El Correo de Andalucía

• Ceacop denuncia que con la entrada en vigor de la norma en Andalucía apenas se autorizan obras públicas desde el 9 de marzo

Las licitaciones registradas en Andalucía han descendido el 83,40 por ciento tras la entrada en vigor de la Ley de Contratos del Sector Público, según los datos ofrecidos por el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción Consultoría y Obra Pública (Ceacop), que ha alertado de los efectos que puede tener la incertidumbre política en las futuras licitaciones públicas.

De esta forma, según los datos facilitados por Ceacop a la agencia Europa Press, las licitaciones entre el 2 de enero al 8 de marzo de 2018, cuando entró en vigor esta norma, en un período de 65 días, en Andalucía fueron 901, de las que 129 fueron de consultoría y 772 de construcción.

Por el contrario, entre el 9 de marzo al el 30 de mayo de 2018, en un período de 82 días tras la entrada en vigor de la Ley de Contratos, en Andalucía se registraron 149 licitaciones, de las que 19 son de consultoría y 130 licitaciones de construcción. Ello supone un descenso del 83,40 por ciento en el número de licitaciones.

La presidenta de Ceacop, Ana Chocano, quien ya había advertido de una parálisis en la licitación con la entrada en vigor de esta norma, ha explicado a Europa Press que en las semanas anteriores «se registró una avalancha, pero a partir del día 9 y en los primeros 20 días no se licitaba nada nuevo y después se está empezando a licitar pero con cuentagotas, muy poco a poco, y con muchas reservas».

Chocano considera que la ley «es muy larga y tiene muchas indefiniciones», por lo que mientras no se desarrolle el reglamento, «las cosas siguen abiertas, por lo que se tiene que concretar con la práctica».

«A ninguna Administración le gusta licitar algo que no se atiene a la normativa, por lo que repasan todos los pliegos y se retrasa todo mucho», explicó Chocano, quien apunta que se están «acumulando sin licitar» numerosos proyectos de obra pública.

Recordó que esta ley se aprobó en el Congreso en noviembre en 2017 «y ha tardado en entrar en vigor seis meses, y en ese tiempo se podrían haber adaptado todos los pliegos, ha habido tiempo, pero el 95 por ciento de las administraciones no ha cambiado nada».

Chocano explica que a ello se une la «incertidumbre política y que no están aprobados los presupuestos». «Estamos en junio y existe mucha incertidumbre», lamentó la presidenta de Ceacop.

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Dicen los políticos y entendidos en la materia que la economía repunta, y con ella uno de los sectores más castigados durante la crisis: el de la construcción. La obra nueva se está reactivando, promociones todas ella de carácter privado; pero ¿qué está pasando en la obra pública? ¿Es suficiente la inversión acometida por las administraciones para el resurgir de este sector? Son preguntas que intentaron responder representantes de los ingenieros de caminos andaluces, patronal y consultores durante la mesa redonda que se celebró ayer en el marco del encuentro organizado por El Correo de Andalucía sobre Los efectos de la inversión en infraestructuras, y que contó con el patrocinio de la Fundación Cajasol y la colaboración de Ceacop y Sando.

Pero los expertos en la materia, más que hablar de los efectos de la inversión en infraestructuras –de lo que ya se encargó el consejero de Fomento, Felipe López–, sacaron a relucir los «defectos» de la inversión. «Además de invertir poco, lo hacen donde ya se había hecho. La mayoría son obras que ya se habían anunciado», criticó el decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Andalucía, José Abraham Carrascosa, quien mostró su rechazo a la huida que emprendieron gran parte de los políticos asistentes, tras la intervención del consejero.

La ampliación de la línea del metro de Sevilla, la ejecución de los túneles de la SE-40 o la variante de Roquetas de Mar son sólo ejemplos de obras que se anuncian una y otra vez, se dotan todos los años de inversión y que llevan acumulados años y años de retrasos.

Por eso, desde la patronal Ceacop reclaman unos presupuestos «reales, tangibles y que (por una vez) se lleven a cabo (al 100 por cien)», sostuvo su presidenta, Ana Chocano. Una reclamación que se basa en los datos de 2016: mientras que los presupuestos de la Junta de Andalucía y el Estado contemplaban una inversión en infraestructura de 3.300 millones para la comunidad, «sólo se adjudicaron 720 millones, que no significa que se hayan ejecutado».

Las cifras no sólo responden a una caída de la licitación de obra pública, sino a un descenso de los precios de licitación. Gran parte de los proyectos se adjudican incluso por debajo del 50 por ciento del valor de la obra, ya que desde las administraciones españolas tradujeron erróneamente la normativa europea que estipula que todas las obras se tienen que ofrecer a la propuesta más ventajosa, que no la más barata. Sin embargo, en España «se adjudican obras a precios imposibles de ejecutar», lamentó el director general de Construcción de Sando, Jaime Rodríguez.

VALOR SOCIAL

Ingenieros y empresas hacen frente a la demonización a la que se somete la obra pública en silencio, pero recalcan el valor social que aporta. Así lo recoge un informe de Ceacop, que indica que de cada euro de inversión pública en infraestructura más del 0,50 se revierte en las arcas públicas, recordó el director general de Consultores de Ingeniería UG 21, Manuel González Moles.

Durante la crisis, la obra pública se vio relegada a un segundo plano por la educación, la sanidad y los servicios sociales. Sin embargo, la realidad es que sin carreteras ni el niño va al colegio ni el enfermo al hospital.

Por eso, patronal, profesionales y consultores reclaman una planificación real para cubrir las necesidades de la sociedad y reclaman a las administraciones «que planifiquen, eliminen la caja única, cumplan con la ley de morosidad y se den un paseo por las administraciones paralelas y evalúen las eficiencias», aconsejó Manuel Gómez a los únicos representantes de la política andaluza que se quedaron a escuchar a los afectados por la caída de la obra pública.

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• La reactivación registrada en la provincia en 2014 se esfumó el pasado año con 105 millones de euros menos adjudicados. El Gobierno central es la administración que más invirtió

La inversión en obra pública en Andalucía en 2014 repuntó un 64 por ciento –justo antes de las elecciones–, así que el sector creyó ver el inicio de la recuperación. Sin embargo, las citas con las urnas en 2015 dieron al traste con los buenos pronósticos, tanto en la región como en Sevilla. Según las estadísticas del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop), la inversión en obra pública cayó un 27 por ciento el pasado año respecto a 2014 en la provincia sevillana y un 23 por ciento en la comunidad.

Hace dos años en la provincia de Sevilla se adjudicaron 391,7 millones de euros, mientras que en 2015 la cifra se quedó en 286,6 millones de euros, 105 millones de euros menos, según Ceacop. Aún así, Sevilla fue la provincia que encabezó la inversión en obra pública en Andalucía y fue la primera en contratación de infraestructuras.

Lo cierto es que la resaca electoral frenó la recuperación, lenta pero firme, registrada en 2014. Ese año se adjudicaron en Sevilla 391,7 millones de euros en obra pública, frente a los 170,3 millones del ejercicio anterior. El incremento fue del 43,5 por ciento, pero se quedó en un espejismo pre-electoral. En toda la región, se situó en el nivel de 2010 (1.635 millones de euros) tras varios años en los que estuvo por debajo de mil millones.

En 2015, el organismo más inversor en la provincia de Sevilla fue el Gobierno central, que con 127,6 millones de euros, concentró el 44,5 por ciento del total adjudicado en la provincia. Sólo la duplicación de la Nacional IV entre Dos Hermanas y Los Palacios concentró una inversión de 36 millones de euros.

La Junta de Andalucía, por su parte, destinó en la provincia hispalense 58,4 millones, el 20,4 por ciento del total. Entre otras actuaciones, aprobó diez millones para la estación de tratamiento de agua potable de Écija y otros cinco millones para obras en el entorno de Doñana a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Los ayuntamientos fueron los responsables del 26,4 por ciento de la adjudicación en obra pública el pasado año (66,7 millones de euros), mientras que las diputaciones lo fueron del 23,5 por ciento (21,5 millones de euros) y las universidades del 16,2 por ciento (3,3 millones de euros).

Además, Ceacop añade que un 41,9 por ciento de lo adjudicado el pasado año en la provincia de Sevilla fue a parar a empresas andaluzas, esto es, 120 millones de euros.

En cuanto a los datos andaluces, la adjudicación de obra pública en 2014 permitió la creación de 15.000 empleos y el número de trabajadores en el sector subió en la región en 150.000. Pero, según la patronal, los malos datos de 2015 hicieron que al menos la mitad de los puestos de trabajo creados, 7.500, se hayan destruido.

Las administraciones adjudicaron en 2015 en Andalucía 1.252 millones en obras, un 23 por ciento menos que en 2014, algo que la asociación atribuye a la resaca electoral. Por administraciones, la central fue la que más redujo la contratación, un 27 por ciento, aunque siguió manteniendo su ritmo inversor por encima del de la Junta, en 567 millones. Además, Ceacop incidió en que sólo el 12 por ciento de lo que adjudican los ministerios se hace a empresas andaluzas. En el conjunto de las administraciones este porcentaje se eleva al 40 por ciento.

Ceacop, dada la caída en la licitación, pronostica un 2016 con un nuevo descenso en la adjudicación, otro año negativo, «máxime aun con la incertidumbre política que afecta de lleno a las inversiones».

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• El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Publica pidió al Gobierno que no vuelvan a repetirse hechos como este por ser «un perjuicio para Andalucía»

Las reacciones a la paralización de las obras del AVE Sevilla-Antequera, cuyos últimos tramos se construyeron muy cercanos a la localidad sevillana de Marchena, fueron inmediatas tras conocerse que la Junta de Andalucía debía devolver un préstamo de 180 millones de euros al Banco Europeo de Inversiones (BEI), por no culminar dicho proyecto.

Así, desde el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop), y a través de su gerente, Ana Chocano, se pidió al Gobierno andaluz que no se repitan hechos como «la no finalización de las obras del AVE Sevilla-Antequera», algo que supone «un perjuicio para la imagen de Andalucía», que se presenta como una «región de la improvisación» para los posibles inversores, según afirmó Chocano.

En este sentido, solicitó a la Junta un «ejercicio de responsabilidad» por parte de los políticos y técnicos que toman decisiones, para que de este modo «no se repitan hechos como éste». Chocano precisó que «habría auténticos profesionales que en su momento dieron sus números y sus estudios de viabilidad y a lo mejor alguien se ha empeñado en hacerlo». La dirigente de Ceacop manifestó sobre este proyecto que «las obras del tramo ejecutado llevan tres años terminadas y teníamos esperanza de que algún día pudieran utilizarse», tras lo que recordó que la Junta «ya intentó hace cuatro o cinco meses que el Gobierno central finalizara las obras, pero no han llegado a acuerdo, y al final la Junta ha terminado renunciando al proyecto». «No entiendo cómo se planifican las infraestructuras en Andalucía, pues ahora lo que se ha hecho no sirve para nada», agregó la dirigente de Ceacop, quien se pregunta «si se le va a poder dar utilidad o si se va a poder aprovechar».

Por su parte, la vicesecretaria general del PP-A, Virginia Pérez, reclamó este miércoles a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que «busque una solución para terminar la obra del AVE Sevilla-Antequera», ya que ésta, a su juicio, «no pasa por reintegrar al Banco Europeo de Inversiones el crédito concedido de 180 millones de euros y mirar para otro lado después de este nuevo revés asestado por la Administración autonómica al futuro de las infraestructuras andaluzas».

Además, Pérez aseguró que «Díaz tendrá que buscar soluciones para terminar el tramo y que no sean los andaluces, una vez más, los perjudicados por la mala gestión de la Junta de Andalucía». La dirigente popular consideró que la devolución de este crédito no es solo un ejemplo de la «mala gestión» que realiza la Junta, sino de su «falta de ejecución de las inversiones».

Tal y como informaba ayer este periódico, la Junta no descarta volver a solicitar el mismo préstamo al BEI para retomar la infraestructura «cuando la coyuntura lo permita», pero lo urgente era devolver el aval, puesto que éste estaba vinculado a otros proyectos (los Metros de Sevilla, Granada y Málaga), que podrían verse afectados por la penalización de la entidad europea.

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