La Razón

• La construcción alerta de la carencia de mano de obra en el sector. Advierte de que, con los fondos europeos, necesitarán unos 2 millones de trabajadores frente a los 1,2 que tienen ahora

Las obras no tienen quien trabaje en ellas. Mientras España alardea de tener algunas de las compañías de infraestructuras más potentes del mundo, la mano de obra para abastecerlas en su país de origen escasea. Los jóvenes no quieren subirse al andamio. Algo que, según Pedro Fernández Alén, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), no deja de ser sorprendente en un país como España. “No podemos permitirnos que un país como España, con una tasa de paro juvenil que supera el 40%, no aproveche la salida que ofrece un sector como el nuestro, que necesita mucha mano de obra”, explica. Y más que, en su opinión, va a necesitar. “Ahora mismo, tenemos alrededor de 1,2 millones de trabajadores en el sector. Pero cuando lleguen los fondos europeos, estoy seguro de que se requerirán más de dos millones”, asegura Fernández Alén, que calcula que el 70% de los fondos necesitarán del concurso del sector de la construcción para su ejecución.

La situación del empleo juvenil en la construcción es dramática. Como explicó hace unas semanas en el marco del Sima Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de la patronal de promotores y constructores madrileña Asprima, la presencia de menores de 34 años ha pasado del 43% al 18% en los últimos años. Es un sector envejecido y sin tasa de reposición por este escaso interés que suscita entre los jóvenes. Según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), los trabajadores de entre los 35 y 54 años concentran el 65% de la afiliación del sector y el 18% tiene más de 55 años.

Para buscar una explicación a este panorama, en la construcción se remonta a lo que ocurrió en 2007. Con la crisis económica, esta industria se vio muy afectada y durante los diez años siguientes llegó a perder casi dos tercios de sus afiliados a la Seguridad Social, que pasaron de 2.800.000 a 700.000 trabajadores afiliados. Esto, aseguran desde la CNC, provocó un sentimiento de rechazo por los jóvenes, y la sociedad en general, que empezaron a percibir la construcción como un sector donde no se garantizaba un trabajo estable y duradero en el tiempo. Una ocupación, además, a la que se accedía con poca cualificación que impedía después la recolocación de los que se quedaban sin trabajo y en la que se realiza un trabajo físico de mucho desgaste. En resumidas cuentas, el sector tuvo “muy mala prensa”, como resume Fernández Alén.

Se necesitan empleados cualificados
Pero la realidad, según defienden desde su patronal, es que la construcción es una ocupación en la que en este momento no sólo hay salida sino que, además, está bien remunerada, con un convenio colectivo estatal que mejora la jornada anual y los salarios mínimos establecidos en la normativa vigente y en el que un trabajador cualificado en FP puede llegar a percibir un salario, según las tareas, de hasta 4.000 euros. El problema, según Fernández Alén, es que el sistema no ayuda para formar a estos anhelados trabajadores cualificados, que ahora son minoría en una pirámide en forma de émbolo en la que quedan atrapados entre una base ancha de obreros no cualificados y otra parte superior igual de grande de profesionales titulados universitarios.

Para nutrir el segmento intermedio de la pirámide, el sector considera que es necesario adoptar algunas medidas que pasan por la modificación de la normativa vigente de formación profesional dual. La regulación, dicen, es muy rígida y ello impide que esta figura se utilice en su sector. Para hacerla más flexible, apuestan en primer lugar porque un trabajador pueda ser contratado por una agrupación de empresas, como ya ocurre en países como Dinamarca o Alemania. El tejido empresarial en la construcción está constituido en España en un 98,7% por pymes, de las cuales el 86,1% son micropymes. Por eso, la CNC cree que es necesario que se permita flexibilizar las prácticas permitiendo que se realicen en varias empresas y en diferentes centros de trabajo.

Asimismo, la CNC también considera que deben flexibilizarse los calendarios formativos asociados a este tipo de contratos. La ejecución de obra, dicen, está sometida a circunstancias cambiantes (fenómenos meteorológicos, suministros, coordinación de actividades, etc.) que hacen que el calendario formativo previsto deba ir adaptándose a las diferentes fases de obra. No se trata de un proceso fabril donde todo está predeterminado, argumentan.

En cuanto a los contenidos formativos de un título de FP o un certificado de profesionalidad, en la actualidad contemplan un elevado número de horas que, en ocasiones, hace muy difícil que un trabajador se pueda comprometer con su realización, asegura la patronal. En su opinión, sería interesante permitir que se realizaran unidades formativas adaptadas a las necesidades del trabajador y que se le permitiera ir creando una mochila hasta terminar el grado de FP o el certificado de profesionalidad sin imponer límites en el tiempo como ocurre en la actualidad.

El contrato fijo de obra, clave para el sector
Junto a los cambios en la formación, el sector de la construcción considera clave para mantener el empleo y su calidad la supervivencia del contrato fijo de obra. La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) ha alertado de que la desaparición del contrato fijo de obra conllevaría un incremento de los despidos objetivos (con una indemnización de 20 días topados) y una rebaja de las indemnizaciones por el fin del contrato (7% equivalentes a alrededor de 24 días), con la consiguiente precariedad en el empleo y conflictividad social.
En su proyecto de reforma laboral, el Gobierno ha planteado la eliminación de este tipo de contratos para luchar contra la precariedad laboral. Pero en el caso de la construcción, el sector considera que, dada su particular naturaleza, es necesario su mantenimiento. A modo de ejemplo, la CNC asegura que en un centro de trabajo de menos de 100 trabajadores, si finaliza el servicio de nueve empleados, se originaría o un ERE o la imperiosa necesidad de liquidar la empresa tras la realización de cada obra que se concierte. Ello obligaría a crear otras nuevas compañías para las obras que posteriormente se contraten, con la consiguiente complicación burocrática y administrativa (especialmente grave para las pymes) y un aumento sensible de conflictividad y costes para el Fogasa, en su caso.

La Razón

• La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio defiende que «en los 10.500 kilómetros de carreteras autonómicas, el Gobierno andaluz no va a aprobar ningún peaje» y que «la Lista ofrecerá el diseño de nuevas ciudades con otras capacidades y un desarrollo sostenible»

Decía Felipe González que a Fraga le cabía «el Estado en la cabeza». Marifrán Carazo tiene el mapa de proyectos y carreteras de Andalucía en la mente. Al trajín de la gestión diaria se une una comunión «in extremis», vestigio de la ansiada vuelta a la normalidad a pesar del coronavirus.

Qué le parecen los peajes?

No es momento de plantear cargar con una nueva tasa a los andaluces. Es momento para facilitar las ayudas directas, como está haciendo la Junta y rebajando los impuestos. Respecto a las carreteras de competencia autonómica, 10.500 kms., casi como el Estado en la comunidad, con vías como la A-92 o la Jerez-Los Barrios, decimos rotundamente que el Gobierno andaluz no va a aprobar ningún peaje. En las de competencias del Estado, mostramos nuestro rechazo absoluto. No es momento.

¿Qué balance hace tras dos años de Gobierno?

Encontré un socavón importante de reclamaciones y proyectos pendientes. El Gobierno anterior emprendió un camino durante la anterior crisis de paralizar todos los proyectos que estaban contratados en muchos casos y este nuevo Gobierno ha tenido que pagar las consecuencias de esa decisión política. En un momento de crisis social y económica, este Gobierno no ha parado ningún proyecto. Primero, por las futuras reclamaciones y para la reactivación, con la licitación pública. En Andalucía la construcción está ayudando a la reactivación. El Presupuesto de 2021 aumenta un 3,4% pese a las circunstancias. Andalucía tiene que asumir y atraer inversiones desde lo privado.

¿La Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio (Lista) va en esa línea? ¿Es al Gobierno de Moreno lo que fue la ley del suelo al del Ejecutivo de Aznar?

Es otro momento. Era necesaria, había un gran consenso social respecto a una ley antigua, obsoleta, que no recogía las necesidades respecto a la ordenación del territorio desde hace muchos años. La actual LOUA es de 2012, y ha sufrido once modificaciones. La ley que regula la ordenación del territorio es del 94. Hacía falta un nuevo texto adaptado a la nueva realidad con unos objetivos claros: reducir normas, simplificar, aclarar, facilitar una aplicación sencilla. Hasta 235 textos legales para cualquier proyecto se necesitaban hasta ahora. Se trata de simplificar, aclarar, pero dando seguridad jurídica y velando por la aplicación de la norma. En Andalucía se ha mirado hacia otro lado con el cumplimiento de la ley anterior. Fortalecemos la inspección urbanística, proponemos un nuevo cuerpo de subinspectores de urbanismo y clarificamos las competencias de la Junta y de los ayuntamientos.

«La Lista trata de simplificar y aclarar. Hasta 235 textos legales se necesitaban para cualquier proyecto»

¿En la actual situación de pandemia, cómo se encuadra el cambio de normativa?

Esta ley ahora viene como agua de mayo. Es una pata fundamental para ayudarnos a la reactivación y la creación de empleo. ¿Cuántos proyectos se quedaron en los cajones en momentos anteriores porque los municipios no contaban con planeamientos? Más de 300 planes generales anulados por sentencia. Andalucía no puede desaprovechar ni un solo proyecto sostenible. Andalucía tiene que salir de esta crisis y tiene que ser faro de la recuperación del país, de una forma vertebrada.

¿Cómo se traduce eso en el día a día de los municipios?

Es un traje a medida para cada ayuntamiento. La ley anterior exigía a todos por igual. Y los pequeños ayuntamientos no cuentan con los mismos recursos. No podemos hablar de despoblación si no contamos con los pequeños, que vertebrando la comunidad nos tienen que ayudar a la salida de la crisis. No es lo mismo un pueblo rural, del litoral o interior. Queremos un camino que sea mucho más rápido. De ocho a diez años era la media para un plan general.

En cuanto a infraestructuras, da la impresión de que hay dos Andalucías. ¿Urge una mayor vertebración de la zona oriental: Granada, Jaén, Almería?

Soy consciente de ese quejido y también he levantado la voz como granadina. Es un quejido que viene de una reclamación histórica. Tenemos la oportunidad de favorecer las inversiones para equilibrar el desarrollo de Andalucía. Esto supone buscar aquellas inversiones que deben ser productivas. Estamos asumiendo infraestructuras históricas que se quedaron en los cajones y diseñando una nueva Andalucía. La Lista nos va a ofrecer el diseño de nuevas ciudades con otras capacidades y otro desarrollo sostenible. Las infraestructuras ayudan a vertebrar pero también a favorecer actividades que necesitan su impulso. Me refiero a la conexión de áreas logísticas. El objetivo de la Junta es posicionar a Andalucía como la gran plataforma en el sur de Europa. Vamos a dar comienzo al Puerto Seco de Antequera, en el corazón de Andalucía. Estamos actuando en San Roque, vinculado al Puerto de Algeciras. También los puertos pequeños, con esos puertos-ciudad y ahí necesitamos también las infraestructuras viarias y sobre todo ferroviarias. Necesitan el impulso inversor de los corredores Mediterráneo y Atlántico central. En Andalucía confluyen ambos, en Algeciras. Son fundamentales para sacar las mercancías y favorecer el sector agroindustrial. Europa apuesta por el ferrocarril como sistema limpio que saca coches y camiones de las carreteras. Es momento para apostar, revisar el mapa en su conjunto, favorecer la mejora y culminar con los Next Generation el Corredor Mediterráneo pero comenzando desde el sur. Desde Algeciras, continuando por Pulpí, llegando a Almería. Ahí tenemos una oportunidad muy importante para vertebrar.

¿Con la Lista se evitarán nuevos “Algarrobicos”?

Es algo que nos avergüenza a todos. Lo visualizamos como lo que no se debió hacer, en una zona de especial protección, como nuestra Doñana de la Andalucía occidental. Debemos aprender de los errores, del mirar para otro lado, ayuntamiento y Junta. Esta ley es restrictiva, no va a favorecer proyectos como esos. Mantiene una protección que tiene que continuar de otras leyes sectoriales. Y desde la Junta vamos a velar por su cumplimiento. Hemos madurado. Los proyectos deben ser sostenibles.

Comparaba el Cabo de Gata con Doñana, ¿qué va a pasar con la autovía Cádiz-Huelva?

Es un proyecto polémico. Entiendo que se podría haber encontrado una solución si se quiere, porque son las dos únicas provincias que carecen de conexión directa viaria. Pero es verdad que tenemos Doñana, que es nuestra joya de la corona. Siempre que se ha presentado esta infraestructura ha sido con todo el cuidado y protección a Doñana, que está por encima de todo. No obstante, me he encontrado con otros proyectos prioritarios que también eran históricos con consenso social y que medioambientalmente eran más fáciles de conseguir su aprobación. Un proyecto de esas características necesita el máximo acuerdo y consenso.

Proyectos históricos tiene todos los que quiera. ¿Cómo van?

En muy poco tiempo hemos dado pasos firmes. Hemos retomado la autovía del Almazora, que es de las inversiones productivas para la salida del mármol; la culminación de la autovía del Olivar, en Jaén y en paralelo la licitación del proyecto del tramo Martos-Alcaudete. En Córdoba, también la Autovía del Olivar a su paso por Cabra. En Málaga, la autovía Málaga-Campillos-Ronda, que carecía de ningún papel. Hay que invertir en la redacción de proyectos. Respecto a los metros, Sevilla venía reclamando su red una década después. Agarramos el toro por los cuernos y decidimos invertir en los proyectos. Encontramos proyectos constructivos de hace una década, caducados y por los que pagamos 17 millones. La casa por los cimientos: licitamos el tramo constructivo del tramo norte, han terminado las catas, el proyecto continúa respetando el trazado anterior. El tramo sur está a punto de adjudicarse. En este caso hemos querido adaptarlo a Palmas Altas porque hay otras necesidades. No sé qué decisión va a tomar el Gobierno. La Junta ha remitido como estratégica la ampliación del metro para optar a los Next Generation. Voy a pedir una cita con el ministro para despejar las dudas sobre la financiación. El metro debe ser unos de los proyectos principales de Sevilla para el Gobierno, una vez que ha abandonado los túneles de la SE-40: la infraestructura principal de su competencia para la provincia de Sevilla y para Andalucía porque conecta Sevilla, Cádiz y Huelva. Se ha remitido también la ampliación del metro de Málaga y de Granada. Incluso estamos dando prioridad a proyectos del Estado, por su importancia, como la combinación de los corredores a su paso por nuestra comunidad, con especial interés en la línea ferroviaria Bobadilla-Algeciras.

 «Soy consciente del quejido de la Andalucía oriental, que viene de una reclamación histórica. Tenemos la oportunidad de equilibrar»

¿Le dará el Gobierno un empujón al alcalde de Sevilla con la financiación, ahora que es candidato a liderar el PSOE-A?

Con el Ayuntamiento hemos trabajado, este es un Gobierno de diálogo. Sevilla cuenta con un buen proyecto de ampliación. Nos encontramos proyectos obsoletos, tirando ese dinero a la basura. Una década después, este Gobierno tuvo que pagar la reclamación más importante junto al caso Nevada, de 166 millones por el sobrecoste del metro de Sevilla por sentencia firme después de que el Gobierno anterior renunciase a negociar con las empresas cualquier alternativa. Podríamos haber dado comienzo a la ampliación. El metro de Sevilla, por la ineficacia, por la falta de control, nos ha costado un sobrecoste del 100% del proyecto. Ahora estamos poniendo todos los controles en cada proyecto, desde la pequeña carretera, para evitar sobrecostes y velar por el dinero público y que los recursos vayan a inversión y no a reclamaciones. En el primer año se ha pagado más de 1.000 millones en reclamaciones.

¿Cómo paliarán el déficit en la conservación de carreteras, con el 40% en mal estado?

No se invirtió lo suficiente en conservación. La principal preocupación es conservar nuestro patrimonio: 10.500 kilómetros, casi igual que las de competencia del Estado. Conservar es garantizar la seguridad vial y salva vidas. De 2008 a 2018 el PSOE redujo a la mitad el presupuesto de conservación de carreteras. Incluso nos dejó caducados los contratos de conservación. Mi objetivo es llegar a lo que se invirtió hace una década, tras incrementar año a año el presupuesto.

Ceacop se quejó de que son diez años sin invertir en vivienda.

Hemos retomado la promoción de viviendas a precio asequible, sobre todo para jóvenes, en venta o alquiler. En primer lugar, con el programa de fomento del alquiler. En segundo, con formas de colaboración privada, a través de AVRA con la fórmula de permuta de suelo. La tercera pata: favoreciendo la reducción de impuestos. Reclamo al Gobierno de España que haga lo mismo, como lo ha hecho la Junta.

¿La estocada de la Covid al transporte público cómo ha sido de honda?

Ha sido un año muy complicado por las restricciones de movilidad. Se ha hecho un enorme esfuerzo. Vamos recuperando usuarios. Si seguimos mejorando el transporte público en seguridad, prestaciones, con más puntualidad, vamos a recuperar a los usuarios. Los metros están al 56% del 2019, el año precovid.

¿Cómo atajó la guerra del taxi y las VTC?

Se venía de no haber hecho caso a ninguno muchos años, especialmente al taxi. Encontré un sector abandonado, que venía reclamando adaptarse a la nueva realidad, ayudas para poder competir y prestar mejor servicio. Tuvieron sólo una reunión en cinco años. Agarramos el toro por los cuernos y trabajamos en el decreto que regula el taxi para añadir medidas que se venían reclamando, como el taxi compartido, la digitalización, mejoras en los vehículos. Espero que el nuevo reglamento les ayude en estos momentos complicados.

¿Cumplirá con todos estos proyectos o iremos a elecciones anticipadas?

La pregunta del millón. El presidente ha sido claro en público y en privado, el conjunto del Gobierno somos consciente de la responsabilidad, son muchos proyectos. La prioridad es Andalucía y los andaluces, la asistencia sanitaria, vacunar, vacunar y vacunar y la reactivación económica, no elecciones.

La Razón

• El Gobierno andaluz asegura que se van a realizar 400 actuaciones en centros educativos por valor de 140 millones de euros

El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha destacado este lunes que el Plan de Infraestructuras Educativas 2020-2027 impulsado por su departamento incluye la “mayor apuesta de la historia” por la bioclimatización y las energías renovables”, con 400 actuaciones de instalación de sistemas de refrigeración adiabática y placas solares fotovoltaicas en centros públicos andaluces por valor de 140 millones de euros.

Así lo ha indicado el consejero en rueda de prensa en Sevilla, en la que ha estado acompañado por la viceconsejera, María del Carmen Castillo, y el director de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), Manuel Cortés, y en la que ha informado de la aprobación de la nueva programación de actuaciones en infraestructuras educativas del año 2021, en la que se incluyen 593 obras de creación, ampliación o mejora de centros educativos públicos de Andalucía, 300 más que en el plan de 2020, con un presupuesto programado de 285,2 millones.

Esta programación, que ejecutará la APAE, constituye la segunda anualidad del citado Plan de Infraestructuras Educativas 2020-2027 impulsado para dar respuesta de forma ordenada y planificada a las demandas y nuevos retos del sistema público educativo andaluz en este horizonte temporal.

Durante su intervención, Imbroda ha explicado que el citado plan de bioclimatización y renovables en Andalucía da continuidad a los proyectos piloto de adiabática y fotovoltaica iniciados en 2020, “con la novedad de que en 2021 ambas actuaciones se ejecutarán de forma simultánea en los centros, de manera que se cubrirán tanto las necesidades de mejora de la climatización de los centros como las de ahorro y la eficiencia energética de los mismos”. En este sentido, el consejero ha avanzado que este año se realizarán en torno al 20% de las obras, que comenzarán a la vuelta del verano, y se suman a los 24 proyectos de refrigeración activa y 23 de renovables que se iniciaron el año pasado por primera vez.

EN 2021, “LA MAYOR INVERSIÓN DESDE 2010”
Imbroda ha resaltado que la Consejería ha aumentado en 2021 el presupuesto disponible destinado a infraestructuras docentes hasta alcanzar los 190 millones de euros “la mayor inversión desde el 2010”.

Este incremento del presupuesto “permitirá adelantar 676 actuaciones pendientes desde el 2017 por un valor de 66 millones que se unen a las 874 ya finalizadas en el periodo 2019-20. De las cuales –ha aclarado el consejero–, 150 intervenciones se han llevado a cabo en colegios e institutos situados en zonas de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (ERACIS) por un valor de 19 millones”.

Respecto a la ejecución del presupuesto en estos dos años (19-20), el consejero ha señalado que “ha sido del 100% con un incremento de 16 millones, es decir, un 15% más que en los ejercicios 2017 y 2018”. “Este aumento de la inversión viene respaldado por una extraordinaria ejecución del presupuesto”, ha dicho.

Imbroda ha informado también de que desde junio de 2020 se han licitado en Andalucía 614 actuaciones a través de acuerdo marco, el nuevo sistema de adjudicación de obras de importe inferior a 500.000 euros puesto en marcha por la Consejería que “permite reducir” los plazos entre el inicio del expediente y la adjudicación de hasta cuatro meses a dos semanas.

Esta iniciativa, ha subrayado, “tiene como finalidad agilizar los procedimientos de contratación de obras y dar una respuesta más eficaz a las necesidades de las infraestructuras educativas andaluzas”. En concreto, ha indicado el titular de Educación, “de esas 614, 339, un 55% han finalizado en menos de nueve meses”.

ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA Y CLIMATIZACIÓN
En 2021 se pone en marcha por primera vez un programa para actuar conjuntamente en la mejora de las condiciones de climatización de los centros educativos y en la eficiencia energética de los mismos, partiendo de los buenos resultados de los proyectos pilotos de adiabática y renovables puestos en marcha en 2020. Así, en cada uno de los 400 centros previstos se realizará una actuación que incluirá dos instalaciones: una de refrigeración adiabática y otra de paneles fotovoltaicos para la producción de energía eléctrica.

La refrigeración adiabática es un sistema de climatización alternativo al aire acondicionado convencional que funciona bajando la temperatura del aire interior mediante la evaporación del agua. Sus principales ventajas son el bajo consumo eléctrico –hasta un 80% inferior al del aire acondicionado–, las menores emisiones de CO2 y el menor coste de inversión inicial y de funcionamiento. Además, funciona con las ventanas abiertas, en línea con lo recomendado en la actual situación de Covid-19, y utiliza siempre aire fresco, sin recirculación, mejorando así la calidad del aire interior.

En cuanto a la instalación de placas solares fotovoltaicas, esta permite una reducción drástica del consumo de energía eléctrica en los centros educativos, estando previsto además que el excedente pueda volcarse a la red, generando así un retorno de la inversión.

Estas 400 actuaciones, que se llevarán a cabo en centros ubicados en las zonas con mayor severidad climática en verano, permitirán un importante avance en la actualización y modernización del parque de centros educativos públicos. Está previsto, además, que tanto la refrigeración adiabática como las instalaciones fotovoltaicas se incorporen a las normas de diseño de los edificios docentes en Andalucía, de manera que todos los nuevos centros que se construyan cuenten ya con ambos sistemas.

Igualmente, Imbroda ha detallado otros programas recogidos en el plan como 66 actuaciones para mejorar las condiciones de las infraestructuras de centros educativos que hayan quedado obsoletas o dotarlas de requisitos o espacios de los que carezcan, de manera que puedan prestar un servicio educativo de calidad que responda a las demandas actuales. Estas actuaciones tienen un valor de 16,3 millones.

Otras 34 obras, con un presupuesto de 97,5 millones, que tienen como objetivo resolver necesidades de escolarización, lo que incluye la construcción de nuevos centros y ampliaciones que doten al sistema de nuevos puestos escolares o que permitan el incremento de enseñanzas, como Bachillerato. Dentro de este programa se ha dado prioridad a aquellas actuaciones que hagan posible la retirada de aulas prefabricadas o eviten poner nuevas en el futuro.

Además, en la programación de 2021 se incluyen 40 actuaciones para resolver necesidades de origen técnico que afectan las condiciones de habitabilidad, seguridad o funcionalidad de los centros y que se consideran prioritarias con un valor de 6,3 millones. También, como continuación de años anteriores, se programan 44 actuaciones específicas de retirada de amianto en centros educativos que supondrá una inversión de 2,2 millones.

Por segundo año se incluye el programa específico de atención preferente a las infraestructuras de centros de Educación Especial, con el que la Consejería quiere reforzar el apoyo a los centros que atienden a alumnado con características especiales. Dentro de este programa se incluyen nueve intervenciones para 2021 (7,2 millones) que se suman a las siete del pasado año.

Asimismo, a este plan de infraestructuras se podrán incorporar a lo largo del año actuaciones que surjan por necesidades o incidencias sobrevenidas, como es el caso de las urgencias técnicas o las obras de escolarización de verano, que se determinan una vez cerrado el periodo de escolarización del alumnado. Para estas actuaciones se estima, respectivamente, un presupuesto de 9 y 2,5 millones.

Por último, ante las continuas demandas de diferente casuística, que tanto los centros educativos como los ayuntamientos realizan a las delegaciones territoriales, se ha establecido un importe por provincia que “asciende a un total de cuatro millones de euros”, se indica desde Educación.

La Razón

• La presidenta de Ceacop lamenta que “en diez años no se ha construido prácticamente vivienda” en la comunidad autónoma

La construcción no está siendo especialmente azotada por la pandemia y su vigor resulta clave en la economía andaluza. Ana Chocano, reelegida presidenta del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop), analiza el horizonte del sector.

¿Cómo es la salud de las empresas constructoras tras un duro año marcado por la pandemia?

Afortunadamente, nuestro sector no ha sido de los más perjudicados por la covid. Nuestras producciones han bajado, al igual que nuestros rendimientos en la ejecución de las obras, pero hemos conseguido mantener la actividad. Sí es verdad que hemos tenido que tomar una serie de medidas adicionales para proteger la salud de nuestros trabajadores frente a los contagios. Sin embargo, hemos tenido la suerte de poder seguir trabajando. Eso, en comparación con el resto de sectores de la economía, ya es un avance.

Las cifras de desempleo no han afectado demasiado.

Al poder mantener la actividad, hemos sido capaces de proteger lo que teníamos e incluso incorporar algunos trabajadores más. Las empresas que integran Ceacop están más enfocadas a las infraestructuras y a la obra pública y dependen de los presupuestos que destinen las administraciones. Si destinan recursos, somos capaces de movilizarlos y rentabilizarlos no sólo en lo que construimos, sino en la creación de empleo, que en la situación actual de nuestra región es muy importante.

¿Todas las administraciones han reducido su inversión en obra pública?

El año pasado, las administraciones invirtieron en Andalucía 1.723 millones de euros, que supone un descenso del 14 por ciento respecto a 2019. Tiene lógica por la situación de pandemia y durante varias semanas se paralizó totalmente la licitación de infraestructuras en todo el país. El Gobierno central disminuyó especialmente los recursos. En Andalucía adjudicó 289 millones de euros. Los consistorios y la Junta sí aumentaron las inversiones, alcanzando casi los 640 millones de euros. Han equilibrado el brusco descenso del Gobierno central, que disminuyó la inversión en más del 60 por ciento.

¿Son cifras alarmantes o el sector las puede soportar?

Estimamos que para mantener 225.000 empleos en la construcción necesitaríamos una cifra de inversión de 2.800 millones de euros por parte de todas las administraciones. Nos hemos quedado en 1.723. Todavía estamos muy lejos. Con una cifra por debajo de los 800 millones de euros por parte del Gobierno central, que al final es el que tiene la responsabilidad de la inversión en infraestructuras grandes, es difícil que esa cifra pueda subir.

Recientemente reclamó un plan de infraestructuras dotado de 4.000 millones de euros anuales, destinado a obra civil y vivienda. ¿Se lo ha trasladado a las administraciones?

Estas reclamaciones las trasladamos a todo el que nos quiere oír. Hicimos esa reclamación hace diez meses y era la suma de la inversión en infraestructuras y del sector privado. Este sector estaba retomando su actividad justo antes de la covid y se estaban promoviendo nuevas viviendas. La pandemia, y la incertidumbre que creó, hizo que los inversores se lo pensaran. Fueron más precavidos y dilataron los plazos.

Se reactivó la construcción de vivienda de renta libre. ¿Es el momento de que se aborde la ejecución de viviendas de protección oficial?

Llevamos casi diez años en los que no se ha construido prácticamente vivienda en Andalucía. Obviamente, la población evoluciona, crece y necesita lugares donde residir. Cambian los usos y costumbres y también las necesidades. Ahora todos queremos que nuestras viviendas sean eficientes energéticamente. No todo se debe basar en la rehabilitación, también se necesita vivienda nueva.

¿Apuesta el Gobierno central por la adjudicación a empresas andaluzas?

No. Sólo el 30 por ciento de las adjudicaciones se hicieron a empresas andaluzas, que son las que conocen el mercado y tienen los medios a pie de obra. Todas las administraciones deben ser cumplidoras de la ley a la hora de adjudicar, pero también es verdad que a menudo sólo se basan en criterios económicos. Hay que tener en cuenta el empleo, la estabilidad y los medios que se tienen sobre el terreno.

Hay proyectos que se dilatan demasiado en el tiempo, por ejemplo la SE-40 o el metro de Sevilla. ¿Cómo afectan estas demoras?

Afectan a las empresas y a la sociedad, que es la principal perjudicada por esta inestabilidad. Las consecuencias son graves. La SE-40 es fundamental para reducir el tráfico en Sevilla y combatir la contaminación.

La Razón

• La presidenta de Ceacop lamenta que “en diez años no se ha construido prácticamente vivienda” en la comunidad autónoma

La construcción no está siendo especialmente azotada por la pandemia y su vigor resulta clave en la economía andaluza. Ana Chocano, reelegida presidenta del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop), analiza el horizonte del sector.

¿Cómo es la salud de las empresas constructoras tras un duro año marcado por la pandemia?

Afortunadamente, nuestro sector no ha sido de los más perjudicados por la covid. Nuestras producciones han bajado, al igual que nuestros rendimientos en la ejecución de las obras, pero hemos conseguido mantener la actividad. Sí es verdad que hemos tenido que tomar una serie de medidas adicionales para proteger la salud de nuestros trabajadores frente a los contagios. Sin embargo, hemos tenido la suerte de poder seguir trabajando. Eso, en comparación con el resto de sectores de la economía, ya es un avance.

Las cifras de desempleo no han afectado demasiado.

Al poder mantener la actividad, hemos sido capaces de proteger lo que teníamos e incluso incorporar algunos trabajadores más. Las empresas que integran Ceacop están más enfocadas a las infraestructuras y a la obra pública y dependen de los presupuestos que destinen las administraciones. Si destinan recursos, somos capaces de movilizarlos y rentabilizarlos no sólo en lo que construimos, sino en la creación de empleo, que en la situación actual de nuestra región es muy importante.

¿Todas las administraciones han reducido su inversión en obra pública?

El año pasado, las administraciones invirtieron en Andalucía 1.723 millones de euros, que supone un descenso del 14 por ciento respecto a 2019. Tiene lógica por la situación de pandemia y durante varias semanas se paralizó totalmente la licitación de infraestructuras en todo el país. El Gobierno central disminuyó especialmente los recursos. En Andalucía adjudicó 289 millones de euros. Los consistorios y la Junta sí aumentaron las inversiones, alcanzando casi los 640 millones de euros. Han equilibrado el brusco descenso del Gobierno central, que disminuyó la inversión en más del 60 por ciento.

¿Son cifras alarmantes o el sector las puede soportar?

Estimamos que para mantener 225.000 empleos en la construcción necesitaríamos una cifra de inversión de 2.800 millones de euros por parte de todas las administraciones. Nos hemos quedado en 1.723. Todavía estamos muy lejos. Con una cifra por debajo de los 800 millones de euros por parte del Gobierno central, que al final es el que tiene la responsabilidad de la inversión en infraestructuras grandes, es difícil que esa cifra pueda subir.

Recientemente reclamó un plan de infraestructuras dotado de 4.000 millones de euros anuales, destinado a obra civil y vivienda. ¿Se lo ha trasladado a las administraciones?

Estas reclamaciones las trasladamos a todo el que nos quiere oír. Hicimos esa reclamación hace diez meses y era la suma de la inversión en infraestructuras y del sector privado. Este sector estaba retomando su actividad justo antes de la covid y se estaban promoviendo nuevas viviendas. La pandemia, y la incertidumbre que creó, hizo que los inversores se lo pensaran. Fueron más precavidos y dilataron los plazos.

Se reactivó la construcción de vivienda de renta libre. ¿Es el momento de que se aborde la ejecución de viviendas de protección oficial?

Llevamos casi diez años en los que no se ha construido prácticamente vivienda en Andalucía. Obviamente, la población evoluciona, crece y necesita lugares donde residir. Cambian los usos y costumbres y también las necesidades. Ahora todos queremos que nuestras viviendas sean eficientes energéticamente. No todo se debe basar en la rehabilitación, también se necesita vivienda nueva.

¿Apuesta el Gobierno central por la adjudicación a empresas andaluzas?

No. Sólo el 30 por ciento de las adjudicaciones se hicieron a empresas andaluzas, que son las que conocen el mercado y tienen los medios a pie de obra. Todas las administraciones deben ser cumplidoras de la ley a la hora de adjudicar, pero también es verdad que a menudo sólo se basan en criterios económicos. Hay que tener en cuenta el empleo, la estabilidad y los medios que se tienen sobre el terreno.

Hay proyectos que se dilatan demasiado en el tiempo, por ejemplo la SE-40 o el metro de Sevilla. ¿Cómo afectan estas demoras?

Afectan a las empresas y a la sociedad, que es la principal perjudicada por esta inestabilidad. Las consecuencias son graves. La SE-40 es fundamental para reducir el tráfico en Sevilla y combatir la contaminación.

La Razón

• La Junta acomete «un ambicioso programa de mejoras» a través de un «plan de choque». El Presupuesto se ha incrementado desde los 80 millones de 2018 a 134 en 2020 y 120,8 más 100 en inversiones en 2021

Las consecuencias de la anterior crisis aún se sienten mientras sobreviene una nueva recesión. Sólo hay que mirar al asfalto: casi el 40% de la red autonómica de carreteras presenta deterioros en el firme, según el Informe sobre el Estado Actual de las Carreteras y los Planes de Conservación de las mismas elaborado por la Dirección General de Infraestructuras de la Consejería de Fomento y recogido por el Colegio Oficial de Ingenieros, Caminos, Canales y Puertos en su Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla en su revista «Caminos». El estado actual de la red viaria conlleva un ambicioso programa de mejora del firme por parte de la Junta.

De los 10.574 kilómetros de la Red Autonómica de Carreteras de Andalucía, 4.183,49 kilómetros presenta deterioros. En un estado muy deteriorado se encuentran casi 1.818 kilómetros, lo que supone el 17% del total y donde el firme presenta «grietas de gran importancia, pérdida de material o hundimientos». Hay otros 2.365 kilómetros, el 22% del total, «algo deteriorados», al presentar «firmes con fisuras generalizadas y de mayor entidad y baches localizados».

La propia Junta explica que el estado actual de las carreteras responde a «años de baja inversión» en el mantenimiento, por lo que se hace necesario «un ambicioso programa de mejoras» de los firmes en peor estado. Desde el arranque de la crisis del ladrillo en 2008 hasta el final del mandato del PSOE en la Junta en 2019, el presupuesto de conservación de carreteras cayó un 50%. El Ejecutivo actual de PP y Cs pretende recuperar esa inversión perdida. La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio prepara un «plan de choque» de carácter anual. De entrada, se han revisado los 35 contratos de conservación de carreteras que hay, de los que 32 estaban caducados o cercanos a ello. «En 2019 se adjudicaron 24 contratos por un importe de 133 millones de euros que recogían el 77% de los 10.500 kilómetros de la red viaria andaluza», recoge el Colegio Oficial de Ingenieros, Caminos, Canales y Puertos. A inicios de 2020 se cerró el resto de contratos por un montante de 46,6 millones, lo que arroja una cifra total de 179,6 millones. En 2020 se destinó al mantenimiento de carreteras 182,67 millones, incrementando la dotación a través de ampliaciones presupuestarias que elevaron la cuantía prevista un 37,29%. En agosto del pasado año se derivaron otros 30 millones para 400 pequeñas actuaciones con trabajos en la A-92 (tramos de Almería, Granada y Sevilla), también la reparación de tres pasos superiores sobre el ferrocarril en el término de Jódar (Jaén); la reparación de la estructura sobre el río Cuzna, en la carretera A-3176, en Córdoba; la del puente sobre el río Alhama en la travesía de Santa Cruz del Comercio (Granada); y la del puente sobre el arroyo Salado, que une la A-8128 y A-371, en Montellano (Sevilla). Asimismo, la Junta también ha invertido en la redacción de proyectos importantes como la adecuación de instalaciones de los túneles del Serrallo, en la Ronda Sur; el de construcción de la conexión sur de la Alpujarra, todos ellos en Granada; la búsqueda de alternativas a la conexión entre la A-92 y la A-44; una pasarela peatonal en Coín (Málaga); la actualización del proyecto de la variante de Vélez Rubio; la mejora de la seguridad vial en la travesía de Albánchez; y el estudio informativo de la conexión del Puerto de Garrucha con la Autovía del Mediterráneo A-7 en Almería.

El director general de Infraestructuras de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta, Enrique Manuel Catalina, señaló al Colegio de Ingenieros, Caminos, Canales y Puertos en su Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla que «se ha hecho un esfuerzo importantísimo desde que hemos llegado, incrementado el presupuesto desde los 80 millones de euros de 2018 a los 134 millones que se dispuso en los presupuestos de 2020. Prueba del estado de nuestra red es el elevado número de obras de emergencia, unas 46, que nos hemos visto obligados a sacar desde febrero de 2019, con un presupuesto de unos 31 millones de euros». Para 2021 se parte de un presupuesto de 120,8 millones para conservación y cerca de 100 para obra nuevo, además de 50 millones para la ITI de Jaén a través del Feder.

«Otro de los grandes problemas» heredados han sido «las obras adjudicadas con malos proyectos y bajas excesivas». «Esta conjunción nos ha obligado a rescindir cuatro obras contratadas y bloqueadas en su ejecución, con el perjuicio que esto provoca en los plazos y en las arcas públicas», apuntó el director general de la Consejería que dirige Marifrán Carazo. Entre las asignaturas pendientes, destaca la Autovía del Olivar, al estar inconclusa y vertebrar toda una comarca.

417 actuaciones en 1.200 kolómetros desde el verano de 2020

En el último balance de febrero de 2021, la consejera de Fomento cifraba en 417 las actuaciones desarrolladas desde el verano de 2020 en 1.200 kilómetros, la gran mayoría localizados entre 1.800 kilómetros calificados como muy deteriorados por el informe realizado por la Dirección General. El trabajo de los profesionales de la conservación de carreteras ha sido arduo. Esta semana pasada la consejera de Fomento presidió el homenaje en Santa Fe a los once equipos de trabajadores del servicio de Conservación de Carreteras que se desplazaron a Madrid para paliar los efectos de la borrasca Filomena. «Trabajáis para garantizar la seguridad de nuestras vías durante las 24 horas del día todos los días del año», agradeció Marifrán Carazo.

La Razón

• La Diputación de Almería y la Consejería de Desarrollo Sostenible formalizan un calendario de pagos de 5,3 millones pendientes desde 2013 por la obra de conducción entre la desaladora de Carboneras y el Almanzora

La Junta de Andalucía ha puesto fin a una “deuda histórica” con la empresa pública Gestión de Aguas del Levante Almeriense S.A (Galasa) para garantizar el suministro hídrico en las comarcas del Levante y del Almanzora una vez que el presidente de la sociedad y, a su vez, presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, y la consejera de Desarrollo Sostenible del Gobierno, Carmen Crespo, han formalizado un calendario de pagos para abonar 5,3 millones de euros pendientes de cobrar desde 2013 por la obra de conducción entre la desaladora de Carboneras y el Almanzora.

El plan permitirá reembolsar en 17 plazos entre 2020 y 2036 las cuantías hasta completar la deuda pendiente de una obra que supuso una inversión total de 10.319.846 euros. Asimismo, el pasado mes de diciembre la Junta de Andalucía saldó una deuda de 514.864 euros de una obra que se ejecutó para acabar con los vertidos de Turre, Garrucha y Mojácar. Esta actuación supuso una inversión de 985.704 euros de la que hasta el momento no se había “pagado ni un solo euro”.

García ha agradecido el “compromiso” del Gobierno andaluz con Almería: “Almería y los problemas de los almerienses están en el centro de la agenda política de la Junta de Andalucía. Hoy se salda una deuda histórica con la provincia y con la empresa pública Galasa. Gracias al presidente y a la Consejería por desbloquear esta situación y siete años de impagos”, ha dicho.

El presidente ha agradecido también el pago de la deuda pendiente del emisario de aguas residuales de Mojácar, Garrucha y Turre y ha recordado la apuesta de Diputación por la empresa pública. “Cumplimos con el Levante y logramos, tras 25 años, que los hogares y negocios de la comarca tuvieran, por fin agua potable. Ha sido el Gobierno de la Diputación el que ha afrontado las medidas para salvar Galasa y garantizar que se preste este servicio desde lo público a 23 municipios. Desde 2011 nuestra máxima prioridad ha sido garantizar el agua en los 103 municipios con más de 40 millones de inversión”, ha indicado.

Durante su intervención, la consejera ha informado de que el 60 por ciento de los municipios almerienses cuentan actualmente con un proyecto relativo a infraestructura hidráulicas con licitación iniciada. “Estamos invirtiendo ya más de 70 millones de euros en los municipios de la provincia de Almería que no tenían depuración”, ha explicado la responsable autonómica de Medio Ambiente, que considera “vital” esta cuestión.

Crespo ha apostado por la colaboración entre administraciones porque, de esta forma, “se multiplican esfuerzos y se ofrecen más posibilidades”. Por este motivo, ha afirmado que desde la Junta de Andalucía se continuará cooperando con la Diputación Provincial de Almería para “seguir avanzando hacia un objetivo común: el agua en una provincia que la necesita de forma imperiosa para seguir creciendo y abasteciendo a los municipios”.

La consejera ha resaltado que las actuaciones en materia de infraestructuras hidráulicas que está impulsando el actual Gobierno andaluz en el marco del plan ‘Andalucía en Marcha’ suponen un avance en el ámbito de las aguas regeneradas y, además, ofrecen posibilidades de reactivación económica en las zonas rurales al general empleo verde.

El acto, que se ha celebrado en la sede del Gobierno andaluz en Almería ha contado con la presencia de la delegada de la Junta, Maribel Sánchez Torregrosa, el director general de Infraestructuras del Agua, Sergio Arjona, el vicepresidente de Galasa, Óscar Liria, así como el consejero delegado de Galasa, Antonio Martos y las delegadas de Agricultura, Aránzazu Martín, y de Desarrollo Sostenible, Raquel Espín.

La Razón

• Insiste en que”la sociedad necesita las infraestructuras que se están ejecutando”

La presidenta de Ceacop (Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública), Ana Chocano Román, ha escrito una carta al ministro de Sanidad, Salvador Illa, para ponerle de manifiesto que “el desarrollo de nuestra actividad se está viendo gravemente afectado, por un lado, por una falta de directrices claras y precisas y de uniformidad en todo el territorio” y reclamarle consecuentemente “coordinación de todas las administraciones en la adopción de un criterio uniforme que permita la continuidad de la actividad, y que nos permita garantizar la seguridad de las obras”.

“Recibimos a veces indicaciones contradictorias de distintas administraciones, que nos originan asumir responsabilidades que no nos corresponden”, ha expresado en su misiva la presidenta de Ceacop, a la que ha tenido acceso Europa Press.

Chocano explica al ministro de Sanidad que la iniciativa responde a trasladarle “en lo que a nuestro sector incumbe, nuestra valoración sobre la situación y las medidas extraordinarias decretadas por el Gobierno de España ante la crisis sanitaria provocada por los efectos del Covid-19”.

“En primer lugar, queremos hacer constar que en nuestro ánimo está hacer una aportación positiva a la crisis. Entendemos que, desde nuestra posición, y en un ejercicio de responsabilidad social, la mejor aportación que podemos hacer es mantener nuestra actividad . Trabajar, que es lo que sabemos hacer”, ha sostenido la presidenta del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública.

“La sociedad necesita las infraestructuras que se están ejecutando. En nuestra responsabilidad garantizar el cumplimiento de los contratos para que estas infraestructuras estén en buen estado y en funcionamiento, sobre todo cuando esta situación se normalice”, ha argumentado Ana Chocano, quien ha apuntado que este ejercicio “es vital para la correcta marcha de un país que pueda contar con las infraestructuras necesarias”.

Entre las reivindicaciones que ha trasladado Ceacop al ministro de Sanidad, tras explicarle que “mantenemos la actividad en nuestras obras, adoptando todas las medidas de seguridad posible, las que ya estaban reguladas como obligatorias en el desarrollo diario de nuestra actividad, reforzadas con las indicaciones de seguridad transmitidas en el Real Decreto 463/20202”, figuran “el compromiso de que los trámites administrativos y certificaciones de obras no se verán paralizados”, así como “garantía de cobro en tiempo y forma, para que las empresas puedan seguir asumiendo los gastos y cumpliendo los compromisos de pago”, además de “la no penalización de las obras por retrasos ocasionados por la situación de crisis actual”.

Ceacop ha planteado al Ministerio que se facilite a las empresas “el material de protección adecuado para que los trabajadores desarrollen con seguridad su actividad”, así como directrices sobre la movilidad de las cuadrillas de trabajo, el hospedaje de los trabajadores desplazados fuera de su ciudad, comidas, para lo que reclama “la disponibilidad de lugares de comida cerca de las obras”.

Chocano, por último, pide al ministro “medidas financieras” específicas para el sector de la construcción, entre ellas líneas ICO específicas.

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• La patronal de la construcción reclama que las planificaciones y anuncios se concreten en proyectos y obras «reales» y exige a la Junta que «cumpla» con lo consignado a este ámbito en el Presupuesto

Lo que queremos es que haya una inversión real en infraestructuras y no sólo anuncios de planificaciones». Así lo asegura a LA RAZÓN Ana Chocano, presidenta del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción (Ceacop), una organización que concreta el montante económico que deben invertir todas las administraciones –Gobierno central, Junta de Andalucía, ayuntamientos y diputaciones provinciales– para cubrir las necesidades de la región en materia de infraestructuras: entre 2.500 y 2.800 millones de euros. «Tenemos claro que los niveles de inversión que había en 2006, 2007 o incluso 2008, cuando empezó la crisis de una manera más virulenta, no se van a repetir», reconoce, además de subrayar que con la cantidad que plantea se conservaría todo el patrimonio en infraestructuras y se completarían proyectos tan necesarios como las redes de carreteras y de metros, el transporte metropolitano, las depuradoras y se mejoraría el trazado de las calles de las ciudades. En 2018, según los datos que aporta, la inversión llegó a los 1.300 millones de euros, en 2017 a los 1.100 y en 2016 a los 700.

Chocano señala que para concretar una infraestructura lo «fundamental» es que exista un Presupuesto. Andalucía ya aprobó el de este año y la patronal de la construcción lo valora positivamente, siempre que «se cumpla con lo consignado». «La experiencia nos dice que si se llega a una ejecución del 60 por ciento, el Gobierno de turno se lo toma como un éxito, cuando en realidad es un fracaso», insiste, al tiempo que recuerda que la Ley de Presupuestos «es una de las principales normas que se aprueban cada año en los parlamentos y que reiteradamente se incumple». Por lo que respecta a las cuentas andaluzas, al tener un carácter anual, considera que lo consignado a los metros de Sevilla y Málaga «es una parte ínfima de lo que se necesita realmente». El metro de Sevilla recibe casi un millón de euros para la redacción de proyectos. Chocano, no obstante, valora positivamente que antes de que terminara 2019 se licitara una parte de la línea 3, pero «al ritmo que llevamos va a ser imposible que en esta legislatura empiecen las obras».

Sin embargo, la patronal apunta que, como Administración, el «máximo tractor» en materia de infraestructuras es el Gobierno central. En este punto, recuerda que «hemos atravesado una penuria bastante importante en 2019, con unos Presupuestos prorrogados que no plasmaban las necesidades de inversión», por lo que trabajar en este contexto «es bastante dificultoso». También hay que añadir los requisitos «que impone Europa de no endeudamiento de las administraciones públicas», lo que ha condicionado la puesta en marcha de numerosos proyectos. Chocano ve más sombras que luces ante la nueva etapa que ahora se inicia, con el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos. «Si se cumple todo lo que han venido anunciando, las infraestructuras no van a ser prioritarias», asegura en referencia a la mirada eminentemente social del nuevo Ejecutivo. El panorama se complica, a su juicio, porque lo poco que se adjudica se hace a la oferta más barata, además de tener que cumplir las empresas unas cláusulas sociales, en referencia a la contratación de parados de larga duración o la necesidad de formar a personas que llevan mucho tiempo desconectadas del mercado laboral. «Estamos encantados de cumplir esos requisitos, siempre y cuando el contrato tenga hueco», advierte.

La prioridad de la Consejería de Fomento es la aprobación de un nuevo Plan de Vivienda. Ceacop considera esta iniciativa una «oportunidad», sobre todo en un ámbito que ha permanecido casi en blanco durante una década, con la fórmula de la colaboración público-privada.

«Acelerar» las licitaciones de las obras vinculadas al canon del agua

La gestión en torno al canon del agua, un impuesto finalista que, en teoría, debe invertirse en obras de depuración, sigue estando bajo sospecha. La Junta acaba de denunciar un desfase de 71,5 millones de euros en la ejecución de estas obras en 2017, ya que el Gobierno anterior aseguró que había realizado obras por valor de 190 millones de euros, mientras que tanto la Cámara de Cuentas como la Intervención General de la Junta reducen esa cifra a 118,5. La presidenta de Ceacop, Ana Chocano, lamenta que en este ámbito hay «un dinero ocioso que se recauda a través de la factura del agua que no se emplea bien». No obstante, valora que antes de que concluyera 2019 la Junta licitara varios proyectos de obras de depuración y saneamiento, aunque insta al Gobierno andaluz a «acelerar» estos trámites. «Hay obras de depuración cuya oferta se presentó en enero, febrero o marzo del año pasado y a día de hoy no están adjudicadas», apunta. Igualmente, recuerda que hay casi 300 actuaciones declaradas de interés general y «al ritmo de una, dos o tres depuradoras al año vamos a tardar casi cien años en acabarlas». Ceacop insistió a los anteriores gobiernos sociales que este ámbito constituye «una oportunidad de trabajo». «Hay dinero para ello, las empresas necesitamos trabajar y nos estamos tecnificando de cara a la depuración de aguas, pero las licitaciones no echaban a andar». Siempre surgía algún problema, como los terrenos que los ayuntamientos debían poner a disposición de los proyectos. Un año después del denominado Gobierno del cambio en Andalucía, la patronal de la construcción cree que ha pasado un tiempo prudencial para que la Administración detecte «qué tiene y a dónde quiere llegar». Las licitaciones que tuvieron lugar a finales de 2019 son un «primer paso», pero, «como siempre, en Navidad se pierden unos días muy valiosos para la presentación de ofertas». Por tanto, la organización considera que la gestión en este ámbito es «francamente mejorable». «Lo que se necesita es que coja impulso y se llegue a una buena velocidad, ya que hay dinero y las empresas queremos trabajar».

La Razón

Entrevista a Francisco Felipe Fernández Olmo, presidente de CEACOP

• Aspira a que el sector alcance 225.000 empleos, la mitad de los que había en 2007

– El desplome de la actividad en la construcción se sitúa en el 90% entre 2008 y 2013. Son números que asustan.

–Pues imagínese, fue desastroso: una caída del empleo del 64%, la desaparición del 37% de las empresas y prácticamente el millón y medio de empleos de los tres que se han perdido en España.

–¿Se plantean en qué plazo la situación volverá a ser igual o es utópico pensarlo?

–Esto va a depender como siempre de los políticos, nosotros dependemos de la inversión pública, racional, no queremos obras faraónicas.

–Tampoco cuentan con la ejecución de viviendas de protección oficial.

–Lógicamente ese empleo es muy difícil recuperarlo. Por eso hablamos de que ojalá llegáramos no a los 460.000 que había al empezar la crisis, pero por lo menos al horizonte de los 225.000 empleos. Bastaría con que la inversión pública en lugar de los 1.600 millones rondara los 2.500-2.800 anuales.

–Dice que dependen de la Administración, que además no suele ser buen pagador.

–Es pagador tardío. ¿Nosotros qué queremos? Que se cumplan la Ley de Morosidad y la de Contratos de las administraciones públicas.

–¿No se están cumpliendo?

–No, no, además con un mayor problema: hasta tiempo atrás las entidades bancarias eran financiadoras de nuestra actividad. Hoy ya no ocurre eso. A raíz del decreto Guindos, se iguala ladrillo a construcción y las entidades dejan de financiar porque les exige aprovisionar el 50% ante el Banco de España, con lo cual no es operación.

–¿En cuánto tiempo se sitúa la demora en el pago?

–El año ha empezado francamente mal, apenas se han pagado a día de hoy las facturas de enero, pero además seguimos con atrasos de obras sin pagar del año pasado, sobre todo en el tema de la conservación, que nos ha llevado a exigir responsabilidades ante al Intervención General.

–¿Tienen cuantificada esa deuda?

–No, no lo sabemos. Tenemos más controlada la conservación de carreteras porque nos afecta y la seguimos día a día. Una Consejería, la de Fomento, que debía ser la que más invirtiera, de los 90 millones invertidos en 2014, a principios de año se adeudaba casi el 50% de lo que está adjudicando. En el caso sangrante de conservaciones, se sigue manteniendo una deuda de en torno a 25 millones. El mes pasado se pagó la factura de septiembre. Hay seis o siete meses sin pagar y eso ha llevado a que varias de las empresas estén en quiebra.

–¿Ha notado diferencia tras la salida de IU del Gobierno?

–La única el talante. Los anteriores estaban con su campaña política de las corralas y se desentendían por completo. Hay un problema de traspaso de fondos desde la Consejería de Hacienda a esas agencias, no solo la de Obra Pública. Se crearon para ser más eficaces y están sirviendo para ocultar el déficit mediante el no reconocimiento de deuda a las empresas constructoras.

–¿En qué situación se encuentra la reclamación judicial?

–La presentamos en el TSJA en enero y nos contestó admitiéndola. Lo que hicimos como asociación fue poner en su conocimiento la situación pero no podemos entrar en que cada uno individualmente reclame. Lo que pasa que no hay quien te quite dos años para una resolución de un problema que lo tienes ahora.

–Una queja reiterada de su organización es que no se cumplen los planes de inversión de la Junta.

–Desde el año 2005 se calcula que se ha ejecutado en torno al 58% de lo que había previsto. ¿Dónde está el resto del dinero?

–Eso le iba a preguntar.

–Muy fácil, ese famoso epígrafe donde pone «remanente de ejercicios anteriores». Es lo que no se ha gastado en el año anterior, pero que cada año se vende como nuevas inversiones cuando no es cierto. Ojalá se agotaran las inversiones porque estaríamos hablando de un desfase de 6.750 millones desde el año 2005 hasta aquí.

–¿Falta control?

–Falta sentido común. Y controles. La prueba es que ocurren tarde y mal, fiscalizan lo que ya se ha realizado y se hacen unos informes que no son vinculantes.

–Un ejemplo es el «caso ERE».

–Totalmente. En la medida en la que no hay una responsabilidad, no ya civil si no penal, con alguien que no hace bien sus deberes, todo vale. Entonces da igual cambiar unos presupuestos, no pagar a las empresas, hacer transferencias que no se deben…

–¿Defiende que se procese a los políticos por ello?

–Hombre, no se trata de procesar a nadie, pero al tratarse de dinero público la Administración debe ser más pulcra que cualquier empresa.

–A final de mes entra en vigor la Ley de Transparencia que permitirá teóricamente acceder todo lo relativo a la actuación de la Junta. ¿La considera transparente?

–¿Ah, usted cree que va a entrar en vigor?

–Bueno, eso dice el texto.

–Yo no porque estamos asistiendo a una imposibilidad de gobierno porque unos señores no se ponen de acuerdo y firman un pacto Anticorrupción, que para mí es más importante. Ese pacto evitaría que tuviera que hacerse esa ley.

–Dos meses después de las elecciones sigue sin formarse un nuevo Gobierno. ¿Qué consecuencias tendría una segunda convocatoria?

–No lo sé porque nunca la hemos tenido. Lo que está claro es que el perjuicio para Andalucía es tremendo. La licitación de la Junta ha caído en un 40% desde enero. Está parada, ni paga ni se hace nada, ni se resuelven problemas.

–¿Cuando ustedes preguntan por qué no licitan determinadas obras, por ejemplo, a qué se achaca?

–La verdad es que con una supuesta falta de Gobierno se está encubriendo la realidad: que los presupuestos que se hacen son falsos. Y no hay dinero.

–Esta semana de nuevo los datos del paro son negativos para Andalucía. La barrera psicológica del millón no se rebaja.

–No deja de ser una cifra, lo importante es que baje, aunque por desgracia ha sido la comunidad en la que menos ha bajado: solo 8.000 de los 118.000 en toda España. Eso demuestra que nos estamos durmiendo en lo que llevamos de 2015 porque la Administración está parada. No podemos seguir esperando a que se pongan de acuerdo nuestros queridos políticos. No hubiese usted convocado elecciones…