados y forman parte ficticiamente de las listas de paro e incrementan ficticiamente las estadísticas”. La Junta ha aconsejado a los afectados “que se inscriban como demandantes de empleo para agilizar el envío de datos al Gobierno central para que se pueda cobrar la prestación por desempleo cuanto antes”, resume González.

El 1 de abril, se habían presentado ante el Servicio Andaluz de Empleo (que autoriza o rechaza los expedientes) 79.600 ERTE. Javier González de Lara, presidente de la gran patronal andaluza CEA, alaba que el Gobierno regional “ha sido más eficiente y más transparente que en otras regiones, aunque eso provoca a su vez que los datos no sean comparables de manera homogénea”. Desde el lado sindical, Óskar Martín, secretario de Formación y Empleo de UGT Andalucía, estima que esos expedientes incluyen a un máximo de 400.000 personas.

Es decir, que a las casi 140.000 ya incluidas en el sistema a cierre de marzo habrá que añadir al menos 260.000 más. Y ello sin contar los nuevos expedientes que queden por presentar en sectores que han sido congelados más recientemente, desde el lunes, tras el decreto que discrimina entre actividades esenciales y no esenciales. Construcción, notablemente, es la actividad de la que podrían proceder los nuevos ERTE en abril. Una actividad que en cualquier caso ya sumó 32.000 parados más al listado andaluz, la segunda que más desempleo generó tras servicios (casi 90.000 más).

Ana Chocano, presidenta de la patronal de la construcción andaluza Ceacop, recuerda en este sentido que el sector no ha podido recurrir a ERTE por causas de fuerza mayor como las empresas de otros sectores. “A partir de ahora, temo tanto una debacle de empresas que entren en concurso y también la presentación de ERTE, ya que tras el decreto publicado a traición y contramano el pasado domingo sí podemos acogernos al coronavirus como causa mayor”. Esta asociación se ha dirigido tanto al presidente de la Junta, Juanma Moreno, como a las consejerías más inversoras (Fomento y Medio Ambiente) para que agilicen el cobro de las certificaciones de obra pendientes. Chocano también lamenta que al sector, al igual que se le denegó la opción de los ERTE por fuerza mayor, no se le ha permitido optar a los créditos de las líneas del ICO hasta ahora: “Veremos lo que queda, porque se están acabando”.

Un experto independiente perteneciente a un relevante ‘think tank’ andaluz, y que prefiere hablar bajo anonimato hasta tanto las tendencias derivadas del coronavirus estén más claras, rebaja la cifra de trabajadores totales afectados por esos casi 80.000 ERTE al entorno de los 350.000. “Lo que se está primando con esta estrategia de la Junta es el mantenimiento de las rentas mediante la rapidez en la concesión de la prestación. A la reducción de 20 a cinco días en el plazo que tiene el SAE para responder a un ERTE y al silencio positivo en caso de falta de respuesta, se suma la clasificación de todos esos trabajadores como parados directamente para que de manera inmediata soliciten la prestación por desempleo al Estado”, resume. En definitiva, una medida que evite el estallido social en una región donde el 38,2% de la población está en riesgo de pobreza y exclusión social —datos de 2018 de EAPN-Andalucía—. Esto es, 3,2 millones de personas.

Los hoteleros de la Costa del Sol, que empleaban a 22.000 trabajadores directos: “Estamos muertos. Hay que pensar ya en la temporada de 2021”

La situación más dramática es la de los servicios, en especial el segmento turístico y el ligado muy directamente, la hostelería y el ocio. Luis Callejón, presidente de la patronal hotelera de la Costa del Sol Aehcos, da por perdida toda la temporada. Los hoteles de la franja costera malagueña emplean directamente a 22.000 empleados, todos sin trabajo y con posibilidades de recolocación muy complicadas en esta coyuntura.

“Estamos muertos. Habrá un tanto por ciento de la planta hotelera que no volverá a abrir. En la crisis anterior, tras el batacazo de 2008 a 2010, al menos pudimos mantener un suelo de clientes hasta que en 2014 volvimos a crecer. Ahora, la prioridad desde el minuto uno es que las empresas sobrevivan. Y, a medio plazo, trabajar todos juntos para rehacer los convenios colectivos, ya que no podremos vender a los precios de antes y, desde el lado de las empresas, reconvertirnos de verdad hacia la sostenibilidad”.

“Yo como de lo que a otros les sobra”, resume Raúl Nieto, pequeño empresario que gestiona una conocida marisquería en la playa de Urbasur (Huelva). “Depende de cuándo se levante el confinamiento, podré pensar si hay temporada o no este año. Como a últimos de junio, primeros de julio como tarde, sigamos así, yo ya pensaré en 2021”, resume. Sin levantar la persiana de su negocio, tiene gastos fijos de 1.750 euros de agua, luz —”la mercancía que ya tenía la tengo que mantener congelada”— y la hipoteca del local. “No me fío de comprar mercancía ahora, tengo hasta 15 proveedores. Pero estoy cagado. Dos o tres meses puedo aguantar sin abrir, pero mi duda es cómo va a estar económicamente mi clientela cuando llegue el verano y si puedo abrir. El palo económico se notará en que en vez de pedir tres cervezas y quedarse a comer, se tomarán una y a casa”, lamenta.

González de Lara, desde la CEA, señala que la relevante terciarización de la economía andaluza tiene este inconveniente pero también una ventaja: “Si la desenchufas, se apaga rápidamente, pero confiemos en que si se vuelve a encender, también luzca de nuevo con rapidez. La mejor previsión que puedo hacer es que se produzca un efecto espejo, es decir, que la primera quincena de abril sea mala como la última de marzo, pero la segunda permita recuperar un cierto tono como la primera de marzo”, explica gráficamente. La CEA ha pedido una vez más liquidez para que pymes y autónomos puedan superar el bache y seguir vivos cuando la situación sanitaria mejore. “La realidad sigue siendo tozuda y hay que tener paciencia, lo principal es atajar la crisis sanitaria y la cadena de contagio”.

El campo, fuente de mejores noticias
La mejor evolución relativa la muestra el sector agroalimentario, ya que el paro agrario apenas se incrementa en 4.000 personas de un mes a otro. Jaime Martínez-Conradi, director general de Cooperativas Agro-Alimentarias de Andalucía, es contundente: “El sector se ha comportado de 10. Apenas se han presentado ERTE, solo en aquellos sectores muy ligados al sector hostelero como el cárnico, el de leche de cabra o el de las flores. Las medidas de restricciones a la movilidad también han tenido algún impacto en el volumen de empleo en las cuadrillas de recolección. Pero en abril sí nos preocupa la posible escasez de mano de obra, por el cierre de fronteras. Esperamos respuesta del Ministerio de Trabajo a algunas de las propuestas que les hemos presentado.

Martínez, desde UGT-A, realiza por último un reconocimiento al SAE “por el trabajo ingente que está haciendo para el mantenimiento del empleo”. “Hay que reconocer el trabajo tanto de estos como de otros trabajadores públicos, que están permitiendo mantener los servicios básicos en esta crisis”. Recuerda que el SAE ha contratado a 100 personas de refuerzo, como el SEPE ha anunciado que incorporará a 1.000 más a lo largo de este mes. “Venimos de un recorte continuado del sector público y ahora cabe preguntarse dónde está el privado. Necesitamos una renta vital equivalente al Iprem, un fondo social para problemas futuros que venga de Europa y un plan general de reconstrucción del empleo que sea transversal”, resume.

El Confidencial

• El presidente Moreno prometió derogar este impuesto andaluz y Cs fue muy crítico con la tasa, pero ahora los socios deciden mantenerlo con cambios sobre el destino de lo recaudado

El canon del agua, el impuesto que el Gobierno andaluz introdujo en la factura en 2010 y que conlleva un euro al mes por cada contrato, seguirá pagándose. El anteproyecto de ley de Presupuestos que PP y Cs presentarán en Andalucía la próxima semana no acaba con este impuesto autonómico de carácter finalista y destinado a hacer obras urgentes de saneamiento y depuradoras.

El eslogan de la “Bajada Masiva de Impuestos” del presidente Juan Manuel Moreno no llegará a este tributo autonómico, tres euros en la factura trimestral, a pesar de que el canon lleva años en el punto de mira de los populares cuando eran oposición. Moreno prometió derogar este “sobreimpuesto” y encargar una auditoría para saber qué había pasado con los 700 millones de euros recaudados en 2017 y 2018. De momento, no se hará. Vox, con quien PP y Cs empezarán a negociar el Presupuesto la semana próxima, ha pedido que se derogue un impuesto que no ha cumplido con el fin previsto y que con el dinero pendiente de gastar se ejecutan las obras prioritarias. Cs también ha sido crítico con esa tasa y en comunidades como Extremadura ha votado por su supresión junto al PP.

Cambios en la ley
En Andalucía sí habrá novedades. La Consejería de Hacienda da órdenes en el Presupuesto dentro de sus competencias normativas sobre tributos cedidos y propios para modificar la Ley de Aguas de Andalucía “con objeto de ampliar la afectación del tributo, permitiendo afrontar con la recaudación del canon no solo infraestructuras de saneamiento y depuración, sino otro tipo de inversiones en infraestructuras hidráulicas de interés circunscritas al ciclo integral del agua de uso urbano, lucha contra la sequía, calidad del suministro o recuperación ambiental de masas de agua asociadas al abastecimiento”. Prometen hacerlo “transparente” y “eficiente”.

El objetivo es ampliar el catálogo de obras que se pueden construir con este canon finalista. Cuando era oposición el PP siempre ha denunciado que el dinero recaudado con este impuesto no se invertía en las obras comprometidas y sembraba dudas sobre el destino de estos fondos, hablando de una “desviación” millonaria. La actual consejera de Agricultura y Medio Ambiente, Carmen Crespo, aseguró que hay 511 millones de euros sin ejecutar de estos fondos. Se gastaron 219 millones de euros de 730 recaudados.

La patronal Ceacop lleva años siendo muy beligerante con la falta de inversiones públicas, también hidráulicas. La presidenta del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop), Ana Chocano, valoró positivamente los cambios normativos prometidos por PP y Cs. Aseguró que el dinero recaudado debe destinarse a hacer obras en una comunidad con un claro déficit de inversiones públicas porque “para recaudar 800 millones y dejar 400 ociosos en las arcas públicas es mejor que ese dinero se quede en el bolsillo de los ciudadanos”.

Aplauso de la patronal
Ceacop llevó varias preguntas al Parlamento andaluz sobre el destino del dinero recaudado con el canon del agua y recuerda que la Cámara de Cuentas, tras una auditoría sobre este asunto, recomendó que se transfiriera todo el dinero recaudado a una cuenta corriente independiente para garantizar el destino final de estos fondos a infraestructuras hidráulicas. La patronal se dirigió en ocasiones al anterior Gobierno para saber el destino final de esta partida pero nunca hubo transparencia, aseguran desde Ceacop. En su seguimiento de las obras licitadas y adjudicadas con cargo al canon del agua detectaron además infraestructuras anteriores a 2011, cuando entró en vigor el impuesto, y que ya estaban ejecutadas. “Se incluyeron licitaciones que estaban realizadas antes del impuesto, incluso con obras finalizadas, alegando que los expedientes seguían abiertos y se podía cambiar la fuente de financiación de la obra”, explica la presidenta de Ceacop.

Ceacop advierte que el anterior Gobierno incluyó en el canon obras que ya estaban finalizadas cuando el impuesto entró en vigor y alerta de la opacidad

Leandro del Moral, socio fundador de la fundación Nueva Cultura del Agua, subraya “la contradicción” de que el PP cargara duramente contra ese canon “camuflado en las tarifas del agua” y ahora lo mantenga. Una decisión que aplaude. “Y va a hacer falta mucho más de esta figura tributaria”, deja claro. Advierte de que ampliar el catálogo de obras para ejecutar estos fondos es una medida que ya anunció el anterior Gobierno del PSOE y que introdujo en los pasajes del agua de la ley andaluza de cambio climático.

A juicio de este catedrático de la Universidad de Sevilla, que va en la lista de Adelante Sevilla para el ayuntamiento hispalense, si se amplían las obras financiables, sin subir el impuesto, el agujero inversor seguirá ahí. “Si se mantiene hay que dar la cara”, sostiene Del Moral, que deja claro que hay “necesidad de los ayuntamientos de los recursos del canon autonómico para otras obras de suministro, potabilización, distribución etc., pero siempre dentro del ciclo urbano del agua”. “Va a hacer falta mucho dinero y es razonable”, sostiene. “Pero atención con el dinero que se recauda no sobra porque las necesidades en las fases de saneamiento y depuración, a los que actualmente sigue dedicado el canon, son muy grandes, hay muchos déficits. España está sancionada por la Unión Europea por culpa de Andalucía sobre todo. Con repartir el dinero no hay suficiente, me genera dudas”, advierte este catedrático, que sí señala que el dinero no se está aplicando a lo que se tiene que aplicar y que “va a haber que recaudar más para cubrir los costes que actualmente no se cubren”.

172 obras pendientes
De 300 obras declaradas de interés en la comunidad y ligadas a ese impuesto, el Gobierno anterior dejó pendientes, sin ni siquiera proyecto, 172, según los datos oficiales. Hace un año, la Unión Europea castigó a España con una multa millonaria por el retraso en las obras de saneamiento y depuración. 12 millones de euros más otros 11 millones por cada semestre que siguiera sin cumplirse el calendario. De nueve municipios sin depurar sus aguas, siete eran andaluces. Pese a que hacía siete años que el canon del agua era pagado por los andaluces, las obras seguían sin culminar. El Gobierno de la nación rescató algunos proyectos para agilizar la construcción de depuradoras.

El Confidencial

• La patronal Ceacop certifica que los recursos de todas las AAPP para infraestructuras crecen en 2018 por segundo año. La nueva ley de contratos públicos dejó muchos de ellos desiertos

Cambio de tercio en el objeto de las críticas de los constructores andaluces, que llevan una década reivindicando sin descanso el alza en los presupuestos de obras públicas a todas las administraciones. Si tradicionalmente la patronal independiente Ceacop señalaba a la Junta de Andalucía como administración que menos esfuerzo venía realizando en infraestructuras, ahora es el Estado central quien ha recibido el grueso de las críticas. Todo en un año 2018 en el que, según el ya tradicional informe anual de adjudicaciones de esta asociación, la inversión agregada de todas las administraciones creció por segundo año consecutivo hasta 1.325 millones, un 18% más. Un nivel que, pese a aumentar, es aún bajísimo y equivale al del año 2001.

Es de hecho la tercera cifra más baja desde que arrancó el siglo. El informe, presentado ayer miércoles por la presidenta de Ceacop, Ana Chocano, sigue señalando al nivel de 2.500 millones anuales incluidas todas las administraciones como cota mínima para generar nuevas infraestructuras y mantener o modernizar las existentes. Un nivel al que no se ha llegado en los últimos ocho años. En concreto, y sobre las inversiones estatales, estas suponen 266 millones y han crecido un 21% respecto a 2017. Pero esa cifra es la tercera más baja de toda la serie desde 2001. Es cierto que Fomento eleva sus adjudicaciones (un 33% hasta 229 millones), pero el resto de departamentos ofrece unas cifras muy reducidas.

“Con un presupuesto ínfimo, el ministerio responsable de las obras medioambientales, el actual ministerio para la Transición Ecológica, destinó 14 millones a las obras de su competencia. Teniendo en cuenta que este ministerio es el responsable de la protección del litoral, la gestión del río Gualdaquivir o de obras de abastecimiento, esta inversión se queda muy por detrás de las necesidades de mejora y desarrollo de estas partidas”. Así ejemplifican los constructores la escasa dotación para infraestructuras empleada por el Gobierno central en Andalucía aparte del departamento que dirige José Luis Ábalos. Siete de los nueve departamentos ministeriales que adjudicaron obras en 2018 no llegaron a los 6 millones de euros.

Las administraciones locales, en año preelectoral, han sido las que más han tirado del carro, y se sitúan en primer lugar. “Solo las adjudicaciones municipales suponen el 42% de la inversión total en la comunidad autónoma, destinado 567,9 millones de euros a obra pública. Y esto a pesar de tener menos competencias en el ámbito de las infraestructuras, y en teoría, menos recursos que los ministerios y consejerías”, señala el comunicado que acompaña al informe. Los ayuntamientos de Málaga y Sevilla han sido los que han destinado mayores partidas a la mejora de infraestructuras municipales. En ambas provincias se han adjudicado actuaciones por valor de 160 millones de euros destinados principalmente a la conservación y mantenimiento de infraestructuras hidráulicas y mejoras en instalaciones. En el otro extremo se sitúan las provincias de Jaén, Almería y Huelva.

Por lo que respecta a la Junta, varias de cal y varias de arena. En la parte positiva, que el departamento de Fomento casi duplicó la inversión realizada en 2017, aunque se queda en una cifra aún escasa en términos históricos: 142 millones. Sobre el otro gran departamento inversor, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Ceacop vuelve a insistir en que se destinen a obras hidráulicas los recursos anuales que recauda la Junta por el canon del agua en todos los recibos.

“La consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio dispone de 120 millones de euros anuales a través del canon del Agua, destinados a ejecutar las 300 obras de interés general incluidas en el Plan de Depuración y Saneamiento de Andalucía. Sin embargo, una parte importante de estos fondos no se están empleando, ya que sta consejería sólo ha adjudicado 83,6 millones de euros que se han repartido tanto entre obras de depuración y saneamiento como de otra tipología: limpieza de cauces, protección de márgenes o arreglo de caminos rurales”.

Efecto de la nueva ley de contratos públicos
Junto a las puras cifras, Ceacop también ha evaluado el impacto de la entrada en vigor a inicios de 2018 de la nueva ley de contratos del sector público. El resultado fue, inicialmente y por parte de todas las administraciones, la licitación acelerada de un gran número de contratos antes de esa entrada en vigor. Ello obligó a muchas empresa a elegir a cuál concurrir ante la falta de capacidad económica para asumir las garantías financieras de todos ellos al ser de golpe. “Observamos que el número de obras desiertas se ha triplicado, y el número de contratos desistidos se ha duplicado respecto a 2017. Estas cifras vienen a evidenciar deficiencias en la gestión y la falta de adecuación en los contratos a la nueva normativa”. Ceacop ya criticó a inicios del pasado año que se estaba produciendo esa acumulación de licitaciones y del impacto que iba a tener para las pymes.

Además, se critica desde esta patronal no integrada en la CEA (la CEOE andaluza), “la nueva Ley establece una serie demejoras para garantizar la concurrencia de las pymes a los contratos, pero estas nuevas medidas suponen costes añadidos, que deben asumir las empresas, y que dan como resultado que se siga adjudicando en función del precio y no a la mejor relación calidad precio como señala la nueva norma”.