El Español

• Advierten del fuerte impacto visual que estas instalaciones tendrán sobre el territorio.
• Las ofertas para el arrendamiento de los suelos a ocupar llegan hasta los 3.000 euros.

El boom de parques fotovoltaicos en la provincia de Málaga lejos de detenerse sigue creciendo. La voz de alarma lanzada hace algunas semanas por la Diputación provincial, alertando de los riesgos que este tipo de infraestructuras para el paisaje, puso de manifiesto la preocupación creciente existente entre muchos alcaldes.

Pese a que la gran mayoría de estas iniciativas (un centenar, según algunas fuentes) se encuentran aún en fase de tramitación, el efecto llamada que generan los más de 6.000 millones de fondos públicos destinados a las renovables es evidente.

“En los últimos meses hemos recibido como 40 peticiones de informe de disponibilidad”, confirma la alcaldesa de Archidona, Mercedes Montero, uno de los municipios que por su proximidad a varios centros de transformación resulta más apetecible para los fondos de inversión protagonistas de este fenómeno.

Los vecinos de esta localidad de la comarca de Nororma ya conviven desde hace años con varios parques solares. Y ahora son testigos del impulso de tres más que, en caso de materializarse, supondrán una ocupación cercana a los 2,6 millones de metros cuadrados, con una inversión programada de 66 millones de euros. El de mayor tamaño promovido por Ignis tiene una superficie afectada superior al millón de metros cuadrados.

Tal es el deseo de las firmas por desarrollar proyectos en este término que, según indican desde el Ayuntamiento, propietarios a los que han convencido para arrendar sus terrenos estarían recibiendo del orden de 3.000 euros la hectárea.

“Tenemos una vega preciosa, es mucho campo y terreno de cultivo que se está convirtiendo en una masa de cristal” Mercedes Montero, alcaldesa de Archidona

“Pero se ha escuchado incluso de gente que ha pedido 6.000 euros”, dicen. Estos valores superan los que, según informan desde la Unión Español Fotovoltaica (UNEF) se pagan de media, con entre 1.500 y 2.500 euros la hectárea y año de arrendamiento.

En este nuevo escenario, Archidona participa del movimiento crítico con lo que algunos empiezan a denominar nueva burbuja de las renovables. “Estamos a favor pero llevamos un tiempo en el que casi todos los días entran informes de empresas pidiendo informes de compatibilidad urbanística y estamos obligados a darlos”, explica.

La ausencia de herramientas legales lastra a los municipios a la hora de acotar estas operaciones. “No tenemos instrumentos para rechazar la localización de esos parques”, dice la alcaldesa.

No obstante, como empiezan a hacer otros consistorios, el de Archidona se ha puesto manos a la obra y ha encargado a la Secretaría General y a sus servicios jurídicos que estudien la posibilidad de suspender la concesión de licencias para este tipo de instalaciones.

“Tenemos una vega preciosa que está alrededor de la Peña de los Enamorados, es mucho campo y terreno de cultivo que se está convirtiendo en una masa de cristal por las placas”, se queja Montero, quien pone el acento en el “potente impacto visual que genera”.

“El megaparque nos destruye el entorno, casi un millón de metros cuadrados de olivar en plena producción, está a un kilómetro del Caminito del Rey”. Francisco Martín, alcalde de Álora

El temor a que estos parques incidan negativamente sobre el creciente turismo de interior es compartido por Álora, cuyo alcalde, Francisco Martín (PSOE), informa de que actualmente hay dos grandes operaciones en fase de tramitación: una de ellas con una ocupación superior a los tres millones de metros cuadrados y otra de 1,2 millones.

“A nosotros el megaparque nos destruye el entorno, está a un kilómetro del Caminito del Rey, destruye casi un millón de metros cuadrados de olivar en plena producción; está en paralelo al corredor verde presentado por la Diputación en Fitur, un proyecto turístico espectacular que a los municipios del interior nos da un revulsivo importante”, cuenta. Y advierte del impacto que provocará en los visitantes que vayan caminando o en bici por una zona en la que atravesarán “un mar de placas”.

Para Martín, estas grandes extensiones “son una bestialidad” y comparte la necesidad de que sean controladas por las administraciones superiores. “Seguro que hay sitios donde el impacto sea mínimo, pero en pleno Valle del Guadalhorce y en las proximidades de Parque de las Nieves…”, opina.

Álora, como Archidona, ha dado un primer paso en el intento de obstaculizar estos proyectos. Semanas atrás, el Pleno del municipio aprobó por unanimidad, “sin distinción de color político”, una modificación de las normas subsidiarias para poder retrasar un año la concesión de las licencias de obras siempre que el suelo no urbanizable sufra una alteración “fuera de lo normal”.

El también ha iniciado consultas jurídicas y urbanísticas, en contacto con varias delegaciones autonómicas e incluso con el Gobierno central, es el Ayuntamiento de Cañete la Real. La alcaldesa, la socialista Josefa Jurado, que regresó al puesto hace apenas un mes, tiene sobre su mesa seis proyectos actualmente en tramitación. Cinco de ellos promovidos por Grupo Cobra; el otro por EDP Renovable.

“Cañete es un balcón y los terrenos que serían ocupados son la falda de ese balcón; me llegaría al alma tener todo eso lleno de cristales”. Josefa Jurado, alcaldesa de Cañete la Real

De llevarse a efecto, ocuparán del orden de 180 hectáreas. “Afectan a toda la zona de la Vega; Cañete es un balcón y los terrenos que serían ocupados son la falda de ese balcón”, expresa Jurado, quien añade: “Me llegaría al alma tener todo eso lleno de cristales”.

La alcaldesa admite los beneficios que pueden tener para las arcas municipales, pero subraya la necesidad de recolocarlos. “No decimos que no, pero sí a hacerlos en esa zona”, insiste, advirtiendo de que los vecinos se “levantarán” si siguen adelante. La plataforma Cuidemos la Vega Cañetera reunió meses atrás a unos 200 vecinos en contra de estas actuaciones.

El Español

• La nueva ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana es vicepresidenta segunda de la Red Española de Ciudades por el Clima

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) se va a teñir, aún más, de verde. El nombramiento de Raquel Sánchez Jiménez, actual alcaldesa de Gavà, va a reforzar el papel de este ministerio como actor fundamental en las políticas medioambientales que el Gobierno de Pedro Sánchez se ha propuesto desplegar.

La elección de la política catalana supone un claro mensaje de qué tipo de proyectos y políticas va a apoyar el principal brazo inversor del Estado. No en vano, la nueva titular del Mitma es vicepresidenta segunda de la Red Española de Ciudades por el Clima, la Sección de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que persigue integrar en las políticas municipales la mitigación y adaptación al cambio climático.

Tanto en la parte que concierne a las infraestructuras y la movilidad, como en lo que tiene que ver con vivienda, el componente de la sostenibilidad ya había alcanzado una gran relevancia a la hora de priorizar iniciativas durante la etapa de José Luis Ábalos al frente del ministerio. Gran parte de los objetivos de reducción de emisiones tienen en su punto de mira la actividad en materia de transportes o la construcción. Algo en lo que el nombramiento de Sánchez parece que ahondará aún más.

En la ejecutiva del PSC

Del mismo modo, como miembro de la comisión ejecutiva del PSC, Sánchez deberá lidiar con importantes proyectos en relación con Cataluña. La renovación tanto de la infraestructura como del material rodante de los Cercanías, la ampliación de El Prat o la culminación del corredor Mediterráneo serán cuestiones a las que la nueva ministra deberá enfrentarse a lo largo de su mandato.

El hundimiento de RNE: en manos de Podemos, irrelevancia y mínimos de audiencia y de credibilidad
La cadena pública de radio registró a finales de 2020 uno de sus peores datos de audiencia de los últimos 20 años.
En lo que respecta a las ciudades, el desarrollo de los proyectos marcados en el Plan de Recuperación también va a guiar muchas de las políticas en materia de urbanismo. En este sentido, la nueva ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana debería poner en marcha proyectos valorados en 6.820 millones de euros destinados a rehabilitar 1,2 millones de viviendas y a levantar 20.000 casas destinadas al alquiler social.

Licenciada en derecho, profesión que desempeñó en Barcelona y Castelldefels, desde las elecciones municipales de 2007, ha sido regidora del PSC en el Ayuntamiento de Gavà. Entre los años 2007 y 2011 fue tenienta de alcalde de Economía y Hacienda, Recursos Humanos y Servicios Generales, así como portavoz del grupo municipal socialista.

Éxitos electorales
Los dos primeros años del mandato 2011-2015, Sánchez fue tenienta de alcalde del área de Urbanismo, Promoción Económica, Medio Ambiente y Sostenibilidad mientras siguió ocupando su puesto como portavoz del grupo socialista. Una posición que ha pesado en su nombramiento.

El 15 de febrero del 2014 la nueva ministra de Transportes Movilidad y Agenda Urbana fue elegida alcaldesa sustituyendo en el cargo a Joaquim Balsera. Un mandato que revalidó tanto en las elecciones municipales del 24 de mayo de 2015 como en las del 26 de mayo de 2019.

Así las cosas, la elección de la nueva titular del antiguo Ministerio de Fomento, lanza un claro mensaje de la dirección y las prioridades que va a tener el nuevo equipo de Pedro Sánchez. Una ejecutiva a la que se espera que Raquel Sánchez aporte su experiencia y su conocimiento de primera mano de la realidad de la gestión municipal y una clara apuesta por la sostenibilidad.

El Español

• El número de empresas con asalariados de este sector inscritas en la Seguridad Social ha ascendido un 13,8% interanual en abril

Si hay un sector que ha salido reforzado en España de la pandemia es el de la construcción. En un primer momento, como todos, sufrió la parálisis del estado de alarma y cese de la actividad, pero en noviembre recuperó el nivel pre-Covid-19 de empleo y ha cerrado abril con el mayor crecimiento en el número de empresas de los últimos ocho años.

Pongamos estas afirmaciones en cifras. El número de empresas con asalariados del sector de la construcción inscritas en la Seguridad Social en abril ha ascendido un 13,8% interanual, con 16.208 empresas inscritas más que hace un año, lo que supone la mejor cifra de los últimos ocho años, según ha publicado este miércoles el Observatorio Industrial de la Construcción.

En cuanto al empleo, justo antes del pinchazo de la burbuja inmobiliaria en España (2008) había casi dos millones de trabajadores en la construcción. Con la crisis el número cayó hasta los 800.000 y ahora ha vuelto a resurgir. El presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Pedro Fernández Alén, explica a Invertia que “en marzo de 2020 sufrimos un parón enorme pero en noviembre ya habíamos recogido el desempleo generado desde marzo, recuperando cifras precrisis, y hoy por hoy estamos en 1.300.000 trabajadores, pudiendo absorber a muchísimos más”.

La estadística de Empresas inscritas en la Seguridad Social cerró abril con un total de 133.880 sociedades de este sector en el conjunto del país, según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social. En lo que va de año, han pasado de 126.842 a 31 de diciembre de 2020 a las casi 134.000 a 30 de abril de 2021, es decir, un aumento del 5,5% en el primer cuatrimestre de 2020.

“El crecimiento en el número de empresas de construcción va en clara relación con la buena situación del sector”, indica Pedro Fernández. A pesar de que la obra pública bajó el año pasado, la privada ha tirado del carro. La combinación de meses confinados en casa y el aumento del ahorro ha llevado a un despegue de las rehabilitaciones de viviendas. Además, muchos hoteles y establecimientos cerrados han aprovechado para hacer obras de renovación.

Todo eso sin contar aún con la puesta en marcha aún del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía enviado por el Gobierno español a Bruselas y presentado en detalle la semana pasada. La inversión total destinada a rehabilitación de viviendas y regeneración urbana asciende a 11.367 millones de euros hasta 2023.

El componente 2 del texto remitido a la Comisión Europea, titulado “Implementación de la Agenda Urbana española: Plan de rehabilitación y regeneración urbana”, especifica que 6.820 millones de euros procederán de las arcas públicas vía fondos Next Generation EU y los otros 4.547 millones de euros tendrán como origen la financiación privada, complementarios a la financiación ofrecida por el plan en forma de subvenciones.

Empleo para jóvenes y mujeres
Tal y como apunta el presidente de la CNC, “la construcción no es arena, carretilla y ladrillo”. “Se utiliza maquinaria extraordinariamente compleja y estamos intentando que los jóvenes y las mujeres vean la oportunidad de profesionalización que tienen en el sector de la construcción”, afirma.

Junto a la promoción y rehabilitación residencial que todos tenemos en mente, las empresas de este sector también son las que ponen en pie, por ejemplo, infraestructuras de digitalización, nuevas formas de economía circular y los parques eólicos y fotovoltaicos. “Ahora la preocupación que tenemos es que vamos a necesitar mucha mano de obra cualificada a corto plazo; hay una importante carencia”, denuncia Pedro Fernández.

Por este motivo, la Confederación Nacional de la Construcción tiene la Fundación Laboral de la Construcción. Con un presupuesto de 75 millones de euros cada año pagado con las cuotas de las empresas del sector, en 2019 enseñó a 95.000 trabajadores y en 2020, con plena pandemia, a 77.000. “Muchas veces formamos un trabajador y lo que sale de aquí es un empresario”, afirma el directivo.

La organización empresarial ve en la formación profesional de este sector una oportunidad laboral para jóvenes, mujeres y desempleados de la crisis que necesitan reinventarse. Su fundación cuenta con capacidad para formar a 200.000 trabajadores al año. En los cursos que ofrece, el 75% de los alumnos los terminan y, de ese porcentaje, el 85% consigue trabajo.

“Tenemos a muchas mujeres que eran administrativas y ahora son encofradoras o están poniendo el alicatado; se dan cuenta de que es una vida profesional”, incide Pedro Fernández. Por no hablar de ese 40% de paro juvenil que “acabará seguramente siendo un desempleo estructural cuando tenemos trabajo para dar y tomar”.

Las condiciones laborales también han evolucionado en el sector. “Antes era vivir a la intemperie y ahora no es así”, explica el presidente de la CNC. Además, asegura, “la construcción paga bien”. “En los convenios colectivos, el artículo sobre remuneración mínima bruta anual está regulado según las provincias y en todas está por encima de salir mínimo interprofesional con mucho”, expone.

“Ves amigos que han entrado en los cursos formación profesional que salen con un oficio totalmente respetable y que viven muy bien porque acaban siendo el tejido productivo español”, concluye Pedro Fernández.

El Español

• El administrador público de las infraestructuras ferroviarias contará con 6.000 millones para inversión incluidos en los Presupuestos Generales del Estado.

La presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, ha destacado durante su participación en ‘Wake Up, Spain!’ que además de que 2021 sea el Año del Ferrocarril en Europa “tiene que ser el siglo del ferrocarril”.

Para conseguirlo, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias lleva años trabajando y las ayudas europeas impulsarán aún más toda esta labor. La liberalización del servicio es uno de estos proyectos de éxito. El próximo 10 de mayo comenzará a operar la francesa Ouigo. “En esta primera fase habrá dos operadores, aunque tendrían que haber sido más que quedarán para la segunda”, ha asegurado Isabel Pardo de Vera.

La liberalización del ferrocarril va a suponer, en palabras de la presidenta de Adif, “una democratización de las grandes infraestructuras que tenemos”. Pero no es el único proyecto en el que trabaja Adif.

6.000 millones de euros

Isabel Pardo de Vera ha recordado que Adif tiene asignados en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en torno a 6.000 millones de euros para inversiones procedentes de los fondos Next Generation, aunque esta cantidad “puede variar en el proceso en el que estamos”.

Esta cantidad de dinero servirá para que al administrador público siga trabajando en la transformación del sistema ferroviario español. “Adif tiene en su plan estratégico unos objetivos muy claros”, ha apuntado su presidenta.

Entre ellos, la eficiencia energética, el autoconsumo, la venta de suelos, trabajar en la despoblación del país e incluso la generación de energía. Además, tal y como adelantó este medio, ha lanzado un concurso para estudiar y definir su posición en el sector de las telecomunicaciones.

En esa transformación también tiene cabida las estaciones de tren. “La red no son solo líneas”, ha reconocido Isabel Pardo de Vera. De hecho, Adif lleva más de dos años trabajando en convertir esos inmuebles en centros de vida para el viajero y el ciudadano de la localidad donde se encuentre.

Ahí están los grandes planes para Atocha, Chamartín o Málaga. “El plan está desarrollado”, ha explicado la presidenta de Adif. “Son proyectos de calado, que transformarán la ciudad y romperán la imagen de las estaciones”.

Alta velocidad
De la misma manera, la Alta Velocidad sigue su ampliación en España. Isabel Pardo de Vera ha incidido en que “hemos trabajado en un país paralizado por todas desbloquear las obras”.

Tanto este año como el siguiente llegará la inauguración de nuevos tramos y estaciones en la red de alta velocidad española. “No me hagan dar hora y día”, ha pedido la presidenta de Adif, pero ha enumerado varias inauguraciones que serán nuevos hitos para el ferrocarril en España. Por ejemplo, el corredor hasta Torrejón de Ardoz (Madrid), la conexión con Burgos, Granada, la línea hasta Galicia o la línea de Asturias en 2022, entre otras.

Otro concepto importante que marcará el futuro de la movilidad en España será el de autopista ferroviaria. Una apuesta logística para aumentar la cuota de mercancías del tren aliándose con el transporte por carretera. Se basa en realizar los recorridos largos en tren y dejar los camiones para la última milla, es decir, para los últimos recorridos de distribución.

Para concluir, Isabel Pardo de Vera ha puesto hincapié en que “hay que poner en valor toda esa inversión para garantizar el acceso a la movilidad”. Una movilidad que debe ser eléctrica y un tractor transformador del país.