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• la contrarreforma laboral/ Pedro Fernández Alén, presidente de la CNC, la patronal de la construcción, pide “ayuda” a las dos vicepresidentas para que no eliminen el contrato fijo de obra, en su objetivo de reducir notablemente el empleo temporal.

M.Valverde/C.Morán. Madrid

Las empresas de la construcción están muy preocupadas ante el empeño del Gobierno de laminar y reducir la contratación temporal, que puede eliminar el contrato más habitual del sector. El conocido como contrato fijo de obra, con el que trabajan la inmensa mayoría de los empleados del sector.

En realidad, el contrato fijo de obra es temporal. Dura lo mismo que la obra o la labor que tenga que hacer el empleado dentro del trabajo que esté haciendo la empresa. Lo que ocurre con esta fórmula, que está pactada con los sindicatos, es que el trabajador puede ir de obra en obra, con la misma condición y para una misma empresa, dentro de la misma provincia y durante un periodo máximo de tres años. Incluso más, si se acuerda entre el trabajador y la empresa, y con la correspondiente compensación económica.

Para los empresarios, la flexibilidad de este contrato está en los siguientes factores: en primer lugar, pueden disponer de un trabajador para diferentes obras, y además dentro de un grupo de empresas; en segundo lugar, por acuerdo con los sindicatos, si lo exige la duración del trabajo, las compañías no están obligadas a hacer una sucesión de contratos temporales, porque no les afecta la exigencia de hacer fijo a un trabajador al cumplirse los dos o tres años de relación laboral.

Y, en tercer lugar, es un contrato muy bueno para los empresarios porque pueden prescindir de todo el personal de la obra, sin necesidad de hacer un despido colectivo, un ERE, con toda la tramitación que ello conlleva.

Para los sindicatos, la clave está en la indemnización al trabajador. Al terminar el contrato, tiene derecho a una indemnización por cese de la actividad equivalente al 7% del salario recogido en el convenio y por los años que hubiera estado trabajando. Este dato es muy importante, por las siguientes razones. En primer lugar, porque, según fuentes expertas del sector, esta indemnización para el trabajador equivale, por término medio, a 25 días de salario por año de trabajo. Es decir, una cuantía superior a los 20 días de retribución por año de servicio del despido procedente. En todo caso, la indemnización no podrá ser nunca inferior a la establecida para los contratos temporales. Es decir, 12 días de salario por año de trabajo en la empresa.

Además, el empleado recibirá una cuantía añadida si el empresario no respeta el preaviso de quince días de antelación a la finalización del contrato. En estos casos, la compensación equivaldrá al salario de los días de preaviso no cumplidos por el empresarios. Por ejemplo, la indemnización será la equivalente a diez días si el empresario comunica al trabajador que termina el contrato con cinco días de antelación.

Carta de los empresarios

En este contexto, Pedro Fernández Alén, presidente de la CNC, la patronal de la construcción, que forma parte de la CEOE, ha escrito sendas cartas a las vicepresidentas de Economía, Nadia Calviño, y de Trabajo, Yolanda Díaz, pidiéndoles que salven este contrato de la reducción de la contratación temporal. En concreto, la fórmula de la construcción está dentro de los modelos de obra o servicio que el Gobierno quiere suprimir o reducir en todo lo posible, para rebajar sustancialmente el empleo temporal, como adelantó EXPANSIÓN el pasado 27 de abril.

“Estimada vicepresidenta, querida Nadia y querida Yolanda”, comienza Fernández Alén, quien hasta hace poco era el secretario general de la patronal de las pequeñas y medianas empresas, Cepyme, y negociador diario con el Gobierno en el diálogo social y sobre el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para recabar los 140.000 millones de euros de los fondos europeos.

En la carta, a la que ha tenido acceso EXPANSIÓN, el presidente de la CNC pide “ayuda” a las vicepresidentas “para mantener la especialidad de nuestro sector, evitando rigideces no deseadas que eviten un parón en la economía en estos momentos tan delicados, pero esperanzadores de recuperación”.

Flexibilidad necesaria

Además, el empresario explica que este tipo de contrato “permite la flexibilidad” necesaria al sector para que, “en el último año, la afiliación de trabajadores haya crecido más de un 18%, y “que sea potencial receptor de muchos de los trabajadores que actualmente están en ERTE (expediente de regulación remporal de empleo)”.

Por lo tanto, con el empleo suspendido y cobrando total, o parcialmente, la prestación. Incluso, Fernández Alén explica a Calviño y a Díaz que el contrato fijo de obra puede servir para dar trabajo “a los parados de otros sectores muy dañados por la pandemia [del coronavirus]”. Hay que tener en cuenta que las cartas a Calviño y a Díaz coinciden con el momento en el que el Gobierno negocia con la patronal y los sindicatos la prórroga de los ERTE hasta el 30 de septiembre. Y que una de las cosas que ha defendido el Ejecutivo en las conversaciones es la de premiar, con mayores exoneraciones de cotizaciones sociales, a las empresas que rescaten antes a sus trabajadores de los ERTE.

Además, dice Pedro Fernández Alén, “el contrato fijo de obra nunca ha planteado debate con los sindicatos en relación con la temporalidad o siniestralidad laboral, como está recogido en el convenio del sector”, que expira este año.

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La actividad de la construcción registró el pasado mes de marzo una caída interanual del 13,2% en España, después del retroceso del 17,3% observado el mes anterior, lo que representa el mayor descenso de toda la Unión Europea (UE), que experimentó un crecimiento medio del 14,9% interanual, mientras que en la eurozona la expansión fue del 18,3% respecto de marzo de 2020, según los datos de Eurostat.

En comparación con el mes anterior, la actividad de la construcción en España disminuyó un 0,9%, después de caer un 4,1% mensual en febrero. Entre los Veintisiete, la construcción aumentó un 2,2% en marzo y en la zona euro un 2,7%, después de caer un 1,7% y un 2%, respectivamente.

Entre los países de la UE, los mayores incrementos mensuales de la producción de la construcción se observaron Hungría (+11,5%), Alemania (+10,8%) y Eslovaquia (+9%), mientras que los descensos más acusados en comparación con el mes de febrero se registraron en Francia (-7,3%), Suecia(-3,1%) y España(-0,9%).

En comparación con marzo de 2020, los mejores datos de evolución de la actividad de construcción en la UE correspondieron a Italia (+74,5%), Francia (+46,3%) y Bélgica (+36,3%). Por contra, las mayores caídas interanuales se observaron en España (-13,2%), Polonia (-12,6%) y Finlandia (-4%).

De este modo, en el primer trimestre de 2021, la actividad del sector de la construcción retrocedió en España un 3,1% respecto de los tres meses anteriores, mientras que en comparación con el mismo trimestre de 2020 la caída fue del 10,1%.

En el conjunto de la UE, en el primer trimestre se registró un aumento de la actividad constructora del 0,5% respecto del trimestre anterior y del 2,2% en comparación con los tres primeros meses del año pasado.

De su lado, en la zona euro, la actividad de la construcción en el primer trimestre de 2021 aumentó un 0,3% trimestral, después de la expansión del 0,8% de los tres meses anteriores, mientras que en términos interanuales subió un 3,1%.

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• RECETAS/ El supervisor insta al Gobierno “al diseño y la aprobación de una agenda ambiciosa de reformas estructurales” entre las que sobresalen las pensiones, el mercado laboral o la fiscalidad.

La economía española arrastra desde hace tiempo importantes desequilibrios que lastran su potencial de crecimiento y su competitividad y que el mazazo del coronavirus no ha hecho más que agravar. La pandemia dejará tras de sí un reguero de graves secuelas en el tejido empresarial y el empleo, así como cambios relevantes en la movilidad y los hábitos de consumo de los hogares “que podrían tener implicaciones duraderas sobre la actividad económica”, tal como advierte el Banco de España en su informe anual, publicado ayer. Para evitar que esos daños se conviertan en estructurales y laminen aún más el potencial de crecimiento de España, el supervisor insta al Gobierno al “diseño y la aprobación de una agenda ambiciosa de reformas estructurales”, aunque esa hoja de ruta debería ser fruto de un amplio consenso entre los agentes políticos, económicos y sociales para resultar creíble, con el fin de evitar volantazos y marchas atrás “cada vez que haya un cambio de signo político”, advirtió el martes pasado el gobernador de la institución, Pablo Hernández de Cos.

He aquí las grandes reformas estructurales y con “vocación de permanencia” que, según el Banco de España, necesita acometer la economía española para salir de la profunda zanja en que ha caído por el Covid y no perder el tren de la recuperación, aprovechando para ello el maná europeo (140.000 millones de euros en un periodo de seis años entre transferencias y créditos) para afrontar o mitigar los costes de esa indispensable modernización.

1Corregir las deficiencias del mercado laboral. España debe reformar su mercado de trabajo, pero no en el sentido populista que defiende el Gobierno de PSOE-Unidas Podemos de derogar íntegramente los cambios introducidos en 2012 por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. De hecho, el Banco de España aboga por no mirar al pasado sino hacia el futuro y explorar fórmulas que permitan revisar los costes por despido. El supervisor apunta, como “un ejemplo de reforma deseable”, a “la creación de un fondo de capitalización para cada asalariado que financie una parte de la indemnización en caso de despido” (eso sí, respetando los derechos adquiridos de los trabajadores). Es la conocida como mochila austriaca, receta que daría frutos positivos a medio y largo plazo, pero que resultaría onerosa para las empresas a corto (ver información en página 24), como reconoce el propio Banco de España, que plantea que ese sobrecoste podría ser financiado con los fondos europeos. A su juicio, es una medida que ayudaría a reducir la excesiva dualidad del mercado laboral español, una de sus mayores lacras, con tasas de temporalidad del 22% en el sector privado y que alcanzan el 30% en administraciones públicas como las autonómicas. El supervisor cree también urgente revisar en profundidad las políticas activas de empleo para evitar que se dispare aún más el paro estructural, abogando por un examen de las bonificaciones a la contratación, cuya efectividad “parece ser limitada”, y modernizar el Sistema Nacional de Empleo.

2Sostenibilidad de las pensiones. Es otro de los cambios estructurales de calado que no admite más dilaciones. “Resulta indispensable reforzar la sostenibilidad financiera del sistema público de pensiones a partir de una valoración, en la esfera política, del nivel de prestaciones que debe proveer el sistema y de los recursos necesarios”, señala la institución que gobierna Pablo Hernández de Cos, que dibuja un panorama poco alentador no solo por el envejecimiento de la población, de por sí un factor de fuerte presión sobre el gasto de la Seguridad Social, sino también por la decisión política de revalorizar las pensiones con el IPC, obviando la marcha de la economía y dejando en el limbo elementos correctores como el factor de sostenibilidad. El Banco de España alerta de los riesgos de propuestas formuladas en el Pacto de Toledo y también por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), como el trasvase de gasto desde la Seguridad Social al Estado, transfiriendo a la SS parte de las cotizaciones destinadas al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), porque sería el mismo problema pero con distinto collar; esto es, se reduciría el déficit de la Seguridad Social pero a costa de elevar el del Estado. En este sentido, la institución apuesta por reforzar el nexo entre las contribuciones realizadas y las prestaciones recibidas; elevar la transparencia y predictibilidad del sistema; introducir mecanismos de ajustes automáticos vinculados a la evolución económica y demográfica, o extender la vida laboral más allá de la edad legal de jubilación, una de las propuestas recurrentes del supervisor.

3Revisión integral del sistema tributario. El Banco de España advierte de que la pandemia agravará las desigualdades en España, que ya eran marcadas antes de la irrupción del Covid. Por ello, urge a revisar de forma rigurosa los esquemas redistributivos en nuestro país; es decir, el equilibrio entre los impuestos que se pagan y las transferencias sociales que se realizan, una redistribución que, según el supervisor, se sitúa por debajo de la media de la Unión Europea. En este contexto, la institución aboga por “una revisión integral de nuestro sistema tributario para conseguir que la recaudación fiscal sea suficiente para financiar el nivel de gasto que se pretende acometer” y advierte de que cualquier subida fiscal debe enmarcarse en ese proceso integral de reforma y no sin antes analizar en profundidad qué hace que la recaudación en España sea inferior a la media del bloque comunitario y qué papel juega en ello el fraude fiscal. Coincide con la AIReF en la necesidad de revisar los múltiples beneficios fiscales del sistema (un coste de alrededor de 40.000 millones de euros solo con los incentivos del Estado), que no siempre cumplen los objetivos para los que fueron diseñados. Y recuerda que la AIReF es partidaria de poner bajo la lupa los tipos reducidos del IVA, reformular la reducción por alquiler de vivienda en el IRPF y reconsiderar los tipos reducidos en los impuestos especiales sobre el diésel. Eso sí, el Banco de España advierte de que la introducción de impuestos de nuevo cuño, como las llamadas tasas Google y Tobin, deberían aplicarse con un “alto grado de coordinación internacional”. Por el lado de los ingresos, urge al Estado a priorizar el uso de los recursos públicos e incrementar su eficiencia, en el marco de una revisión también integral y del diseño de un plan de ajuste fiscal creíble, que considera indispensable para lanzar un mensaje a los mercados de compromiso con el reequilibrio de las cuentas públicas una vez asentada la recuperación y dejada atrás la crisis sanitaria.

4Medidas para impulsar el crecimiento empresarial. La crisis del coronavirus diezmará el tejido productivo, abocando a la quiebra a numerosas empresas (especialmente en los sectores más castigados, como el turismo, la hostelería, el comercio o el transporte) y las compañías que sobrevivan lo harán con unos niveles de endeudamiento que lastrarán su capacidad de inversión en los próximos años y con ello el potencial de crecimiento de España (ver información en página 24). Por ello, el Banco de España ve indispensable “desplegar políticas que favorezcan el crecimiento empresarial”. El objetivo es espolear la productividad, que, de media, apenas ha crecido un 0,2% anual en las últimas dos décadas, frente al 0,8% de Alemania o el 0,9% de Estados Unidos. ¿Las recetas? Revisar el marco regulatorio que puede estar “limitando el desarrollo de las empresas y su productividad” (en España, las pymes tienen un peso en la economía muy superior al de otros países europeos); mejorar la eficiencia del sistema judicial, donde el cuello de botella de los procesos concursales se convierte a menudo en un tanatorio para muchas compañías, y “desarrollar mecanismos alternativos de resolución de conflictos”.

5Fomentar la oferta de vivienda en alquiler. En el marco de las políticas que el Gobierno debería adoptar para reducir las desigualdades provocadas por la pandemia, el Banco de España cree necesario “favorecer un incremento estable de la oferta de vivienda en alquiler” desde las AAPP, lo que actuaría como dique de contención contra “un aumento excesivo del precio de los alquileres”. Plantea un mix de estímulos fiscales a los dueños de los inmuebles, de mejoras regulatorias que aumenten “la seguridad jurídica de estos” y un mayor énfasis de las políticas “en la provisión de vivienda pública en alquiler”.

6Más capital humano y tecnológico. Entre los lastres que remolca la economía española sobresalen sus déficits en términos de capital humano e innovación, con un “nivel educativo de los trabajadores por cuenta ajena, de los autónomos y de los empresarios españoles significativamente inferior” a del conjunto de la Unión Europea, según el Banco de España. Para cerrar esta brecha, el supervisor plantea “un profundo replanteamiento del sistema educativo español”, al tiempo que ve imprescindible un apoyo mucho más decidido a la innovación, impulsando las sinergias entre las distintas instituciones públicas y privadas en este ámbito, pero también revisando en profundidad los incentivos fiscales a la I+D e impulsando el rol que pueden jugar las firmas de capital riesgo.

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Santiago Peña Borrero. Madrid

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, en compañía de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha presentado el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en ámbitos de movilidad y agenda urbana que con una inversión de 20.000 millones de euros apunta a la generación de 500.000 empleos.

Ribera ha explicado que la Comisión Europea le pide al Gobierno que “al menos el 37% de las inversiones sea verde” y que en el caso de España el 40% tienen ese objetivo y que el “100% de las actuaciones deban superar un filtro verde, el que no generen daño significativo para el medio ambiente”.

Movilidad sostenible

Se destinarán 13.000 millones a movilidad sostenible, de los cuales 4.500 irán al “Plan de choque de movilidad en entornos urbanos y metropolitanos” al que se le inyectarán otros 2.000 a la “electromovilidad y el hidrógeno” a cargo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Al respecto, Ribera ha adelantado que el objetivo es que “al menos haya 100.000 puntos de recarga para 2023 y 250.000 vehículos eléctricos” para el mismo año. Para la infraestructura ferroviaria, Ábalos explicó que entre Cercanías que “desplaza a más de 500 millones de viajeros anuales” y “los corredores Atlántico y Mediterráneo, y sus extensiones en el horizonte de 2030” la inversión será de 8.300 millones. Este último apartado del Plan generará más de 130.000 empleos y “supondrá una contribución al PIB de más de 9.000 millones de euros”.

El Gobierno también prevé la creación de 150.000 puestos de trabajo y un incremento del PIB en 11.000 millones con la inversión, en movilidad activa, de 2.000 millones “para la creación de zonas de bajas emisiones, itinerarios peatonales y promover el uso de la bicicleta”.

Regeneración urbana

El plan tiene previsto invertir 7.000 millones en rehabilitación de viviendas edificios y barrios en entornos rurales y urbanos.

Se destinarán más de 5.500 millones para vivienda social y podrán financiarse “hasta 20.000 viviendas sociales para el alquiler”, explicó Ábalos.

En lo que respecta a rehabilitación Urbana se invertirán cerca de 3.000 millones enfocados a la red eléctrica. Ribera explicó que intervendrán “en municipios de menos de 5.000 habitantes” siguiendo la línea prioritaria del Gobierno, que busca luchar contra la despoblación.

Respecto a la prevista tasa en las autovías, el ministro Ábalos subrayó que se necesita una reforma para implementar el pago y ha señalado que es necesaria “la aprobación del Parlamento” al tiempo que recordó que en Europa “el que usa paga”, pero España es la excepción y aunque no en todos los países es igual “aquí no tenemos nada al respecto”.

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• estragos/ Las suspensiones de pagos aumentan un 968% en abril respecto al mismo mes de 2020, hasta las 470, y un 62,6% respecto a abril de 2019. La crisis se ceba en el comercio y la hostelería.
• En abril se crearon 9.290 empresas, más del triple que en 2020 y un 5,8% más que en abril de 2019

J. Díaz. Madrid

Los diques de contención levantados por el Gobierno para amortiguar los efectos destructivos de la pandemia sobre el tejido empresarial empiezan a verse claramente desbordados. Los concursos de acreedores se dispararon en abril casi un 1.000% (un 968%, concretamente) respecto al mismo mes de 2020, hasta los 470 procesos, según los datos publicados ayer por el Colegio de Registradores de España. Lideran el ránking mensual Cataluña y Comunidad Valenciana, con 112 y 101 concursos, respectivamente (ver gráfico), dos de las autonomías que han aplicado restricciones más drásticas durante la tercera ola de la pandemia. El tercer lugar es para Madrid, con 81 concursos.

Es cierto que la comparativa está condicionada por el gran confinamiento sufrido en abril de 2020, cuando toda actividad no esencial estaba en hibernación, pero si se toma como referencia el mismo mes de 2019, antes de que el coronavirus hiciera erupción sobre la economía, el resultado también es demoledor: las suspensiones de pagos crecen un 62,6%. Este dato cobra aún mayor relevancia si se tiene en cuenta que se produce estando vigente la moratoria aprobada por el Gobierno, que mantiene en letargo el deber de solicitar el concurso de acreedores aun en situación de insolvencia, así como la obligación del juez de admitir a trámite las solicitudes de concurso instadas por los acreedores. Una medida diseñada, precisamente, para evitar un aluvión de insolvencias que, de todos modos, se ha empezado a producir.

En el acumulado de enero a abril, los concursos empresariales sumaron un total de 2.114, un 72% más que en el primer cuatrimestre de 2020, según un estudio reciente de Informa D&B. Es verdad que, al igual que con el dato de abril, la comparativa está distorsionada por el estado de alarma decretado a mediados de marzo del año pasado, lo que hizo caer las declaraciones concursales, pero también lo es que “la moratoria concursal, que se mantendrá hasta finales de año, hace que no se disparen más todavía”, advertía el viernes pasado Nathalie Gianese, directora de Estudios de Informa D&B.

La avalancha de concursos, aun con la dispensa del Ejecutivo, muestra el fuerte grado de desgaste provocado por la crisis del Covid en una parte muy importante del tejido empresarial, especialmente en la hostelería, donde las suspensiones de pago se dispararon un 318% entre enero y abril, hasta las 377, aunque la mayor cifra correspondió al comercio, donde se alcanzaron los 420 concursos, un 41,4% más, según Informa D&B. Y es que tras catorce meses de pandemia, muchas empresas se han visto inmersas en un perniciosa espiral de falta de ingresos y de gradual endeudamiento por la falta de liquidez, que con el transcurso de los meses ha derivado en muchos casos en problemas de solvencia y viabilidad. Esto explica que el porcentaje de compañías que presentan al mismo tiempo el concurso y la extinción se haya situado por encima del 60% en los cuatro primeros meses de 2021 frente al 44% registrado en abril de 2020.

Al otro lado de la balanza, la constitución de nuevas empresas se elevó hasta las 9.290 en abril, casi el cuádruple que en el mismo mes de 2020 ante el paro forzoso provocado por el primer estado de alarma, según los datos de los Registradores. Si se compara con el mismo mes de 2019, el saldo también es positivo, un 5,8% más, síntoma de una economía que pugna por recuperar el pulso. Madrid se situó a la cabeza de la creación de nuevas compañías en abril, con un total de 2.379, un 354% más que en 2020 y un 10,7% superior al mismo mes de 2019. En segundo lugar se situó Andalucía, con 1.599 nuevas empresas (un 218,5% más que en abril de 2020 y un 12,1% por encima de igual periodo de 2019), y en tercero Cataluña, donde se constituyeron 1.591 sociedades, cifra que representa un 703% más que en abril del año pasado, pero una caída del 6,6% respecto al abril prepandemia.

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• EL CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS NO CONTEMPLA MÁS PERIODO DE CARENCIA/ Empresas y autónomos se acogen parcialmente a las renegociaciones de los préstamos, cuyo plazo vence a mediados de mayo.

Salvador Arancibia. Madrid

Dentro de algo más de una semana, cuando se llegue a la mitad del recién estrenado mes de mayo, se cumple el plazo para que empresas y autónomos que se acogieron a los créditos avalados por el ICO pidan a los bancos que les amplíen los plazos de carencia y de amortización de estos préstamos. No parece que se esté utilizando mucho esta posibilidad. Después de esa fecha entrará en funcionamiento el código de buenas prácticas, en el que se contempla que no haya más carencias pero sí más plazo. Se habla de ampliarlo hasta 12 años.

Hace un año, durante los meses de abril y mayo, empresas y autónomos negociaron con los bancos operaciones de crédito por un importe superior a los 100.000 millones de euros con aval del ICO que, como características esenciales, tenían una carencia de un año para empezar a ser amortizados (solo pagaron intereses durante ese periodo) y un plazo de concesión de hasta cinco ejercicios. A finales del año pasado estos plazos se ampliaron a dos de carencia y ocho de amortización, dado que la recuperación de la actividad se había retrasado.

La renegociación de estas condiciones se inició tímidamente en los primeros meses de este año. Las operaciones que vencían entonces eran muy escasas y se supone que es ahora, desde el pasado mes de abril y a lo largo de la primera mitad de mayo, fecha en la que vence el segundo plazo dado, cuando los deudores deben dirigirse a los bancos diciendo que quieren modificar estos parámetros. Los bancos no pueden negarse a hacerlo.

Pero, ¿están acudiendo empresas y autónomos a las oficinas bancarias a decirlo? Depende de las entidades. Alguna de ellas señala que la situación es muy manejable y que no está habiendo muchas peticiones; en otra de las grandes, y muy activa en la negociación de este tipo de préstamos, se cifra en un 20% lo renegociado hasta ahora y se piensa que en lo que queda de tiempo no se producirá una avalancha de peticiones. Una tercera entidad eleva hasta cerca del 50% el porcentaje de renegociaciones que ha tenido hasta ahora. Otra entidad que forma parte del grupo de los cuatro grandes bancos nacionales no ha contestado al requerimiento de información.

Distintas estrategias

¿Por qué esas diferencias tan notables? En primer lugar, puede deberse al distinto esfuerzo que en su momento hicieron los grandes bancos por proporcionar este tipo de financiación a empresas y autónomos para que solventaran, al menos temporalmente, los problemas de liquidez derivados de la paralización de la actividad económica durante la parte más dura del confinamiento. En segundo término, uno de estos bancos señala: “Como no fuimos agresivos en dar ICO a todos, nuestros deudores podrían estar en mejores condiciones”. Una razón adicional es que empresas y autónomos pidieron por encima de lo que pudieran necesitar y aún mantienen liquidez suficiente como para no tener que acudir a una renegociación.

Para los bancos, las renegociaciones, además de ser obligatorias, suponen un problema adicional, ya que están obligados a pasar estos créditos a vigilancia especial (no han incumplido sus obligaciones, pero parece evidente que están en una situación peor que los que no lo han pedido) y, por lo tanto, incrementar las provisiones para hacer frente a posibles futuros impagos. Las estadísticas del Banco de España no recogen todavía este fenómeno (el informe de estabilidad financiera hecho público la semana pasada se refiere a datos de cierre de 2020), pero debería empezar a verse en los próximos meses.

A partir del 15 de mayo las posibles renegociaciones de este tipo de operaciones se circunscribirán a lo que se establezca en el código de buenas prácticas que se está elaborando, como se hizo hace meses para enmarcar las renegociaciones de créditos hipotecarios, a partir del cual los bancos podrán decidir si renegocian o no bajo unos parámetros generales y comunes con el objetivo de ir deslindando entre quienes pueden, aun con esfuerzos, hacer frente a sus obligaciones financieras y quienes podrían no tener posibilidades de sobrevivir.

El código

No se sabe apenas nada de la elaboración del código de buenas prácticas, pero parece que en su redacción se elimina la posibilidad de que se amplíe el actual periodo de carencia, que puede ser de dos años que finalizarán en la primavera de 2022, mientras que sí se acepta ampliar hasta los 12 años el plazo de amortización, actualmente establecido en un máximo de ocho años.

En poco tiempo se despejarán las dudas. Estas negociaciones abiertas entre bancos y deudores forman parte del plan definido por el Gobierno de 11.000 millones de euros, de los que 7.000 millones serán ayudas directas y 3.000 millones se apartan para posibles impagos.

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El PSOE y Unidas Podemos quieren asegurar por ley que los ingresos derivados del uso o explotación de las áreas de servicio y otros elementos de la carretera se dirijan a financiar los servicios y obras de conservación y explotación de la Red de Carreteras del Estado.

Así consta en una de las enmiendas registradas por las formaciones que integran el Gobierno de coalición al proyecto de ley que modifica la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de infracciones contra la morosidad en el transporte de mercancías por carretera

La propuesta supone modificar la Ley de Carreteras de 2015 con el fin de que todos estos derechos económicos que puedan liquidarse queden afectos a la financiación de servicios y obras de conservación y explotación y que, además, puedan generar crédito en virtud a lo dispuesto en la Ley General Presupuestaria.

Concretamente, se refiere al uso o explotación de áreas de servicio y otros elementos funcionales de la carretera, como servicios de restauración en áreas de descanso, aparcamientos con servicios de seguridad y control de vehículos, o incluso instalaciones de fibra óptica para posibilitar la circulación de vehículos autónomos.

Nuevo modelo de conservación
Todo después de la decisión del Ministerio de Transportes de impulsar un nuevo modelo de conservación, que separa de forma expresa los gastos e ingresos del contrato. Así, se establecen, por un lado, el presupuesto de gastos (costes de conservación y explotación, y pequeñas obras) y, por otro, el presupuesto de ingresos (canon a abonar como contraprestación por el derecho de explotación de las áreas de servicio y otros servicios públicos).

A las licitaciones para la conservación y explotación de carreteras ahora se incorporan dos novedades: la ejecución de actuaciones concretas de pequeñas obras y la explotación de las áreas de servicio en estas carreteras, que ahora supone un gasto para la Administración.

Gasolina y restauración
Por eso, la empresa encargada de ejecutar este contrato tendrá que pagar un canon por los ingresos derivados de la gasolina y de la restauración, un pago que va dirigido al Ministerio de Hacienda, como cualquier concesión.

Para que este dinero llegue a Transportes hace falta un cambio legislativo, que es lo que hace esta modificación de la ley. “Es un cambio justo y positivo, ya que no supone un incremento para los ciudadanos”, señalan desde Hacienda.

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• El número de obras siguió creciendo en el conjunto de España a un ritmo del 5,7% en los últimos doce meses, a pesar de la crisis sanitaria que obligó a paralizar muchas construcciones desde el estallido de la crisis sanitaria en marzo del año pasado, aunque en algunas regiones, como La Rioja o Madrid, el sector se contrajo.

En concreto, según lo dato recopilados por Nalanda, portal que relaciona a contratas y subcontratas, La Rioja fue la Comunidad con la mayor caída desde marzo del año pasado hasta febrero de este año, periodo en el que acumula un descenso del 36,7%, aunque su cuota de mercado sobre el total de España solo representa el 0,5%.

La segunda comunidad autónoma que más sufrió los estragos de la pandemia fue Madrid, que representa un 12,6% del total y registró una caída del número de obras del 9,9%, hasta las 961 actuaciones llevadas a cabo desde la llegada del Covid-19 hasta el pasado mes de febrero.

Esta caída le ha hecho a la región donde se ubica la capital perder una posición en la clasificación española, retrocediendo ahora hasta el tercer puesto a favor de Andalucía, que, con motivo de la pandemia, ha ejecutado este ‘sorpaso’ a Madrid.

Andalucía logró aumentar un 21,4% el número de construcciones, hasta las 1.077 obras acometidas en los últimos doce meses. Esta región concentra ya el 14,1% de todo el mercado nacional, situándose en segunda posición.

Pese al retroceso del 0,2% que experimentó Cataluña en este periodo, al contar con 1.479 obras, la Comunidad consiguió mantenerse en el primer puesto de España, al aglutinar el 19,4% de toda la actividad del país.

Las únicas otras dos comunidades que experimentaron un retroceso en el número de obras fueron País Vasco, donde cayó un 7,4%, hasta las 390 construcciones, y Baleares, que registró una caída del 3,6%, hasta las 317 obras.

Castilla-La Mancha
Todas las demás comunidades autónomas lograron aumentar esta cifra, lo que resulta en un incremento en la media nacional del 5,7%. Destacan Castilla-La Mancha, donde crecieron un 58,1%, Navarra (26,2%) o Cantabria (22,8%).

No obstante, el incremento generalizado de las construcciones se debe a una mayor presencia de obras con menor presupuesto. De hecho, las actuaciones con un presupuesto inferior a los 500.000 euros son las únicas que lograron incrementar su cifra en el conjunto de España.

Navarra, Andalucía, Galicia, Comunidad Valenciana, Baleares y Canarias fueron las únicas Comunidades que aumentaron el número de obras con un presupuesto superior al millón de euros. La Rioja disminuyó esta tipología de obra un 70,8% y Madrid un 18,4%.

La media de trabajadores por obra en este periodo fue de 431,24 personas, lo que representa un aumento del 45% frente a las 294,44 del mismo periodo del año anterior. Los trabajadores por subcontrata alcanzaban un media de 19,77 personas, un 72,5% más.

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• fondos europeos/ Los economistas opinan que los recursos movilizados por Europa pueden servir para reequilibrar territorialmente España, aunque advierten de la posible falta de ejecución de los proyectos.

E. Galián. Barcelona

El impacto de los fondos Next Generation en la economía española y los obstáculos que se presentan para su implementación protagonizaron buena parte de la primera mesa redonda del acto por el 35 aniversario de EXPANSIÓN celebrado ayer en Barcelona. Teresa Garcia-Milà, directora de la Graduate School of Economics, reivindicó la oportunidad que representa este maná europeo para reequilibrar territorialmente España.

En este sentido, la economista criticó el modelo radial de infraestructuras desarrollado en el país durante décadas y recordó que la falta de comunicaciones ha lastrado el rendimiento de centros industriales muy importantes. Garcia-Milà subrayó, incluso, que en el centro de España no se han generado suficientes polos de actividad por el fuerte efecto tracción de Madrid.

La catedrática reivindicó el modelo territorial de Alemania, en contraposición a “la visión centralizadora de la Administración española”. Garcia-Milà recordó que en el país centroeuropeo, los länder cuentan con “más margen de poder” y las principales instituciones están repartidas entre distintas ciudades, como el Bundesbank, que tiene su sede en Fráncfort, o la autoridad alemana de la competencia, ubicada en Bonn desde 1999.

La académica recordó que Cataluña tiene proyectos encima de la mesa muy importantes desde hace tiempo y que los fondos Next Generation pueden acelerarlos.

Cambio de paradigma

Por su parte, Eugenia Bieto, profesora de Esade, consideró que Next Generation “plantea un cambio de paradigma” y animó a fijar objetivos comunes entre empresas, gobiernos y personas para enfocar la recuperación pos- Covid en la sostenibilidad y la digitalización de la economía.

Eugenia Bieto dijo que los empresarios llamados a liderar este proceso “se lo tienen que creer” y saber que “es bueno para la sociedad, el futuro y ellos mismos”. “La sostenibilidad y la digitalización tienen que estar en el centro de la estrategia, de la visión a largo plazo; los empresarios deben asignar recursos a esta cuestión y dejar claro que la empresa se va a dirigir hacia estos objetivos”, remarcó la profesora del departamento de Estrategia de Esade. “Hay que involucrar a todos los empleados, que se sientan parte del proceso y de un cambio hacia un mundo mejor”.

La economista también quiso destacar la importancia de la colaboración público-privada y puso el ejemplo de la rápida campaña de vacunación. “Si hemos corrido tanto con las vacunas es porque ha habido cooperación”, apuntó.

Jordi Alberich, vicepresidente coordinador del Institut d’Estudis Estratègics de Fomento del Trabajo, coincidió en la importancia que tendrán los fondos Next Generation en los próximos años y alabó la economía catalana por su fuerte diversificación. No dudó en decir que el cumplimiento de los requisitos ya debería ser suficiente aval para optar a estos recursos. “Lo que me preocupa es que no seamos capaces de entender que esta es una oportunidad histórica”, agregó.

En la misma línea se pronunció Xavier Vives, director del Public-Private Sector Research Center del IESE, que incidió en el peligro de no cumplir con la ejecución de los proyectos asignados a Next Generation. Vives recordó que España nunca ha sido una potencia especialmente brillante en este aspecto e hizo referencia a que las iniciativas vinculadas a los fondos Feder solo han tenido un grado de ejecución del 35% en el período 2014-2020.

Control de los proyectos

“Para asegurar el éxito de los proyectos, estos deben estar bien seleccionados y tiene que haber un control adecuado de su ejecución”, comentó el catedrático, recordando a su vez que las autoridades europeas ya han dejado claro que serán especialmente estrictas en el control de los fondos.

“Habría sido mejor crear una agencia independiente para el cumplimiento, pero esto no se ha hecho; en este sentido, habría que poner en marcha comités de expertos para la elección de las iniciativas”, indicó Vives. El profesor no se olvidó de que más allá de los fondos europeos siguen pendientes “las reformas necesarias” para la economía española, como las de las pensiones o la de la Justicia. “El gran obstáculo es la disfuncionalidad política”, sentenció el catedrático.

Expansión

• nuevo contrato programa/ La compañía prevé recibir casi 13.000 millones de euros de aportaciones públicas para modernizar la red de cercanías y completar los corredores de alta velocidad.

C.Morán. Madrid

Adif está a punto de obtener luz verde del Gobierno para firmar su próximo contrato- programa que le garantizará inversiones por más de 21.000 millones de euros hasta 2025. El nuevo convenio a cinco años supone un espaldarazo a la política de transporte que pivota alrededor del ferrocarril, el medio estrella en Europa por su capacidad de vertebración del territorio y ser el más sostenible frente al avión y la carretera.

Las inversiones del grupo presidido por Isabel Pardo se destinarán, principalmente, a modernizar la red de cercanías y completar los corredores de alta velocidad y estarán respaldadas por aportaciones públicas por 12.800 millones de euros. “Se trata un paso importante para que Adif gane certidumbre, pueda establecer una política tarifaria más flexible y planifique sus necesidades de financiación sin presiones”, indican las fuentes del Gobierno consultadas, que ven necesario este marco financiero tras diez años desde el último, que data de 2010.

La mayor parte de los fondos procedentes del Estado se emplearán en inversiones para mejorar las cercanías (casi 5.000 millones de euros en cinco años) y completar los principales corredores de alta velocidad incluidos en el programa TEN-T de la Unión Europea (más de 10.000 millones de euros). El foco está puesto en terminar la conexiones de Madrid con el País vaco, Asturias, Galicia y Extremadura.

Según el documento provisional al que ha tenido acceso EXPANSIÓN, el convenio de Adif 2021-2025 incluye aportaciones importantes del fondo de recuperación y resiliencia de la UE que España prevé aprobar esta misma semana para remitir a Bruselas. En total, la empresa estatal prevé recibir algo más de 5.500 millones de euros en los próximos tres años. Además, el administrador de la red recibirá aportaciones patrimoniales y subvenciones a la explotación por otros 8.100 millones de euros.

A cambio, el grupo se compromete a mantener una disciplina financiera y llevar a cabo una plan de amortización de deuda que actualmente se aproxima a los 16.500 millones en alta velocidad. El BEI es el mayor acreedor de Adif con algo más de 10.000 millones de euros.

El resto corresponde a las distintas emisiones de bonos realizadas por el grupo estatal por más de 5.000 millones de euros y que proseguirán en el próximo quinquenio. Las estimaciones realizadas indican que la empresa apelará nuevamente al mercado con emisiones por hasta 5.700 millones de euros.

En el borrador de convenio, que se encuentra en fase de análisis por la CNMC y los principales operadores ferroviarios, Adif detalla a qué grandes partidas destinará las aportaciones públicas. La mayor parte irá a parar a inversiones y al mantenimiento y conservación de la red, aunque también reserva una cantidad relevante a la compensación de tarifas, a la explotación ordinaria, amortización de deuda (casi 800 millones en 2021) y a compensar liquidaciones pendientes de programas anteriores.

En el apartado tarifas (cánones), el administrador de la red tiene previsto introducir incentivos o rebajas sobre los cánones por valor de 228 millones de euros (150 millones a los tres operadores de la alta velocidad). Según los últimos datos facilitados para la compañía, los ingresos por cánones se elevaron en 2019 a 664 millones de euros. Adif ha tenido que conceder fuertes rebajas a Renfe en 2020 ante el hundimiento de la demanda. Si se toma como referencia el último ejercicio pre-Covid, la rebaja tarifaria planteada por Adif en 2021 (50 millones de euros) en alta velocidad representa algo menos del 10%, un porcentaje que los operadores consideran insuficiente para la fase inicial de la liberalización.

Esta rebajas se corresponden con las previsiones de aumento de negocio de la compañía en los próximos años, una vez se normalice la situación sanitaria y la demanda recupere los ritmos de 2019, con más de 22,4 millones de pasajeros transportados en AVE ese año.

En la filial de alta velocidad, Adif prevé cerrar este año con una cifra de negocio de 441 millones de euros y duplicarla en cinco años, hasta elevarla a 884 millones en 2025. El desembarco de Ouigo e Ilsa, los nuevos competidores de Renfe; la ampliación de la red y la potenciación de otros negocios como la red de fibra óptica y la eficiencia energética permitirán Adif AV obtener este mismo año un resultado bruto de explotación (ebitda) de 94,4 millones y multiplicarlo por cuatro en 2025, hasta 432 millones de euros.

La importante carga financiera le impedirá obtener beneficios, aunque las pérdidas se reducirán drásticamente, de 395 millones en 2021 a 77 millones, en 2025.

La nueva estrategia de Adif descansa en el contrato programa hasta 2025, pero también en la reforma del marco tarifaria basado en un régimen tributario que depende todos los años de la aprobación de la ley de presupuestos. Adif lleva trabajando meses con el Ministerio de Hacienda y el de Transportes para ganar autonomía en la gestión de los cánones y equipararse al modelo que disfrutan otras compañías estatales como Aena, que puede incorporar incentivos y revisar precios en función de la evolución del demanda o de la promoción de determinados corredores.