Expansión

• la contrarreforma laboral/ El Gobierno se propone suprimir el contrato de obra o servicio para terminar con una de las fuentes más importantes de empleo temporal, y aumentar la protección de los trabajadores en la subcontratación.
• Trabajo quiere terminar con el encadenamiento de los contratos temporales

M.Valverde. Madrid

El Gobierno ha propuesto a la patronal y a los sindicatos, en la negociación de la reforma laboral, la eliminación, o una reducción sustancial, de la utilización del contrato por obra o servicio. Y, sobre todo, de su utilización en la subcontratación, porque es una fuente muy importante del empleo temporal. Tanto es así que es el más utilizado por las empresas, junto al contrato eventual por circunstancias de la producción.

Como indica su denominación, en principio, el contrato por obra y servicio atiende a la realización y finalización de una tarea determinada. Su duración máxima es de tres años, o de cuatro, si así se acuerda en convenio. Al terminar ese periodo, el trabajador tiene que ser convertido en indefinido. Sin embargo, con mucha frecuencia, los empleados encadenan varios contratos por obra y servicio, superando esos plazos, en un periodo permanente de eventualidad. Incluso dentro de las administraciones públicas. Razón por la cual, hay muchos sectores de la economía que tienen a sus trabajadores con ese tipo de contrato.

Por este motivo, en su propuesta a los empresarios y a los sindicatos, el Ministerio de Trabajo y Economía Social plantea la prohibición de utilizar este contrato. “No constituye causa que justifique la celebración de esta modalidad contractual, la contratación y subcontratación de obras y servicios por parte de la empresa, ya sea de naturaleza civil, mercantil o administrativa”, dice el Gobierno en su propuesta a los agentes sociales, a la que ha tenido acceso EXPANSIÓN.

También es verdad que con esta decisión, el Ejecutivo traslada al Estatuto de los Trabajadores la sentencia del Tribunal Supremo, del pasado 29 de diciembre, en la que el mismo tribunal cambió su doctrina. El Supremo dijo que el contrato por obra o servicio no puede servir para cubrir tareas que son estructurales en el funcionamiento y en el negocio de la empresa. Es decir que no se puede utilizar para cubrir puestos que son propios del contrato indefinido, porque forman parte del objeto de la empresa. Precisamente, la sentencia del Supremo dio la razón a un trabajador que tras pasar quince años en una empresa con el contrato de obra o servicio no se conformó con una indemnización al terminar un contrato temporal. Por el contrario, reclamó una indemnización por despido improcedente, después de varias renovaciones en su empleo por dos empresas distintas.

El Gobierno se siente respaldado por esta sentencia. Máxime, cuando los datos son muy contundentes. Por ejemplo, según el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el año pasado, en medio de la crisis económica provocada por la pandemia, las empresas hicieron 6,2 millones de este tipo de contratos. Es decir, el 40% de todos los tipos de contratos. Sólo superado por el contrato eventual por circunstancias de la producción, del que se hicieron 6,2 millones, el 42,5% de todos. Sin embargo, a diferencia del contrato por circunstancias de la producción, el 86,8 de los contratos por obra o servicio –más de 5,2 millones–, se hicieron por duración indeterminada. Y lo hicieron fundamentalmente las empresas de hasta cien trabajadores, donde está la subcontratación. Estas sociedades hicieron 4,7 millones de contratos, el 87,4% de los 6,2 millones de contratos por obra o servicio que se formalizaron en 2020.

Por sectores

Si el análisis se hace por sectores, de esos 6,2 millones, casi tres millones se hicieron en el sector servicios. Por ejemplo, en los centros de atención telefónica, de venta de productos o recaudación; en el comercio y en la hostelería. O, por ejemplo, también, en la educación y en las actividades artísticas y la sanidad. También en los sectores de la limpieza.

Pero también se subscribieron 1,9 millones de este tipo de empleos en la agricultura y 800.000 contratos de la construcción. A pesar de que el sector tiene un tipo de contrato fijo de obra. Ésta fórmula no es exactamente un empleo indefinido. Es una modelo que permite a un trabajador encontrar empleo en obras distintas dentro del sector. Una suerte de contrato fijo discontinuo, como el que hay también en el sector turístico. En la industria también se hicieron más de medio millón de contratos por obra o servicio. Todo esto en 2020. Sin embargo, en un año como 2019, con crecimiento de la economía, los contratos por obra o servicio realizados ascendieron a 8,2 millones; el 36,4% de todos los contratos realizados. Sólo por debajo de la fórmula de circunstancias de la producción, que reunió 10,3 millones de contratos. Como su nombre indica este tipo de fórmula es más corto que el de obra o servicio, y sirve para atender puntos de muchas actividad, producción y demanda. No puede durar más de seis meses, dentro de un periodo de un año, y se parece más a la orientación que el Gobierno y los sindicatos quieren dar al contrato temporal, dentro de la reforma laboral.

Por ejemplo, la supresión del contrato de obra o servicio está dentro de la reforma de la subcontratación que quiere hacer la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, para aumentar la protección de los trabajadores en esta actividad.

Es necesario recordar que el PSOE ha presentado en el Congreso de los Diputados una Proposición No de Ley para, en líneas generales, igualar las condiciones salariales y laborales de los trabajadores de la empresa subcontratada a la empresa principal.

Pero, dentro de la contratación, el Gobierno va a intentar reducir todos los modelos a tres tipos básicos. El contrato indefinido es el que el Ejecutivo pretende que se convierta en el más habitual. El objetivo es reducir la división del mercado de trabajo entre contratos temporales e indefinidos, como ayer mismo reclamó el Banco de España. Ver información en esta página.

Una de las opciones que se plantea el Ejecutivo para incentivar la contratación indefinida es reorientar las bonificaciones de cotizaciones sociales hacia los trabajadores que más necesitan la inserción, o reinserción laboral, como los siguientes: parados de larga duración, de más de 45 años, o jóvenes y mujeres con dificultades para encontrar trabajo. Todos los Gobiernos han dedicado a este fin entre 3.000 y 6.000 millones de euros, aunque la Autoridad Fiscal ha criticado este gasto por ineficaz.

Junto al contrato indefinido, el Gobierno también apuesta por plantear un contrato temporal, pero con causas bien definidas y reguladas, que no pueda servir como un comodín. Precisamente, Daniel Toscani, profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad de Valencia, alerta de que “el fraude existirá en este tipo de contratos mientras no haya una Inspección de Trabajo y Seguridad Social potente”. Y propone la fórmula siguiente para reducir el empleo temporal. Como en el Reino Unido, dice Toscani, fijar una proporción determinada de trabajadores temporales respecto a un número de total de empleados; a una plantilla determinada. La empresa podría contratar al trabajador temporal con libertad en cuanto a sus funciones, pero tendría límites respecto al número de trabajadores con esa fórmula.

Por último, dentro de la simplificación de contratos, el Gobierno quiere cambiar el contrato de formación para aumentar la protección de los trabajadores, su remuneración y mejorar su relación con el trabajo en las empresas. Lo que se conoce como formación dual, y quiere hacerlo dentro de la de los ERTE.

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• fiscal/ Aedaf sitúa el tipo efectivo en el 22,6%, muy próximo al nominal del 25% y, ante la subida que ha anunciado Hacienda, llaman al Gobierno a no lanzar “globos sonda” sobre la tributación empresarial.

Mercedes Serraller. Madrid

La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) instó ayer al Gobierno a no lanzar “globos sonda” sobre el reducido tipo de tributación efectiva de las empresas españolas, dado que, según sus cálculos, el tipo efectivo que pagan en el Impuesto sobre Sociedades se sitúa en el 22,6% sobre base imponible, muy próximo al 25% del tipo nominal. Así lo hicieron en la presentación del informe Los tipos efectivos del Impuesto sobre Sociedades en España, justo cuando el Gobierno acaba de anunciar que subirá Sociedades en 2022.

Según explican, la Agencia Tributaria (AEAT) calcula el tipo efectivo conforme a dos metodologías distintas: la primera, considera que el tipo efectivo es el cociente entre la cuota líquida y el resultado contable, y la segunda considera como tipo efectivo el cociente entre la cuota líquida y la base imponible, es decir, es más fiel a la tributación real.

Con la primera metodología, el tipo efectivo resultante resulta ser mucho más bajo (del 10% el general, y del 5,7% el de los grupos consolidados de empresas, generalmente, grandes empresas, y es el que el Gobierno esgrime para asegurar que la contribución empresarial es baja. Esto se debe a que se divide la cuota de Sociedades satisfecha en España por los resultados positivos a nivel mundial, donde las grandes empresas obtienen la mayoría de sus beneficios.

Con el segundo, que mide homogéneamente lo tributado en España, los tipos se sitúan más de 10 puntos por encima y se colocan en el 23,2% en el general y en el 21,7% para los grupos.

Para evitar estas distorsiones, Aedaf considera que si bien resulta aceptable calcular el tipo efectivo como el cociente entre la cuota líquida y la base imponible, a la cuota líquida deben sumarse las deducciones por doble imposición, tal y como vienen defendiendo instituciones como la Dirección General de Tributos o la OCDE. Es decir, tener en cuenta lo que las empresas han tributado en el extranjero y por dividendos y plusvalías domésticos.

También defienden que debería excluirse la compensación de bases imponibles negativas procedentes de ejercicios anteriores porque no es una partida indicativa de la renta obtenida en un ejercicio. Aunque no las excluyen de su cálculo por falta de información.

Respecto al último informe publicado por la AEAT sobre tributación de multinacionales, el país por país, a instancias de la OCDE, advierten de que la metodología seguida presenta importantes limitaciones, ya que los beneficios analizados son agregados. Mide empresas con una facturación de más de 750 millones y recoge un tipo del 17%, aún así más elevado que el resultado contable que publica la AEAT.

En cualquier caso, lo que no procede en modo alguno, según la Asociación, es calcular la cuota líquida del Impuesto sobre Sociedades en España y dividir tal importe entre los resultados positivos agregados de este grupo, obtenidos a nivel mundial, dado que el tipo efectivo así calculado nunca puede ser una medida representativa ni de la tributación efectiva a nivel mundial, ni de la tributación efectiva del grupo en el país.

En opinión de Aedaf, la Agencia Tributaria interpreta los datos de manera errónea. “No se puede hacer llegar a la opinión pública datos manipulados que no reflejan la realidad de las empresas. Con esta realidad se aleja a los posibles inversores del país y desincentiva la actividad empresarial”, criticó ayer la presidenta de la Aedaf, Stella Raventós.

Se trata del segundo informe que Aedaf publica sobre este asunto después del de 2017, que arrojaba un tipo efectivo en 2014 del 26,8%, cercano al nominal del entonces, del 30%. Entonces reaccionaron a las declaraciones del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, asegurando que las empresas pagaban muy poco, mensaje que el Gobierno de Pedro Sánchez ha abrazado con entusiasmo, con lo que denuncian que “viene siendo habitual la divulgación de mensajes que confunden”, avisan.

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• ley de desindexación/ Aragón, Andalucía, Castilla-La Mancha y Madrid tienen una cartera de concesiones de carreteras, hospitales y depuradoras paradas por los límites a la rentabilidad.

C.Morán. Madrid

La decisión del Gobierno de no modificar la rentabilidad de los contratos de concesión a largo plazo establecida en la ley de desindexación de la economía está provocando un atasco de proyectos de infraestructuras en distintos puntos de España. Según las fuentes consultadas, hay, al menos, 6.500 millones de euros de inversión retenida o condicionada por las incertidumbres provocadas por la ley, desde concesiones de carreteras hasta hospitales pasando por planes de depuración y aparcamientos.

“Es imposible que salgan adelante los proyectos con las limitaciones que impone la ley de desindexación”, indican las empresas, hambrientas de contratos de obra pública después de que en 2020 la inversión en nuevos proyectos descendiese más de un 40% en España.

El epicentro del problema está en la ley 2/2015 de 30 de marzo de desindexación de la economía española, y su posterior desarrollo reglamentario. Según el límite legal que impone, la tasa de descuento (rentabilidad) se referencia al bono español a 10 años más un diferencial de 200 puntos básicos. A los precios actuales, la rentabilidad se situaría en el 2,2%, muy baja para abordar proyectos con riesgos de construcción y de disponibilidad, según las empresas. “Si no se mejora la rentabilidad es más difícil atraer el interés de los inversores”, alertan desde la patronal Seopan, que propone, entre otras soluciones, que sean los órganos de contratación públicos los que, a la vista de los costes reales del mercado financiero, sean los que fijen la tasa de descuento.

La Cámara de Contratistas de Valencia va más allá. La institución, que representa a la constructora de la zona espera como agua de mayo que el Gobierno licite de una vez el contrato de obra y conservación de la autovía A7 entre Crevillente y Arco (Murcia), un corredor de 40 kilómetros con un presupuesto de inversión inicial de 200 millones de euros y un plazo de explotación en concesión de 25 años. “Es un proyecto inviable en las condiciones descritas en el estudio de viabilidad realizado por el Ministerio de Transportes”, indican desde la organización que calcula que, debido a las omisiones económicas y los errores de estimación del tráfico por el Covid, la rentabilidad baja a menos del 1%, cuando en proyectos de similares características basados en pagos por disponibilidad, la rentabilidad de mercado se sitúa a partir del 6,5%-7%. “Es claramente insuficiente para atraer el interés de los inversores atendiendo a la realidad del mercado que sitúa la rentabilidad media exigida para este tipo de proyectos en tasas muy superiores”.

Las constructoras ven en esta cerrazón del Gobierno cierto agravio comparativo con las energías renovables, donde sí se reconocen a los proyectos una tasa de recuperación de la inversión mayor. En concreto, se refieren al reconocimiento de la tasa de descuento de los proyectos de producción de energía con biomasa y residuos que, para el segundo periodo regulatorio 2020-2025, ha quedado fijada en el 5,58%.

“A un proyecto le exigimos entre 200 y 300 puntos sobre el coste de la deuda, que está hoy en día en el 4%. Eso significa que como mínimo pedimos a los proyectos una TIR del 7%, aunque casi siempre es superior”, señalan desde una concesionaria española. Según las primeras estimaciones, los proyectos del plan de carreteras del Gobierno saldrán con una rentabilidad tres o cuatro veces inferior a la de mercado.

El tope a la rentabilidad es lo que está provocando un atasco de proyectos en un momento en el que la licitación de concesiones ha batido récord de caída. El año pasado, el Gobierno solo licitó bajo está fórmula proyectos que suman inversiones por 50 millones de euros, cuando desde Bruselas están recomendando que por cada euro de presupuesto público dedicado a este capítulo sirva para movilizar 3 euros de inversión privada.

En carreteras, uno de los planes más ambiciosos, basado en mecanismos de financiación privada, es el del Gobierno de Aragón. A finales del año pasado, el Ejecutivo regional lanzó el plan extraordinario de inversiones en carreteras 2023-2025 distribuido en diez tramos con un presupuesto de 400 millones de euros. En Hospitales, destacan los proyectos promovidos por la Junta de Andalucía, que quiere construir un nuevo hospital en Málaga, la ciudad sanitaria de Jaén o el hospital de Roquetas del Mar (Almería), con inversiones conjuntas de unos 830 millones.

En Madrid, destaca el contrato de concesión para relanzar la Ciudad de la Justicia, con una inversión estimada de 300 millones de euros. La reforma del Hospital de La Paz es otro de los contratos analizados, una obra de 500 millones.

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• La secretaria de Estado de Economía, Ana de la Cueva, prevé que antes del verano empiecen a convocarse licitaciones que permitirán a las empresas acceder a los 70.000 millones de euros que España espera recibir de la Unión Europea entre 2021 y 2023.

“Todos los Ministerios están trabajando con las manifestaciones de interés, recabando información y ahora van a empezar a sacar las convocatorias (…) Algunos Ministerios están ya muy avanzados en el proceso y antes del verano yo creo que empezaremos a ver las convocatorias de las licitaciones correspondientes”, ha asegurado De la Cueva.

La secretaria de Estado ha recordado que en los Presupuestos de 2021 están consignados los primeros 27.000 millones que el Gobierno prevé desembolsar este año, con independencia de cuando se hagan efectivas las transferencias europeas.

El calendario de emisiones del Tesoro para este año, del que se ha completado casi un 40%, recoge la necesidad de financiar ese importe, lo que permite comenzar a ejecutar ya el plan de recuperación, transformación y resiliencia, cuya versión definitiva pasará por el Consejo de Ministros antes de que acabe este mes.

Aunque el plan solo contempla los 70.000 millones que se prevén recibir hasta 2023, De la Cueva ha asegurado que el Gobierno tiene la “absoluta determinación” de usar el montante total de 140.000 millones, que incluye otros 70.000 millones en créditos cuya solicitud se planteará antes de 2023.

Las ayudas directas para empresas serán más flexibles
Sobre la ejecución de las ayudas directas de 7.000 millones incluidas en el programa de apoyo a la solvencia empresarial de 11.000 millones, la secretaria de Estado ha contado que se está estudiando cómo flexibilizar los requisitos para que excepcionalmente puedan acceder empresas que ya registraron pérdidas en 2019.

De acuerdo con el decreto ley aprobado el pasado 12 de marzo, podrán optar a ayudas directas de hasta 200.000 euros las empresas y autónomos que sufrieran en 2020 una pérdida de ingresos de al menos el 30 %, un requisito que dejaría fuera a compañías que por circunstancias excepcionales arrastran problemas desde antes.

“Estamos viendo cómo se puede dar respuesta a situaciones extraordinarias que se produjeron en 2019, que hacen que empresas que son viables tuvieran una situación peculiar que hace que no cumplan los criterios del decreto ley. Por ejemplo las afectadas por la quiebra de Thomas Cook (en septiembre de 2019)”, ha concretado.

Asimismo, las comunidades autónomas tendrán flexibilidad para incluir actividades que no estaban inicialmente previstas en el centenar de CNAE (clasificación nacional de actividades económicas) que se incluyeron en el decreto ley y que tienen una especial relevancia para su territorio, como podría ser el sector del vino.

“En el decreto que aprobamos establecimos unos criterios objetivos que aplicaban a toda España”, ha afirmado De la Cueva, que ha añadido que se habilitará a las autonomías para que puedan incluir sectores específicos.

“Serán las comunidades autónomas las que decidan en el ámbito de sus competencias cómo instrumentar las ayudas y las que ahora tienen que poner en marcha las convocatorias para que antes de final de año, como establece el decreto ley, se puedan otorgar las ayudas y lleguen a todas las empresas”, ha dicho.

Reestructuraciones de deuda
Respecto al fondo de 3.000 millones para la reestructuración de la deuda bancaria de empresas solventes, ha avanzado que se está trabajando con el sector financiero en un código de buenas prácticas al que se podrán adherir las entidades de manera voluntaria.

“Estamos trabajando con el sector financiero, con la AEB (Asociación Española de Banca) y con el Banco de España para definir un código de buenas prácticas que elevaremos al Consejo de Ministros (…) que establece cuáles son los mecanismos que se habilitan para que se pueda proceder a la reestructuración de deuda”, ha explicado.

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• PLAN HISTÓRICO DE EMISIÓN DE DEUDA/ La Comisión Europea colocará una media de 150.000 millones al año en bonos hasta 2026 y la UE se convertirá en uno de los grandes emisores de deuda del mundo, el mayor en bonos verdes.

Francisco R. Checa. Bruselas

Bruselas se prepara para inundar los mercados de deuda europea con la que financiar el macro plan de recuperación de la crisis económica que ha dejado el Covid-19, el nuevo Plan Marshall comunitario con el que la UE quiere impulsar la salida de la pandemia y la transición ecológica y digital de la economía.

La Comisión Europea presentó ayer su estrategia de emisiones para dotar de recursos al fondo con la emisión de hasta 800.000 millones de euros a precios actuales desde previsiblemente julio, mes en el que confía en poder salir a los mercados, hasta 2026, lo que convertirá a la UE en uno de los mayores emisores de deuda del mundo.

El plan está preparado para ejecutarse en cuanto todos los países ratifiquen en sus parlamentos nacionales la Decisión de Recursos Propios, el mecanismo que permitirá a la UE salir a los mercados a financiar el paquete de estímulos. “Tan pronto como se permita legalmente a la Comisión pedir préstamos, estaremos preparados para ponernos en marcha”, señaló el comisario europeo de Presupuestos, Johannes Hahn.

El plan supone una emisión de deuda comunitaria sin precedentes en la historia de la UE y se inspira en la experiencia positiva registrada con el fondo europeo de ayuda al empleo SURE que ya ha colocado más de 75.000 millones de euros en bonos sociales. Activo desde hace seis meses, este programa ha gozado de un gran respaldo en los mercados al registrar una gran demanda entre los inversores en las seis colocaciones que ha efectuado hasta la fecha. Las operaciones han contado con intereses mucho más favorables que si los países se hubieran financiado en los mercados de manera individual.

La estrategia de deuda para el Fondo de Recuperación prevé un ritmo medio de emisiones de 150.000 millones de euros al año. Para ello, la Comisión Europa utilizará como instrumentos para canalizar las colocaciones bonos a largo plazo, que tendrán un vencimiento de entre 3 y 30 años, junto con las primeras emisiones comunitarias de deuda a corto plazo, mediante letras con un vencimiento inferior a un año y que ha denominado EU-Bill. La Comisión destaca que esto permitirá a la UE dar flexibilidad para determinar el tamaño de cada transacción, en base a las necesidades de liquidez. Las colocaciones se articularán mediante una combinación de subastas y sindicaciones y Bruselas prevé reembolsar todos los préstamos antes de 2058.

Bonos verdes

El programa también incluye la emisión de bonos verdes, deuda que se destinará con una finalidad sostenible, por hasta 250.000 millones de euros, un tercio del total del fondo, lo que colocará a la UE como el mayor emisor de bonos verdes del mundo. Hahn apuntó que la Comisión está trabajando en estos momentos en un marco normativo sobre las emisiones verdes, una taxonomía verde que establezca unos criterios comunes sobre activos sostenibles para extender este tipo de financiación.

“El programa de bonos verdes de tal tamaño demuestra de manera impresionante la alineación de nuestra política financiera con una de nuestras prioridades políticas más importantes, el Pacto Verde”, señaló el político austriaco.

A la espera del TC alemán

La gran duda por resolver es cuándo comenzará Bruselas a colocar la deuda y, por consiguiente, a realizar los primeros desembolsos a los Estados Miembros. Bruselas confía en que a partir de julio podrá salir a los mercados, fecha en la que prevé que todos los países ya habrán ratificado la Decisión de Recursos Propios. Esta confirmación por parte de los Estados Miembros es crucial pues sin ella la UE no podrá empezar las emisiones y hasta que no esté validada por todos Bruselas no entregará ni un euro.

Todas las miradas se dirigen a Karselrue, sede del Tribunal Constitucional alemán, que a finales de mes paralizó el proceso de ratificación en Alemania hasta determinar si la legalidad del fondo se ajusta a la normativa alemana. Los jueces alemanes se pronunciarán en las próximas semanas, aunque los precedentes invitan al optimismo. En anteriores análisis, como en los programas de estímulos del BCE o el Fondo de Rescate puesto en marcha durante la crisis de deuda, el Constitucional alemán ha puestos peros, per no ha tumbado la legislación, que salió adelante y siguió su curso.

Hahn confía en que el Fondo de recuperación superará las reservas de la Justicia germana y Alemania podrá finalmente ratificarlo. “Estamos confiados. Hicimos un trabajo legal durante la elaboración del plan de recuperación y estuvimos en contacto con los Estados miembros, Alemania incluida, por si había algún problema con los tribunales constitucionales nacionales”, señaló Hahn.

No obstante, el comisario austriaco advierte que “no hay un plan B” y pide a los países una ratificación rápida. Hasta el momento 17 países de los 27 han validado esta nueva legislación, España entre ellos, mientras que aún queda la validación, además de Alemania, de Estonia, Polonia, Hungría, Austria, Finlandia, Rumania, Países Bajos, Irlanda y Lituania.

Prefinanciación

El escenario más realista que maneja Bruselas es que los primeros desembolsos de los fondos a los 27, correspondientes al 13% de prefinanciación de los planes de recuperación, tendrán lugar entre julio y septiembre. La Comisión estima que necesitará unos 45.000 millones de euros, que podría captar en dos meses, por lo que los planes que se aprueben primero podrían recibir el dinero ya en julio, mientras el resto llegaría en septiembre, siempre y cuando los planes se envíen formalmente antes del 30 de abril y sean aprobados por la Comisión y el Consejo en un proceso que podría demorarse hasta tres meses.

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• igualdad laboral / Las empresas deben corregir las diferencias cuando la retribución de un sexo sea superior en un 25%, o más, respecto al otro.

M.Valverde. Madrid

A partir de hoy, 14 de abril, todas las empresas, cualquiera que sea su plantilla, están obligadas a tener un registro retributivo. El objetivo de esta medida es reducir la desigualdad salarial que pueda haber entre los hombres y las mujeres en las empresas. Según UGT, actualmente, el hombre gana de media un 21,4% más de salario que la mujer, cuando ambos tienen el mismo puesto, la misma responsabilidad y una formación similar.

En este contexto, las preguntas más frecuentes que se hacen las empresas en esta cuestión son las siguientes, según Marta Alamán Calabuig, socia directora del Departamento de Laboral de Broseta Abogados y especialista en la regulación de la igualdad en Derecho del Trabajo.

¿Qué es un registro retributivo? Es el instrumento que deben tener todas las empresas para garantizar la transparencia de la política salarial, para medir las diferencias entre los hombres y las mujeres. Es decir, entre quienes tengan el mismo puesto de trabajo y una formación similar.

A qué obliga a la empresa. La empresa está obligada a informar a los trabajadores, y a sus representantes, sobre el registro retributivo. La sociedad también debe explicar, y corregir, las diferencias que pueda haber entre sexos cuando la retribución de uno pueda ser un 25% más elevada, o superior, a la del otro, en empresas de al menos 50 trabajadores.

¿Qué le ocurre a la empresa si no corrige el problema? Puede suponer que la Inspección de Trabajo inste de oficio una demanda judicial por discriminación laboral. Incluso, Trabajo puede dar este paso si aprecia el delito, a pesar de que el empresario justifique la diferencia de retribución entre sexos. La sociedad también puede recibir una sanción administrativa.

¿Qué trabajadores de la empresa entran en el registro? Toda la plantilla, incluidos los altos cargos y los directivos. La información debe hacerse por grupo, categorías y puestos de trabajo.

¿Puede saber una persona lo que gana un compañero o cualquier otro cargo? No. La ley permite guardar los datos personales. Para hacer un diagnóstico de la situación salarial también se puede unir a a hombres y mujeres de varios departamentos para sumar a más empleados, con el fin de que no pueda relacionarse a una persona con un salario determinado. Las empresas con representación sindical están obligadas a dar toda la información a los representantes de los trabajadores. En todo caso, como en tantos otros ámbitos sobre la información de la empresa, los sindicatos están obligados a guardar la confidencialidad de los datos. Allí donde no haya representantes de los trabajadores, las empresas sólo deben informar de las diferencias porcentuales entre las retribuciones medias de los hombres y de las mujeres.

¿Qué información tiene el registro retributivo y durante cuánto tiempo? Debe tener todos los datos salariales de los trabajadores, desagregados por sexos. Ello comporta también poder conocer el salario medio y el mediano, dentro de la elaboración de un diagnóstico de la situación. El salario medio en las empresas y en la economía es el resultado de la suma de las retribuciones altas, medias y bajas, dividida entre el número de trabajadores. El salario mediano es el más frecuente entre los trabajadores. El periodo de referencia es de un año y, por lo tanto, el registro debe renovarse en cada ejercicio. De hecho, se ha convertido en un instrumento indispensable de la negociación colectiva. No sólo por la discusión salarial, sino también por la elaboración de los planes de igualdad. Hay que tener en cuenta que todas las empresas de más de 100 trabajadores deben tener ya este plan. Ignorarlo puede acarrear sanciones de hasta 187.500 euros, la pérdida de subvenciones públicas y la prohibición de participar en concursos públicos.

¿Cómo garantiza la empresa el cumplimiento del registro salarial? En primer lugar debe haber un seguimiento de la igualdad salarial por parte de la empresa y de los trabajadores. En segundo lugar, debe haber un plan de actuación preparado para corregir las desigualdades que pueda haber. En el diagnóstico de la situación también es obligatoria una evaluación de los puestos de trabajo, con la consideración de varios factores: las funciones, la responsabilidad que conlleva, su estabilidad. También la penosidad del empleo, si la hubiese, por tratarse de oficios de riesgo o especialmente duros. Como consecuencia de todo ello, el registro debe recoger también el nivel de remuneración que significa su desempeño.

En qué legislación se basa el registro retributivo en las empresas. En el artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores, que, entre otras cosas, dice lo siguiente: “El empresario está obligado a pagar por la prestación de un trabajo de igual valor la misma retribución, satisfecha directa o indirectamente (…) sin que pueda producirse discriminación alguna por razón de sexo”. También hay una ley orgánica de 2007; un real decreto ley de 2019 y otras dos normas similares de 2020, relativas a la igualdad laboral.

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• 212 medidas/ El plan será hoy validado por el Comité que lo desarrolla pero no será aprobado por el Gobierno hasta finales de abril ante la falta de definición de reformas y proyectos que ve Bruselas. Incluye 110 inversiones para gastar 70.000 millones.

Mercedes Serraller. Madrid

El plan de recuperación recibirá hoy el primer visto bueno del Comité Interministerial que lo desarrolla pero no será aprobado por el Consejo de Ministros hasta finales de abril ante la falta de definición de las reformas y proyectos que detecta la Comisión Europea. Así lo trasladan fuentes conocedoras, que explican que el problema mollar se sitúa en su segundo capítulo, denominado Componentes, que precisamente engloba reformas e inversiones, de un plan que el Gobierno querría haber aprobado en enero y en cuya presentación ya se le ha adelantado Grecia. El texto definitivo se situará entre las 1.000 y las 2.000 páginas, según las mismas fuentes, con un resumen de unas 200. Según detalló ayer Pedro Sánchez (ver información adjunta), el plan consta de 212 medidas de las que 110 corresponden a inversiones, en las que gastar los cerca de 70.000 millones que cubre, y 102 a reformas.

Esta cifras recogen sus grandes ejes, ya que el Gobierno ha recibido miles de proyectos en respuesta a las 14 manifestaciones de interés que han planteado los Ministerios. Sus cuatro capítulos son: el seguimiento de las reformas europeas, de sus seis pilares y de la recomendación del Semestre Europeo; los componentes, con reformas e inversiones; la gobernanza, y el impacto global (efectos en PIB y empleo). En este último apartado, Sánchez reiteró ayer la intención de que eleve dos puntos el PIB a partir de este año y genere 800.000 empleos.

Entre las reformas, se sitúan la fiscal, laboral y de pensiones, además de cambios legislativos catalizados por leyes como la de Transición Ecológica. La discusión de las reformas sería de las más avanzadas, teniendo en cuenta que el Gobierno remitió las fichas a Bruselas a principios de enero. En la laboral, el Ejecutivo promete la “modernización de la negociación colectiva”, abordando para ello la ultraactividad de los convenios y la “relación entre sectoriales y de empresa”; generalizar los contratos indefinidos y penalizar los temporales y endurecer la subcontratación. Se trata de una reforma de menor calado de la pactada con Podemos pero que diverge de la que prefiere la Comisión, favorable a la reforma de 2012. Sánchez sólo aludió ayer a hacer los ERTE permanentes y a modernizar el mercado. Respecto a las pensiones, el Gobierno ya remitió su plan para ampliar el periodo de cálculo y un destope gradual de las cotizaciones, medidas que no fueron del agrado de Podemos y que ahora pueden llevarle a esgrimir que necesita más tiempo para consensuar el plan. En todo caso, el capítulo tres, de Gobernanza, ya exige que se acredite que las medidas se han consensuado con agentes económicos y sociales, con los que se ha reunido.

En las inversiones hay licitaciones y subvenciones. No aparece el nombre de ninguna empresa, a la espera de que se liciten. A continuación, se detallan algunos de los ejes y proyectos:

Conectividad digital, ciberseguridad y despliegue 5G. En este eje se recogen proyectos para extender la banda ancha de muy alta velocidad a todo el territorio y adelantar la cobertura de 5G, de forma que en 2025 tengan acceso a redes con una velocidad mínima de 100 megabits por segundo el 100% de la población. Asimismo, se plantea que para 2023 se haya logrado, al menos, una cobertura de banda ancha móvil de 30 megabits por segundo que llegue al 100% de la población.

El objetivo es que en 2025 el 75% de la población tenga cobertura de 5G mediante sus bandas prioritarias (694-790 MHz, 3.400-3800 MHz y 24.25-27.5 GHz). Ello se complementará acelerando la cobertura de 5G para un porcentaje apreciable de los residentes en Entidades Singulares de Población de menos de 5.000 habitantes.

Proyectos de hidrógeno renovable. Se dirigen a toda la cadena de valor. Prevén la mejora de capacidades productivas y de fabricación; el desarrollo de prototipos y madurez tecnológica; despliegue (up-scaling) de aplicaciones (autobuses de H2), y de infraestructura de distribución y repostaje (hidrogeneras); capacitación local/comarcal de economías líderes en hidrógeno; proyecto clúster o valle de hidrógeno renovable; y el consumo/uso de hidrógeno renovable (offtaker):I+D de la cadena de valor del hidrógeno renovable, entre otros.

Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (Pirep). Actuaciones de rehabilitación sostenible de edificios de titularidad pública con al menos un ahorro del 30% de eficiencia energética y con finalización anterior a agosto de 2026. Para edificios en uso cuya antigüedad haga precisa una renovación profunda; en desuso, y adaptación de usos y espacios a la nueva normalidad. Oficinas que quedan obsoletas con el teletrabajo.

Despliegue de renovables. Los proyectos se refieren a descarbonización de la industria e integración de renovables térmicas; fomento del autoconsumo eléctrico renovable; desarrollo de las energías marinas; desarrollo de la bioenergía sostenible, entre otros.

Fortalecimiento de la ciberseguridad de las pymes y el impulso a esta industria. Los proyectos se dirigen a mejorar la capacidad de resiliencia de las pymes frente a amenazas y riesgos digitales y a impulsar el emprendimiento en ciberseguridad.

Plan de Medidas ante el Reto Demográfico. Se han recibido más de 4.000 proyectos y el Gobierno ya ha aprobado en Consejo de Ministros un plan con 130 medidas y 10 líneas de actuación y más de 10.000 millones que apunta a varios ejes: digitalización, políticas de acceso a vivienda, movilidad, acceso a formas de energía, con atención a la igualdad de derechos y la perspectiva de género.

Movilidad eléctrica. El Plan Nacional de Energía y Clima prevé alcanzar los cinco millones de vehículos eléctricos en 2030 en España. El Plan de Recuperación se fija un objetivo para 2023 de, al menos, 100.000 puntos de recarga y 250.000 vehículos eléctricos: los proyectos son de corredores de infraestructura de recarga rápida o ultrarrápida en comunidades y con países vecinos; infraestructuras singulares de recarga; despliegue generalizado de infraestructura de recarga en destino (residencial, comercial, aparcamientos, flotas de empresas), y renovación del parque de vehículos.

Expansión

• el gasto público se dispara/ El organismo rompe tabúes y defiende un impuesto temporal a grandes empresas y otro a los más ricos para pagar la factura de la crisis y sostener el gasto público sin aumentar las desigualdades.

Inma Benedito. Madrid

El Fondo Monetario Internacional (FMI) rompió varios tabúes y fue claro ayer en la receta fiscal para pagar la factura de la crisis del Covid-19. Si el problema de las economías avanzadas es cómo tapar el enorme agujero de gasto público sin aumentar desigualdades y cercenar las rentas de sociedades ya afectadas por la crisis, la solución propuesta por el organismo pasa por un impuesto Covid a grandes empresas y patrimonios altos que sirva para financiar ese gasto.

“Para ayudar a hacer frente a las necesidades de financiación relacionadas con la pandemia, las autoridades podrían considerar una contribución temporal para la recuperación pos-Covid aplicada sobre las rentas altas y la riqueza”, dijo ayer Vitor Gaspar, director del departamento de Asuntos Fiscales del FMI.

La magnitud de la crisis económica provocada por la pandemia, la mayor desde la Gran Depresión, ha llevado al organismo, tradicional defensor de la ortodoxia económica, a saltarse algunos tabúes y dar el visto bueno a la subida de impuestos y al aumento del gasto.

“En las economías emergentes la prioridad será mejorar la administración fiscal y recaudar más impuestos al consumo, mientras que en las economías avanzadas vemos una erosión en el Impuesto de Sociedades, y en tributación en el IRPF de personas de alto nivel de riqueza”, explicó ayer Gaspar. Para el organismo existe la oportunidad de revertir esta erosión tanto en el Impuesto de Sociedades como en el IRPF al tiempo que estas tasas permiten cerrar una brecha en los ingresos. “Existe la oportunidad de aumentar los ingresos, y esta es una vía”, añadió Gaspar, que en el caso de grandes multinacionales, por ejemplo, puso en el punto de mira a empresas beneficiadas en Bolsa en los últimos meses. En el caso de un impuesto a las rentas más altas, el FMI defiende actuar sobre gravámenes como Sucesiones o Patrimonio.

Expansión

• previsiones para 2021/ El Fondo pronostica una mejora generalizada para la economía mundial, que crecerá un 6% este año. Aunque España está entre las cuatro economías que más crecerán, será de las últimas en recuperar los niveles prepandemia.

“Sin las medidas fiscales la recesión mundial habría sido tres veces peor”, avisa el organismo

Inma Benedito. Madrid

España será una de las economías del mundo que más crecerá en 2021, según el Fondo Monetario Internacional. Pero eso no significa que vaya a recuperarse de la crisis del Covid-19 antes que otras. Entre otras cosas porque también España fue de las economías que más se hundieron en 2020. El batacazo económico fue tal que ni el mejor rebote de 2021 será suficiente para recuperar lo perdido, y España será de las últimas economías en ver completamente la luz y volver a niveles precrisis: no lo hará hasta 2023. El Fondo prevé que el PIB español crecerá un 6,4% en 2021, una mejora de cinco décimas respecto a la última estimación del organismo, que ayer presentó su actualización de perspectivas económicas mundiales. El organismo dirigido por Kristalina Georgieva sitúa a España por encima de Francia, Alemania, Italia y la mayoría de economías avanzadas, y a la par que Estados Unidos en crecimiento en 2021. En 2022, en cambio, mantiene la previsión de subida del PIB más moderada, en el 4,7%.

Pero después del agujero que abrió el Covid-19 en la economía en 2020, de poco le servirá a España ser una de las locomotoras del crecimiento en 2021. El PIB se hundió un 11% en 2020, por lo que el rebote estimado para este año no será suficiente regresar a niveles prepandemia ni este año ni el que viene. El FMI espera que lo haga en 2023, convirtiéndose en una de las últimas economías en recuperarse, junto a Italia. Igual de preocupante resulta la evolución esperada del paro, que en 2020 subió al 15,5% y que este año seguirá aumentando hasta el 16,8%, y eso pese al fuerte crecimiento esperado. Y por dopada que esté la economía a base de ERTE y dinero europeo, sin creación de empleo la recuperación se complica.

La mejora de previsiones del FMI también se encuentra muy lejos del 9,8% proyectado por el Gobierno para 2021. Pese a la segunda y tercera ola, la lentitud en la campaña de vacunación y un primer trimestre que la propia ministra de Economía reconoció “muy duro”, el Ejecutivo no ha actualizado sus previsiones macroeconómicas.

La mejora de previsiones es generalizada para la economía global. El FMI pronostica “una recuperación más fuerte en 2021 y 2022”, y sube al 6% su estimación para el crecimiento del PIB mundial en 2021 y al 4,4% en 2022. Mejoras de cinco y dos décimas, respectivamente, empujadas por el inesperado rebote de EEUU y por la fortaleza de China, y en general por la respuesta fiscal de la mayoría de países. Sin la cual, avisa el FMI “la recesión en 2020 habría sido tres veces peor”. El informe destaca el efecto de la política fiscal de EEUU, donde tanto la administración de Trump como ahora Biden han sacado toda su artillería para reflotar la economía: una receta fiscal de 4,5 billones de euros que duplica el esfuerzo del plan europeo de recuperación. La mayor inyección de dinero público desde la Segunda Guerra Mundial. No en vano, EEUU crecerá un 6,4% este año. El mismo porcentaje que España, con la diferencia de que en 2020 su PIB sólo cayó un 3,5%.

El rebote de EEUU será enérgico, pero no lo suficiente para superar a China, que ya en 2020 recuperó su nivel de PIB prepandemia. “La efectividad de las medidas de contención del virus, una respuesta fiscal potente y el apoyo del banco central permitieron esta mayor recuperación”, constata el informe, que para 2021 sitúa a China como la segunda economía que más crecerá, un 8,4% (una mejora de 0,3 décimas), sólo por detrás de India, cuyo PIB se disparará un 12,5% este año, pero después de haberse hundido un 8%.

Todas las economías avanzadas y emergentes crecerán este año, pero eso no quiere decir que se hayan recuperado. Para eso hace falta que el rebote sea mayor al batacazo sufrido por el Covid-19, y es en esa remontada donde el FMI observa diferencias entre países, y advierte de que hay economías que pueden quedarse rezagadas. “Las perspectivas presentan enormes desafíos relacionados con las divergencias en la velocidad de recuperación entre los países”, alerta el organismo. Así, mientras que China ya ha alcanzado su nivel de PIB de 2019, y EEUU lo conseguirá previsiblemente este año, la UE tardará más: países como Alemania podrían recuperarlo el año que viene; otros, como Italia o España no lo lograrán hasta 2023. “Es probable que las divergencias en las trayectorias de recuperación creen brechas significativamente más amplias en los niveles de vida entre los países”, avisa el informe. De cara a la recuperación, recomienda mantener el apoyo fiscal, pero focalizado: “Esta pandemia está durando más de lo esperado y requerirá apoyo durante cierto tiempo. Para eso hacen falta medidas focalizadas que permitan mantener el margen fiscal”.

Expansión

I.Benedito. Madrid

En 14 años en España nunca se habían creado tan pocas empresas como ahora. La crisis del Covid-19 se está saldando con una sangría en el tejido empresarial. Por un lado, por las quiebras empresariales y caídas en la facturación. Por otro, porque los nacimientos de nuevas compañías caen en picado. La creación de sociedades se hundió un 15% en 2020 como consecuencia de la crisis del Covid-19, según un informe del Consejo General del Notariado al que ha tenido acceso EXPANSIÓN. Se trata de la cifra más baja en 14 años, por debajo, incluso, de los registrados en los años posteriores a la crisis financiera de 2008. En total, el número de sociedades creadas fue de 84.969, frente a las 86.826 de 2009, que era el punto más bajo de los últimos 14 años (ver gráfico).

Este abrupto desplome en la natalidad empresarial es un claro síntoma de la delicada situación económica que atraviesa el país, donde la falta de confianza de consumidores y emprendedores en una recuperación sólida frena en seco la actividad. Y si no hay nuevas empresas y las existentes arrastran pérdidas, la creación de empleo se ve afectada. No en vano, la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ya reconoció ayer un primer trimestre “muy duro”, con un dato de paro poco alentador debido a una tercera ola que ha golpeado más que la segunda.

El confinamiento primero, y las restricciones y la pérdida de confianza, después, han ido cercenando la creación de sociedades. El parón de actividad y el confinamiento decretado entre marzo y mayo se saldaron con desplomes de entre el 40% y el 80% en el número de sociedades creadas.

En la segunda mitad del año, explican los notarios, “la evolución en la creación de empresas estuvo fuertemente ligada a los periodos pico y valle de la curva de contagios”. De manera que hubo mejorías y tasas positivas de creación de empresas en los meses de verano y diciembre, coincidiendo con la desescalada y los periodos de menor incidencia de la pandemia, mientras que en octubre y noviembre, cuando se produjo la segunda ola de contagios, la creación de empresas volvió a caer más.

Las CCAA más afectadas

Pero el golpe del Covid-19 no se ha sufrido por igual en toda España. Mientras que comunidades como Extremadura, Murcia o Andalucía han resistido mejor el bajón en la creación de empresas; otras como Canarias, Madrid o Cataluña sufrieron más. Canarias es, de hecho, la comunidad donde más cayó la creación de empresas en 2020, un 21,8%, debido a una economía muy dependiente del turismo, donde la mayoría de las empresas nuevas están vinculadas a este sector, uno de los más afectados por la crisis. En segundo lugar se posicionan La Rioja y Aragón, con caídas superiores al 20% en la creación de empresas. Por su parte, Madrid y Cataluña, las dos comunidades con mayor número de sociedades creadas, tuvieron descensos de entre el 15% y el 20%, en este caso provocados por el impacto de la crisis en el sector servicios, que domina el tejido empresarial de estas zonas.

Por tipo de empresa, resistieron mejor las compañías de responsabilidad limitada. En éstas, la creación cayó un 14% respecto a 2019, frente a un 21% en el caso de las sociedades que no son de responsabilidad limitada.

Dentro de las sociedades de responsabilidad limitada, la mayor parte corresponden a empresas con un capital inicial inferior a 6.000 (y, dentro de éstas, al grupo de entre 3.000 y 3.999), lo que pone de manifiesto la importancia de las pymes como dinamizadoras de la economía y la prevalencia de la sociedad limitada como forma jurídica. Este grupo de empresas con menor capitalización (inferior a 6.000) muestra un descenso menos acusado en el número de nuevas sociedades en 2020 con respecto al resto.

Pero la pandemia no sólo ha reducido el número de empresas que nacen. Dentro de las que sí se constituyen, la mayoría cuenta con menos capital que antes para abrir la empresa, o simplemente prefiere arriesgar menos, dada la elevada incertidumbre. No en vano, el análisis en términos de aporte inicial de capital de las sociedades con un capital inferior a 6.000 revela una tendencia clara a que la aportación inicial se sitúe entre los 3.000 euros y los 3.999 euros.