La Vanguardia

La presidenta del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop), Ana Chocano, ha criticado este lunes el “alto grado de improvisación” del Gobierno de la Nación al establecer el paro obligatorio para las actividades no esenciales y ha advertido de que va a suponer una “debacle total y absoluta” para el sector de la construcción.

En declaraciones a Canal Sur Radio recogidas por Europa Press, Chocano ha asegurado que el sector de la construcción tuvo “el sábado por la tarde” la primera noticia del Gobierno sobre la paralización total de su actividad en una “decisión de forma totalmente unilateral, sin consultar a las organizaciones empresariales qué hacer ni cómo”.

La presidenta de Ceacop ha criticado el “alto grado de improvisación” mostrado por el Gobierno, “publicando a las 23.45 horas el Real Decreto con una modificación de última hora que establece una moratoria de 24 horas” para el sector de la construcción, que necesita “organizar tajos, guardar material y maquinaria en condiciones de poder volver a actuar a la vuelta, organizar personal y desplazamientos, pero no se nos ha tenido en cuenta para nada”. “SIN POSIBILIDAD DE NEGOCIACIÓN”

Según Chocano, el paro obligatorio de la actividad de la construcción en Andalucía supone una “debacle total y absoluta” para las pymes, que son mayoría en el sector, porque ha recordado que “las medidas del Gobierno impiden despidos de carácter temporal y obligan a pagar los salarios de los permisos retribuidos”, una medida que “con capacidad de organización no habría problema, pero fijarla como norma de obligado cumplimiento sin posibilidad de negociación lo hace muy complicado”.

En este sentido, la presidenta de Ceacop ha señalado que el sector de la construcción “hasta ayer no se podía acoger a financiación por la línea del Instituto de Crédito Oficial (ICO)” y tenía una situación de liquidez “totalmente mermada porque la actividad se había reducido muchísimo y no existía certeza de poder dar curso a las facturas presentadas”.

Por todo ello, ha criticado que el Gobierno establezca la obligación de las empresas de construcción de “seguir pagando al trabajador, que por supuesto siempre es nuestra prioridad, pero sin ofrecer ninguna facilidad, sin líneas de financiación o moratorias en el pago de impuestos”.

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La presidenta de Ceacop (Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública), Ana Chocano Román, ha escrito una carta al ministro de Sanidad, Salvador Illa, para ponerle de manifiesto que “el desarrollo de nuestra actividad se está viendo gravemente afectado, por un lado, por una falta de directrices claras y precisas y de uniformidad en todo el territorio” y reclamarle consecuentemente “coordinación de todas las administraciones en la adopción de un criterio uniforme que permita la continuidad de la actividad, y que nos permita garantizar la seguridad de las obras”.

“Recibimos a veces indicaciones contradictorias de distintas administraciones, que nos originan asumir responsabilidades que no nos corresponden”, ha expresado en su misiva la presidenta de Ceacop, a la que ha tenido acceso Europa Press.

Chocano explica al ministro de Sanidad que la iniciativa responde a trasladarle “en lo que a nuestro sector incumbe, nuestra valoración sobre la situación y las medidas extraordinarias decretadas por el Gobierno de España ante la crisis sanitaria provocada por los efectos del Covid-19”. “En primer lugar, queremos hacer constar que en nuestro ánimo está hacer una aportación positiva a la crisis. Entendemos que, desde nuestra posición, y en un ejercicio de responsabilidad social, la mejor aportación que podemos hacer es mantener nuestra actividad . Trabajar, que es lo que sabemos hacer”, ha sostenido la presidenta del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública.

“La sociedad necesita las infraestructuras que se están ejecutando. En nuestra responsabilidad garantizar el cumplimiento de los contratos para que estas infraestructuras estén en buen estado y en funcionamiento, sobre todo cuando esta situación se normalice”, ha argumentado Ana Chocano, quien ha apuntado que este ejercicio “es vital para la correcta marcha de un país que pueda contar con las infraestructuras necesarias”.

Entre las reivindicaciones que ha trasladado Ceacop al ministro de Sanidad, tras explicarle que “mantenemos la actividad en nuestras obras, adoptando todas las medidas de seguridad posible, las que ya estaban reguladas como obligatorias en el desarrollo diario de nuestra actividad, reforzadas con las indicaciones de seguridad transmitidas en el Real Decreto 463/20202”, figuran “el compromiso de que los trámites administrativos y certificaciones de obras no se verán paralizados”, así como “garantía de cobro en tiempo y forma, para que las empresas puedan seguir asumiendo los gastos y cumpliendo los compromisos de pago”, además de “la no penalización de las obras por retrasos ocasionados por la situación de crisis actual”.

Ceacop ha planteado al Ministerio que se facilite a las empresas “el material de protección adecuado para que los trabajadores desarrollen con seguridad su actividad”, así como directrices sobre la movilidad de las cuadrillas de trabajo, el hospedaje de los trabajadores desplazados fuera de su ciudad, comidas, para lo que reclama “la disponibilidad de lugares de comida cerca de las obras”.

Chocano, por último, pide al ministro “medidas financieras” específicas para el sector de la construcción, entre ellas líneas ICO específicas.

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El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop) ha advertido este martes de que “la última decisión del Gobierno de intervenir a la Junta” de Andalucía “por el déficit que el anterior Ejecutivo andaluz dejó en 2018 se traduce en recortes para Andalucía, ya que postergará la puesta en marcha de los presupuestos de 2020, reducirá la inversión y, por tanto, los recursos destinados a la ejecución de infraestructuras”.

Así lo traslada Ceacop en un comunicado en el que critica que las “guerrillas políticas” entre partidos “eternizan la ejecución de las obras comprometidas, reducen la inversión en infraestructuras y paralizan el desarrollo económico y social de Andalucía”.

En esa línea, la presidente de Ceacop, Ana Chocano, ha pedido “responsabilidad” a los representantes políticos, ya que “los intereses partidistas no pueden estar por encima del interés general”.

A estos hechos se le suma, según avisa Ceacop, que el Gobierno central, aún en funciones, trabaja con unas cuentas prorrogadas desde 2018 que “impiden ejecutar actuaciones comprometidas, así como invertir en nuevas infraestructuras”.

Ceacop manifiesta que esta situación “conlleva que obras fundamentales para la región se encuentran actualmente paralizadas”, y al respecto alude al Corredor Mediterráneo, con “obras pendientes en todos sus tramos desde Algeciras (Cádiz) a Almería, e incluso con obras adjudicadas en 2019 en el tramo Almería a Murcia, aún hoy pendientes de iniciarse”.

Lo mismo ocurre, según Ceacop, con los túneles de la ronda SE-40 en Sevilla, “adjudicados hace más de diez años, y actualmente en revisión porque el Gobierno se está planteando si ejecutarlos o no”, o el Eje Ferroviario Transversal, que “podría utilizarse para solventar en parte la conexión ferroviaria ordinaria entre Sevilla y Málaga-Granada-Almería, pero que los andaluces no pueden usar por falta de acuerdo en su explotación entre los gobiernos central y autonómico”, según lamenta la patronal andaluza de la construcción.

Así las cosas, Ceacop reclama que “no se siga perpetuando esta situación de parón en las infraestructuras, ya que es insostenible la falta de inversión y la paralización constante de proyectos vitales para el desarrollo económico y para el sector de la construcción, uno de los principales motores para el crecimiento y generación de empleo en Andalucía”, según concluye.

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El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop) ha considerado que “el Gobierno ha actuado con falta de transparencia, e incluso incurriendo en alguna irregularidad, al adjudicar por la vía de emergencia” las obras de conexión del puerto de Sevilla con la SE-40, una actuación, que, a su juicio, en “ninguno de los casos” puede ser considerada como tal, y ha enviado escritos a la Administración del Estado para manifestar su disconformidad con el proceso de adjudicación y exigir las explicaciones oportunas sobre el modo de contratación.

Ceacop ha argumentado que este modo de contratación, ha señalado en un comunicado, “solo es una excusa para justificar una adjudicación que debería haber sido licitada mediante un procedimiento ordinario permitiendo la libre concurrencia de todas las empresas”, y ha profundizado en este sentido para considerar que a las empresas andaluzas “no se les ha dado la opción de participar en esta designación arbitraria en una obra que supone una importante inversión en infraestructuras”. Ceacop aglutina a más de 250 empresas.

La presidenta de Ceacop, Ana Chocano Román, ha explicado que esta actuación “vital” para aliviar las posibles cogestiones de tráfico y mejorar la movilidad en Sevilla, “ya se sabía que era necesaria desde hace tiempo, y como tal ya se venía reclamando a la administración”.

Con la inminente apertura del nuevo centro comercial en Palmas Altas y con el traslado más que probable de la Ciudad de la Justicia a esta misma zona, era más que conocido por todos la premura de descongestionar el tráfico y facilitar los accesos.

“Nos satisface que se dé respuesta a esta necesidad pero exigimos transparencia en el proceso e igualdad de oportunidades para todas las empresas”, ha considerado la presidenta de Ceacop.

Ceacop ha esgrimido que la Ley de Contratos del Sector Público declara una actuación de emergencia si exige “actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional” y ha concluido que en ninguno de estos casos tiene cabida la actuación del enlace del Puerto de Sevilla con la S-40.

En la ley se establece que las obras catalogadas de emergencia deben empezar en el plazo máximo de un mes. Ceacop se ha declarado “expectante” para comprobar que efectivamente en un mes se inice la actuación y ha deducido que “en caso de no ser así el proceso de adjudicación sería nulo y se debería cambiar a modo de contratación ordinario”.

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La contratación de obra pública creció en 2018 por segundo año consecutivo en Andalucía, de forma que las inversiones alcanzaron los 1.325,3 millones de euros, lo que supone un aumento del 18% respecto al volumen adjudicado en 2017, que fue de 1.128 millones de euros, según el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop).

Así se desprende del Informe Anual de Adjudicaciones en Andalucía 2018 que ha presentado Ceacop este miércoles, donde se detallan las cifras de contratación en obra pública en la región por parte de Gobierno central, Junta de Andalucía, ayuntamientos, diputaciones y universidades.

Aunque tanto el Gobierno central, la Junta de Andalucía y los ayuntamientos han aumentado sus inversiones en infraestructuras respecto al año anterior, han sido los entes locales los responsables del mayor incremento en los presupuestos, según informa Ceacop en una nota.

Así, sólo las adjudicaciones municipales suponen el 42% de la inversión total en la comunidad autónoma, destinando un total de 567,9 millones de euros a obra pública.

De esta manera, los ayuntamientos siguen la senda de crecimiento iniciada en 2017, y aumentan su inversión respecto a ese año en torno al 26%. Además, el 65% de los contratos fueron adjudicados a empresas andaluzas, lo que, según destaca Ceacop, lleva aparejado un “crecimiento y estabilidad” en el empleo y en el tejido productivo.

Los ayuntamientos de Málaga y Sevilla han sido los que han destinado mayores partidas a la mejora de infraestructuras municipales. Así, en ambas provincias se han adjudicado actuaciones por valor de 160 millones de euros destinados, principalmente, a la conservación y mantenimiento de infraestructuras hidráulicas y mejoras en instalaciones, según precisa Ceacop, que avisa de que, en el otro extremo, se sitúan las provincias de Jaén, Almería y Huelva.

LA JUNTA AUMENTA UN 21% SU INVERSIÓN

La Junta de Andalucía ocupa el segundo lugar con una inversión de 370,4 millones de euros, un 21% más que lo invertido en 2017, siendo la Consejería de Fomento y Vivienda la responsable de la mayor partida presupuestaria, al destinar 142,5 millones de euros a obra pública.

De esta manera, en 2018, la Consejería de Fomento y Vivienda recupera el liderazgo de años anteriores, “casi duplicando” la inversión de 2017, pero, según Ceacop, mantiene un presupuesto “por debajo de las necesidades de inversión real no sólo en la creación de nuevas infraestructuras, sino en el mantenimiento de las existentes, tanto en vías de comunicación como el parque público de vivienda”.

La ya desaparecida Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio queda relegada a una segunda posición con un presupuesto de 83,6 millones de euros, manteniendo en 2018 una inversión similar a la del ejercicio anterior.

Desde Ceacop recuerdan que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio dispone de 120 millones de euros anuales a través del ‘canon del agua’, destinados a ejecutar las 300 obras de interés general incluidas en el Plan de Depuración y Saneamiento de Andalucía.

Sin embargo, según Ceacop, “una parte importante de estos fondos no se están empleando”, ya que esta consejería “sólo ha adjudicado 83,6 millones de euros, que se han repartido tanto entre obras de depuración y saneamiento como de otra tipología, como limpieza de cauces, protección de márgenes o arreglo de caminos rurales”.

Desde Ceacop apuntan que, a pesar de estas cifras, “se prevé que el presupuesto destinado a las obras del Plan de Depuración y Saneamiento pueden aumentar de cara a 2019, ya que un 16% de lo adjudicado en 2018 ha correspondido a contratos de ingeniería, que son la antesala a la ejecución de la obra”.

Así las cosas, las dos citadas consejerías son responsables del 61% de las inversiones destinadas por el Gobierno autonómico. Le sigue en volumen de inversión Educación, con 64,4 millones de euros, y que ha aumentado su presupuesto en un 33,1%, destinándolo principalmente a acometer mejoras en la climatización de los centros educativos y la retirada de amianto.

La Consejería de Salud ocupa el cuarto lugar, pese a bajar su presupuesto a 48,2 millones de euros, según detalla Ceacop, que valora que el 55% de los contratos adjudicados por la Junta de Andalucía lo ejecutan empresas andaluzas, y que se ha producido un reparto “muy homogéneo” entre las distintas provincias, lo cual “favorece un desarrollo simultáneo y un reparto más equitativo de la riqueza”.

GOBIERNO CENTRAL

Entre las administraciones inversoras, el Gobierno central continúa en el tercer puesto, pese a ser, según subraya Ceacop, el organismo con mayor capacidad económica. Su volumen de inversión en 2018 fue de 265,9 millones de euros, un 21% más que lo destinado en 2017.

Desde Ceacop avisan de que este presupuesto se reparte “de forma muy desigual entre las provincias, condenando a las que menos reciben a seguir a la cola en el desarrollo de infraestructuras”.

Dentro de los ministerios, el de Fomento es el principal inversor con 229 millones de euros adjudicados, aumentando un 33% su presupuesto respecto a 2017, y representando el 86,2% del total de la inversión por parte del Gobierno central.

Con un presupuesto “ínfimo”, el ministerio responsable de las obras medioambientales, el actual Ministerio para la Transición Ecológica, destinó 14 millones a las obras de su competencia, según concreta Ceacop, que considera que, siendo dicho departamento el responsable de la protección del litoral, la gestión del río Gualdaquivir o de obras de abastecimiento, esta inversión se queda “muy por detrás de las necesidades de mejora y desarrollo de estas partidas”.

El resto de ministerios realizaron inversiones por cuantías inferiores a los seis millones de euros, según el estudio de Ceacop, que destaca que en 2018 ha aumentado el número de contratos desiertos y desistidos.

Así, un año después de la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, Ceacop observa que el número de obras desiertas se ha triplicado, y el número de contratos desistidos se ha duplicado respecto a 2017.

Para Ceacop, estas cifras “vienen a evidenciar deficiencias en la gestión y la falta de adecuación en los contratos a la nueva normativa”. Además, señala que “la avalancha de licitaciones que se produjo días previos a la entrada en vigor a la nueva Ley perjudicó a las empresas que vieron limitada su capacidad de respuesta”.

Si las actuaciones “se hubiesen licitado en tiempos espaciados, las empresas hubieran podido presentar sus ofertas a un mayor número de contratos, con lo que hubiera aumentado la probabilidad de optar a ellos”, según Ceacop, que destaca que la nueva ley establece una serie de mejoras para garantizar la concurrencia de las pymes a los contratos, pero “estas nuevas medidas suponen costes añadidos, que deben asumir las empresas, y que dan como resultado que se siga adjudicando en función del precio y no a la mejor relación calidad precio como señala la nueva norma”.

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La presidenta del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción y Obras Públicas (Ceacop), Ana Chocano, ha brindado a la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio su colaboración para la realización de un nuevo plan de infraestructuras en la Comunidad y pide que “no se ralenticen” los trabajos iniciados.

En declaraciones a Europa Press, Chocano ha mostrado su deseo de que la elaboración de un documento que sustituya al Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía (Pista) no represente la paralización del sector. “Obviamente un cambio de gobierno ralentiza los procesos, pero esperamos que todas las infraestructuras en ejecución o pendientes de terminar sigan su desarrollo en los niveles marcados”, aunque ha advertido de que puede que “se amplíen los plazos de ejecución” de las mismas.

Por otra parte, Chocano ha llamado la atención sobre las declaraciones en comisión este pasado miércoles de la consejera del ramo, Marifran Carazo, en las que afirmaba que “faltaba mucho dinero que no aparece en los presupuestos y que están comprometidos” y ha advertido de que esto significará que “en 2019 la licitación nueva va a ser poca”.

Frente a esto, ha reclamado que en los próximos presupuestos de la Junta el montante dedicado a Fomento aumente para hacer frente a lo comprometido y para destinar “una parte del mismo a acometer nuevas obras que son necesarias en la Comunidad”.

En cuanto a los proyectos prioritarios, la presidenta de las constructoras de obras públicas ha señalado el foco puesto por parte de la Administración andaluza en los transportes metropolitanos y ha llamado a “poner en servicio” el tranvía de Jaén. También ha pedido que se liciten los planes de conservación integral de carreteras así como a acciones puntuales en el viario andaluz.

Por último, ha destacado que el sector necesita que se mantenga la actividad. “Las empresas han pasado once años en crisis y cuando atisbábamos una recuperación, ha llegado una cascada de elecciones que lo ralentizan todo”, ha advertido Chocano, quien ha subrayado que “las empresas siguen pagando nóminas e impuestos y necesitan que la rueda económica continúe”.

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La Asociación de Ingenieros Consultores de Andalucía (Asica) y el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop) han advertido este martes de “la avalancha” de licitaciones (229 contratos) que se produjo una vez que entró en vigor la Ley de Contratos del Sector Público en marzo de este año que “perjudicó” a las empresas al ver “limitada su capacidad de respuesta”.

En una nota, Ceacop y Asica han señalado que si las actuaciones se hubiesen licitado “en tiempos espaciados”, las empresas hubieran podido presentar sus ofertas “a un mayor número de contratos, con la consiguiente mayor probabilidad de optar a Estos”.

Otro de los aspectos más destacables de la esta ley es que, a pesar de que se establece que la adjudicación de las ofertas, debe responder a una mejor relación calidad-precio, con objeto de evitar contratos irrealizables por precio; no obstante, “muchas licitaciones siguen siendo el precio el único factor determinante en la adjudicación”.

Las patronales han resaltado que “en muchos casos no está bien definida la baja temeraria, como es el caso de las licitaciones de AENA. Este organismo sigue adjudicando al precio más bajo a través de las subastas electrócnicas sin límites”.

De esta manera, han insistido en que la nueva normativa no ha mejorado el panorama de la contratación pública. “Esta nueva ley no ha cambiado en lo sustancial gran cosa, ya que se sigue optando en la mayoría de los casos por una subasta encubierta y además sin atajar las grandes bajas a las que nos vemos obligados las empresas a licitar, porque no se está aplicando de forma totalmente correcta por parte de los órganos de contratación”, ha subrayado.

Por otro lado, han señalado que la nueva ley ha introducido en los contratos públicos consideraciones de tipo social, medioambiental y de innovación y desarrollo, que deben estar “supeditadas” a que se relacione con el objeto del contrato a celebrar. “Pero a menudo no lo están, y suponen un lastre para la empresa que tiene que ejecutar el contrato, cargándoles con unos gastos que no les corresponden”, han advertido.

Además, deben “lidiar” con la dificultad que existe para la presentación de las ofertas de modo electrónico como establece la norma. Según han explicado, existe “una desorganización generalizada en muchas administraciones que impiden entregar las ofertas electrónicamente”.

La otra gran batalla de las empresas de construcción e ingeniería es la competencia desleal a la que se enfrentan con las empresas públicas. En la nueva normativa se recoge la limitación de encargos a los empresas y agencias públicas, pero esta situación sigue “sin resolverse”.

Por último, Asica y Ceacop se han ofrecido a colaborar con la Administración para confeccionar los pliegos de concursos públicos. “La ley necesita aún más tiempo para que todos aprendamos, y si este camino lo emprendemos conjuntamente será más productivo”, ha subrayado.

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• Lamenta que la reunión Gobierno-Junta “tiene horizonte a medio plazo porque no da tiempo a meterlo en los PGE”

La presidenta del Circulo del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop), Ana Chocano, ha lamentado que, en materia de infraestructuras, “los Presupuestos Generales del Estado (PGE) llevan muchos años quedando muy por detrás de las necesidades reales de Andalucía”, por lo que ha reiterado su petición de aumento de las inversiones para la comunidad andaluza.

En declaraciones a Europa Press, Chocano ha valorado asimismo la reunión mantenida esta semana entre el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, y el consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, para aumentar las inversiones en la comunidad andaluza, un encuentro del que “nos hemos enterado a toro pasado”, y sobre la que lamentan “no poder haberle hecho llegar nuestras propuestas y demandas”.

Sobre dicha reunión, ha reconocido que no sabe “cuál es la conclusión” de dicho encuentro, aunque considera que la reunión Gobierno-Junta “queremos pensar que es una reunión de trabajo que tiene horizonte a medio plazo porque no da tiempo a meterlo en los PGE”.

“Nos hubiera gustado que nos hubiera avisado antes y conocerla con más antelación, y aunque es verdad que el consejero ha hecho muy bien su trabajo y ha reivindicado inversiones al Gobierno central para Andalucía, si lo hubiéramos sabido con tiempo, hubiéramos acompañado, apoyado y aportado ideas y lo que haga falta, pero a estas alturas, nos tememos que los PGE están aprobados y el Ministerio no va incluir las peticiones, porque no da tiempo a incluirlas en el presupuesto”, ha añadido Chocano, quien espera que esas demandas “sean de cara a 2019 y 2020, a medio plazo, pero no para 2018”.

Ha recordado que los constructores “queremos más inversiones en infraestructuras, y que se ejecuten, ya sea vía prórroga presupuestaria o vía presupuestos nuevos”.

A su juicio, al margen del debate político, “la realidad es que hay que ver qué hace falta y dónde se aplica y cómo se consigue el dinero para ejecutar las infraestructuras necesarias, independientemente de los kilómetros cuadrados y los habitantes que haya”, toda vez que “las zonas más pobladas necesitan más infraestructuras que las zonas menos pobladas, salvo en los casos de medida para la repoblación”.

Chocano considera que “los políticos deben establecer líneas de actuación y son los técnicos los que deben valorar las necesidades de infraestructuras y cuánto valen, y así debe ser el reparto de tareas, pues desde que los políticos se han metido a planificadores, las políticas en esta materia son desastrosas”.

Así, ha lamentado que en materia de infraestructuras “los PGE llevan muchos años quedando muy por debajo de las necesidades reales de Andalucía” y ha citado como ejemplo “la dotación ínfima para Andalucía dentro del Corredor Mediterráneo, o el hecho de que Granada lleve más de tres años sin comunicación por ferrocarril y no haya horizonte para acabar con su aislamiento ferroviario; o que la SE-40 no se termine”.

“Hay muchos debes en la cuenta de Andalucía que no vemos reflejados en los presupuestos”, ha lamentado Chocano, quien ha agregado que “también la Junta debe aumentar las inversiones en infraestructuras; cada uno debe asumir su parte”. Asimismo, ha agregado que el sector “quiere colaborar activamente y en positivo con todas las administraciones”.

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• El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop) ha indicado a la Junta que, “si se presenta la oportunidad”, le dirá que les incluya en el decreto andaluz de garantía de tiempos de pago, por el que la Junta se compromete a pagar en menos de 20 días a sus proveedores, aunque ha dejado claro que “con que las administraciones cumplieran la ley estatal de pagar en menos de 30 días nos daríamos por satisfechos”.

El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop) ha indicado a la Junta que, “si se presenta la oportunidad”, le dirá que les incluya en el decreto andaluz de garantía de tiempos de pago, por el que la Junta se compromete a pagar en menos de 20 días a sus proveedores, aunque ha dejado claro que “con que las administraciones cumplieran la ley estatal de pagar en menos de 30 días nos daríamos por satisfechos”.

Tras conocer que dicho decreto se ampliará en junio a las pymes turísticas y a los beneficiarios de ayudas a la vivienda, la presidenta de Ceacop, Ana Chocano, ha apuntado, a declaraciones a Europa Press, que no tienen pensado remitir ninguna petición por escrito pero apunta que “si se nos presenta la oportunidad, se lo diremos” pero ha insistido en que se darán “por tremendamente satisfechos con que tanto la Junta como el resto de administraciones cumplieran la ley estatal, que contempla el pago en menos de 30 días”.

“Con que la Junta y todas las administraciones cumplan la ley estatal de 2013, actualmente en vigor, que establece un plazo de pago a proveedores menor a 30 días, nos haría felicísimos y contentos, nos conformaríamos y nos daríamos por totalmente satisfechos”, ha insistido Chocano, quien ha valorado que la Junta articule el sistema de garantía de pago donde se contempla el pago a 20 días a los proveedores, en lugar de 30 días.

Chocano ha lamentado que las administraciones “incumplen la ley de plazos”, algo que “pasa con frecuencia para nuestra desgracia”.

Ha recordado que en la ley estatal “hay procedimientos similares al establecido por la Junta para adelantar el cobro a entidades financieras”, pero ha apuntado que “el problema es que las entidades no quieren pagar las facturas porque no tienen suficientes garantías y nos piden que aportemos una garantía, de forma que pedimos a las administraciones que cumplan la ley estrictamente, que hagan la transferencia o nos den un documento para que podamos negociar sobre la marcha con el banco, sin tener que aportar garantía extra”.

“Si ahora nos pagara a 20 días, estaríamos encantados de la vida y nos gustaría muchísimo, pero nos damos por satisfechos con que nos paguen a 30 días a todos los proveedores de las administraciones públicas”, ha aseverado Chocano, quien ha precisado que “a veces el plazo de cobro es por encima de 60 días”.

Chocano ha explicado que “tampoco las deudas acumuladas son muy altas porque la actividad en la construcción es escasa, y además existe la posibilidad, si la obra nos se puede hacer o el contrato no se puede continuar, de que se sienten las dos partes y se negocie suspenderlo temporalmente, lo cual provoca que no haya deuda”.

“Pedimos a las administraciones que utilicen las herramientas que la ley prevé”, ha apuntado.

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El Círculo de Empresas Andaluzas de la construcción, consultoría y obra pública Ceacop ha denunciado hoy que las administraciones no han adaptado sus pliegos de licitación de obra pública a la nueva Ley de contratos del sector público, lo que supondrá una paralización de las licitaciones hasta septiembre.

En rueda de prensa, la presidenta de Ceacop, Ana Chocano, y el secretario general, Daniel Fernández, han presentado un informe de adjudicación de obra pública en Andalucía en 2017 y se han referido a los primeros efectos de la puesta en marcha de la nueva Ley de contratos del sector publico, en aplicación de la directiva europea.

El principal problema es que ninguna administración ha adaptado sus pliegos de licitación de obra a la nueva Ley de contratos del sector público, a pesar de que la dicha norma se aprobó en diciembre de 2017 y recogía un plazo de cuatro meses para la adaptación.

Esta demora y “falta de profesionalidad” de todas las administraciones se ha traducido en que se han licitado 389 contratos hasta marzo y, sin embargo, en la primera semana de abril solo se han licitado once, ya que se ha acabado el plazo de adaptación a la ley y se debe hacer con los pliegos adaptados.

Por este motivo el secretario general de Ceacop ha augurado que las licitaciones de obra pública se paralizarán hasta septiembre y considerado una “vergüenza” que las administraciones no hayan adaptado en los plazos legales los pliegos de contratación.

También se han quejado los dirigentes de esta patronal de que no se haya licitado ningún contrato de los 5.000 millones presupuestados por el Gobierno central en el plan de inversiones en carreteras, aprobado hace casi un año.

Igualmente, han censurado que las exigencias económicas para acceder a esos contratos vayan a dejar fuera a las pymes, que solo tendrán opción como subcontratistas. EFE