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Ceacop critica el “bluf” que supone el Plan de Inversiones de Carreteras “que sigue inalcanzable para las pymes”

El Economista

El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción Consultoría y Obra Pública (Ceacop) ha criticado el “bluf” que supone el Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC) que “sigue sin definirse y sin licitarse nada tras casi un año de su presentación” y que “sigue siendo inalcanzable para las pequeñas y medianas empresas de la construcción”, ha lamentado la presidente de Ceacop, Ana Chocano.

En declaraciones a Europa Press, Chocano ha lamentado que este plan “se presentó a medida de todas las grandes empresas que cotizan en el IBEX 35, se ha dirigido a esos grandes grupos que estaban dimensionados”, toda vez que el plan “estaba financiado por el sector privado, bajo el paraguas de la colaboración público privada”.

La dirigente empresarial ha explicado que “el tamaño de las inversiones esta inalcanzable para las pymes”. “La pyme no puede entrar en esos proyectos porque no tiene capacidad financiera ni tiene tamaño”, se ha lamentado.

Asimismo, ha advertido de que este plan “entra en contradicción con la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que aboga por que las pymes participen en todos los procesos de contratación pública”.

Chocano ha explicado que en julio va a hacer un año del inicio de dicho plan y ha apuntado que “en varias ocasiones se han hecho anuncios de que se iba a actuar, con unos primeros contratos en Murcia o Santander, pero la realidad es que no se ha licitado nada”.

Asimismo, han pedido que el Ministerio de Fomento “publique la lista de actuaciones, y todavía estamos esperando respuesta, aunque al final las hemos conocido extraoficialmente”.

Además, ha indicado que el Ministerio “recientemente ha anunciado que se cambiarán sustancialmente las condiciones económicas e introducen como parte importante el llamado ‘riesgo de tráfico'”. Así, según ha explicado, “anteriormente el riesgo estaba vinculado a la calidad del servicio, de forma que si das una buena calidad, cobras, pero ahora se han cambiado las condiciones y se ha introducido el riesgo de tráfico, donde las empresas van a cobrar en función del número de vehículos que pasen, como un ‘peaje en sombra'”.

“Ante esta situación nueva, los financiadores hay que volver a analizar todos los riesgos y ver si es factible ese proyecto”, ha indicado Chocano, quien ha recordado que “para que estas obras de infraestructura no computen en el déficit, el adjudicatario tiene que asumir riesgos”.

Chocano ha apuntado que este plan “se anunció para crear expectativas, pero diez meses después es un ‘bluf’, y no está definido en absoluto”.

Ha apuntado que en Andalucía había varias actuaciones incluidas en el PIC, como regenerar el firme y la conservación de un tramo de la A4, o algún tramo de la SE-40, “pero para ello era necesario rescindir contratos que estaban previamente en vigor”.

“Se trata de actuaciones donde la más pequeña de todas asciende a más de 100 millones de euros, y eso es muy complicado, incluso para un grupo de empresas, que deben poner 100 millones de euros e inmovilizar esa cantidad para acometer el proyecto”, se ha lamentado Chocano, quien ha aseverado que estas empresas “son constructoras, no financiadoras”.




Las Administraciones adulteran el destino de los cánones del agua

El Economista

El canon o los cánones del agua, ese concepto que no siempre puede leerse en las facturas, pero que aumenta el importe a pagar por el consumo de agua de cada hogar español, va teóricamente destinado al mantenimiento o renovación de la red y a la construcción o mejora de infraestructuras hidráulicas. 

Sin embargo, no siempre es así y, en cualquier caso, resulta realmente difícil, por no decir imposible, conocer su destino real. A la Junta de Andalucía, por ejemplo, le han subido los colores en los últimos años, tras ser pillada en falta y ahora trata de paliar en lo posible sus retrasos u olvidos en ese tema con sucesivos anuncios sobre adjudicaciones e inversiones en mejoras y nuevas depuradoras en distintos municipios de la Comunidad.

No está fuera de plazo ya que, salvo por los que marca la política de fondos europea -al parecer el Gobierno andaluz ha devuelto 400 millones de euros de estos fondos europeos que deberían haberse destinado a la construcción de infraestructuras hidráulicas, por incumplir los plazos previstos-, no hay márgenes de tiempo establecidos para que los fondos recaudados por ese concepto se destinen a su fin.

Depuración adecuada
Así, el pasado 24 de junio la Junta anunciaba la adjudicación, por más de 3,9 millones, de la redacción del proyecto y la ejecución de la obra de ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (Edar) de Huércal Overa, en la provincia de Almería. Esta iniciativa, publicada en la plataforma de contratación de la Agencia de Medio Ambiente y Agua, permitirá tratar las aguas residuales generadas por una población de más de 23.000 habitantes y devolverlas en condiciones adecuadas de calidad al medio acuático. El comunicado de la Junta no citaba a la empresa adjudicataria, pero apostillaba que “con esta actuación, financiada con cargo al Canon de Mejora de Infraestructura Hidráulica, se persigue alcanzar un nivel de depuración acorde a lo establecido en la Directiva Comunitaria sobre depuración de aguas residuales urbanas”.

Algún resultado tuvieron las llamadas de atención del PP que, en marzo de 2015, recordaba que el Gobierno andaluz aprobó en 2010 la ejecución de 69 actuaciones hidráulicas que afectan a 144 municipios de la provincia de Granada y aún no había hecho ninguna. En concreto, la entonces candidata del PP al Parlamento andaluz por Granada, Ana Vanessa García, reprochó a la Junta de Andalucía por haber recaudado más de 39 millones de euros con el canon del agua en la provincia de Granada durante ese mandato sin haber acometido “ninguna de las depuradoras comprometidas”.

En septiembre de ese año, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio anunciaba que “invertirá 4,7 millones de euros en las obras de la depuración de aguas residuales y los colectores de Albuñol, en la provincia de Granada”. Según explicó el consejero, José Fiscal, “la principal vía de financiación para llevar a cabo estas actuaciones procederá del Canon de Mejora de las Infraestructuras establecido por la Ley de Aguas, de acuerdo con el principio de recuperación de costes de los servicios relacionados con el agua, incluidos los costes medioambientales y los relativos a los recursos”. Fiscal subrayó entonces que “esta es la primera vez que se habla del canon en esta legislatura”, y recordó que “no tiene finalidad local y que se distribuye con criterios de solidaridad en todo el territorio andaluz, dedicándose íntegramente a financiar la realización de obras de saneamiento y depuración de aguas residuales”.

El caso andaluz ha saltado a los medios de comunicación. El pasado abril, el presidente del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop), Francisco Fernández Olmo, denunciaba que el canon del agua ha recaudado en Andalucía 345 millones desde 2011, supuestamente para depuración, y sólo ha empleado 27 millones. “Un canon que desde 2011 pagamos todos los andaluces en el recibo del agua para financiar saneamientos que no se han hecho y que la Unión Europea puede empezar a sancionar”.

Aunque destacado y con posibles consecuencias legales y pecuniarias, el andaluz es sólo un caso más. El mapa nacional de cánones relacionados con el agua es muy diverso y variado, tanto en el número que aplica cada Comunidad Autónoma, como en su tipología. Incluso en los cánones más recientes -como el de saneamiento- existe una elevada dispersión entre CCAA. Esta diversidad no promueve la transparencia y resulta casi imposible saber si lo que se recauda por estos cánones se dedica efectivamente al objetivo hídrico.

El Govern balear, por poner otro ejemplo, recauda por el canon de saneamiento, con el compromiso de invertir en infraestructuras de saneamiento, unos 10 millones al año. Entre 2001 y 2015 se produjo un déficit de 120 millones. Y es ahora, en el plan anunciado para la adaptación a la normativa estatal y de la UE, que incluye la ejecución de distintos proyectos en los próximos años valorados por los técnicos de la Empresa Municipal d?Aigües i Clavegueram (Emaya) en 222 millones, cuando se prevé una inversión de 104,5 millones con cargo al canon de saneamiento, 13 de ellos en el actual mandato. Entre las medidas que se van a adoptar a corto plazo figura el desarrollo de mecanismos que separen en origen el agua de lluvia de la residual.




Las licitaciones de obra pública vuelve a caer a mínimos históricos

El Economista

Promotores, constructores, ingenieros… Todos han dado la voz de alarma al ver la desidia de las Administraciones Públicas. La licitación de obra pública ha caído en torno a un 80 por ciento en Andalucía desde 2007 y este año volverá a entrar en recesión

El pasado mes de septiembre, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy (PP); la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz (PSOE), y el alcalde de Cádiz, José María González Kichi (Podemos), inauguraban el nuevo Puente de Cádiz, una colosal obra de ingeniería que se estrenó tras una desviación de 239 millones de euros -el coste total ha sido de 511 millones- y con cinco años de retraso -debían haberlo inaugurado el presidente Rodríguez Zapatero, el presidente Chaves y la alcaldesa Teófila Martínez en el año 2010-.

Aquel día, los representantes de tres de los principales partidos del actual panorama político pugnaban por salir en la foto de una de las grandes infraestructuras públicas que se han construido en España en los últimos ocho años, un oasis en mitad de un desierto inversor. Desde el inicio de la crisis, la licitación de obra pública ha caído más de un 80 por ciento en Andalucía, pasando de los casi 7.000 millones licitados en el año 2007 a los poco más de 1.200 del pasado año 2015. Esta cifra es diez puntos superior a la media nacional, cuya caída de licitaciones en estos ocho años se ha situado en algo más del 70 por ciento, según las distintas fuentes consultadas, como las organizaciones Seopan, Fadeco, Ceacop o Asica.

Situación insostenible Promotores, constructores e ingenieros no dudan en señalar que la actual situación es insostenible, no sólo para los empresarios o empleados del sector, sino desde el punto de vista ciudadano, que requiere unas mínimas inversiones en infraestructuras -transportes, sanitarios, educativos, medioambientales?-. Sin embargo, con el presupuesto actual de las distintas Administraciones Públicas “apenas da para el mantenimiento de las infraestructuras ya construidas”, aseguran desde Ceacop. La caída parecía hacerse frenado tras 2012, cuando las licitaciones de obra públicas en Andalucía descendieron por debajo de los 1.000 millones de euros, y comenzó una tímida recuperación a partir de 2013 y 2014. En ese último año las licitaciones superaron los 2.200 millones, cifra muy alejada de los 7.000 millones de 2007, pero que empezaban a vislumbrar un cambio de tendencia. Sin embargo, fue un espejismo. Los recortes para cumplir con los objetivos de déficit unido al año electoral han llevado a la obra pública a unos mínimos históricos en 2016 y con un sector que da el año por perdido.

El presidente de la patronal Fadeco Contratistas, Francisco Carmona, subraya que “si 2015 fue un ejercicio fallido en cuanto a la recuperación de la construcción por el lado de la iniciativa pública, el comienzo de 2016 parece ser la antesala de una nueva recesión de la actividad, y consiguiente aumento del paro”.

En Andalucía, el sector de la construcción emplea en estos momentos a unos 150.000 trabajadores, cifra muy lejana de los 502.700 empleados que señalaba la EPA (Encuesta de Población Activa) del segundo semestre de 2007. Ahora apenas ocupa a un 6 por ciento de la población andaluza en edad de trabajar, tres veces menos que en la época de bonanza económica.

La explosión de la burbuja inmobiliaria hundió a un sector considerado fundamental, tanto por su peso, como por su efecto dinamizador de la economía andaluza y española.

Paralela al hundimiento del sector privado en la construcción ha transcurrido en estos años la caída de la obra pública, en la que hace apenas ocho años se prometía AVE en todas las capitales andaluzas, nuevos hospitales comarcales, corredores ferroviarios, metros, tranvías y cientos de nuevos kilómetros de autovías. Frente a esos buenos deseos, la crisis obligó a todas las Administraciones Públicas a cancelar las promesas y propuestas todavía en papel, y a paralizar o reprogramar proyectos ya en marcha.

Un buen ejemplo es el Puente de Cádiz, previsto para 2010 e inaugurado el pasado mes de septiembre de 2015, aunque la lista de retrasos o cancelaciones es muy extensa. La ronda de circunvalación SE-40 de Sevilla, la llegada del AVE a Granada, la Autovía del Mediterráneo, la del Olivar o la Almanzora, el corredor ferroviario del Puerto de Algeciras, los Metros de Málaga o Sevilla, o los hasta 26 Hospitales Comarcales de Alta Resolución (Chare) previstos por la Junta hace 10 años son otros muchos ejemplos.

Al propio presidente en funciones, Mariano Rajoy, le recordaron hace un par de semanas en su mitin en Granada que la llegada del AVE a la ciudad sigue esperando, con un enorme retraso y, lo que es peor, sin fecha prevista aún. La capital, una de las ciudades españolas más turísticas, sigue en estos momentos incomunicada por tren ya que, debido a las obras, es necesario ir hasta Antequera y allí coger un servicio de autobuses que cubre los más de 100 kilómetros que separan ambas poblaciones. A pesar de ello, el Gobierno central puede presumir de sigue siendo el motor de las obras públicas en Andalucía, al acaparar casi un 65 por ciento de las inversiones -más de 6.000 millones en la última legislatura-, seguida de las corporaciones locales -Diputaciones y Ayuntamientos- y en último lugar por la Junta de Andalucía.

Según el presidente de Fadeco, ?el descenso sufrido el último año responde a la situación de interinidad del Gobierno, y su limitada capacidad para tomar decisiones que afectan a la aprobación y licitación de nuevos proyectos?.

Tampoco se ha librado de la caída la licitación por parte de las Diputaciones y Ayuntamientos, de nada menos que un 71,2 por ciento. Francisco Carmona apunta como causa directa ?las consecuencias derivadas del proceso electoral y la constitución de los nuevos Ayuntamientos, caso de la revisión de las actuaciones planificadas y programadas en la etapa anterior, y la demora en la aprobación de los presupuestos?.

Efectivamente, las elecciones municipales municipales de mayo del pasado año supusieron un vuelco electoral en Andalucía, cuyas corporaciones locales y diputaciones pasaron de estar lideradas por el PP durante los cuatro años anteriores a diversas coaliciones del PSOE con Podemos o Ciudadanos. En muchos de esos casos se han revisado o paralizado proyectos ya planificados. A pesar de ello, los constructores confían en que en la segunda mitad de este año se saquen a licitación proyectos locales que han sufrido retrasos en los últimos meses.

Por lo que se refiere a la inversión promovida por la Junta de Andalucía y su renovado sector público, la cifra alcanzada en el primer trimestre de 2016, de 21,24 millones de euros, representa una caída del 64 por ciento en relación al mismo período del año anterior, una cifra ?ridícula? en opinión de Fadeco.

Por su parte, Ceacop denuncia que “las demoras más significativas las encontramos por ejemplo en actuaciones que cuentan con financiación y que no se ponen en marcha, como es el caso de las 300 obras de depuración declaradas de interés por el Gobierno autonómico, que llevan gran retraso en cuanto a su ejecución, a pesar de que ya se hayan recaudado 346 millones a los andaluces a través del canon del agua, para la construcción de estas infraestructuras. A fecha de hoy, la Administración ha incumplido el plazo de la Unión Europea del 31 de diciembre de 2015 para que las depuradoras necesarias estuvieran en funcionamiento. Y no solo eso, sino que únicamente se ha contratado un 5,46 por ciento de lo anunciado por la Junta”.

La Junta, “optimista”

Por su parte, el consejero de Fomento de la Junta, Felipe López, se ha mostrado “optimista” dentro de las dificultades que existen, como ?la reducción del déficit que marca Bruselas, y que el Gobierno central impone a las comunidades?, lo que provoca que ?no tengamos todos los recursos que nos gustarían?. No obstante, asegura que la Consejería ?no está instalada en la melancolía y está sacando el máximo rendimiento a nuestras capacidades?, tras lo que ha recordado que en 2015 se han puesto en servicio 171 kilómetros de vías de alta capacidad y carreteras convencionales en Andalucía, que ha sumado casi 300 millones de inversión.

Asimismo, ha anunciado que en 2016 se reiniciarán tanto obras empezadas y paralizadas por la crisis como acometerse nuevas licitaciones de obra, de manera que la Consejería pondrá en carga ?obras en carreteras por valor de más de 200 millones de euros?. López ha precisado que se reiniciarán algunas obras ya adjudicadas, pero que estaban paradas, como el desdoble del tramo Alcalá de Guadaira-Dos Hermanas, una obra que empezará en abril; o la finalización del acceso norte a Sevilla mediante el viaducto de Pago de Enmedio, en La Rinconada, que supone una obra de 20 millones de euros. También se acometerá obras en otros puntos de Andalucía, como el tramo de autovía del Almanzora, en concreto el Cucador-Concepción, el reinicio de las obras de desdoblamiento entre Garrucha y Vera o la autovía de circunvalación de Roquetas de Mar.

El presidente del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop), Francisco Felipe Fernández, asegura que “no podremos hablar de recuperación en nuestro sector hasta que la inversión en obra pública se mueva en el entorno de los 2.500-2.800 millones de euros anuales, por parte de todas las Administraciones”.