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• retos/ El ferrocarril está llamado a ser uno de los medios de transporte protagonistas de la transición energética. Las ingenierías apuestan por la digitalización y la sostenibilidad para afianzar su liderazgo.

Gracias a factores como la diversificación geográfica y la especialización, las ingenierías españolas han conseguido trascender las fronteras y consolidarse como un referente en el mercado internacional. Numerosos proyectos globales avalan su experiencia, y también lo demuestra el hecho de que España disponga de la segunda red de alta velocidad más extensa del mundo –sólo por detrás de China–, así como una infraestructura destacada de metro y transporte ferroviario convencional que se apoya, en buena medida, en la tecnología.

En plena transición energética, el vehículo individual está llamado a perder protagonismo frente a los medios de transporte colectivo. En este proceso, el ferrocarril es una de las alternativas más sostenibles, un hecho que abre oportunidades para que la ingeniería española dé respuesta a los retos del transporte. La digitalización de los sistemas y la sostenibilidad son los principales ejes del cambio, como se destacó en el encuentro digital Sostenibilidad y digitalización como valor diferencial de las ingenierías españolas en el sector ferroviario, que organizó EXPANSIÓN en colaboración con Schneider Electric.

Proyectos

Bruselas designó 2021 como el Año Europeo del Ferrocarril, y una parte de los fondos comunitarios de recuperación podría destinarse a iniciativas que impulsen la transformación en el sector. “Los proyectos apoyados por estos fondos tendrán una prima en términos de digitalización: el sector tiene una oportunidad muy grande en la búsqueda de nichos de datos concretos”, planteó Ana Rojo, director general de ingeniería y consultoría de Ineco, la ingeniería pública dependiente del Ministerio de Fomento. A modo de ejemplo, se refirió a nichos como el mantenimiento, la experiencia del pasajero y la participación ciudadana. Rojo subrayó que “debemos desarrollar soluciones innovadoras que vayan hacia un nuevo modelo de movilidad sostenible, seguro e integrado”.

Entre los compromisos del Pacto Verde Europeo se encuentra na reducción del 90% de las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte. “Si no se pone el ferrocarril en el centro de las políticas nacionales y europeas de movilidad, será imposible alcanzar los objetivos propuestos”, aseguró Martina Tomé, vicepresidenta de la unidad de negocio de energía de Schneider Electric en España y Portugal. Por otra parte, Tomé hizo hincapié en que “la digitalización será un habilitador claro para redibujar este nuevo panorama de movilidad”.

Desde el punto de vista de las ingenierías y también de los demás actores del sector, “el principal desafío que tiene ahora la industria ferroviaria en España es mantenerse en la posición que ha alcanzado en el entorno global”, afirmó Carlos Alonso, CEO de Ardanuy Ingeniería. Acerca de la doble vertiente de digitalización y sostenibilidad, Alonso aseveró que “la innovación es el elemento clave que nos permitirá seguir ahí arriba, y además tenemos la oportunidad de contribuir a reducir las emisiones”.

“España tiene todavía mucho camino por recorrer en cuanto al uso de fuentes de energía renovable en el sector del transporte, y el ferrocarril está llamado a ser el catalizador”, manifestó Juan Ramón López, director de infraestructuras de la empresa de ingeniería, arquitectura y consultoría Idom. En este sentido, añadió que “las ingenierías tienen que aportar un valor diferencial en este negocio, gracias a su conocimiento y experiencia, su enfoque global y multisectorial, así como el acompañamiento en toda la vida útil de los proyectos”.

En línea con la sostenibilidad, “una de las grandes ventajas del ferrocarril es que permite gestionar distancias cortas, medias y largas”, comentó Javier Camy, director general de la multinacional de ingeniería Aecom en España, que añadió que la experiencia con las líneas de alta velocidad en España proporciona un buen posicionamiento a las compañías del sector para explorar nuevas opciones vinculadas a energías limpias como los trenes de hidrógeno. Entre las oportunidades de futuro, Camy destacó “la mejora de la conectividad entre las ciudades europeas y nuevas soluciones de transporte rápido que permitan sustituir a la aviación de forma parcial, reduciendo la huella ambiental”.

Por lo tanto “el desarrollo del ferrocarril representa una oportunidad magnífica para profundizar en la conectividad eficaz y sostenible”, recalcó Jesús Planchuelo, director de infraestructuras civiles del grupo de ingeniería Sener. Además de señalar que el transporte de mercancías en ferrocarril debe recibir un impulso en España, Planchuelo concluyó que “el mantenimiento predictivo inteligente basado en bases de datos masivas tiene un papel clave en la digitalización del sector”.

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• oxígeno/ La vicepresidenta anuncia nuevas inversiones específicas para la pyme en el marco del ‘Plan de Recuperación’, que se suman a los 4.650 millones de euros que inyectará para su digitalización.

España es un país de pymes, con casi el 99% de su tejido empresarial hilvanado por compañías de pequeño tamaño, micropymes y autónomos, que han sufrido con especial dureza el azote de la pandemia. Eso explica que la crisis del Covid se ensañara en 2020 con la economía española, que registró la mayor contracción de la UE, y que en el discurso del Gobierno las pymes ocupen un lugar preponderante a la hora de anunciar ayudas a inversiones. Eso, y el creciente clamor empresarial pidiendo oxígeno para no sucumbir a una crisis que se prolonga ya un año. “Las pymes están en el corazón del Plan de Recuperación”, aseguró ayer en el Congreso la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, que anunció que dicho plan contempla 2.000 millones de euros en inversiones específicas para la pequeña y mediana empresa con cargo al maná europeo. Esa cuantía se suma a los 4.650 millones que el Gobierno inyectará para digitalizar 1,5 millones de pymes y autónomos.

Calviño no detalló el destino de esas nuevas inversiones, que junto a las ayudas a la digitalización alcanzan ya los 6.650 millones de euros y que, según fuentes de Economía, serán más en el futuro. Dichas fuentes explicaron a este diario que los 2.000 millones anunciados ayer por la vicepresidenta económica se encuadran en el denominado Componente 13 de Impulso a las Pymes, cuyos objetivos genéricos son impulsar el emprendimiento, el crecimiento empresarial (incluyendo el tamaño de las compañías), apoyar la modernización del comercio, y promover la internacionalización de las pymes.

En paralelo a esas ayudas e inversiones previstas en el Plan de Recuperación, en el que las pymes tendrán, según Calviño, una “participación muy protegida y especial” en aquellos proyectos en los que convivan con las grandes compañías, el Ejecutivo perfila ayudas directas para evitar que los crecientes problemas de solvencia deriven en un aluvión de concursos empresariales en los próximos meses. Unas ayudas, dirigidas esencialmente a los negocios viables, de las que de momento se desconoce el importe y de las que el Gobierno ofrece pistas con cuentagotas, aunque su previsión es aprobarlas en marzo una vez recibido el preceptivo plácet de Bruselas.

Quitas y ayudas directas

Sin embargo, lo que cada vez está más claro es que el paquete de salvamento que prepara el Gobierno contempla “la realización de quitas y otros instrumentos financieros, como los préstamos participativos, para apoyar la solvencia de las empresas”, tal como avanzó el lunes Nadia Calviño antes de participar en una cumbre del Eurogrupo. Esto es, inyecciones directas en el capital de compañías viables y, previsiblemente, la condonación (al menos parcial) de los créditos avalados por el ICO, que ascienden a unos 118.000 millones, para lo que el Gobierno trabaja con el Banco de España y las entidades financieras desde hace semanas.

Cepyme reclama desde hace tiempo medidas contundentes para taponar la sangría en el sector empresarial. Además de las quitas en los créditos ICO, lo que convertiría esa parte en ayuda directa de facto, la patronal reclama una suerte de “vacaciones fiscales” para las empresas más castigadas, además del pago inmediato de todas las deudas del conjunto de las Administraciones Públicas con las pymes.

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• crecerá muy por debajo de las expectativas del gobierno/ Las grandes entidades financieras rebajan el alza del PIB prevista para este año por debajo del 5% y prevén que la recuperación no coja fuerza hasta la segunda mitad del año.

El panorama económico español no pinta nada bien en el arranque del año. En las primeras semanas de 2021 ha tenido lugar una cascada de revisiones a la baja de las previsiones de crecimiento para este año, que sitúan el avance del PIB muy por debajo de la mitad de lo que prevé el Gobierno, anticipando una primera mitad del año perdida, y es muy probable que la Comisión Europea también recorte hoy sus pronósticos para la economía nacional. Y todo ello podría complicar enormemente la salida de la crisis porque, cuanto más tiempo pasen las empresas por debajo de sus niveles normales de actividad, habrá más compañías que tengan que cerrar y más trabajadores que pierdan su empleo, por lo que la recuperación posterior será también más lenta.

La economía europea acabó el año con una nueva recaída del 0,7%, mientras que la española era una de las que seguía al alza, con un incremento del 0,4% entre octubre y diciembre. Sin embargo, lejos de ser un dato positivo, esto está lastrando las exportaciones, lo que redundaría en un menor crecimiento. Además, esto se debe a que España fue el país europeo que más se hundió en la primera mitad del año, debido al fuerte cierre de la economía, y a que tuvo una recuperación muy parcial en el tercer trimestre, por los rebrotes que empezaron a producirse ya en el verano y las consiguientes restricciones sanitarias. Y, es más, el propio Instituto Nacional de Estadística apuntaba a una probable revisión a la baja de este dato en los próximos meses.

Estancamiento

Además, la evolución económica fue de mal en peor a lo largo del trimestre, debido a que las restricciones sanitarias se intensificaron en diciembre, lo que explicó la destrucción de 203.962 puestos de trabajo en las últimas jornadas de diciembre, la peor racha desde que comenzó la crisis del Covid. Y los problemas se agravaron todavía más en enero, cuando el temporal Filomena interrumpió buena parte de las cadenas de suministro y forzó el cierre de miles de comercios en toda España justo en el momento cumbre de la facturación para muchos negocios, durante la temporada de rebajas. De hecho, muchos analistas prevén un descenso económico en el primer trimestre del año que iría seguido de un dato muy débil en el segundo, mientras que la recuperación posterior estaría condicionada al buen ritmo de la vacunación, algo que parece complicado.

En concreto, el indicador en tiempo real de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) apuesta por un retroceso del 0,9% entre enero y marzo, y muchos analistas privados prevén cifras similares. Por ejemplo, Barclays, prevé una caída del 0,3% y Goldman Sachs, del 0,4%. Asimismo, el Indicador Sintético de Actividad del Ministerio de Economía, que utiliza el Gobierno para tratar de anticipar la evolución económica a seis meses vista, apunta a un retroceso anual del 8% en los primeros trimestres del año. Aunque es necesario coger el dato con pinzas, ya que la situación anómala de este año ha cambiado todos los parámetros del indicador, tampoco apunta a nada bueno. Y también la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, advirtió de que la economía europea, en general, se asoma a una primera mitad del año en la que habrá una tónica de estancamiento, seguida de un cierto crecimiento en el segundo semestre, aunque supeditado la vacunación.

Y este mal arranque del año, a su vez, condiciona enormemente el crecimiento del conjunto del ejercicio. De hecho, buena parte de los analistas prevén un crecimiento muy por debajo del 9,8% apuntado por el Ejecutivo en los Presupuestos Generales del Estado. En concreto, entidades financieras de la talla de Citi, Morgan Stanley, Barclays, AXA IM, Bank of America, Julius Baer e ING apuntan a un ritmo muy inferior este año, por debajo del 5%. Es decir, menos de la mitad de lo que pronostica el Ejecutivo. De hecho, el propio Gobierno es consciente de que sus previsiones se han quedado muy descuadradas respecto al consenso de analistas, por lo que en las últimas semanas ha tratado de restarles fuerza, eliminando el impacto de 2,6 puntos (hasta el 7%) que, en su opinión, vendría derivado de los fondos europeos. E, incluso descontando esa cifra, queda muy por encima de todos los demás pronósticos. El problema es que los Presupuestos se han construido sobre la base de un fuerte crecimiento que, de no lograrse, retrasaría enormemente la recuperación. ¿Por qué? Porque el ahorro generado durante el confinamiento podría haber impulsado la recuperación rápidamente con la reapertura pero, si la economía sigue atrofiada durante un largo periodo, los cierres de empresas y los despidos van a ser cada vez más complicados de revertir, al estarse agotando el colchón financiero. De ahí que la recuperación de la economía española se juegue en una contrarreloj en la que el tiempo parece ya agotado.

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La adjudicación aumentó un 18% más que en 2017 con los ayuntamientos como los organismos públicos más inversores, por delante del Gobierno central y de la Junta de Andalucía.

La contratación de obra pública creció en Andalucía por segundo año consecutivo. En 2018 las inversiones aumentaron alcazando los 1.325,3 millones de euros, lo que supone un aumento del 18% respecto al volumen adjudicado en 2017, año en el que la inversión se situó en 1.128 millones de euros.

Gobierno central, Junta de Andalucía y ayuntamientos han aumentado sus inversiones en infraestructuras, respecto al año anterior, según el informe anual de adjudicaciones en Andalucía del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (CEACOP), donde se detallan las cifras de contratación en obra pública en la región por parte de Gobierno central, Junta de Andalucía, ayuntamientos, diputaciones y universidades.

Senda de crecimiento
Según el informe, han sido los entes locales los responsables del mayor incremento en los presupuestos. Solo las adjudicaciones municipales suponen el 42% de la inversión total en la comunidad autónoma, destinado 567,9 millones de euros a obra pública. Y esto a pesar de tener menos competencias en el ámbito de las infraestructuras, y en teoría, menos recursos que los ministerios y consejerías. Los ayuntamientos siguen la senda de crecimiento iniciada en 2017, y aumentan su inversión respecto a ese año en torno al 26%. Además el 65% de los contratos fueron adjudicados a empresas andaluzas, lo cual lleva aparejado un crecimiento y estabilidad en el empleo y en el tejido productivo. Los ayuntamientos de Málaga y Sevilla han sido los que han destinado mayores partidas a la mejora de infraestructuras municipales. En ambas provincias se han adjudicado actuaciones por valor de 160 millones de euros .

La Junta de Andalucía ocupa el segundo lugar con una inversión de 370,4 millones de euros, un 21% más que lo invertido en 2017. La consejería de Fomento es responsable de la mayor partida presupuestaria al destinar 142,5 millones de euros a obra pública.

Ceacop destaca positivamente que el 55% de los contratos adjudicados por la Junta lo ejecutaron empresas andaluzas y que se ha producido un reparto muy homogéno entre las distintas provincias,,

El Gobierno central sigue postergado al tercer puesto. Aun siendo el organismo con mayor capacidad económica, su volumen de inversión en 2018 fue de 265,9 millones de euros, un 21% más que lo destinado en 2017.

Aumentan los contratos desiertos y desistidos
Ceacop en su informe destaca negativamente cómo en 2018 ha aumentado el número de contratos desiertos y desistidos como consecuencia de la nueva Ley de Contratos del Sector Público. El informe observa que el número de obras desiertas se ha triplicado, y el número de contratos desistidos se ha duplicado respecto a 2017. Estas cifras vienen a evidenciar deficiencias en la gestión. La avalancha de licitaciones que se produjo días previos a la entrada en vigor a la nueva ley perjudicó a las empresas que vieron limitada su capacidad de respuesta. Si las actuaciones se hubiesen licitado en tiempos espaciados, las empresas hubieran podido presentar sus ofertas a un mayor número de contratos, según Ceacop.

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• Las patronales de ingeniería y construcción critican las alteraciones que ha provocado la nueva normativa que arrancó el pasado marzo.

La Asociación de Ingenieros Consultores de Andalucía (Asica) y el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop), que suman más de 300 empresas representadas del sector, manifestaron ayer públicamente su descontento con el funcionamiento del sistema de contratación pública a raíz de la entrada en vigor de la Ley de Contratos del Sector Público el pasado mes de marzo.

Sus representantes pusieron sobre la mesa la “avalancha” de licitaciones -hasta 229 contratos- que se produjo una vez que entró en vigor la ley, que “perjudicó” a las empresas al ver “limitada su capacidad de respuesta”. “Si las actuaciones se hubiesen licitado en tiempos espaciados”, las empresas hubieran podido presentar sus ofertas “a un mayor número de contratos, con lo que hubiera aumentado la probabilidad de optar a ellos”.El precio, único factorA juicio de las consultoras de ingeniería y de las constructoras, otro de los aspectos más destacables de la esta ley es que, a pesar de que se establece que la adjudicación de las ofertas, debe responder a una mejor relación calidad-precio, con objeto de evitar contratos irrealizables por precio; no obstante, “muchas licitaciones siguen siendo el precio el único factor determinante en la adjudicación”. Ignacio Sánchez de Mora, por Asica, como Ana Chocano, por parte de Ceacop, pusieron otros ejemplos de las repercusiones negativas de la ley, como que en que “en muchos casos no está bien definida la baja temeraria, como es el caso de las licitaciones de Aena. Esta empresa sigue adjudicando al precio más bajo a través de las subastas electrónicas sin límites”. Ambos dirigentes patronales, insistieron ayer en que la nueva normativa no ha mejorado el panorama de la contratación pública. “Esta nueva ley no ha cambiado en lo sustancial gran cosa, ya que se sigue optando en la mayoría de los casos por una subasta encubierta y además sin atajar las grandes bajas a las que nos vemos obligados las empresas a licitar, porque no se está aplicando de forma totalmente correcta por parte de los órganos de contratación”, subrayaron.Lastre para las empresasPara las empresas del sector, la nueva normativa ha introducido en los contratos públicos consideraciones de tipo social, medioambiental o de innovación, que estan “supeditadas” a que se relacione con el objeto del contrato a celebrar. “Pero a menudo no lo están, y suponen un lastre para la empresa que tiene que ejecutar el contrato, cargándoles con unos gastos que no les corresponden”, advierten. Además, deben “lidiar” con la dificultad que existe para la presentación de las ofertas de modo electrónico como establece la norma. Según explicaron ayer, existe “una desorganización generalizada que impiden entregar las ofertas electrónicamente”. La otra gran batalla de las empresas de construcción e ingeniería es la competencia desleal de las empresas públicas. En la nueva normativa se recoge la limitación de encargos a los empresas y agencias públicas, pero esta situación sigue “sin resolverse”.

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 Pese a la pobre inversión, las adjudicaciones destinadas a infraestructuras alcanzaron 1.128 millones de euros en 2017, un 57% más. Las obligadas modificaciones que ha introducido la nueva Ley de Contratos del sector público ya han comenzado a repercutir negativamente en las empresas de la construcción. Pese a la entrada en vigor de la norma el pasado 9 de marzo, las administraciones no han adaptado aún sus pliegos, lo que se traducirá en una paralización casi total de las licitaciones de obra pública durante un periodo de, al menos, medio año. Durante los ocho primeros días del mes de marzo se licitaron en Andalucía 389 contratos de las distintas administraciones públicas. Desde entonces y tras la entrada en vigor de la nueva Ley, se han licitado tan sólo nueve contrataciones. El cálculo de los responsables del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop) es que, con los trámites necesarios para adaptar los pliegos, la situación no retome la normalidad hasta el próximo septiembre, como pronto.”Vergüenza”El secretario general de Ceacop, Daniel Fernández, criticó ayer la “falta de profesionalidad” de las administraciones públicas españolas y calificó de “vergonzosa” la situación. “Tras la aprobación de la Ley, en diciembre del año pasado, han tenido cuatro meses para adaptarse y, al no hacerlo, ahora pagan las empresas, que sin embargo, sí se han adaptado a la norma”.La presidenta de Ceacop, Ana Chocano, aprovechó ayer la presentación del informe anual de adjudicaciones de obra pública en Andalucía para criticar también el “proteccionismo” que otras comunidades autónomas ejercen a la hora de adjudicar las obras. Un hecho que, a su juicio, perjudica a Andalucía, donde reclaman una mayor participación de las empresas andaluzas en la ejecución de las infraestructuras públicas.”Es algo que no ocurre sólo en Cataluña o País Vasco, también en regiones más cercanas como Extremadura se prioriza a las empresas locales”, explicó ayer Chocano. “Además de beneficiar el tejido productivo local, es un hecho que en el sector de la construcción la proximidad de las empresas es sinónimo de competitividad”. El informe que ayer presentaron Chocano y Fernández, ofrece a las empresas, no obstante, motivos para la esperanza. En 2017 las adjudicaciones en infraestructuras alcanzaron en Andalucía 1.128 millones de euros, un 57% más que en el ejercicio anterior. El 53% de esas adjudicaciones recayeron en empresas andaluzas, y aunque el porcentaje supone un descenso de cuatro puntos respecto a 2016, el aumento de la inversión repercutió positivamente en las firmas locales.Por segundo año consecutivo, el mayor esfuerzo inversor volvió a corresponder a los ayuntamientos “algo digno de elogio porque son la administración que menos recursos maneja”, señaló Chocano. Las corporaciones locales duplicaron su inversión en infraestructuras en 2017 hasta alcanzar los 452 millones. Los de Sevilla y Málaga, con 194 y 144 millones respectivamente, encabezan el ránking.Plan de depuradorasLa puesta en marcha del Plan de Depuración aprobado por la Ley de Aguas de 2010 -con una dotación de 50 millones en 2017- es parte de la causa de que la Junta de Andalucía ocupe el segundo lugar en inversiones en obra pública. La cantidad el pasado año ascendió a 306,7 millones, un crecimiento del 42%. Las inversiones del Estado volvieron a ser las más parcas, con dotaciones de sólo 220 millones, un 36% más que en 2016, cuando se registró la cifra más baja. “El año pasado la excusa fue la existencia de un Gobierno en funciones”, recordaba ayer Chocano. “¿Cuál es la excusa para castigar a Andalucía este año?”.

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• Asume el puesto al frente de la patronal de la obra pública cuando la inversión de las administraciones ha registrado un mínimo histórico: 717 millones.

Acaba de acceder a la presidencia de una casa que conoce bien, tras ejercer durante doce años como gerente, cargo al que durante los tres últimos años sumó también el de secretaria general. Es por ello que a esta nueva etapa del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop), con Ana Chocano al frente, se le puede suponer el mismo espíritu combativo de los últimos lustros, en especial frente a la falta de inversión en obra pública, que en 2016 marcó un mínimo histórico con adjudicaciones por valor de 717 millones, un 43% menos que en 2015.

Esta ingeniero de Caminos de marcado perfil técnico, asegura que mantendrá ese carácter, pero se muestra esperanzada en que la recuperación también llegue al sector de la obra civil este mismo año. “El año pasado tocamos fondo a causa del límite de gasto, la inversión pública en infraestructuras tendrá que ser necesariamente mayor para este ejercicio, porque con lo que se ha destinado no hay ni para el mínimo mantenimiento de lo que ya existe”, denuncia quien representa a más de 250 compañías del sector en Andalucía.

Chocano ha tenido que hacer frente a las críticas de aquellos que no ven a quien no es dueño o gerente de una empresa al frente de la asociación más importante de la obra pública en Andalucía. “Creo que tiene una lectura mucho más positiva de la que algunos quieren hacer, como minimizar la tentación de los gobiernos de castigar los intereses particulares de quien defiende a todo un sector sólo por el hecho de ser combativo con nuestras reivindicaciones. Y, por otro lado, es un puesto que exige mucha entrega y un tiempo que tendría que restarle a la gestión en una empresa”.

Las líneas maestras del trabajo de Chocano al frente de la patronal tendrá un objetivo muy definido: “Conseguir que la inversión en infraestructuras no se vea como un gasto, sino como una inversión en beneficio de toda la sociedad”. Es el mantra que la directiva de Ceacop repite incansable junto a la insistencia sin desmayo en que las empresas a las que representa “no quieren vivir de ayudas, sino de trabajar y crear riqueza gracias al desarrollo de las infraestructuras”.

Ese desarrollo no consiste sólo en hacer pantanos o carreteras, también su mantenimiento es parte del trabajo de las empresas del sector. La cuenta la tiene permanentemente en la cabeza y le sale de corrido. “Cada euro que se deja de invertir en mantenimiento, a los dos años necesita una inversión de 5 euros. Y a los cuatro años se han convertido en 25 años”. Y pone un ejemplo llamativo: “En Andalucía llevamos cuatro años sin reparar el firme de ninguna carretera. Eso es algo que debería preocupar mucho a la ciudadanía, que es en última instancia la gran perjudicada”.

Frente a la insensata fiebre de inversión en obra pública que vivió el país en los años previos al estallido de la burbuja inmobiliaria, Chocano quita importancia atribuyendo a “leyendas urbanas” aquellas críticas. “No conozco muchas infraestructuras construidas que se estén utilizando”. Eso sí, reivindica al menos la necesidad de algún organismo “apolítico y transversal” que establezca las prioridades. “En la obra pública una buena planificación, que no responda a intereses políticos o económicos, es fundamental. Sólo así se gasta el dinero de manera racional y dando prioridad a demandas reales de la sociedad”.

El mantenimiento de la red de carreteras, la construcción del Corredor del Mediterráneo, la conexión terrestre con Marruecos o las redes de transportes metropolitanos en las capitales andaluzas son algunas de las reivindicaciones en cartera. De momento, a la espera de una reunión con el ministro de Fomento que “se está demorando demasiado por su parte”. “Nuestro objetivo es hacernos oír para que la inversión retorne a Andalucía y dejemos de ser una región olvidada”.

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