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• Pedro Sánchez precipita una crisis de Gobierno con cambios sólo en el área socialista y manteniendo a los cinco ministros de Unidas Podemos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ejecutado una “fuerte” remodelación del Ejecutivo que sólo afecta a la parte socialista del mismo. Unos cambios de calado: Carmen Calvo, hasta ahora vicepresidenta primera, abandona el Ejecutivo. Su escalafón estará ocupado por Nadia Calviño, responsable de Asuntos Económicos, y que ahora será la número dos. Yolanda Díaz pasa de vicepresidenta tercera a vicepresidenta segunda. Además sale del Gobierno otro peso pesado, José Luis Ábalos,que se despidió del Ejecutivo a través de las redes sociales.

El borrón y cuenta nueva que pretende el jefe del Ejecutivo es más que evidente, como constatan otras salidas más que significativas: su director de gabinete, Iván Redondo, y el hasta ahora titular de Justicia, Juan Carlos Campo. Campo, magistrado de profesión, obtuvo una plaza en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en 2019. No es diputado en el Congreso.

Sánchez imprime un nuevo giro al Gobierno, en el que busca dotar al mismo de un perfil político y económico. El jefe del Ejecutivo quiere dar por superada la época de gestión de la pandemia por la Covid-19 e implanta un nuevo organigrama para que la sociedad identifique este gabinete con recuperación económica y social.

Así se explica que Calviño pase a ostentar la vicepresidencia primera. La máxima responsable económica del Gobierno gana aún más galones de cara a la reactivación económica y la gestión de los fondos europeos. La Moncloa busca un cambio de mensaje: nuevas caras, nuevo Gobierno para un escenario más propicio. Que no se identifique con este último duro año de pandemia y crisis económica.

“El Gobierno inicia una nueva etapa”, ha sentenciado Sánchez en una declaración institucional sin presencia de la prensa y sin posibilidad de realizar preguntas. El jefe del Ejecutivo ha reivindicado una apuesta por rejuvenecer el gabinete, dotar de más peso a las mujeres y contar con perfiles experimentados en la política local, el trato con la gente.

En esta nueva etapa, que según Sánchez tienen que “consolidar la recuperación económica”, la comunicación, el empatizar con la sociedad es clave en la hoja de ruta de La Moncloa. De ahí el cambio en la portavocía del Gobierno y los perfiles políticos más cercanos al día a día de la gente.

REFUERZO DEL PSOE: BOLAÑOS Y LÓPEZ
Sánchez marca punto y aparte en la legislatura con una crisis e Gobierno anticipada por la Ser. Quiere una nueva acción de Gobierno. Y la prueba más evidente es la marcha de su director de gabinete, Iván Redondo, una persona que gozaba de gran poder y ascendencia en La Moncloa, artífice de algunas de las decisiones capitales de Sánchez. Fuentes de Moncloa explican que también habría pedido salir y ha mostrado disposición a ello.

Su posición había sido puesta en entredicho en el seno del PSOE, sobre todo tras el batacazo del partido en las elecciones a la Comunidad de Madrid. La campaña electoral estuvo coordinada por Redondo y los socialistas se vieron sobrepasados por Más Madrid como líderes de la oposición. “Esas peleas entre ellos y la cagada de Madrid han sido definitivas”, explican en el Ejecutivo. Se emplean a peleas entre Moncloa y Ferraz y entre el propio Redondo y Carmen Calvo.

Por contra, cobra fuerza el PSOE en el Gobierno. El partido. Perfil político. En este contexto se enmarca la decisión de aupar a Óscar López como nuevo jefe de gabinete, actualmente máximo responsable de Paradores del Estado. López fue secretario de Organización del PSOE entre 2012 y 2014; líder socialista en Castilla y León y ha sido diputado y senador. En la primarias socialistas de 2017 apoyó a Patxi López.

También hombre de partido es Félix Bolaños. Puntal del PSOE de Madrid, la federación de Sánchez, es un hombre de la máxima confianza del presidente del Gobierno, al que ha encomendado tareas tan sensibles como la negociación para formar el gobierno de coalición, la exhumación de Franco, la negociación con el PP para renovar el Poder Judicial…

Hasta ahora secretario general de Presidencia, asume el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, el puesto que ocupa Carmen Calvo. Su labor será, por tanto, asumir la coordinación del gabinete. A su favor cuenta, además de la confianza de Sánchez y ser un hombre de partido, tener buena relación y comunicación con Unidas Podemos -perfiló la coalición con Ione Belarra-.

Y es que precisamente Calvo ha evidenciado en las últimas fechas un desgaste, sobre todo debido a su enfrentamiento permanente con ministros de Unidas Podemos. La aprobación de la ley trans y la ley del sólo sí es sí, a la que había puesto reparos, se interpretó como una derrota política. El fuego amigo dentro del Ejecutivo la situó en el foco. Fuentes gubernamentales desgranan, además, que su relación con Redondo no era del todo buena.

SECTOR ECONÓMICO, INTOCABLE
Otro de los perfiles socialistas que se ve reforzado es el de la andaluza María Jesús Montero. Si bien deja de ser la portavoz del Ejecutivo, siguen manteniendo su peso como titular de Hacienda, responsabilidad a la que añade Función Pública.

Y es que una de los aspectos que ha querido dejar claro Sánchez con su crisis de Gobierno es la columna vertebral del Ejecutivo no se toca y que dos de sus ministras de máxima confianza, Calviño y Montero, ven reforzadas su posición. Calviño como número dos será el máximo referente, con lo que también se traslada un mensaje a Bruselas frente al ruido y los mensajes contradictorios que ha podido haber, sobre todo con Unidas Podemos.

ICETA FUERA DEL DIÁLOGO CON LAS CCAA
Otro ministro con peso político que sigue en el Gobierno es Miquel Iceta, pero en esta ocasión para cambiar de cartera. El líder del PSC era el encargado de la interlocución con las comunidades como titular de Política Territorial. Ahora asumirá Cultura y Deporte en sustitución de José Manuel Rodríguez Uribes.

Justo en el momento en que se debe abrir la mesa de diálogo con la Generalitat y cuando Sánchez quiere abanderar la “agenda del reencuentro”, el líder socialista catalán es apeado del departamento que debe pilotar esa interlocución autonómica.

A Iceta lo sustituye Isabel Rodríguez, alcaldesa de Puertollano y que, además, será la nueva portavoz del Ejecutivo. Su nombramiento ha sido comunicado por Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, durante el Comité regional del PSOE. Rodríguez fue portavoz de Eduardo Madina y de Susana Díaz en Ciudad Real en los dos procesos de primarias que ha protagonizado Pedro Sánchez en el PSOE. Ahora el jefe del Ejecutivo la recupera para uno de los departamentos claves de la legislatura, dándole además los galones de portavoz.

UNIDAS PODEMOS, ‘BLINDADO’
Tras varias semanas trabajando en los cambios, finalmente fue ayer por la tarde cuando lo comunicó a su núcleo duro en Moncloa y a la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que es su interlocutora en el Gobierno de coalición con Unidas Podemos. Los ministros, además de los relevos, no descartan que pueda haber una redefinición de competencias.

Sánchez ha decidido no abrir un debate con Podemos sobre su cuota en el Gobierno y limitar sólo los cambios a las carteras socialistas. Los cinco ministros morados se mantienen en el cargo. Fuentes gubernamentales indican que en la negociación entre Sánchez y Díaz se acordó mantener a los ministerios de Unidas Podemos al margen de la remodelación en una negociación mantenida en los últimos días.

La líder morada ha evitado así también desencadenar una crisis y batalla interna en la formación a cuenta del reparto de cuotas de poder, a los pocos meses de asumir el liderazgo en el Gobierno tras la salida de Pablo Iglesias . Cabe recordar que aunque Iglesias designó a Díaz como el referente de Unidas Podemos en el Gobierno, ésta no milita ni en Podemos ni en IU ni en los comunes de Ada Colau .

Así, la propia Díaz (vicepresidencia tercera y Trabajo), Irene Montero (Igualdad), Ione Belarra (Derechos Sociales), Manuel Castells (Universidades) y Alberto Garzón (Consumo) seguirán en el Consejo de Ministros . Precisamente Garzón ha estado en el foco de la antesala de esta crisis por su campaña para reducir el consumo de carne, que ha molestado tanto a PSOE como a Podemos por las formas y el momento elegido.

“Este nuevo tiempo nos empuja a pensar en grande”, ha escrito Yolanda Díaz en Twitter, para seguir después escribiendo que “el futuro se escribe con la fuerza de las mujeres” y que “este Gobierno sigue comprometido con los grandes retos del acuerdo de coalición”.

El pacto entre ambas formaciones dejó constancia de que Sánchez era quien decidía en los departamentos socialistas, mientras que Díaz era quien tenía la última palabra entre los morados. Y a él se remitieron ambos líderes en su cita.

Según las fuentes consultadas, el presidente no ha podido esperar más, por la inquietud que los cambios habían generado entre sus ministros y por las constantes preguntas de la prensa, y ha decidido acometerlo ya, a pesar de que en los últimos días permanecía abierto el debate sobre si sería mejor esperar a septiembre para acercar la crisis socialista al congreso del PSOE previsto para octubre.

El PSOE canceló esta mañana el acto de presentación de una campaña de afiliación, a cargo del secretario de Organización y ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Inicialmente, este día se había reservado para un evento del partido con Sánchez, pero a lo largo de la semana se modificaron ya los planes.

AGRADECIMIENTOS Y DESPEDIDAS
Tras conocerse los cambios en el Ejecutivo. Los ministros salientes han empleado las redes sociales para despedirse. “Haber servido a mi país como ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha sido un gran honor para mí”, escribió el numero dos del PSOE, además de agradecer a Pedro Sánchez la confianza que puso en él.

Carmen Calvo también utilizó Twitter para despedirse del Gobierno públicamente. “Orgullosa de haber servido a mi país durante estos 3 años tan complejos y de haber cumplido con mi deber”, escribió la hasta ahora vicepresidenta primera del Gobierno.

Por su parte, Nadia Calviño se pronunció desde Venecia -se encuentra en la reunión del G-20 de finanzas- advirtiendo de que la prioridad del gabinete de Pedro Sánchez es lograr la recuperación tras la crisis de la pandemia del coronavirus, informa Efe.

“Este Gobierno está dedicado a consolidar la recuperación económica y social, ésa es nuestra prioridad, desplegar el Plan de Recuperación, desplegar el tejido productivo, impulsar la creación de empleo de calidad, pensando sobre todo en los jóvenes y las mujeres”, dijo la nueva vicepresidenta primera. “Es un honor y una gran responsabilidad ser vicepresidenta de este Gobierno con este programa de futuro ilusionante e inspirador”, añadió.

Así queda el Gobierno

• Presidente: Pedro Sánchez
• Vicepresidenta primera y ministra Asuntos Económicos y Transformación Digital: Nadia Calviño
• Vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social: Yolanda Díaz.
• Vicepresidenta Tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico: Teresa Ribera.
• Ministro de la Presidencia: Félix Bolaños
• Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación: José Manuel Albares
• Ministra de Justicia: Pilar Llop
• Ministra de Defensa: Margarita Robles
• Ministra de Hacienda y Función Pública: María Jesús Montero
• Ministro del Interior: Fernando Grande-Marlaska
• Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana: Raquel Sánchez
• Ministra de Educación y Formación Profesional: Pilar Alegría
• Ministra de Industria, Comercio y Turismo: Reyes Maroto
• Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación: Luis Planas
• Ministra de Política Territorial y Función Pública y portavoz del Gobierno: Isabel Rodríguez
• Ministro de Cultura y Deportes: Miquel Iceta
• Ministra de Sanidad: Carolina Darias
• Ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030: Ione Belarra
• Ministra de Ciencia e Innovación: Diana Morant
• Ministra de Igualdad: Irene Montero
• Ministro de Consumo: Alberto Garzón
• Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones: José Luis Escrivá
• Ministro de Universidades: Manuel Castells

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• Así consta en el ‘Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos’

Los fondos destinados al plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada tanto en general como en entornos urbanos y metropolitanos generarán unos 284.300 empleos y aportarán 20.500 millones de euros al Producto Interior Bruto (PIB) nacional hasta 2026, según se desprende del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con el que trabaja el Gobierno. La inversión prevista supera los 13.200 millones de euros, generará casi 285.000 empleos en España y contribuirá al PIB en 20.500 millones, cerca del doble de lo aportado.

En concreto, el componente número 1 del ‘plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos’ prevé un “fuerte impacto” sobre la actividad económica y el empleo durante los años que durará el plan, alcanzando los 154.000 puestos de trabajo y con una aportación de 11.100 millones de euros al PIB.

Por su parte, el componente número 6, que se recoge proyectos también de ‘Movilidad sostenible, segura y conectada’, generará un “efecto multiplicador” con 9.400 millones de euros de aportación al PIB y motivará la creación de 130.300 empleos nuevos.

Con 6.536 millones de euros que irán dirigidos al ‘Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos’ se pretende impulsar la descarbonización de la movilidad en las ciudades, la mejora de la calidad del aire y de la calidad de vida de las personas. Para ello, se fomentará la transformación del sector del transporte público mediante el apoyo a las administraciones en las inversiones necesarias para la provisión de un sistema digital y sostenible, así como la ayuda para reducir las emisiones del parque de vehículos.

De estos 6.536 millones de euros, en 2020 ya se gastaron 112,5 millones, mientras que este año se invertirán 1.777,6 millones y será en 2022 cuando se dispensará la mayor cantidad, con hasta 2.631,4 millones de euros.

En 2023, la inversión ascenderá a 1.620,8 millones, y en 2024 a 242,8 millones. Los dos últimos años, 2025 y 2026, tendrán una inversión de 87,5 y 53,4 millones, respectivamente. El Gobierno reconoce que la cantidad total se ampliará a 9.336 millones de euros si se tienen en cuenta no solo la inversión de los fondos europeos, sino otras fuentes de financiación distintas al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, como la financiación privada derivada de la necesidad de cofinanciación de una parte de las líneas definidas.

Por su parte, en el componente 6, de movilidad sostenible, segura y conectada en general, el año pasado se gastaron 21,6 millones, mientras que este año se invertirán 437,5 millones y en 2022 unos 1.881,9 millones. En 2023 se alcanzará el pico de gasto, con 2.120,9 millones, mientras que en 2024 será de 1.335,3 millones; en 2025, de 641,6 millones, y en 2026, de 228 millones.

Al igual que en el anterior apartado, aunque la cantidad de fondos destinados es de 6.667 millones, esta cuantía subirá a los 7.867 millones incluyendo otras fuentes de financiación. Estos millones se invertirán en una serie de medidas para modernizar, digitalizar y mejorar la seguridad y la sostenibilidad de las infraestructuras “clave” de transporte interurbano e intermodales en todo el territorio nacional, con especial atención al transporte ferroviario.

OBJETIVOS
Entre los diferentes objetivos, el Gobierno pretende alcanzar al menos una flota de 250.000 vehículos eléctricos en España para 2023, así como lograr un parque móvil de 5 millones de vehículos eléctricos en 2030. También se busca desplegar más de 100.000 puntos de recarga para vehículos electrificados tanto en aparcamientos como en corredores para asegurar la plena disponibilidad de los mismos para 2023.

Por apartados, se inyectarán 2.916 millones en zonas de bajas emisiones y en la transformación del transporte urbano y metropolitano, así como 2.000 millones en planes de incentivos a la instalación de puntos de recarga, a la adquisición de vehículos eléctricos y a la innovación en electromovilidad, recarga e hidrógeno verde.

Por su parte, las actuaciones de mejora de la calidad y fiabilidad en el servicio de Cercanías supondrá un gasto de 1.620 millones, mientras que se invertirán 2.987,6 millones en la red nacional de transporte: corredores europeos.

Unos 1.905 millones irán a parar a la red transeuropea de Transporte, mientras que la intermodalidad y la logística acapararán 974,4 millones, y unos 800 millones serán para un programa de apoyo para un transporte sostenible y digital.

HIDRÓGENO RENOVABLE
Entre otras acciones a realizar con los fondos europeos, el Gobierno también destinará unos 1.555 millones de euros a la creación de una hoja de ruta del hidrógeno renovable y su integración sectorial. El objetivo es conseguir un parque de vehículos ligeros y pesados de combustible de hidrógeno de entre 5.000 y 7.500 unidades para 2030, así como entre 150 y 200 autobuses de pila de combustible. Esta tecnología tiene un elevado potencial en aquellos usos finales en que sea la solución más eficiente, como la industria intensiva en hidrógeno y procesos de alta temperatura, transporte pesado de larga distancia, transporte marítimo, transporte ferroviario o aviación, según recoge el Gobierno.

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• Se destinará el 39% del plan a la transición ecológica, 29% a la transformación digital, el 10,5% a educación y formación y un 7% para I+D+i

El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia que remitirá a la Comisión Europea con el paquete de reformas e inversiones que pretende impulsar España para canalizar los 140.000 millones de fondos europeos de reconstrucción que recibirá hasta 2026.

El Plan debe ser remitido a Bruselas antes del 30 de abril. Según han trasladado a Europa Press fuentes gubernamentales han confirmado que las tasas de referencia del déficit público contenidas en el Plan de Estabilidad se comunicarán el viernes, el mismo día que se enviarán a Bruselas, ya que no es necesaria su aprobación en Consejo de Ministros porque están suspendidas las reglas fiscales para 2021.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareció en rueda de prensa hace dos semanas para detallar el contenido del documento provisional del Plan de Recuperación, articulado en cuatro ejes y compuesto de 212 medidas, de las que 110 son inversiones y 102 son reformas para canalizar los fondos de reconstrucción que recibirá España para hacer frente a la crisis.

Entre los objetivos fundamentales que se ha marcado el Ejecutivo destacan impulsar la recuperación económica en el corto plazo y reconvertir y transformar la economía española para hacerla más competitiva y sostenible, en la mayor oportunidad que se le plantea a España en un siglo para lograr una verdadera transformación de su economía, en palabras del propio Sánchez.

Del conjunto del plan se destinará el 39% a la transición ecológica, 29% a la transformación digital, el 10,5% a educación y formación y un 7% para I+D+i, según especificó el presidente.

Entre las inversiones, se contemplan 20 principales para los tres próximos años, con el foco en la movilidad sostenible, vivienda, energía, modernización de la administración pública y digitalización.

REFORMAS CONTROVERTIDAS
Sobre las reformas, la pata del plan más controvertida, se pretende abordar el sistema de pensiones, así como la transformación del mercado laboral, además de la modernización del sistema de salud, la reforma del sistema eléctrico, la modernización de la Justicia, la nueva economía de los cuidados, la ley de Aguas o la reforma fiscal.

En total, se movilizarán en el periodo 2021-2023 inversiones públicas por importe aproximado de 70.000 millones de euros, que tendrán un impacto “inmediato” en la economía y en el empleo este mismo año.

En concreto, el Gobierno sitúa en un 2% anual el efecto positivo de los fondos europeos tanto para este año como para el que viene y además contempla que permitirán la creación de 800.000 nuevos empleos en seis años.

Desde el Ejecutivo han transmitido su confianza en que se mantenga la hoja de ruta prevista para que la Comisión pueda aprobar en junio los planes de recuperación. No obstante, confía en que Bruselas flexibilice la normativa comunitaria sobre ayudas de Estado para acelerar los proyectos.

A la espera de que lleguen los fondos, el Gobierno ya ha incluido en los Presupuestos Generales del Estado de 2021 la canalización de más de 27.000 millones de euros, a financiar con dichos fondos y que se destinarán a las inversiones y reformas recogidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

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El Consejo de Gobierno andaluz ha aprobado este martes el proyecto de ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio (LISTA), que unifica las leyes de ordenación urbanística y del territorio, simplifica los procedimientos y reduce de una media de diez años a unos dos la tramitación y aprobación de los planes municipales de ordenación urbana (PGOU).

En rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, la consejera de Fomento, infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha afirmado que este proyecto de ley que se remitirá al Parlamento para su tramitación supone una “revolución normativa” que pone fin a una “maraña normativa de veinte años” de aplicación de la Ley de Ordenación Urbanística (LOUA, 2002) y de la Ley de Ordenación del Territorio (LOTA de 1994), que hacía que un promotor tuviera que “lidiar con 235 textos legales”. Ha asegurado que no se trata de desregular sino de simplificar trámites, aclarar y dar seguridad jurídica a particulares y a ayuntamientos, lo que va a redundar en una menor conflictividad judicial, ya que se ha producido en los últimos años “una cascada de planes anulados por tribunales” como en Marbella, Jaén y Almería, entre otros municipios, hasta el punto de que unos 500 planes especiales han sido anulados o suspendidos parcialmente en los tribunales .

Ha afirmado que la nueva ley para el impulso de la sostenibilidad del territorio de Andalucía “destierra la cultura del ladrillazo y del pelotazo de otra etapa”, ya que con este proyecto del gobierno del PP y Ciudadanos y que, según la consejera, también apoya Vox y tiene un dictamen favorable del Consejo Consultivo, se protege más al litoral que con las anteriores leyes.

Además, se presta atención a la adopción de medidas en el litoral frente al cambio climático, se clarifican competencias urbanísticas de la Junta y de los ayuntamientos -consensuado con la FAMP y con el consejo de gobiernos locales- y, por primera vez, se incorporan directrices para la protección del paisaje, ha indicado. También se refuerza la disciplina urbanística, por lo que ha garantizado que “no se mirará para otro lado” y, en este sentido, ha indicado que en los dos años de gobierno hay más de medio millar de expedientes abiertos y para avanzar en esta línea se crea la nueva figura del cuerpo de subinspectores de urbanismo. “El objetivo es garantizar que las actuaciones urbanísticas sean sostenibles desde el punto de vista social, medioambiental y económico”, ha manifestado la consejera de Fomento.

En cuanto a la regulación de las más de 300.000 viviendas irregulares construidas en Andalucía, Carazo ha explicado que se aplicará el decreto ley que establece unos requisitos que deben cumplir para proceder a su regularización.

Entre las novedades destaca el establecimiento de dos clases de suelo: urbano y rústico, frente al modelo anterior de suelo urbano, urbanizable y no urbanizable, al tiempo que se fija un sistema dual de planeamiento que comprende el Plan General de Ordenación Municipal (lo que antes era el PGOU) para el diseño del modelo de ciudad pero sin descender a cuestiones concretas y de detalle, lo que hace más ágil y flexible el planeamiento, y el Plan de Ordenación Urbana, de ordenación de la ciudad existente, para dar respuesta a sus necesidades de regeneración y rehabilitación. También se crea la figura del Plan Básico de Ordenación Municipal, más simple y con menor contenido para los municipios con menos de 10.000 habitantes que no sean litorales y no formen parte de aglomeraciones urbanas, salvo que la planificación territorial considere la conveniencia de su aplicación. La Dirección General de Urbanismo ya trabaja en los reglamentos de la LISTA y en la revisión del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (el POTA), cuya tramitación deberá empezar en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la LISTA.

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• A un mes de concluir el estado de alarma, el Gobierno consolida el teletrabajo en la Administración. Los funcionarios podrán trabajar a distancia hasta tres días a la semana.

El Gobierno ha firmado hoy con los sindicatos un acuerdo con el que consolida el teletrabajo, uno de los mayores cambios que ha traído la crisis sanitaria y económica en el último año, y que se produce precisamente en el momento en que la desescalada de restricciones a la movilidad está a la vista, con el fin del estado de alarma previsto para dentro de menos de un mes.

El sector público ha dado un paso adelante preventivo. El Ministerio de Función Pública y Política Territorial ha firmado hoy un acuerdo con CCOO, UGT, CSIF, y CIG para desarrollar el teletrabajo en la Administración General del Estado (AGE), que permitirá a la plantilla trabajar a distancia de manera voluntaria tres días a la semana, mientras que los dos días restantes serán de carácter presencial.

El acuerdo, firmado este lunes tras cinco meses de negociación, afectará de manera potencial a 230.395 personas al servicio de ministerios, organismos autónomos y agencias estatales, entre otros, informa Europa Press.

La vicepresidenta y responsable de Trabajo, Yolanda Díaz, ha indicado en un acto organizado con la Asociación de Periodistas de Información Económica(APIE)que el trabajo a distancia cuenta con una nueva ley motor que tiene en la negociación colectiva su elemento central. Díaz ha añadido que esa centralidad de los convenios colectivos debe trasladarse a todos los ámbitos de la modernización del mercado de trabajo, en alusión directa a las reformas que exige Bruselas.

el texto firmado, el teletrabajo en la AGE tendrá carácter voluntario y reversible y estará supeditado siempre a que se garantice la prestación presencial de los servicios a la ciudadanía. No obstante, se podrá autorizar de forma “forzosa” en situaciones excepcionales de fuerza mayor que supongan una restricción de la movilidad, como ocurrió el pasado invierno con la borrasca Filomena o durante el confinamiento.

Una vez que entre en vigor el acuerdo con carácter normativo, cada departamento, previa negociación con los sindicatos, realizará un estudio previo de los puestos que puedan ser desempeñados mediante teletrabajo en función de las tareas. Para cada puesto se identificarán objetivos de trabajo y se evaluará su cumplimiento, conforme a criterios generales negociados, estableciendo un horario fijo de disponibilidad y localización.

La jornada de teletrabajo será la que corresponda a cada empleado público de acuerdo con el calendario laboral y las instrucciones de jornada y horarios, y se podrá prever la existencia de un horario fijo de disponibilidad y localización dentro de la jornada laboral, así como mecanismos de control para su cumplimiento, como el fichaje, y seguimiento de la gestión y trabajos encomendados en los objetivos previamente fijados. Esta modalidad no será de aplicación al personal militar de las Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, personal destinado en establecimientos sanitarios, centros docentes o de apoyo a la docencia, ni a jueces, magistrados, fiscales y demás personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia. Estos colectivos se regirán, en su caso, por su normativa específica en materia de teletrabajo.

El acuerdo alcanzado entre Función Pública y los sindicatos garantiza la igualdad de derechos para el teletrabajador de la AGE respecto a la modalidad presencial, incluyendo retribución, tiempo de trabajo, formación o carrera profesional, además del derecho a la intimidad y a la desconexión digital.

La Administración tendrá que proporcionar los equipos informáticos con tarjetas de datos y las aplicaciones, herramientas ofimáticas y de ciberseguridad necesarias para la actividad del trabajo a distancia, junto a la formación técnica específica, prevención de riesgos laborales (prevención del estrés o el aislamiento social) y protección de datos. Una de las principales novedades que contempla el acuerdo es el impulso del trabajo a distancia para mejorar la cobertura de servicios a la ciudadanía en la España vaciada, así como en puestos de difícil cobertura por el elevado coste de la vida. En estos casos, se podrá establecer una prestación de servicios de carácter presencial de al menos un 10% mensual, de forma que se podrá trabajar a distancia 20 de 22 días laborables.

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• Las infraestructuras destinadas a energías sostenibles se han convertido en un valor de resiliencia y rentabilidad en los mercados financieros. Si bien requieren una estrategia a largo plazo, cada vez son más los inversores que priorizan su financiación en medio de la actual crisis económica

De moda inversora con fama de ecoblanqueo, a convertirse en uno de los sectores más ventajosos en plena recesión económica. En apenas unos años, con el auge de los fondos sostenibles, la tendencia de financiar esos parques eólicos y solares que poco a poco han jalonado la geografía nacional ha revertido una reputación que para muchos respondía a una mera estrategia de márketing verde.

Lejos de esta idea, lo cierto es que, en los últimos años, estos activos han dado altas rentabilidades de más del 13% a grandes fondos como el New Energy Fund de BlackRock. Es tan sólo un ejemplo de su fulgurante despegue. En cuanto al presente, las infraestructuras energéticas (sobre todo las renovables) han pasado a ser un fuerte componente defensivo que no para de crecer a pesar de los vaivenes de volatilidad que el Covid-19 ha dejado en el mercado financiero.

Tal como indica José Donoso, director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), antes de que estallara la crisis como consecuencia de la pandemia, existía un contexto de gran interés por parte de inversores nacionales e internacionales, que consideraban estas infraestructuras como un valor seguro de inversión. Sin embargo, lo más significativo es que, como afirma, esta alternativa inversora “se ha mostrado con una gran resiliencia» frente a la debacle generalizada. No en vano, explica que «a lo largo del año pasado vimos cómo, por primera vez, se conectaron en plantas 2.650 megavatios sin apoyo de inversión pública. Sólo a través del mercado”.

El hecho de que las renovables se hayan convertido «en un sector refugio» ha provocado una diáspora de actores emergentes que acuden a él. “Si tomamos como referencia la última subasta de energías renovables (que permitía la ampliación y modificación de instalaciones existentes) producida el pasado mes de enero, pudimos ver hasta 27 empresas vencedoras, de las cuales, ninguna se ha llevado el 15% de potencia, con lo que ha quedado un mercado muy repartido”, asevera Donoso.

El escenario macroeconómico invita a esta expansión entre nuevos actores. Así lo cree Mónica Rueda, responsable de Análisis y Selección de Fondos de Singular Bank, que otorga un protagonismo destacado a China, dados los objetivos que se ha fijado de cero emisiones en 2060. Pero también dirige su mirada a los fondos europeos en el Plan Next Generation y “al impulso que previsiblemente dará la Administración del nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a la transición energética”.

Más en concreto en el caso de Europa, según esta experta, la normativa revisada a finales de 2020 para las infraestructuras energéticas transfronterizas en consonancia con el Pacto Verde Europeo, “va a fomentar una planificación y ejecución de nuevas infraestructuras”.

DÓNDE Y CÓMO SE PONE EL FOCO
Ese estímulo no sólo va a traducirse en una mayor intensidad hacia las ya consolidadas energías eólicas y fotovoltáicas. Según Rueda, se pondrá el énfasis “en la creación de redes eléctricas marinas, en infraestructuras de hidrógeno que faciliten su transporte y la adopción de redes eléctricas inteligentes con el fin de aumentar la generación de electricidad a partir de fuentes renovables”.

En cuanto a la forma de invertir en ellas, Alberto Martín, socio responsable de Energía y Recursos Naturales de KPMG en España, asegura: “Estamos viendo todo tipo de fórmulas de financiación en proyectos de nuevas infraestructuras energéticas, a menudo de manera combinada”. Entre ellas, la inversión de capital privado en empresas en crecimiento y con la que se obtienen fondos de un amplio abanico de fuentes, desde inversores institucionales a fondos de pensiones o particulares. Pero también se suman otras como “la salidas a bolsa, la deuda bancaria o la emisiones de bonos verdes”.

Respecto a esta última opción, Federico Power, miembro del equipo de Financiación de Energía e Infraestructuras de ING Iberia, explica que este tipo de bonos emitidos con el compromiso de invertir en proyectos sostenible son una alternativa que ha ganado peso en España en los últimos años, sobre todo, para financiar activos solares.

Aunque destaca los préstamos por encima de ello, “por la mayor flexibilidad y rapidez de ejecución”. Entre las operaciones más relevantes de su banco en 2020, subraya la financiación verde junto al Banco Santander de 140 millones de euros a Atlantica Yield, ex filial de Abengoa, que pretende invertir en nuevas infraestructuras renovables.

INSTRUMENTO DE TRANSPARENCIA
Pese a esta alza inversora, el hecho de que las agencias de calificación encargadas de evaluar criterios ESG no tengan principios ampliamente reconocidos ha dificultado la forma de distinguir si esas operaciones son sostenibles. Por eso, como comenta Rueda, la reciente implementación de una taxonomía por parte de la Unión Europea empezará a ayudar a “crear un lenguaje común y sistemas de clasificación de actividades económicas como una lista verde” para detectar qué financiaciones en infraestructuras conllevan efectos sostenibles de verdad y si las guías de su implantación se definen adecuadamente.

POSIBLES DIFICULTADES EN EL CAMINO
Repliegue ante la pandemia. Si bien hay estabilidad en el sector, la timidez de los mercados no deja de sobrevolar, incluso en los más defensivos, al igual que el miedo a que el enfriamiento en las licitaciones de obra pública se contagie. Aun así, desde ING, Federico Power, cree que su efecto es, más bien “coyuntural”, a la vez que subraya que estas inversiones “suelen tener un carácter estratégico,y, por ese motivo, los participantes han continuado invirtiendo con una vocación marcadamente largoplacista”.
Quién se expone más. Aunque el riesgo que asume el accionista es “sustancialmente distinto al de un prestamista”, según explica, en el caso de las inversiones en infraestructuras “los riesgos tanto de tipo operativo como financiero en proyectos tan a largo plazo afectan a ambos”.