El País

• La presidenta de Adif tendrá que gestionar los fondos europeos de reconstrucción en el Ministerio más inversor

Isabel Pardo de Vera, la actual presidenta de Adif, será la nueva secretaria de Estado de Transportes en sustitución de Pedro Saura, informaron a este diario fuentes de la Administración. Se trata del primer nombramiento importante de la ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel López, al frente del departamento en el que sustituyó la pasada semana a José Luis Ábalos. Saura pasará a ocupar la presidencia de Paradores, que previamente había ostentado Óscar López, nombrado director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno en la remodelación que realizó Pedro Sánchez hace un par de semanas.

Con la elección de Pardo de Vera como número dos de Transporte, el departamento quiere apostar por un perfil de gestión profesional ya que en los próximos meses va a tener que afrontar la distribución de una cantidad importante de los fondos europeos de recuperación, tanto en el Ministerio como en las sociedades que dependen del mismo (Renfe, Adif, Puertos del Estado y Aena, entre otras), informaron las mismas fuentes.

Isabel Pardo de Vera Posada fue nombrada en junio de 2018 presidenta del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), el gestor ferroviario en el que ha desempeñado gran parte de su carrera profesional. Bajo su mandato se produjo la liberalización del transporte ferroviario en España con la entrada de competidores de Renfe como Ouigo en la alta velocidad.

La próxima secretaria de Estado de Transportes es ingeniería de Caminos de formación y forma parte de Adif desde hace una década, desde que en 2007 logró una plaza a través de una oferta de empleo público. Ocupó el puesto de directora general de Explotación y Construcción de Adif, una de las siete direcciones generales de la empresa, si bien con anterioridad ocupó distintos puestos directivos como gerente de la línea AVE a Galicia, como jefe de infraestructuras y directora de obras también de este corredor. Pedro Saura fue nombrado secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (todas las áreas del ministerio homónimo) a principios de la actual legislatura. En la anterior, en el entonces denominado Ministerio de Fomento y tras la llegada de Ábalos, ya ocupó el cargo de secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda.

El País

• El Ejecutivo tiene que dirimir el futuro de los PERTE entre las peticiones realizadas tras aprobar el de la automoción verde

El martes, el Ecofin (es decir, los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea) aprobó los primeros 9.000 millones de euros de los 69.500 millones de ayudas que España tiene previsto recibir dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. A final de año, si se cumplen una serie de requisitos obligados, recibirá otros 10.000. Y así, año tras año, hasta completar los 69.500 antes de 2023 de subvenciones directas y que pueden completarse, si así se solicita desde el Gobierno, con créditos por valor de otros 70.000 millones a los que tiene derecho España.

La recepción de fondos, en todo caso, implica la ejecución de las inversiones con los objetivos perseguidos de modernizar la industria y desarrollar la cadena de valor y abordar reformas, como la laboral y la de pensiones. Es decir, se necesita aprobar un examen semestral para recibir los fondos asignados en cada periodo. Si no, se congelarán o se reducirán en alguna medida, y los halcones del norte ya han avisado que estarán ojo avizor. Ello supone que las negociaciones del Gobierno con los agentes sociales en materia laboral (salario mínimo interprofesional, incluido) pintan como fundamentales para cumplir los hitos trazados.

Al mismo tiempo que se anunciaba esa primera partida, el Consejo de Ministros español aprobaba el primer PERTE (proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica) para impulsar la movilidad eléctrica en el sector del automóvil. Un total de 4.295 millones con los que piensa movilizar otros 19.700 millones de inversión privada y para lo que están llamados todos los fabricantes presentes en España. En ese sentido, el grupo Volkswagen se sumó en seguida para anunciar que implantará en España una fábrica de baterías, previsiblemente en Martorell (Barcelona), donde tiene la fábrica de Seat. La firma alemana cuenta con un acuerdo con Iberdrola para impulsar la movilidad eléctrica en sus fábricas españolas.

Un hito “histórico”, según la ministra de Industria, Reyes Maroto, que pasó de estar en las quinielas de salida del Gobierno en la reciente crisis a ser una de sus componentes estrella. Este domingo Maroto viaja a Estados Unidos para buscar la participación de empresas españolas en el denominado Jobs Plan para desarrollar las infraestructuras de dicho país. La también titular de Comercio y Turismo, que también venderá España como destino turístico y abrirá una delegación comercial en Nueva York, se entrevistará con cuatro secretarios de Estado y con representantes de compañías españolas interesadas, como Iberdrola, FCC y Repsol, así como con la Cámara de Comercio.

Con el citado PERTE se abre la espita. El Ejecutivo ha querido ser selectivo en esta primera decisión con uno de los sectores considerados clave para la recuperación y la transformación, la movilidad eléctrica. Además de la automoción verde, se centrará en desarrollar la generación energética mediante el despliegue del hidrógeno verde, la industria aeroespacial, la agricultura sostenible y eficiente, el uso del español en la inteligencia artificial y el desarrollo de un sistema nacional de salud puntero.

En este primer caso, y de ahí que se haya elegido para ser el pionero, se cumplen los pasos deseados: urgencia de encauzar la transformación tecnológica, alianza público-privada con participación de todos los operadores presentes en España, efecto tractor en industrias de componentes, telecomunicaciones, energéticas o empresas de logística y presencia de pymes.

A la espera existen hasta 750 manifestaciones de interés presentadas en Industria. Es decir, que muchos se van a quedar fuera aun a riesgo de que no se cumplan los objetivos de impulsar el tejido industrial y, sobre todo, las pymes. Pero la evidencia muestra que no hay para todos. Se trata, como recordó Maroto cuando se cerró la ventanilla de solicitudes, de “movilizar proyectos tractores en sectores estratégicos y sus cadenas de valor con amplio impacto sobre su competitividad, productividad y generadores de empleo, que contribuyan a la doble transición verde y digital y a la cohesión territorial”.

El número de solicitudes demuestra el gran interés de las empresas españolas en mejorar y crecer con las ayudas europeas y la colaboración público-privada, que se considera esencial para atacar cualquiera de estos proyectos de desarrollar la actividad en el ámbito industrial, la transición verde y la digitalización, de reto demográfico y lucha contra la despoblación. Según las previsiones, se pueden movilizar hasta 500.000 millones en grandes proyectos de modernización de la industria española. Además del sector automovilístico destacan agroalimentario, aeronáutico, espacio, turismo, economía circular, industria electrointensiva, papel, naval, fabricación de equipos electrónicos, espacio y retail.

El País

• El conjunto de Los Remedios albergará un hotel, equipamiento público y cuatro hectáreas de zonas verdes. Una pasarela peatonal sobre el Guadalquivir lo conectará con el centro histórico

La antigua Fábrica de Tabacos del barrio de Los Remedios, casi tres hectáreas amuralladas a orillas del Guadalquivir que privaban a la ciudad de 300 metros de ribera fluvial, se convertirá en un gran complejo turístico, de innovación y emprendimiento público-privado rodeado de cuatro hectáreas de zonas verdes. La operación de venta del complejo propiedad de la multinacional Altadis —en desuso y abandonado desde que en 2007 cesó su actividad como tabacalera— al grupo inversor con sede en Barcelona KKH se ha cerrado este martes en Sevilla con el visto bueno del Ayuntamiento y de la Comisión Provincial de Patrimonio de la Junta de Andalucía. El proyecto supondrá una inversión de unos 200 millones de euros y generará unos 500 puestos de trabajo directos.

“Nuestra intención es que gran parte del complejo esté acabado a finales de 2024. En el primer año se realizarán todos los trámites administrativos y, después, las obras durarán unos dos años y medio o tres. Teniendo en cuenta que la parcela es muy amplia podremos mantener varios puntos de trabajo en paralelo”, ha adelantado el presidente de KKH, Josep María Farré. El primer paso será el derrumbe del muro que impide el acceso directo al Guadalquivir.

Para el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, la operación se ha cerrado tras una “larga negociación” durante la pandemia en la que se ha encontrado “un equilibrio entre los intereses de la propiedad, los inversores y la ciudad”. Espadas ha explicado que se ha optado “por la idea más conservadora desde el punto de vista del impacto visual” y que cuentan con una “hoja de ruta garantista que superará cualquier riesgo de inseguridad jurídica o conflictividad social”. “Es el proyecto urbanístico más ambicioso que se acometerá en Sevilla en los últimos 20 años”, ha añadido el concejal de Hábitat Urbano, Turismo y Cultura, Antonio Muñoz.

La Fábrica de Tabacos cuenta con un gran edificio industrial de 1958 que está protegido, el Cubo. Tendrá 14.000 metros cuadrados construidos, de los cuales 4.000 están destinados a usos públicos que gestionará el municipio. El resto se destinará a usos culturales y vinculados a la innovación y el emprendimiento. El diseño del Cubo es del japonés Kengo Kuma, quien firma el Estadio de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y que será su primer gran proyecto en España después de que se malograra su propuesta para el Gran Espacio Escénico de Granada.

Desde la derecha, el alcalde de Sevilla, Juan Espadas; el presidente de KKH, Josep María Farré; el presidente de Altadis, Jon Fernández de Barrena, y el delegado de Hábitat Urbano, Turismo y Cultura, Antonio Muñoz, este martes en Sevilla en la presentación del proyecto para la antigua Fábrica de Tabacos de Los Remedios.
Desde la derecha, el alcalde de Sevilla, Juan Espadas; el presidente de KKH, Josep María Farré; el presidente de Altadis, Jon Fernández de Barrena, y el delegado de Hábitat Urbano, Turismo y Cultura, Antonio Muñoz, este martes en Sevilla en la presentación del proyecto para la antigua Fábrica de Tabacos de Los Remedios.
En esta área del complejo se recuperarán también los edificios de viviendas de ingenieros, que pasarán a ser equipamientos de barrio; así como otras edificaciones adyacentes, incluidas la capilla de la Hermandad de las Cigarreras que mantendrá su uso. La gran apuesta turística es un hotel de cinco estrellas gran lujo con 200 habitaciones que se levantará ex novo ubicado en segunda línea respecto al paseo fluvial y que diseñará el arquitecto catalán Carlos Ferrater. En total, la parcela tiene una edificabilidad de 44.000 metros cuadrados, de los que se construirán unos 43.000, de los cuales 26.000 tendrán uso terciario.

La dirección conjunta del proyecto es de Ferrater, autor de la Ciudad de las Ciencias de Granada y el Palacio de Congresos de Barcelona y Premio Nacional de Arquitectura, galardón con el que cuenta también el sevillano Guillermo Vázquez Consuegra, quien se ocupará de la reordenación de las cuatro hectáreas de zonas verdes adyacentes y de la construcción de un paseo público a orillas de la dársena del Guadalquivir. Con este paseo el barrio de Los Remedios “conseguirá una relación directa con el río”, ha afirmado Vázquez Consuegra. El arquitecto sevillano es autor de la rehabilitación del palacio de San Telmo, sede de la Presidencia del Gobierno de la Junta, con el que a partir de 2024 la antigua Fábrica de Tabacos estará conectada a través de una pasarela peatonal sobre el río que realizará el ingeniero francés Michel Virlogeux.

Vázquez Consuegra resume así la intervención: “La operación supondrá devolver la Fábrica de Tabacos al ciclo de vida de la ciudad. Los Remedios tiene una relación muy lateral con el centro histórico y la introducción de la pasarela peatonal supondrá una conexión con el centro. Además, el barrio contará con un nuevo parque urbano. La característica fundamental del proyecto es que se pasará de tener un complejo cerrado que impide el acceso a la ribera a tener una zona verde con un conjunto de pabellones cuya principal característica es la permeabilidad”.

El País

• El organismo pide más gasto social en vivienda y cambios en las regulaciones de suelo e impuestos para lograr políticas más efectivas

Precios de compra y alquiler que crecen, escasez de suelo donde construir, impuestos que dificultan la compra, gobiernos que recortan gastos, escasa movilidad laboral, pobreza energética… Son las caras del poliédrico rompecabezas que, según la OCDE, supone el acceso a la vivienda. El organismo que reúne a las economías más ricas del mundo también alerta de que las regulaciones de los alquileres “tienen impacto en el funcionamiento eficiente de los mercados inmobiliarios, en tanto que pueden desalentar la inversión en construcción y en mantenimiento”. El Gobierno español lleva meses debatiendo sobre la posibilidad de imponer límites a los alquileres, una cuestión que ha dividido a los dos socios de la coalición, los socialistas (que defienden ayudas fiscales para incentivar la oferta de alquiler) y Unidas Podemos (favorables a establecer topes a los alquileres).

El acceso a la vivienda es un “reto creciente en muchos países”, alerta la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que agrupa a 38 de las economías más avanzadas del planeta, en un informe publicado este lunes, con un dato para la reflexión: entre 2005 y 2015, los gastos que provoca la vivienda en las familias crecieron de media cinco puntos, “alcanzando un 31% del presupuesto en los hogares de ingresos medios”. En ese mismo periodo, la porción de sus ingresos que las familias debían dedicar a salud o transportes creció menos de un punto, y en otros gastos básicos como educación, ropa o comida descendió. Es decir, la vivienda da un mordisco cada vez mayor a los recursos de los que disponen las familias.

Con el objetivo de diagnosticar el origen del daño y de promover políticas enfocadas a remediarlo, la OCDE ha preparado esta semana varias jornadas enfocadas en la vivienda. Y para abrir fuego publica este lunes el estudio Brick by brick. Building better housing policies (Ladrillo a ladrillo. Construyendo mejor políticas de vivienda). El informe recuerda que la vivienda es “una necesidad humana básica” y que resulta una cuestión capital para el bienestar humano. Y cita algunos procesos que lo están poniendo en entredicho, como “el fracaso del sector de la vivienda para proveer suficientes hogares donde la demanda es fuerte, como las áreas urbanas ricas en empleo”.

La OCDE no olvida mencionar el desafío medioambiental que suponen los edificios de viviendas, responsables globalmente de un 17% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero y de un 37% de las emisiones de partículas finas (contaminantes y nocivas para la salud humana).

Los citados son “retos interconectados” para el club de países ricos y por tanto requieren de “acción política en un amplio rango de dominios”. Para empezar, en los presupuestos. “La inversión pública en desarrollo de vivienda ha caído del 0,17% del PIB, en 2001, al 0,06 del PIB en 2018, como media para los países de la OCDE”, reza el informe del organismo en un tirón de orejas para sus socios. Como resultado los autores —un amplio elenco de especialistas del departamento económico de la OCDE, coordinados por los economistas Boris Cournède y Volker Ziemann— piden a los países “una mayor inversión en vivienda social y asequible”, una solución a la que solo encuentran virtudes. Realizar ese esfuerzo económico, sostienen, “tendría el beneficio dual de proteger a los hogares vulnerables o de bajos ingresos mientras se expande la oferta de viviendas y, como resultado, se alivia la presión creciente de los precios”. Además, se puede aprovechar para hacer nuevas construcciones medioambientalmente más sostenibles y “evitando la segregación social y económica”.

Los estragos de la pandemia
Empezar por recomendar ese aumento del gasto no es casualidad. Al ya citado recorte del gasto que los países de la OCDE han dedicado a la vivienda en los últimos años, se añade el reto de la crisis del coronavirus. Esta ha agravado la situación especialmente para quienes más difícil lo tenían ya antes de la llegada del virus. La pandemia “ha provocado fuertes pérdidas de empleo e ingresos que se han concentrado en los grupos más vulnerables”, como los hogares jóvenes o de ingresos bajos (con empleos más precarios y menos susceptibles del teletrabajo, por lo general). Y eso “exacerba las dificultades para asegurar el acceso a vivienda asequible de calidad”.

Pero no todo es aumento del gasto. El club con sede en París también sugiere otros dos cambios que los Estados pueden acometer para facilitar el acceso a la vivienda. Así, el informe señala que “las reformas en las políticas sobre el suelo pueden levantar obstáculos para la expansión de la oferta”. En otras palabras, agilizar más la construcción de nuevas viviendas para que aumente la oferta. Cita, por ejemplo, cambiar el número de alturas que se pueden edificar. Al respecto también alerta sobre la descoordinación entre diferentes niveles de la administración, lo que puede provocar ineficacias. El otro cambio que propone la OCDE es desplazar la imposición sobre vivienda de las transacciones (es decir, los impuestos que se pagan cuando se compra una vivienda y que según el organismo ponen una barrera de acceso a la compra para muchos hogares) a la propia tenencia, en forma de gravámenes anuales que dependan más de los precios del suelo que del valor corriente de los inmuebles.

Además, se recomiendan otras tres soluciones graduales. Estas son convenientes, dicen los autores del informe, pero se deben adoptar con medidas compensatorias porque en el corto plazo pueden provocar desequilibrios. La primera es la retirada de incentivos fiscales para los propietarios de vivienda, lo que en un momento inicial dificultaría a las familias más jóvenes comprar, pero pasado un tiempo ayudaría a que bajasen los precios. La segunda es flexibilizar el mercado de alquiler, lo que según los expertos de la OCDE ayuda a que aumente la oferta. Sobre este punto advierte que en el corto plazo la medida puede resultar muy nociva para los inquilinos más vulnerables y por eso piden que se acompañe de otras soluciones “incluyendo por ejemplo un aumento en la provisión de vivienda social”. La tercera propuesta intermedia es adoptar normativas ambientales más estrictas para lograr edificios más sostenibles, lo que presiona al alza sobre los precios de construcción y mantenimiento de las casas, por lo que se piden subsidios y ayudas compensatorias.

España, en la parte baja de la tabla de gasto
El informe publicado este lunes da soluciones genéricas para todos los países miembros de la OCDE y no lleva recomendaciones específicas para cada uno de sus socios. Pero sí acompaña unas fichas país por país que muestran a las claras las debilidades de cada uno. En el caso de España destaca precisamente el escaso gasto dedicado a las políticas de vivienda en su conjunto, del 0,1% del PIB, cuando la media de los países del club es del 0,32% y el más avanzado al respecto, el Reino Unido, dedica un 1,53% del PIB. Hay que tener en cuenta que el año tomado como referencia en el estudio es 2018, que junto con 2017 marcaron el suelo en lo que a gasto en vivienda presupuestado por el Gobierno se refiere. En los últimos Presupuestos aprobados, por ejemplo, las partidas se han multiplicado por más de cuatro.

España también destaca negativamente en la sobrecarga que suponen los gastos de vivienda para los inquilinos de bajos ingresos: un 46% de este tipo de hogares destinan más del 40% de su presupuesto a la casa. La media de la OCDE es 11 puntos inferior (35%) y el país con peor pronóstico es Colombia (73%). En la media con otros países del club se encuentra en cuanto a la volatilidad de precios, lo que sugiere un crecimiento relativamente estable, aunque se alerta al respecto de que “tras la crisis financiera global [de 2008], los precios de compra y alquiler han divergido enormemente entre regiones, con presiones al alza en algunas ciudades, como Madrid y Barcelona). Directamente relacionado con los precios, los requerimientos de capital para obtener una hipoteca también se encuentran en la media del club de países ricos.

Y en la parte positiva, España destaca por el bajo tiempo que lleva a los ciudadanos ir de su casa al trabajo —lo que en general muestra capacidad para encontrar casa cerca de donde se trabaja y redes de transportes eficientes, aunque también puede relacionarse con una baja movilidad laboral—, en la escasa tasa de sobreocupación o hacinamiento de los hogares y también puntúa bien en los estándares ambientales (a lo que ayuda el clima, señala el informe, al no requerir mucha calefacción en invierno). España también figura en el informe entre los países que puntúan más alto en el control de rentas de alquiler. Al margen de debate político sobre el control de precios, el estudio mide todas las normativas que de una manera u otra impiden el crecimiento libre de las rentas (por ejemplo, el hecho de que en los años de contrato las subidas estén acotadas al crecimiento del PIB u otros indicadores) y otorga a España una puntuación de 0,57 en una escala entre cero y uno. La media de la OCDE es de 0,41 puntos y el país que más puntúa es Suecia (0,94).

El País

• La infraestructura que costó 120 millones hace 10 años sigue abandonada entre la pelea política y la indiferencia ciudadana

En la campaña de las elecciones municipales de 2011, el candidato del PP en Jaén, José Enrique Fernández de Moya, aseguró que nunca se montaría en el tranvía. Esta promesa se ha convertido en una maldición para esta infraestructura en la que la Junta de Andalucía ha invertido 120 millones.

El PP ganó esas elecciones y desde entonces el ocaso de la obra que revolucionó el entramado urbanístico de la ciudad ha ido creciendo entre la pelea política, la resignación ciudadana y, más tarde, la indiferencia ciudadana. Tanto es así que el actual alcalde, el socialista Julio Millán, ha tenido que pedir la implicación de la sociedad civil para presionar al Gobierno andaluz (formado por PP y Cs) para lograr un nuevo convenio que devuelva el tranvía a las calles de Jaén.

El abrumador triunfo electoral del PP en mayo de 2011 actuó como una condena para un sistema de transportes construido en apenas dos años por el Gobierno socialista en Andalucía. Pero en realidad su paralización se produjo días antes de las elecciones, tras prosperar la denuncia de la empresa de autobuses urbanos por entender que un tranvía que apenas llegó a circular dos semanas en periodo de pruebas suponía competencia desleal. Fernández de Moya, que dejó la alcaldía en 2016 tras ser nombrado secretario de Estado de Hacienda, siempre alegó la ruinosa situación económica de la ciudad —la ciudad de más de 50.000 habitantes con más deuda por habitante— para justificar su oposición al proyecto.

“La del tranvía es una de las muestras más vergonzosas de la dejadez y el ninguneo con Jaén, una década sin soluciones han terminado por aburrir a la ciudadanía. No es admisible que pase un solo año más con esta infraestructura parada. Pedimos a los políticos el fin de este esperpento”, reflexiona junto a las vías del tranvía —hoy convertidas en un gran aparcamiento público— Juan Manuel Camacho, portavoz de la plataforma Jaén Merece Más.

Durante la última década, el tranvía ha sido el mejor ejemplo de cómo el pim pam pum de la política frena los proyectos de infraestructuras públicas. En Jaén, ha sido el enfrentamiento entre PP y PSOE el causante de que los vagones permanezcan oxidados en las cocheras desde hace una década. Carmen Peñalver, exalcaldesa socialista bajo cuyo gobierno llegó el tranvía a Jaén, han sido apunta a “los intereses empresariales y la política destructiva, de pocas luces, los que han arrinconado una enorme inversión por la que pelean otras ciudades”

Once ciudades españolas cuentan con tranvías en funcionamiento, y una docena tiene proyectos en construcción. A principios de este siglo surgieron hasta una veintena de proyectos en distintas ciudades aunque no todos salieron adelante. Sí que funcionaron sin problemas el de Zaragoza, construido casi a la par que el de Jaén, o el de Málaga, impulsado más tarde. “Quise que Jaén no fuera la última en disfrutar de un transporte ecológico y popular, dentro de un proyecto de ciudad que contemplaba peatonalizaciones, movilidad moderna y eficiente y conexiones metropolitanas. Volvería a construirlo”, subraya, convencida, Peñalver, regidora entre 2007 y 2011.

En 2018 se advirtió una luz fugaz que invitaba a pensar en un desbloqueo del conflicto. El entonces alcalde, Javier Márquez, del PP; rompió el hielo con la Junta y ambas instituciones, junto con la Diputación Provincial, firmaron un protocolo para desatascar el tranvía. Un año después cambiaron los actores políticos: el PSOE accedía a la alcaldía de Jaén y el PP, con el apoyo de Ciudadanos, tomó por primera vez el del Gobierno andaluz. Tres años después, sigue sin firmarse el nuevo convenio.

“No valen solo buenas palabras y mejores intenciones. Hay que pasar de las palabras a los hechos. Ya toca el tranvía, que es fundamental para la activación la economía de nuestra ciudad y la mejora de la sostenibilidad urbana”, manifiesta un enojado Julio Millán, que dice haber tenido “mucha paciencia”. El alcalde jiennense insta a la Junta de Andalucía a firmar ya el nuevo convenio, que contempla que el Gobierno andaluz asumirá el 75% del déficit de explotación, mientras que el otro 25% será del Consistorio. Un informe de Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña (FGC) —empresa que fue consultada para hacerse cargo del tranvía— situaba el déficit de explotación de la infraestructura en casi dos millones de euros al año.

Poner en marcha el tranvía requerirá, además, de un nuevo proceso de licitación y una inversión adicional de cuatro millones en la puesta a punto del deteriorado trazado. Pero el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, confía en poder activarlo este año. “El tranvía será una realidad. Que nadie dude de que recorrerá las calles de la ciudad de Jaén. Si no hay problema, a partir de septiembre estaremos muy cerquita de ponerlo en marcha”, pronosticó el presidente hace unos días en una visita a Jaén.

El País

• Esta segunda línea se centra en pymes y autónomos, que tendrán 10.000 millones a su disposición

La irrupción de la covid-19 provocó un primer problema de falta de liquidez en pymes, autónomos y empresas por el confinamiento. Al poco tiempo se añadió otro de solvencia por la incapacidad para devolver los créditos. El Instituto de Crédito Oficial (ICO) dispuso de hasta 100.000 millones para esas necesidades, pero también añadió otros 40.000 millones en avales para financiar proyectos de inversión, con el objetivo de que las empresas no se paralicen.

De esta línea de inversión se han liberado 11.050 millones. De ellos, 5.000 están destinados a pymes y autónomos. Hasta el 15 mayo, según fuentes del mercado, se han consumido 4.255 millones y han generado financiación por 5.324 millones.

Los bancos han comunicado esta situación al ICO y, para evitar que se terminaran los fondos, se ha decidido liberar otros 15.000 millones en un nuevo tramo. Del montante, 10.000 millones deben ir destinados a proyectos de inversión de pymes y autónomos. Los bancos cuentan con disponer de este dinero en unos días.

De los 11.050 millones de euros liberados inicialmente se han consumido 5.371, que han permitido hacer llegar financiación por 6.945 millones. Viendo estas cifras se podría pensar que aún queda mucho remanente, pero el problema es que el tirón de las pymes y los autónomos ha hecho que casi se agote su tramo, aunque quede margen para el resto.

96.500 millones en avales del Estado
En total, contando el conjunto de líneas ICO para liquidez e inversión, hasta el 15 de mayo pasado se han consumido avales por 96.512 millones de euros. Incluyendo la parte que ponen los bancos que dan los créditos, se han movilizado casi 127.000 millones en financiación. El 98% de las operaciones (que no del importe) han ido a parar a pymes y autónomos. El Gobierno decidió hace unas semanas que las entidades podrán prolongar por más de dos años las moratorias de los créditos.

La línea ICO de inversión no despertó mucho entusiasmo en un principio entre las entidades. De hecho, en medios financieros se comentó que tendría mucho menos tirón que la de los créditos. Sin embargo, la llegada de la recuperación económica ha hecho que sea más atractiva para las empresas más pequeñas del mercado.

La línea tiene varios tramos. El primero permite acceder a financiación avalada, bien a través de entidades financieras o de financiación canalizada a través del Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), a empresas que se encuentren en convenio concursal y al corriente de sus pagos.

Esto permitirá que empresas que se encuentren en fase de ejecución de convenio accedan a avales públicos en condiciones similares al resto, siempre que a 31 de diciembre de 2019 estuviesen al corriente de sus obligaciones conforme al convenio.

“Las entidades financieras deberán conservar abiertas las líneas de circulante de sus clientes hasta el 30 de junio, mantener los costes de los nuevos préstamos avalados en línea con la financiación recibida antes de la covid-19 y no condicionar la aprobación de los préstamos a la contratación por parte del cliente de ningún otro servicio o producto”, exige la normativa.

También existe un tramo destinado al sector turístico, hostelería y actividades conexas, para nuevas inversiones y las necesidades de liquidez.

La banca tiene 57.700 millones en moratorias
Las entidades financieras mantenían al cierre de abril moratorias sobre créditos hipotecarios y al consumo por un saldo vivo pendiente de amortizar de 57.696 millones, según el Banco de España. Las moratorias permiten pagar solo los intereses dejando al margen el principal de la deuda. Incluye tanto las conocidas como moratorias legales, fijadas de manera obligatoria por el Gobierno, como las sectoriales, impulsadas de forma voluntaria por las entidades financieras. El sector concedió 1,47 millones de moratorias, pero le quedan vivas unos 118.000 créditos. Para los tres tipos de moratoria, la gran mayoría de los beneficiarios —más del 70%— son asalariados.

En las hipotecas de la moratoria legal existe un capital pendiente de amortización de 20.524 millones. En préstamos distintos de las hipotecas, las entidades mantenían un saldo vivo pendiente de pago de 2.905 millones. A estas moratorias hay que sumar las habilitadas de forma voluntaria por la banca, que tenían una deuda pendiente de 34.267 millones de euros. Los aplazamientos decididos de forma voluntaria por los bancos tienen un plazo más amplio que las moratorias legales.

El País

El Gobierno tiene ante sí el mayor reto del país de las últimas décadas. Lleva meses trabajando en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, un texto que ya ha remitido a Bruselas y en el que se marcan las líneas maestras de la España del futuro. La estrategia dedica un capítulo al sector turístico en el que incluye una inversión de 500 millones de euros para rehabilitar patrimonio histórico con uso turístico por todo el territorio español. De esta forma, defienden fuentes del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, se pretende diversificar la oferta y desarrollar reclamos en zonas de interior y rurales del país.

“La selección de los proyectos se realizará teniendo en cuenta la viabilidad y calidad de la inversión, así como el impacto sobre la eficiencia energética y la importancia de la intervención para la oferta turística del destino”, explica el documento. Para estas reformas, el texto incluye a modo de ejemplo el tipo de bienes que se podrían beneficiar, ya sean de titularidad pública o privada, aunque todavía sigue en fase de estudio y no está cerrado el catálogo final. Como ejemplo pone la propuesta para rehabilitar el Castillo de los Obispos de Sigüenza (proyecto valorado en 12 millones de euros), que pertenece a la red de Paradores, reconstruido en el siglo XII y rehabilitado por el Estado a finales de los setenta. Otra de las opciones está en Úbeda con la rehabilitación de un palacio renacentista del siglo XVI en pleno casco histórico (7 millones).

Hay otras opciones sobre la mesa, por ejemplo en León el Hostal de San Marcos (20 millones), que también pertenece a Paradores, entidad pública que ha presentado varias alternativas. “Algunos de nuestros edificios encajarían a priori en los fondos, los que son patrimonio histórico, aunque todavía no sabemos nada”, dicen fuentes de la compañía. En total, el Ejecutivo espera realizar unas 50 reformas hasta 2023: “Las actuaciones pretenden estar distribuidas a lo largo del territorio para atraer turismo a destinos no consolidados. Se prevén actuaciones en la práctica totalidad de las 52 provincias de España”, añade el texto.

El plan de recuperación cuenta con una treintena de “componentes” en los que se dividen las áreas principales que recogen las grandes reformas e inversiones a las que se compromete España. Uno de ellos, el 14, es el que trata las inversiones y proyectos que se llevarán a cabo para modernizar el sector turístico, entre las que destaca “la sostenibilidad de los destinos y productos turísticos, el fomento de la eficiencia energética y la economía circular en el sector y con ello su descarbonización, la preservación del patrimonio histórico de uso turístico, la ordenación y coordinación del mercado de viviendas de uso turístico, la puesta en marcha de planes de resiliencia específicos en destinos extrapeninsulares, la transformación digital del sector turístico o el fortalecimiento del comercio en zonas turísticas, así como impulsar la economía de la España vaciada, o rural, a partir del aprovechamiento de sus recursos naturales”.

Como parte de la mejora de la competitividad se encuadra la rehabilitación de bienes de interés cultural, muchos de ellos patrimonio público. “Es fundamental mejorar la capacidad que el patrimonio histórico y cultural español tiene para seguir atrayendo a turistas en todo el territorio. En el ámbito del producto turístico, para mantener altos índices de competitividad a nivel internacional resulta fundamental continuar atrayendo turistas a partir de una diversificación de las experiencias que el turista puede disfrutar”, incide el documento. Esta iniciativa la justifica además por el auge en los últimos años de los viajes motivados por el turismo cultural (unos 14,5 millones en 2019), que han crecido un 17% entre 2016 y 2019. “La estrategia turística que orienta este componente pretende reforzar las experiencias complementarias a los tradicionales flujos vinculados al sol y playa”, insiste el texto en otro de sus grandes objetivos: que el turismo español deje de depender tanto del litoral.

Inversión privada
Las inversiones para mantener, conservar y rehabilitar el patrimonio histórico con uso turístico pueden requerir asimismo la coinversión por parte de entidades privadas. Es decir, un compromiso de aportar una parte de la cuantía del proyecto para que así se pueda movilizar una mayor inversión total. “Podrá requerirse la coinversión de empresas en hasta un 20% del impacto total del proyecto y justificación anual del grado de ejecución. Como complemento, se elaborará una guía para la conservación sostenible del patrimonio histórico de uso turístico”, indica el documento.

Con esto, el ministerio que dirige Reyes Maroto espera contribuir a la diversificación y desestacionalización del sector, así como a combatir la despoblación en zonas del interior. Para ello, este no será el único programa que iría en esta dirección. Sobre la desconcentración se destaca la importancia de crear nuevos reclamos para los visitantes: “Desarrollar productos y destinos para atraer a turistas a nuevos destinos rurales o de interior, disminuyendo la presión sobre destinos pioneros, especialmente mediante la protección del entorno natural y del patrimonio histórico y cultural. Con ello se atenderá a un objetivo fundamental como es el reto demográfico”.

España cuenta con 17.199 bienes de interés cultural, según recoge el plan, que están repartidos por todo el país, “especialmente en áreas rurales o de interior”. Así, destaca, con un mantenimiento adecuado, permitirá a estos destinos “promocionarse y atraer turistas ofreciéndoles visitas o alojamientos en estos bienes inmuebles y mejorando sus indicadores socioeconómicos, como el desarrollo local y el empleo”. Fuentes ministeriales añaden que hay muchas ciudades que se pueden posicionar mejor y “ser destinos muy apetecibles para visitas de fin de semana”. Los 500 millones que recoge el plan como inversión objetivo se repartirán en tres años: para este ejercicio 149,5 millones, 250 millones en 2022 y 100 millones en 2023 (los 0,5 millones restantes son para la elaboración de la guía).

El País

• La comisión de sabios deberá hacer propuestas para recaudar más por sociedades y armonizar los impuestos sobre la riqueza: patrimonio y sucesiones

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aprobó ayer la creación de la comisión de expertos para la reforma fiscal. Se trata del primer paso para “analizar en profundidad el sistema fiscal con el objetivo de fortalecerlo para hacerlo más eficiente y modernizarlo para adaptarlo a los retos del siglo XXI”. El grupo de trabajo estará presidido por Jesús Ruiz-Huertas, uno de los expertos con más experiencia y prestigio y académico de cabecera de los socialistas. Ruiz-Huertas ha sido director general entre 2004 y 2008 del Instituto de Estudios Fiscales (IEF), el think tank del Ministerio de Hacienda, y ha participado en mil y un cónclaves de este tipo.

El nuevo grupo de expertos dispondrá de 10 meses para diseñar el sistema tributario del futuro. El Libro Blanco de Reforma Tributaria que presenten será el segundo trabajo de unos académicos en menos de una década para modernizar el sistema fiscal español, uno de los más ineficientes de Europa por la gran cantidad de agujeros y excepciones que tiene por el que se escapan decenas de millones de euros. En 2014, el ministro de Hacienda de la época, Cristóbal Montoro, también creó un grupo de expertos para reformar el sistema fiscal. Tras meses de trabajo, presentaron un informe de 460 páginas con 125 propuestas, muchas de las cuales quedaron en papel mojado porque el Ejecutivo popular de Mariano Rajoy hizo caso omiso a muchas de ellas alegando el complejo ciclo electoral que se abría en 2015.

En este caso, tampoco tendrán mucho margen para subir impuestos porque el calendario electoral no dejará mucho margen al Ejecutivo. Se espera que las subidas de impuesto se aprueben en 2022 para que entren en vigor en 2023, año marcado en rojo porque deberán celebrarse los comicios generales. En cualquier caso, los expertos capitaneados por Ruiz-Huertas se plantean como tarea “imprescindible” adecuar el sistema fiscal a la situación económica originada tras la pandemia. “Se trata de proponer alternativas a las exigencias de cambios tras la pandemia”, explicó el presidente del grupo de sabios.

Uno de los principios que guiarán al grupo de expertos será “garantizar la suficiencia de recursos públicos”. Montero recordó ayer que España se encuentra siete puntos por debajo de la media de la zona euro en ingresos públicos. El Ejecutivo aspira a elevar la presión fiscal en torno al 40%-42% del PIB, dos puntos de la media histórica. Hasta ahora los sucesivos gobiernos democráticos creían que la relación entre la recaudación de impuestos y la riqueza nacional debía estar en una horquilla de entre el 37% y el 39% para no lastrar el desarrollo económico de un país rezagado respecto a sus socios europeos. Pero el nuevo Ejecutivo considera que las heridas que ha dejado la crisis financiera y ha reabierto la pandemia requieren de mayor esfuerzo para hacer políticas redistributivas. Ese es el motivo por el que buscan más recursos para fortalecer el estado de Bienestar.

Estos son algunos de los desafíos que deben afrontar.

• Impuesto de sociedades. La recaudación del impuesto de sociedades fue el año pasado de 17.629 millones de euros, un 22% menos que el año anterior y la menor cosecha desde 2013, cuando la economía española aún estaba ahogada por el mazazo de la Gran Recesión. La aportación de las empresas a la recaudación se ha reducido en los últimos años por tres motivos: tras la gran crisis financiera de 2008 las sociedades acumularon pérdidas que les permitió contabilizar créditos fiscales que aún se están aplicando para compensar con los beneficios que obtienen ahora. Además, el auge de las exportaciones les ha llevado a localizar beneficios en filiales que pagan en otros países. Y, por último, la rebaja del tipo del impuesto del 30% al 25% desde 2015 ha mermado la cosecha. Por eso, el Ejecutivo insiste en recuperar la aportación de este tributo.
• IRPF. El Gobierno ya aprobó en los Presupuestos de este año una subida de dos puntos para las rentas del trabajo superiores a los 300.000 euros, y de tres para las del capital por encima de 200.000. Hacienda calcula que esta medida afectará solo al 0,17% de los contribuyentes, y permitirá recaudar 580 millones de euros en 2022. No obstante, el impuesto ha perdido eficacia en los últimos años y necesita una actualización. Deberán decidir si mantienen o reducen el número de tramos del impuesto, si lo hacen más progresivo o si actualizan la deducción del mínimo familiar y personal, la tributación por módulos o decidir qué esquema se sigue para las rentas del capital.
• IVA. España es uno de los países de la UE que menos recauda por el impuesto sobre el valor añadido pese a tener un tipo general de IVA (21%) no muy alejado de los países de nuestro entorno. Los expertos deben decidir sobre la composición de la cesta de bienes y servicios que están gravados con tipos reducidos (10%) o superreducidos (4%). Este impuesto indirecto es el más sensible a cambios y que más afecta al consumo. También es uno donde suele hallarse más nichos de fraude fiscal. Algunos expertos han llegado a plantear que España podría recaudar más y permitirse reducir el tipo general del impuesto si eliminase los tipos reducidos y superreducidos y todos los regímenes especiales de este tributo indirecto.
• Patrimonio. El impuesto sobre el patrimonio suscita uno de los debates más encendidos en el sistema fiscal. Los economistas socioliberales abogan por su desaparición mientras que los más progresistas piden un mayor esfuerzo para las rentas más altas. España es uno de los pocos países que mantienen este impuesto, aunque es cierto que otros vecinos europeos mantienen otros esquemas fiscales para gravar la riqueza. El socialista Zapatero defendió su eliminación en 2004, mientras que Pedro Sánchez apuesta por reformarlo para que la Comunidad de Madrid no pueda dejarlo totalmente exento y sin efecto alguno, como hace actualmente.
• Sucesiones. Se trata de un impuesto cedido a las comunidades autónomas. Estas administraciones mantienen desde hace años una competencia fiscal a la baja. Sin embargo, es uno de los impuestos clave en cualquier sistema fiscal. El grupo de trabajo deberá armonizar el tributo para evitar que haya diferencias tan amplías como las actuales entre las diferentes comunidades autónomas. Tanto este tributo como el anterior forman parte también de la reforma de la financiación autonómica, que tiene pendiente el Gobierno desde 2014.
• Impuestos verdes. Se trata de uno de los retos más importantes para los expertos. La Comisión Europea lleva años avisando a España de que debe aumentar la fiscalidad medioambiental. Somos uno de los países que menos recauda por estos impuestos, la mayoría está en manos de las comunidades que ha legislado profusamente y ha creado figuras poco eficientes, sobre vertidos y depuración de aguas, plásticos… La Ley de Cambio Climático aprobada el pasado jueves en el Congreso, incluyó una disposición adicional sobre la fiscalidad verde: “Se constituirá un grupo de expertos para evaluar una reforma fiscal que valorará también la fiscalidad verde. En todo caso, las modificaciones que se introduzcan en este ámbito irán acompasadas con la situación económica”. La norma recoge la obligación de que el Gobierno presente en el plazo máximo de seis meses (aunque se espera que sea antes) la nueva ley de residuos, que incluirá dos nuevos tributos: uno sobre los envases plásticos y otro sobre el vertido e incineración para incentivar el reciclaje.
• Los agujeros del sistema. La Autoridad Fiscal (Airef) calculó el año pasado que los llamados agujeros del sistema tributario, las deducciones, exenciones, bonificaciones o regímenes especiales propiciaban una vía de agua por la que se escapan todos los años alrededor de 60.000 millones de euros. Plantea revisar algunas deducciones como la de tributación conjunta del IRPF o la de las aportaciones al fondo de pensiones. En este punto, volverá a ser clave la decisión que adopten los expertos sobre los tipos reducidos de IVA o las deducciones en el impuesto de sociedades.

El País

• La bajada del precio de los materiales abarata las obras, pero hay otras fórmulas para garantizar que los presupuestos no se desvíen y disparen la factura final

Los promotores y constructores han visto resarcido el parón que sufrieron durante el confinamiento con una reducción en los costes que, si continúa, se trasladará para bien al precio final de las viviendas.

Esta caída de un 3,8% en 2020 frente al aumento del 5,23% de 2019, según el Índice de Costes Directos de Construcción elaborado por Grupo ACR, evidencia el efecto devastador que ha tenido la covid-19 en el sector. Y es que, desde 2015, estos costes sobre partidas de materiales tan representativos como las fachadas, las divisiones interiores y la estructura no habían parado de crecer, una evolución al alza derivada de una menor provisión por la escasez de mano de obra. En enero la venta de materiales cae un 5,5% interanual, según la Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica y Materiales de Construcción (Andimac).

La revolución de los materiales saludables llega a las viviendas
La evolución de los precios muestra un comportamiento irregular por partidas. “Los descensos están protagonizados por los capítulos que entran primero en obra, principalmente acusando la corrección en el coste de la mano de obra y, en menor medida, por el inferior precio de algunos materiales”, dicen en ACR. Las divisiones interiores, estructura, cimentaciones, movimiento de tierras, vidriería y fachadas están entre ellos. En el lado opuesto, crecieron, aunque menos que en 2019, pinturas, falsos techos y revestimientos, alicatados y solados e impermeabilizaciones y cubiertas.

Para la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE), que maneja datos más conservadores con precios que se mantienen en línea con 2019, “se trata de una buena noticia, ya que permite una predictibilidad en los costes que, en nuestro caso, y en una actividad cuyo periodo de maduración es cercano a los dos años, evita distorsiones a lo largo de la obra”, dice su secretario general, Daniel Cuervo.

Cifras alentadoras que pueden convertirse en una trampa para el constructor: “Aquellas empresas constructoras que hayan estresado sus márgenes anticipando bajadas de precios más agresivas pueden encontrarse en dificultades”, asegura Guillermo Jiménez, director general de ACR. Porque igual de perjudicial es un alza progresiva en los costes de construcción que una reducción precipitada. Desde la APCE constatan que, aunque no hayan quebrado promotoras en los últimos años, sí constructoras, debido sobre todo a que firmaron contratos con precios demasiado justos y la evolución de los costes (fundamentalmente de mano de obra) ha sido al alza. “Los plazos de las licencias de obras son excesivamente largos, lo cual también ha agravado esta situación porque los contratos se han firmado en ocasiones con más de ocho meses desde el inicio de la construcción”, añade Cuervo.

Ya en 2019 ACR alertó al sector que tenía que reaccionar ante unos costes desorbitados y buscar fórmulas que permitiesen paliar los efectos de un escenario tan volátil. La solución ha venido con la covid-19, pero existen herramientas que permiten controlar estos costes desde incluso antes de la fase de diseño de una promoción.

Un mal endémico en España ha sido el control presupuestario de una obra, en la que se suelen asumir como normales desvíos de hasta el 20% sobre el presupuesto inicial, según el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE). “El proceso edificatorio es tan complejo que, si no se cuenta con los servicios profesionales de un técnico competente en la economía de la construcción, puede provocar grandes desviaciones. Estas se traducen, en muchas ocasiones, en situaciones difíciles para los promotores; promociones que no se ejecutan por inviabilidad económica o por tener que reducir los objetivos iniciales para adecuarse a las limitaciones presupuestarias. Estos problemas pueden acabar repercutiendo en el consumidor”, afirma Alfredo Sanz, presidente del CGATE.

Para reducir estos riesgos, el quantity surveyor, una figura anglosajona que en España tiene su mejor traducción en la profesión de la arquitectura técnica, está ganando protagonismo. Una de sus principales ventajas es que participa en el proceso de inversión inmobiliaria desde su fase más temprana, estudiando su viabilidad económica antes del diseño e influyendo en todas las etapas de la inversión. Así consigue que las decisiones que se tomen no disparen los costes y los consumos.

Constructoras y promotoras están apostando también por métodos para mejorar la productividad de sus proyectos. En ACR emplean Last Planner System, una metodología de planificación de obra, ligada a la filosofía Lean Construction, que modifica el proceso de programación y control de los proyectos, reduciendo la incertidumbre y la variabilidad. “Uno de los aspectos que caracterizan a este sistema es que la planificación es un proceso colaborativo, llevándose a cabo mediante una negociación entre todos los agentes que intervienen en el proceso. Al controlarse todos los aspectos desde la fase de diseño, se obtiene un producto final con la máxima calidad que se ajusta muy fielmente a las necesidades presupuestarias del cliente, eliminando incertidumbres y asegurando el plazo de ejecución”, argumenta Jiménez.

Viabilidad
La monitorización de proyectos (project monitoring) es un servicio que ayuda al promotor a tener un mayor control de los presupuestos, aunque no de las partidas de materiales, que dependen del constructor. “A través de él se realiza un control de viabilidad basado en el presupuesto de construcción aceptado, donde se hace un análisis de ‘dónde estoy’, ‘dónde debería estar’ y ‘qué tengo que hacer para corregirlo”, describe Jesús Fernández, director de Operaciones de Gesvalt.

Aunque tradicionalmente son las entidades financieras las que obligan a aplicar este seguimiento porque, en caso negativo, no conceden los préstamos al promotor, “también los fondos utilizan este servicio con el fin de controlar la promoción y poder enviar el informe a los inversores”, explica Santiago Lorenzo, director de Project Monitoring de CoHispania. La garantía que aporta al comprador es fundamental: “Un tercero independiente verifica que la obra está en todo momento consumiendo el dinero que tiene y que se está destinando exclusivamente a la construcción. Esto es especialmente relevante en construcción residencial, ya que parte del presupuesto con el que se construye es de los compradores”, argumenta Fernández.