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• Récord/ El déficit de las Administraciones Públicas se dispara del 2,8% del PIB en 2019 al 10,09% en 2020 por el enorme desembolso para mitigar el impacto de la pandemia. Sumado el cómputo de la deuda de la Sareb, el déficit alcanza el 10,97%.

La crisis del Covid-19 ha desgarrado las cuentas públicas españolas con un aumento de déficit inédito en democracia. Una brecha que costará sudor y lágrimas cerrar, aunque ayer el Gobierno diera una patada adelante al problema, dejando caer que hasta que la Comisión Europea no se ponga seria no se entrará en el debate sobre la consolidación fiscal.

El déficit, entendido como la diferencia entre lo que ingresan y lo que gastan las administraciones públicas, escaló del 2,8% del PIB de 2019 a un 10,09% en 2020, según los datos de ejecución presupuestaria publicados ayer por el Ministerio de Hacienda. Un aumento nunca visto de 77.557 millones en un año para poder hacer frente a los gastos de la pandemia, y que todavía es mayor (10,97% del PIB) al sumar los casi 10.000 millones de deuda que el Estado ha tenido que asumir del banco malo, la Sareb, por exigencia de Eurostat.

Aunque en 2009 el déficit escaló hasta el 11,3%, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero disparó el gasto para hacer frente a la crisis financiera; en esta ocasión el aumento de déficit es superior en términos absolutos: más de 87.000 millones (contando las ayudas a la Sareb) frente a los menos de 70.000 millones de 2009.

“Los datos ponen de manifiesto la situación extraordinaria que estamos viviendo en España”, reconoció ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que pese a los peores datos de entrada en 2021 y la lentitud de la vacunación no dio detalles sobre si recortará las previsiones de crecimiento, y fijó como fecha de revisión a finales de abril. Como dato positivo, la ministra recalcó que pese al desfase del 10,9%, el déficit es inferior a la meta del 11,3% que el Gobierno envió a la Comisión Europea en octubre, y también es mejor del previsto por la mayoría de organismos, que llegaron a vaticinar alzas del déficit de hasta el 15%.

“Este aumento se explica más por el incremento del gasto que por la caída de ingresos”, argumentó la ministra. La inyección de gasto público fue de 576.489 millones de euros, por encima del 50% del PIB, frente a sólo 194.051 millones de euros ingresados debido a una caída en la recaudación por el impacto de la crisis en empleos, rentas y actividad.

En el caso del gasto público, aunque el grueso se dedicó al pago de las pensiones y prestaciones sociales; el aumento respecto a 2019, de 53.070 millones, se explica por las medidas para mitigar los efectos de la pandemia en empleo y rentas: casi 9 de cada 10 euros de ese incremento (el 85%) se destinaron a prestaciones por ERTE, las ayudas a los autónomos o el aumento del gasto sanitario. También influyeron en el aumento del gasto la revalorización de las pensiones y la subida del salario de los funcionarios.

Además del impacto económico del llamado escudo social, el mayor desvío de la administración se explica por un incremento sin precedentes en las transferencias a comunidades (al margen del sistema de financiación autonómica). La administración central dotó a las comunidades de 16.000 millones de euros del fondo Covid.

“La administración se ha endeudado y ha asumido este mayor déficit para que comunidades, ayuntamientos o Seguridad Social tuvieran margen presupuestario suficiente”, explicó Montero. Esto explicaría el desfase en el déficit de la administración central del 7,5% frente al 0,21% de las comunidades, el 2,65% de la Seguridad Social o el superávit del 0,26% de los ayuntamientos. “Sin esas medidas de apoyo, el déficit autonómico habría sido del 2,6%, y del 4,5% en la Seguridad Social”, completó Montero.

En cuanto a los ingresos, es la primera vez que en un momento de crisis la caída de ingresos es inferior a la caída de la riqueza del país. Los ingresos públicos cayeron en 24.487 millones, un 5%, y la recaudación de la Agencia Tributaria retrocedió un 8,8% por la sangría que ha supuesto la crisis para empleos y rentas.

Sin embargo, ambos descensos son menores al desplome del 9,9% del PIB nominal. Que el país ingrese más de lo que crece se debió principalmente al efecto de los ERTE manteniendo cotizaciones, y también a la revalorización de pensiones y salarios públicos. De hecho, la recaudación por IRPF se convirtió en la única partida con aumento en ingresos, del 1,2%. Las restricciones sociales y la caída del consumo, principalmente en hostelería y turismo, explican el descenso del 11,5% en recaudación de IVA y el parón del transporte en impuestos especiales (-12,1%).

Entre los grandes tributos, el Impuesto de Sociedades acusa el mayor descalabro, del 33,2%. La cantidad de empresas que ha sufrido una caída en sus beneficios, por no hablar de pérdidas, debido al parón de actividad durante el confinamiento y las restricciones a la actividad que todavía hoy permanecen, explican este descenso. Aunque según explicó ayer la ministra Montero, parte de la caída (10 puntos porcentuales) se deben al impacto de devoluciones fiscales por pagos fraccionados.

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• semestre débil/ El supervisor rebaja en ocho décimas la estimación de PIB para 2021, al 6%, y anticipa una caída del 0,4% en el primer trimestre. Cree que el Gobierno no podrá ejecutar más del 55% de la inversión prevista de los fondos de la UE. Cree que la selección de proyectos con fondos de la UE es “más farragosa” de lo previsto

Todo vuelve a empeorar antes de empezar a mejorar. Las expectativas de una intensa recuperación en 2021, tal como auguraba Pedro Sánchez a principios de año, han quedado de momento en cuarentena ante la perseverancia de la pandemia, que en estos primeros compases del ejercicio ha provocado una nueva espiral de restricciones, inhibición del consumo, pérdida de empleo y frenazo en la actividad. Un mal arranque de año que, sumado al retraso en la puesta en marcha de las inversiones ligadas al fondo europeo, ha enturbiado el horizonte a corto plazo. El Banco de España actualizó ayer sus proyecciones macro, que anticipan un semestre de clara “debilidad”. De hecho, aunque en los tres escenarios que plantea (suave, central y severo) el supervisor no descarta un repunte del PIB del 0,4% en el primer trimestre, su escenario central es de una caída del 0,4%, que podría elevarse al 0,9% en la hipótesis más adversa. Esto es, en el supuesto de un nuevo rebrote de la epidemia que conlleve más restricciones y en el que el proceso de inmunización se dilate aún más, a pesar de que parte de la premisa de que no se alcanzará un porcentaje significativo de inmunidad antes de final de año.

El Banco de España se alinea así con las predicciones que parecen abocar a la economía a la contracción en el primer trimestre (aunque señala que la bajada de contagios en las últimas semanas habría permitido un alivio de las restricciones y “una cierta mejora de los niveles de actividad” ya en marzo), entre las que sobresale la de la AIReF, que vaticina una caída del PIB del 1,4% hasta marzo.

En este contexto, el Banco de España ha recortado hasta el 6% su estimación de crecimiento para todo 2021, 0,8 puntos menos que en la revisión de diciembre y cada vez más lejos del 7,2% que aún pronostica el Gobierno (un 9,8% si se contabiliza el impulso de los fondos europeos, escenario que ningún organismo nacional o internacional ve ya posible).

La institución, que no incluye el posible impacto de los 11.000 millones de ayudas a las empresas, da casi por perdida la primera mitad del ejercicio y considera que será en el segundo semestre cuando se producirá un sprint de la actividad, espoleada por los avances en la vacunación y el inicio de la ejecución de los proyectos ligados al fondo de la UE, que llegarán con demora y, por tanto, con un impacto positivo inicial menor. El supervisor no solo asume “un retraso de un trimestre en los gastos de inversión financiados por el programa”, sino que, además, cree que el Gobierno sólo podrá ejecutar el 55% de la inversión que se había propuesto (en diciembre estimaba un 70%) ante unas negociaciones con Bruselas que se alargan.

Proceso “farragoso”

Y es que el problema no se encuentra tanto en el retraso de los desembolsos desde Europa (España ha adelantado 27.000 millones de euros en los Presupuestos) como en un proceso que, según Óscar Arce, director general de Economía y Estadística del Banco de España, se atisba “más farragoso” de lo previsto tanto en la selección de proyectos como en los trámites con la UE. Este retraso explica tres de las ocho décimas que el Banco de España ha recortado en el crecimiento, que no se perderían sino que se trasladarían a 2022. Las cinco restantes obedecen al mal inicio de año, en un contexto marcado por el menor consumo y la parálisis forzosa del turismo, cuyos males están lejos de desaparecer. “La naturaleza incompleta del proceso de vacunación durante los próximos trimestres daría lugar a que los flujos de turismo receptor no alcanzasen un grado de normalización relativamente elevado hasta 2022”, alerta.

La noticia positiva es que si la vacunación avanza a un ritmo adecuado y los proyectos del fondo comunitario van tomando cuerpo habría una recuperación “más vigorosa” en la segunda mitad del año y “daría lugar a un potente efecto arrastre en 2022”. El Banco de España ha elevado al 5,3% su previsión de alza del PIB el año que viene en el escenario más probable, frente al 4,2% que manejaba en diciembre. Todo ello en el contexto de la gradual recuperación del turismo y del previsible repunte del consumo de los hogares en la segunda mitad de 2021 y buena parte de 2022 al “liberar una parte de la bolsa de ahorro privado acumulada” por las restricciones y la incertidumbre. Para 2023, el Banco de España mantiene un crecimiento del 1,7%. En su predicción base, el supervisor no espera que la economía recupere los niveles de PIB previos a la pandemia hasta 2023, aunque un agravamiento de la situación sanitaria podría postergarlo más allá de esa fecha, hasta 2024.

El Banco de España ha suavizado sus pronósticos para el mercado laboral. La institución vaticina que el año concluirá con un paro del 17% en contraste con el 18,3% que estimaba en diciembre. Esto no significa que el empleo vaya a estar sometido a menor presión. De hecho, ese ajuste en las predicciones de desempleo tiene mucho que ver con la prolongación de los ERTE, cuyos afectados no se contabilizan como parados (unos 800.000 trabajadores siguen en esa situación). La actual prórroga vence el 31 de mayo, pero el Gobierno ya ha deslizado que se prolongará más allá de esa fecha.

Deuda y déficit

El endeudamiento público se mantendrá en cotas astronómicas en 2021 como consecuencia del esfuerzo fiscal realizado por la pandemia. El Banco de España calcula que la deuda rozará este año el 118% del PIB, casi un punto por encima de los niveles de cierre de 2020, y que en 2023 continuará todavía en niveles muy abultados: el 117,6%. La institución considera que el Ejecutivo logrará recortar el déficit hasta el 7,7% este año frente al 10,5% de 2020; y hasta el 4,8% y el 4,4% en 2022 y 2023, pero aun así advierte de que seguirán siendo “cotas muy elevadas”. Desde hace tiempo, el supervisor insiste en la necesidad de diseñar un plan de consolidación fiscal serio y creíble, que se aplicaría una vez superada la crisis, con el fin de lanzar un mensaje a los inversores.

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• decreto-ley/ “Más de la mitad” serán ayudas directas, lo que supera lo que se había barajado y juega en contra de la cuantía que se destinará al fondo para pymes y a la reestructuración de créditos.

El plan de ayudas de 11.000 millones que el Gobierno va a aprobar mañana incluirá más de 6.000 millones en ayudas directas. Fuentes gubernamentales trasladan que “más de la mitad” del paquete serán ayudas directas. Este montante supera los menos de 2.000 millones y los 5.000 millones que se habían barajado y se sitúa cerca de los 8.000 que exige Podemos, pero juega en contra de la cuantía que se destinará a las otras dos patas del plan: un fondo para pymes y una reestructuración de los préstamos avalados por el ICO, lo que algunas fuentes empresariales y jurídicas lamentan.

El plan, que aprobará el Consejo de Ministros el viernes en una reunión extraordinaria, pivotará sobre tres ejes o fondos: ayudas directas, reestructuraciones de deuda vinculada a créditos del ICO en colaboración con la banca, y un soporte a la solvencia de empresas medianas y pequeñas, con potenciales recapitalizaciones, al estilo del fondo de 10.000 millones de euros de rescate de la SEPI puesto en marcha para compañías grandes y estratégicas.

El Gobierno diseñó que las ayudas directas las otorgarían la comunidades autónomas, ya que consideraba que son las mejor situadas para ver cuáles son las consecuencias de las decisiones que toman de restricción de actividad. Esta fórmula ha provocado el rechazo de Podemos y de algunos sectores del PSOE y desde el Gobierno se apunta a que fue la causa del retraso en la aprobación del plan, previsto para el pasado martes. Preguntada por si el papel de las comunidades se mantenía, la ministra de Hacienda y portavoz, María Jesús Montero, aseguró el martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se está trabajando en “el modelo de gobernanza que mantenemos con el conjunto de Administraciones”.

Esa misma mañana, Ximo Puig, presidente de la Comunidad Valenciana, señalaba: “Nos gustaría que una parte fundamental de ayudas directas puedan estar claramente relacionados con nuestra capacidad de gestión”.

La intención es que las ayudas directas podrían compensar una parte de los costes fijos de las empresas como alquileres o suministros y a reducir deuda. En este sentido, Montero ha señalado a la reducción de deuda y al pago a proveedores, un mecanismo que se debe definir técnicamente. La ministra de Hacienda apuntó a complejidades técnicas y a consultas.

El Gobierno ya transfirió a las regiones 16.000 millones de euros con el fondo Covid-19 y les ha destinado 8.000 millones del fondo europeo React-UE, del que las comunidades han decidido destinar 2.000 millones a ayudas para empresas y autónomos.

El núcleo duro económico del Gobierno cerró filas el martes y negó que el retraso en la aprobación del plan obedeciera a las presiones de Podemos, que planteaba una catarata de exigencias, entre ellas, que las ayudas directas fueran al menos de 8.000 millones. Montero y Calviño aseguraron que la dilación obedecía a “cuestiones técnicas”, “muy complejas, que no se resuelven en un tuit o en una nota”, y que no se trata de “una subasta”.

Este músculo se siguió mostrando ayer, cuando se supo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunió con las vicepresidentas Carmen Calvo y Calviño, y con Montero, tras el Consejo de Ministros para cerrar los detalles del plan, aunque fuentes gubernamentales aseguran que las cifras están cerradas.

Sin embargo, las cifras se están moviendo en los últimos días y desde el Gobierno se plantean asumir otras de las exigencias de Podemos: que las ayudas se otorguen a empresas que acrediten una caída de la facturación del 30%-40% o incluso que se exijan compromisos de mantenimiento de empleo, requisito que el fondo de la SEPI no prevé.

El fondo para pymes que se proyecta articular a partir de Cofides es una fórmula que a José Carlos Cuevas, socio de EY Abogados, le parece muy acertada y lamenta que la cuantía que se le vaya a destinar se reduzca en favor de las ayudas directas, que considera menos beneficiosas para la supervivencia de las empresas en el medio y largo plazo. Cuevas espera que sea más ágil que el de la SEPI y que no se destine a empresas que sean muertos vivientes anteriores a la pandemia, como ha ocurrido en algunos casos.

El socio de EY considera que el otro eje, la reestructuración de los créditos avalados por el ICO, que no quitas, es una necesidad que no se puede orillar y que sitúa también por encima de las ayudas directas.

El Consejo extraordinario se celebrará mañana con el fin de aprobar in extremis la prórroga de la moratoria concursal, que vence el 14 de marzo, y que Economía confirma que se ampliará hasta 31 de diciembre. Los expertos consultados critican que se vuelva a llevar el problema hacia adelante en una moratoria que durará casi dos años y no se aprueben medidas concursales como las que tiene listas Justicia y la propia Calviño anunció en noviembre

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• estrategia de desarrollo sostenible 2030/ El Ejecutivo asegura que “el empleo indefinido, con una adecuada protección del trabajador, debe ser el instrumento principal de la contratación”. Adelanta “un uso muy detallado” del empleo temporal.

Órdago a la grande del Gobierno en el mercado laboral. El Ejecutivo promete que, en el horizonte de 2030, el contrato indefinido será el “instrumento principal” de la creación del empleo . Y, por lo tanto, en sentido inverso, el contrato temporal sólo se utilizará por “razones estrictas y detalladamente justificadas”. Así se recoge en el capítulo dedicado a Poner fin a la precariedad laboral, que está recogido en el documento sobre la Estrategia de desarrollo sostenible 2030, que el Consejo de Ministros aprobó el pasado martes.

El documento ha sido elaborado por Pablo Iglesias, vicepresidente de Derechos Sociales y secretario general de Unidas Podemos, y tiene su impronta, al margen de las discrepancias con el ala socialista del Ejecutivo.

Sin embargo, es un documento del Gobierno, al que ha tenido acceso EXPANSIÓN, y en el terreno del mercado de trabajo hace una puesta muy arriesgada, aun con el tejido productivo español. Así, el Ejecutivo asegura que “el contrato indefinido con un adecuado nivel de protección debe ser, a diferencia de lo que hoy sucede, el instrumento principal para la contratación en nuestro país”.

“Con un nivel adecuado de protección” es una contestación indirecta a los empresarios y a, entre otros, el Banco de España. La institución sostiene que buena parte de la contratación temporal y de la división del mercado de trabajo entre empleo estable y temporal, se debe a que las empresas consideran que es muy caro despedir a un trabajador fijo.

Contrato temporal

Sin embargo, el informe señala que “de ese molde de estabilidad [laboral, que significa el contrato indefinido] sólo se debería salir por razones estrictas y detalladamente justificadas”. Es decir, que el Ejecutivo renueva su planteamiento de que la utilización de los contratos temporales debe responder a una causa muy determinada. Conviene recordar que en diciembre de 2020 el Tribunal Supremo publicó una sentencia sobre la subcontratación, en la que sostiene que un trabajo, una tarea, un cometido de carácter permanente, no puede ser cubierto por un contrato de obra o servicio, que es temporal.

Según la Encuesta de Población Activa, ahora hay cuatro millones de trabajadores eventuales. Representan cerca del 25% de los 16,2 millones de asalariados. Los trabajadores con contrato indefinido son 12,2 millones. Sin embargo, de los veinte de millones de contratos que se hacen todos los años, el número de contratos indefinidos no llega al millón. El resto, 19 millones, son trabajadores rotando sobre un mismo empleo.

Hay que tener en cuenta que, más allá de la actual crisis sanitaria del coronavirus, y de la depresión de actividad, la economía española tiene grandes sectores que trabajan fundamentalmente con el contrato temporal. Por ejemplo, el turismo y sus alrededores, la construcción, la agricultura, la agroalimentación o todo el mundo de los servicios a las empresas y las administraciones.

No obstante, la estrategia del Gobierno para 2030 remarca: “La contratación indefinida, en consecuencia, debe ser la norma [para crear empleo], mientras que la contratación temporal ha de reservarse únicamente para aquellas causas en las que está suficientemente justificada”. Junto a ello, el documento propugna “contar con un mecanismo de sanciones y desincentivos suficientemente disuasorios para el uso abusivo” de la contratación temporal. El informe esgrime la Directiva comunitaria sobre el empleo, de 2019, que dice que “deben evitarse las relaciones laborales que den lugar a unas condiciones de trabajo precarias. En particular prohibiendo la utilización abusiva de contratos atípicos, y con unos períodos de prueba que deben tener una duración razonable”. El Gobierno anterior de Pedro Sánchez suprimió el contrato para los autónomos y las pequeñas empresas que instauró la reforma laboral de 2012, del Gobierno del PP, y que permitía tener a un trabajador hasta un año de prueba, y prescindir de él sin indemnización. Actualmente, el periodo de prueba no puede superar los seis meses como máximo. Transcurrido ese tiempo, la empresa debe decidir si contrata al trabajador, aunque sea con un empleo temporal. Por lo tanto, el Gobierno quiere reducir la contratación a tres modelos fundamentales: un indefinido, un temporal muy tasado y otro contrato de formación

Una ley de usos horarios

En el mercado de trabajo también, la Estrategia de desarrollo sostenible 2030 promete abordar otra propuesta polémica y que podría tener mucha repercusión en el mercado laboral. Una ley de usos horarios, del tiempo, “sobre la jornada y horario de trabajo, para garantizar la conciliación y la corresponsabilidad, el derecho a la desconexión y la adecuada gestión del tiempo de trabajo, así como a la protección efectiva en casos de embarazo y lactancia”. El derecho a la desconexión del trabajador es garantizar que, una vez que ha terminado la jornada laboral, la empresa no puede molestarle. Y no puede hacerlo ni digital ni electrónicamente. “Es el respeto al descanso, las vacaciones y el tiempo libre del trabajador”. Esta es una medida que ya han puesto en marcha algunas empresas en la negociación colectiva, pero no hay una norma general que se imponga a las compañías y sectores. El Gobierno negocia con Más País un proyecto para reducir la jornada laboral de 5 a 4 días semanales.

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• AMPLían A OCHO AÑOS EL PERIODO DE AMORTIZACIÓN/ Las grandes y las medianas empresas están siendo más ágiles en las renegociaciones de los plazos de los préstamos.

Algunos de los bancos más activos en la formalización de créditos avalados por el ICO están siendo proactivos con sus deudores para que estos amplíen los plazos de amortización y del periodo de pago de intereses. Las autoridades recuerdan que, desde el pasado diciembre, se puede alargar hasta los ocho años la vida de los préstamos, aunque eso puede suponer un encarecimiento del coste de los avales pagados al ICO.

No se sabe todavía si el paquete de nuevas medidas de apoyo a empresas y autónomos anunciado por el Gobierno hace una semana incluirá posibles quitas en los créditos avalados por el ICO dentro de la primera ronda puesta en marcha la pasada primavera. Las discusiones entre Economía, los bancos y el Banco de España parece que van acercando posiciones. Si se producen esas quitas no será un proceso automático, sino que habrá que analizar caso a caso, y las entidades jugarán un papel importante en esa decisión.

Mientras tanto, y teniendo en cuenta que en pocas semanas empezará a vencer el periodo de carencia – en el que solo se pagan intereses– de las operaciones firmadas en 2020 con entre tres y cinco años de plazo de amortización, algunos de los grandes bancos que fueron muy activos en la firma de esos créditos están poniéndose en contacto con los deudores para plantearles la posibilidad de modificar los plazos, alargándolos.

La normativa

La normativa que reguló estos créditos establece que prolongarlos o no es una decisión exclusiva de los deudores y que los bancos deben aceptarla de manera obligatoria.

“No hemos sido muy activos hasta ahora”, reconocen en Bankia, una de las entidades que más crédito dio en su momento, “pero ahora que tenemos instrumentado el procedimiento para hacerlo, estamos hablando con nuestros clientes por si les interesa hacerlo”. La respuesta (todavía no representativa, ya que se están iniciando los contactos) no está siendo muy grande. Entre el 2% y el 3% de las operaciones firmadas entonces, que suponen algo menos del 10% de las cantidades avaladas”, se están acogiendo a modificar los plazos y se espera que las cifras crezcan de manera importante en un corto espacio de tiempo.

Renegociación

La diferencia entre el número de operaciones afectadas y el volumen de las mismas muestra a las claras que son las grandes y las medianas empresas las que, por ahora, están siendo más ágiles en las renegociaciones. Es razonable porque tienen una mayor capacidad de prever cuáles van a ser sus necesidades futuras, entre otras cosas porque cuentan con profesionales financieros para hacer ese trabajo.

Las pequeñas empresas, y las microempresas y los autónomos, tienen bastantes más dificultades para hacer este tipo de análisis, porque en numerosas ocasiones una única persona lleva todo el negocio.

El 90% de estas nuevas condiciones modifican tanto el plazo de amortización como el periodo en el que solo se pagan intereses, postergando para los últimos años de vida de los préstamos la amortización del capital prestado. En la primera etapa lo habitual fue que los plazos de amortización estuvieran entre tres y cinco años y la carencia se limitara al primer año. No se contemplaba que el crédito superara los cinco años de vida.

Pero en el pasado diciembre el Gobierno modificó la norma y amplió hasta ocho el número de años de vida de estos créditos, permitiendo al tiempo que la carencia pueda llegar hasta los siete ejercicios y que se amortice todo al final.

Pero no todo son facilidades e incluso puede que en algún caso a los deudores no les interese acogerse a nuevos plazos por el importante encarecimiento de los avales que los bancos deben pagar al ICO y cuyos costes trasladan íntegramente a los clientes.

Los avales son diferentes en función del porcentaje del crédito garantizado por el ICO, que fue decidido en función del tamaño de los solicitantes y de la duración del crédito. Todos los créditos dados a pymes y autónomos tienen una garantía del 80% y los de las grandes empresas oscilan entre el 60% y el 70%.

Diferente coste

El coste para el primer grupo oscilaba el año pasado entre 20 puntos básicos para los créditos a un año y los 80 puntos básicos para los de cinco años. En las grandes empresas los costes estaban entre 25 puntos básicos para los más cortos y con menor garantía, y los 120 puntos básicos para los de cinco años con el 70% garantizado.

La nueva normativa establece un evidente encarecimiento del coste de los avales. En el caso de pymes y autónomos, si el plazo se prolonga hasta los seis años se mantienen los 80 puntos básicos que había hasta entonces para los de cinco ejercicios. Pero para operaciones a siete u ocho años el coste se eleva hasta los 169 y 188 puntos básicos, respectivamente. Ello supone pagar mucho más de lo que se hecho este año, lo que podría no interesar excesivamente a los deudores.

Sin más costes

En todo caso hay que tener en cuenta que si el préstamo no supera los 800.000 euros, aunque se amplíen los plazos de amortización, el coste del aval no se modifica en absoluto. Tampoco hay un encarecimiento del aval si lo que se modifica es el periodo de carencia solamente. Es decir, si quien tiene un crédito a cinco años y uno de carencia decide mantener la duración del mismo pero no pagar más que intereses durante los primeros cuatro años, el coste anual de su aval no se modifica.

En los casos de las grandes empresas las condiciones generales también cambian. Si se amplía solo la carencia no hay modificaciones, pero si se alarga el periodo de amortización sí. Y para estos préstamos la subida puede llegar hasta los 285 puntos básicos si se opta por los ochos años de vida del crédito.

Es posible que en algunos casos el mayor coste anual del aval no les compense el alargamiento del plazo de amortización.

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• luz verde del gobierno/ Transportes lanza la primera concesión a 25 años, entre Alicante y Murcia, de un plan de inversiones que ascenderá hasta los 5.000 millones de euros si se completa con éxito.

El plan privado de carreteras vuelve a hacerse realidad después de estar guardado en un cajón más de tres años. El Ministerio de Transportes ha conseguido luz verde para relanzar la inversión pública con un plan que podría ascender a más de 5.000 millones de euros para modernizar 2.000 kilómetros de carreteras de alta capacidad.

El proyecto defendido por el Ministerio de José Luis Ábalos, después de superar las resistencias en Bruselas y de adaptarse las condiciones del sistema de contratación español, supone una inyección de optimismo para el sector de infraestructuras de transporte, muy tocado en 2020 por la caída de la licitación pública en el mercado doméstico debido al impacto del Covid.

Grupos como ACS, Sacyr, OHL, Ferrovial, Acciona y FCC, entre otros, han manifestado interés por participar en el plan que, por sus características, también atraerá a grandes fondos de inversión en infraestructuras como Ardian, Meridiam y John Laing, entre otros.

La primera concesión seleccionada por el Ministerio de Transportes para poner a prueba la iniciativa público-privada será la concesión de la autovía del Mediterráneo A-7, entre Alicante (Crevillente) y Murcia. En concreto, Transportes ha iniciado el trámite de la licitación con el sometimiento del estudio de viabilidad a información pública.

Los términos del contrato de concesión para la ejecución, conservación y explotación del tramo servirán de modelo para el resto de proyectos que el Gobierno espera licitar de manera escalonada.

El plazo de explotación será de 25 años. En el caso del tramo de la A-7, el consorcio encargado estará obligado a redactar los proyectos de construcción y ejecutar las obras del tramo B del arco Norte de Murcia, del tercer carril de la autovía A-7 entre Crevillente (enlace con AP-7) y el enlace de Orihuela, ambos en la provincia de Alicante, y entre el enlace de Orihuela y el enlace de Monteagudo (Murcia). Se trata de un corredor de casi 40 kilómetros de longitud con un presupuesto de inversión en obras de 200 millones de euros.

Según el Ministerio de Transportes, el contratista se encargará de realizar las obras de reposición y gran reparación para mantener las autovías en buenas condiciones de servicio en los 25 años de explotación. Además, realizará labores de conservación ordinaria, atención a la vialidad y explotación de la carretera.

Entre las novedades del nuevo contrato de concesión destaca que la expropiación forzosa de los terrenos necesarios para la construcción se llevará a cabo por parte de la Administración.

Por otro lado, el mecanismo previsto de retribución al concesionario consistirá en un canon mensual que varía en función del uso de la carretera, la seguridad vial, la disponibilidad y el porcentaje de la inversión realizada.

Ábalos ha conseguido extender los plazos de explotación de 10 años a 25 años, y también ha logrado que los inversores no asuman el riesgo de expropiación, una de las losas que provocó la quiebra de las autopistas de peaje radiales. Pero el ministro no ha cedido en mejorar la rentabilidad de los proyectos, limitada por la actual ley de desindexación de la economía.

Según ese límite legal, la tasa de descuento se referencia al bono español a 10 años más un diferencial de 200 puntos básicos. A los precios actuales, la rentabilidad se situaría en el 2,3%, muy baja para abordar proyectos con riesgos de construcción y de disponibilidad, según las empresas. “Si no se mejora la rentabilidad es más difícil atraer el interés de los inversores”, alertaron hace unos días desde la patronal Seopan, que propone como solución que sean los órganos de contratación públicos los que, a la vista de los costes reales del mercado financiero, sean los que fijen la tasa de descuento.

Desde el Gobierno opinan lo contrario y están seguros de que habrá interés inversor por los proyectos, que irán saliendo de manera escalonada.

El relanzamiento del plan de carreteras, que supone una adaptación del viejo Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC) que el expresidente Mariano Rajoy presentó en agosto de 2017, se apoya totalmente en la iniciativa privada.

Aunque algunos miembros del Gobierno se han manifestado en contra de las fórmulas de colaboración público-privada, Ábalos ha conseguido sacar adelante el plan privado después de que las carreteras se hayan convertido en el hermano más pobre de los distintos modos de transporte por culpa de su componente medioambiental. En concreto, las carreteras españolas han salido mal paradas en el reparto del mecanismo de recuperación de la UE, más conocido como Next Generation. España presentó en 2020 proyectos por valor de más de 2.000 millones de euros, de los que quedaron excluidos de la lista 1.100 millones de euros relacionados con nuevas actuaciones, firmes y mejora de la luminosidad.

La falta de interés del Gobierno por los sistemas concesionales queda reflejada en el balance de licitación de 2020. En total, se licitaron inversiones por 50 millones a través de este tipo de contratos, de los que apenas cuatro millones (Puertos) correspondieron al Gobierno central. El año pasado fue negro para la obra pública en general, con una caída de la contratación del 43%, hasta 6.350 millones de euros. Las previsiones apuntan solo a un ligero repunte este año gracias a la aportación extraordinaria recogida en presupuestos del mecanismo de recuperación de la UE para proyectos de movilidad.

Con el impulso al sistema concesional, el Gobierno salva esas restricciones presupuestarias. En principio, Transportes quiere abordar el plan proyecto a proyecto a medida que estén maduros los trabajos, aunque según las fuentes consultadas, ya están contempladas actuaciones sobre más de 20 grandes corredores. Además del corredor levantino lanzado, se encuentran en rampa de salida más trazados que suman inversiones por unos 1.800 millones de euros. Entre ellos, destacan la circunvalación A-30 de Murcia, nuevos tramos de la A-7 a su paso por Castellón y la autovía entre Burgos y Aguilar de Campoo (Palencia).

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• La construcción industrializada se postula como la fórmula que, de la mano de la colaboración, permitirá dar respuesta a retos como la sostenibilidad, el ahorro de costes y los plazos de ejecución

Aunque la construcción es uno de los sectores que han tenido más impacto tradicionalmente sobre la economía española, le ha llegado el turno de reinventarse encontrando soluciones frente a desafíos como la sostenibilidad, el ahorro de costes, el cumplimiento de los plazos de ejecución y la generación de empleo. La construcción industrializada se erige como la alternativa para dar respuesta a estos retos, dado que hace posible fabricar viviendas por módulos en naves industriales y ensamblarlas después en el terreno. La calidad, la precisión y la sostenibilidad están entre sus principales ventajas, en la medida en que ofrece la posibilidad de desarrollar proyectos tanto en serie como a medida.

España se encuentra ante la oportunidad de dar un paso adelante para convertirse en líder mundial en este tipo de construcción, que también es susceptible de exportarse. Los distintos agentes del sector coinciden en que el contexto es el adecuado y que ha llegado el momento de impulsar de manera definitiva esta industria. Para ello, no reclaman ayudas económicas directas sino un acuerdo global que involucre a todos: desde la Administración y la banca hasta las aseguradoras, arquitectos, constructores y promotores.

Así lo indicaron en el encuentro digital Construcción industrializada: Prototipar, la nueva realidad de la construcción, que organizó EXPANSIÓN con el patrocinio de The Prototipo Company, compañía de Urbania International especializada en este tipo de construcción.

Camino por recorrer
La construcción industrializada de vivienda no llega al 1% del total en España, según los datos ofrecidos por la Plataforma para la Industrialización de Viviendas (PIV) en octubre de 2020. Son cifras muy lejanas a las que registran países como Países Bajos y Suecia, donde ya supone más de la mitad, y Alemania con más del 9%.

“La administración debe entender que desarrollar esto supone una gran oportunidad para cambiar el modelo productivo y económico del país, creado una industria que sea exportable”, recalcó Tomás Gasset Piñón, CEO de Urbania International, que abogó por un plan que fomente la compra de las viviendas industrializadas. En cuanto a los distintos modelos, “el build to rent y la inversión alternativa harán que la construcción industrializado se desarrolle en gran medida. Cuando los clientes tomen conciencia de que es una alternativa igual o mejor que la tradicional, se romperán barreras para hacer lo mismo en build to sell”, dijo Gasset.

En la misma línea, “estamos en el momento idóneo porque existen necesidades en cuanto a calidad y precisión en los plazos y en los precios, junto con aspectos internos del sector de la construcción que empujan hacia ello”, afirmó Begoña López Ferrer, directora general de The Prototipo Company. En cuanto a este modelo de industrialización, apuntó que “es necesario implementar ciertos sistemas que ya existen, por ejemplo en la industria automovilística, para seriar o estandarizar. Eso no quiere decir que todo sea igual”.

Por su parte, Antonio Martín Jiménez, presidente de Grupo Avintia, subrayó que “no se trata de que construir mejor, sino de hacerlo de un modo diferente”. Sobre los pasos que deben darse para impulsar esta industria, comentó que “tenemos el reto de incentivar a los promotores y arquitectos para después activar a los organismos públicos”. Las ayudas europeas pueden ser un apoyo ideal para este tipo de iniciativas, como resaltó el presidente de Avintia: “Los fondos de recuperación deben impulsar proyectos como estos, porque nuestro sector puede tener un efecto tractor”.

Teniendo en cuenta el peso de la inversión extranjera en el sector promotor, “debemos encontrar e implementar fórmulas que hagan más eficiente el retorno del capital para que no salga de España; la clave es mejorar en los plazos”, señaló David Martínez Montero, CEO de Aedas Homes. La construcción industrializada abarca desde las viviendas compuestas por módulos hasta la incorporación de determinados elementos prefabricados, como los cuartos de baño o las fachadas. “Quizá la mejor forma de que el cliente vaya viendo todas las ventajas sea implantarlo poco a poco, de manera capilar”, aseveró el CEO de Aedas Homes.

Para aprovechar esta oportunidad de convertirse en líder de la industria, España podría apoyarse en la disponibilidad de vastos territorios despoblados. “Podrían desarrollarse fábricas de miles de metros cuadrados dedicadas a construir edificios, en las que trabajarían robots, pero también se generaría nuevo empleo. Desde estas fábricas, se producirían edificios por catálogo para todo el mundo”, planteó Carlos Lamela, presidente de Estudio Lamela. Desde hace años, este estudio de arquitectura es uno de los principales valedores de la industrialización de la promoción residencial, y lleva a cabo proyectos de la mano de firmas como Avintia y Aedas Homes.

Desde la perspectiva de este gremio, “es necesario que exista mejor formación sobre construcción industrializada para los arquitectos y para otros profesionales que quieran acceder, como los aparejadores”, expresó Fernando Catalán de Ocón, director general del programa inmobiliario del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM).

En el plano de la sostenibilidad, “el sector es responsable de más del 30% de las emisiones de dióxido de carbono en todo el mundo. Por ello, apostamos por un modelo paramétrico en base a componentes que se caracteriza por la flexibilidad y la repetibilidad”, incidió José Manuel Villanueva, cofundador y coCEO de 011h Sustainable Construction. Esta start up apuesta por la sostenibilidad en la producción y los materiales, utilizando menos hormigón y más madera. No obstante, “la sostenibilidad debe ser competitiva en diseño y rentable en coste para existir”, concluyó Villanueva.

Expansión

• hostelería, restauración y turismo/ Se trata de “11.000 millones de euros para reforzar la solvencia de sus balances, y puedan así retomar su actividad, inversiones necesarias y contratar trabajadores”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer que el Ejecutivo ultima un paquete de 11.000 millones de euros en ayudas a empresas y autónomos de sectores como la hostelería, el turismo o la restauración. Así lo anunció ayer Sánchez en el Congreso, con lo que cuantificó el paquete de ayudas que prepara Economía, que se ha visto envuelto en la polémica sobre si se trata de las ayudas directas que reclaman los sectores afectados o no y en la reticencia de la banca a permitir quitas a quienes hayan recibido los avales del ICO, una de las líneas que diseña el Ministerio que lidera Nadia Calviño.

Según Sánchez, se trata de “11.000 millones de euros para reforzar la solvencia de sus balances, y puedan así retomar su actividad, hacer las inversiones necesarias y contratar a los trabajadores que requieren para iniciar en plenitud de facultades la recuperación económica”. Este refuerzo de la solvencia de los balances es para fuentes gubernamentales una clara muestra de que se trata de ayudas directas.

Desde Moncloa y Economía no quisieron ayer concretar qué parte de este paquete se destinará a cada sector o desglose de ayudas. Desde el Ministerio y la propia Calviño han ido planteando en las últimas semanas, adhiriéndose a la tesis de Banco de España, la necesidad de apoyar a empresas solventes para que los problemas de liquidez no acaben siendo de solvencia. Y han apuntado a quitas y a préstamos participativos, además de un fondo de recapitalización de pymes solventes en línea con el de la SEPI para grandes empresas, dotado con 10.000 millones.

La pretensión de que la banca asuma quitas en los préstamos del ICO ya concedidos se ha encontrado con fuerte oposición del sector. Fuentes consultadas apuntan que no se trata tanto de las cuantías que deberán asumir, que serían reducidas, del entorno del 4%, sino del mensaje que se lanza y del efecto llamada que puede trasladar a una cultura del impago.

Fue muy claro en este sentido ayer el presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, que se pronunció en contra de aplicar quitas a los créditos del ICO concedidos a empresas, porque ello no tendría “ningún sentido” y sería además “absolutamente adverso”, alertó (ver página 18). Oliu aseguró que en esta fase de la crisis se debe intentar “que no haya efectos perniciosos” y que tampoco se generen “riesgos adversos”.

El anuncio de Sánchez fue también recibido ayer con escepticismo por otros afectados. “Bienvenidas sean, pero dejémonos de experimentos”, pidió Lorenzo Amor, presidente de ATA, que reclamó “ayudas directas”. “Cuidado con fijar las ayudas sólo a los autónomos o pymes que han solicitado los créditos ICO”, alertó, lo que afirmó que es “una discriminación”.

A su vez, el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda, solicitó “ayudas directas” a fondo perdido, en forma de reducciones de impuestos y subvenciones.

Economía mantiene su tesis desde hace semanas de que las ayudas de los ERTE son ayudas directas y asegura que los esfuerzos del Gobierno español no difieren tanto de los de otros países.

Sánchez avanzó que esta decisión se va a “adoptar en las próximas semanas” y servirá para respaldar a “sectores, que crecían, eran competitivos antes de la pandemia y que ahora se encuentran, lógicamente, en una situación extremadamente difícil y compleja, durante las duras semanas que todavía tenemos por delante”.

Con este tipo de ayudas, dijo, “el Ejecutivo de coalición “no solo queremos salvar empresas y empleos, queremos reforzar empresas y empleos, queremos crear nuevas empresas y empleos”.

Concursos

A las medidas de solvencia que prepara Economía se suma una batería de iniciativas concursales en las que trabaja con Justicia para crear una reestructuración y liquidación exprés para microempresas y autónomos. Se trata de un plan de ayuda que se adelanta a la trasposición de la Directiva concursal que ya se analizaba y en la que se baraja volver a extender la moratoria concursal más allá del 14 de marzo.

Fuentes conocedoras trasladan que se prevé restar prevalencia a los acreedores públicos, Hacienda y Seguridad Social, como recomienda el FMI, una medida que no es del agrado del Fisco y que podría modularse; acuerdos extrajudiciales con quitas y exoneraciones tempranas; una agilización de la venta de la unidad productiva y facilitación de mecanismos de segunda oportunidad,

Asimismo, se estudia con interés la resolución exprés de empresas insolventes que aplican Juzgados Mercantiles de Barcelona (llamada prepack) y la creación de la figura de un asesor de insolvencia.

Expansión

• ”No habrá una rebaja general de tasas; solo selectiva”, defiende el presidente del grupo. Puertos prevé movilizar inversiones por casi 9.000 millones.

Francisco Toledo (Castellón, 1962) celebra esta semana su primer aniversario como presidente de Puertos del Estado. Las circunstancias le obligaron a gestionar uno de los ejercicios más difíciles para el sector debido a la función esencial de la red marítima para garantizar el suministro de mercancías del país, en medio de una parálisis casi generalizada de la economía por culpa del coronavirus. “Los puertos han dado la talla al demostrar que son esenciales para el mantenimiento de la actividad diaria”, asegura Francisco Toledo en una entrevista en EXPANSIÓN.

Al igual que el resto de la red de transporte mundial, los puertos españoles han sufrido el impacto del Covid en sus resultados por la caída de los tráficos de mercancías y el hundimiento del pasaje. Aún así, el sistema ha aguantado el tipo al cerrar el ejercicio en positivo. “El sistema portuario español cerró 2020 con una beneficio de algo menos de 50 millones de euros”, lo que pone de manifiesto la resistencia del modelo español, compuesto por 28 autoridades portuarias. “La mitad ha cerrado en números rojos y el resto ha conseguido ganar dinero pese a los sacrificios realizados en 2020”, indica Toledo para reflejar la heterogeneidad del sistema portuario español, donde hay puertos rentables como Barcelona o Valencia que conviven con autoridades al borde de la suspensión de pagos, como el Puerto de A Coruña.

El resultado de 2020 es sensiblemente inferior al de 2019, cuando el beneficio ascendió a 260 millones de euros, un 89% más que el año pasado. Hay varios factores que explican el retroceso. Por un lado, la propia caída de la actividad de un 8,6%, hasta 515 millones de toneladas. La cifra de negocio ascendió a 980 millones de euros, lo que representa un 15% menos. Pese a la tormenta económica, que forzó a muchas empresas públicas y privadas a elevar su endeudamiento, la salud financiera del sistema sigue prácticamente intacta. Se refleja en su caja, que conserva más de 1.700 millones de euros para abordar un ambicioso plan de inversión pública y privada.

Los grandes operadores privados, agrupados en la patronal Pipe, reclaman con insistencia que se redistribuyan los beneficios portuarios y que esa tesorería tan boyante se traduzca en una rebaja de tasas generalizada, a la que el responsable de la sociedad estatal se opone tajantemente. “Los puertos tienen que generar beneficio porque se autofinancian”. “El 89% del beneficio lo generan nueve puertos y el 11%, las 19 autoridades restantes. Eso significa que una rebaja lineal de las tasas equivaldría a que muchas autoridades entrasen en pérdidas”, añade para justificar su rechazo a la rebaja que piden los operadores privados.

El Gobierno adoptó ayudas de urgencia al sector en 2020 con una rebaja de tasas (unos 140 millones de ahorro para la empresas) vigente hasta el pasado 31 de octubre y aplazamientos de pago por valor de otros 250 millones.

En 2021, los puertos españoles han acordado mantener el sistema de ayudas, pero con carácter selectivo. En concreto, 13 autoridades han aprobado en sus planes de empresa una rebaja de la tasa al buque, mercancía y pasaje equivalente a un 6,9%, unos 27 millones de euros. Además, se mantienen la bonificaciones del año anterior y se incorpora una nueva de carácter permanente del 20% para los servicios marítimos regulares que prestan operadores como Armas o Balearia, entre otros.

En la radiografía de 2020, la cara positiva ha sido el tráfico de transbordo, “que no tiene raíces, lo que demuestra que los puertos españoles son muy competitivos en coste”, subraya el presidente de Puertos del Estado. En el lado negativo, el trafico de graneles sólidos como el carbón, que se ha hundido por el cierre de centrales térmicas que han empeorado la situación de puertos especializados en esta mercancía como el de Gibón y A Coruña.

El presidente de Puertos del Estado estima que el sistema recuperará los niveles de actividad previos a la pandemia en 2022. Para acelerar la recuperación, los puertos van a contribuir a impulsar la economía con un ambicioso plan de inversiones hasta 2024 cuya hoja de ruta es el nuevo marco estratégico hasta 2030. Lucha contra el cambio climático, digitalización, intermodalidad y seguridad serán algunos de los ejes sobre los que se apoya el plan de 4.500 millones en cuatro años, de los cuales 1.000 millones se van a movilizar este mismo año. “Se trata de inversión con recursos propios que contribuirá a movilizar otros 4.200 millones del sector privado, por lo que la suma total será de más de 8.000 millones.

Entre las actuaciones mas destacadas figuran las conexiones ferroportuarias, que absorberán 800 millones entre Puertos y Adif. “Hay que dar un giro a la movilidad portuaria, ya que el tren es entre 3 y 5 veces más eficiente que el camión en coste energético”.

Hay varias inversiones este año con nombre propio, entre las que destacan la terminal de contenedores Norte de Valencia (424 millones), los desarrollos en los muelles adosados y de la energía y en la dársena Sur de Barcelona (251 millones) y la segunda fase del espigón central de Bilbao y el muelle AZ-1 (215 millones), entre otras.

Expansión

• La producción de la construcción en España registró un incremento del 1,8% en diciembre respecto a noviembre de 2020, situándose como el tercer país comunitario que experimentó una mayor subida en el sector, informó este miércoles la oficina de estadística comunitaria, Eurostat.

Por delante de España solo se situaron Rumanía (2,2%) y Polonia (1,9%), donde también se observó un crecimiento en el sector de la construcción, al contrario que en la eurozona y en el conjunto de la Unión Europea (UE), que anotó una caída del 3,7% y del 3,3%, respectivamente.

El retroceso en la producción en la construcción en los diecinueve países que comparten la moneda única se debió a la bajada del 3,8% en la construcción de vivienda y del 3,4 % en las obras de ingeniería civil.

En el conjunto de la UE, la caída de la producción fue consecuencia del descenso del 3,3% en la construcción de viviendas y del 3,1% en la ingeniería civil.

Entre los Estados miembros, las bajadas más destacadas de la producción de la construcción se dieron en Eslovenia (13,1%), Francia (8,6%) y Alemania (3,2%).

Asimismo, en comparación con diciembre de 2019, el retroceso del 2,3% en la producción en la eurozona fue por la caída del 3,8% en la ingeniería civil y del 1,8% en las viviendas.

Entre los Veintisiete se observó otra bajada del 2,1%, que se debió a que la ingeniería civil cayó un 4,2% y el sector de la vivienda un 1,5%.

Las disminuciones más fuertes se dieron en Bélgica (13%), República Checa (12,4%) y Francia (9,7%), mientras que las subidas más destacadas, en Rumanía (11,5%), Alemania (2,2%) y los Países Bajos (0,7%).