Málaga Hoy

• La obra de la infraestructura cumple años con la vista puesta en alcanzar la Alameda a finales de 2022

Quince años después, el Metro de Málaga afronta el reto final de tocar el Centro. En plena adolescencia el mayor proyecto impulsado en las últimas décadas en la capital de la Costa del Sol sigue descontando días en una larga cuenta atrás, iniciada un 6 de junio del año 2006. Esa jornada se dio el pistoletazo de salida a una obra sin fin, que aún hoy tiene ante sí un largo camino por recorrer.
La maquinaria que encendió sus motores en el entorno del Palacio de los Deportes José María Martín Carpena sigue activa quince años después. Y, de no volver a torcerse los renglones sobre los que se escribe la historia de esta obra, lo seguirán estando al menos hasta los últimos meses de 2027, cuando, según las previsiones oficiales, los trenes harán su llegada triunfal a las puertas del futuro tercer hospital.
Mucho antes, la infraestructura se mueve en un escenario cierto, tangible después de haberse instalado durante años en una zozobra continua. Ahora acorta la distancia que separa la estación El Perchel, junto a Renfe, de la parada término dibujada en el lateral norte de la Alameda. Apenas un kilómetro de recorrido en el que los obreros llevan instalados desde hace más de una década.
Una pieza reducida de la geografía municipal pero que representa de manera fiel la tortura en la que llegó a convertirse para la ciudad la construcción del suburbano. Retrasos sin fin en un calendario que marcaba como fecha inicial de inauguración el mes de febrero de 2009. La apertura oficial, y solo de una parte del recorrido, no tuvo lugar hasta finales de julio de 2014, más de cinco años después.

La imposibilidad de cumplir con los compromisos temporales pactados con los socios privados, ahora dos fondos de inversión de origen francés, se deja sentir de manera apreciable en las cuentas anuales de la Junta de Andalucía. La inclusión del denominado periodo transitorio en el contrato que vincula a las dos partes obliga a las arcas autonómicas a desembolsar del orden de 70 millones de euros anuales, una cuantía que, de acuerdo con los números oficiales, irá creciendo hasta que el ferrocarril urbano completo su recorrido hasta la zona norte. 640 millones serán los que costará el funcionamiento del Metro hasta llegar a ese momento.

Unos valores económicos que contrastan con la demanda real de viajeros que desde mediados de 2014 hacen uso de sus trenes. El acumulado en este intervalo de tiempo supera los 36 millones de usuarios. Para contextualizar adecudamente la cifra sirva decir que los cálculos realizados tanto por la concesionaria como por la propia Administración regional sitian en unos 21 millones de pasajeros anuales la demanda objetiva necesaria para garantizar el equilibrio económico financiero del proyecto.
Y qué decir del coste final de una infraestructura cuya ejecución fue adjudicada a finales de 2004 por unos 360 millones de euros y que, en el mejor de los casos (incluyendo el tramo soterrado hasta el Civil), acabará superando los 900 millones. Esto es lo mismo que multiplicar por 2,5 el valor que sirvió de referencia.
Las taras de este proyecto adolescente, cuya dimensión es a todas luces mayúscula, son evidentes e imborrables. Pero avanzado el camino, su crecimiento afronta una etapa decisiva que deberá permitirle reencontrarse con la ciudad, tanto tiempo afectada por su construcción. Los hitos, como es razonable en todo proceso ascendente, se acumulan, como demuestra el fin de excavación del túnel completo y la próxima culminación de toda la infraestructura del paso soterrado.
Actualmente, según las cifras de la Agencia de Obra Pública, hay desplegados del orden de 200 operarios en los dos tramos últimos del puzzle en construcción: Renfe-Guadalmedina y Guadalmedina-Atarazanas. Obreros que se afanan en las tareas de finalización de este gran mecano que es el Metro, en el que las tareas de arquitectura de las estaciones se suman a la colocación de la catenaria y, de manera inminente, de las vías por las que deambularán los trenes.

El salto cualitativo y cuantitativo de saltar de El Perchel al casco urbano es exponencial. Será en ese momento cuando el ferrocarril urbano podrá mostrar su verdadero potencial. Restan aún algunos meses para que ello ocurra. En concreto, según el cronograma pactado con las empresas privadas, unos 17 meses. Noviembre de 2022, ese es el marco temporal señalado en el calendario. Solo queda contar los días.

Los retos pendientes de resolver
Los retos por cumplir A pesar de que el tiempo que separa al Metro de Málaga del centro urbano se acorta, el casi año y medio que aún tiene por delante para alcanzar ese hito será clave para perfilar algunas decisiones que se antojan trascendentes en el futuro del proyecto. El más esencial se vincula con la financiación de una infraestructura que, por el momento, únicamente recae en las espaldas y las arcas de la Junta de Andalucía. El convenio que sirvió de marco para sentar las bases del suburbano obligaba por igual, aunque en menor medida, al Gobierno central (que anualmente aporta la suma que le corresponde) y al Ayuntamiento de Málaga, cuya implicación en los costes de construcción y explotación es nula desde el nacimiento mismo de la obra. Una situación que, aunque de manera negociada y pactada, pretende corregir la Consejería de Fomento. La cuestión no es menor, por cuanto según los detalles del acuerdo primario, el Consistorio debe asumir el 25% de los costes de explotación del Metro. Y esto se traduce en varios millones de euros. Los contactos mantenidos en los últimos meses entre los dos socios privados permiten atisbar voluntad de aproximación, si bien quedan aún por concretar los detalles y los números. Otra de las asignaturas a resolver tiene que ver con los restos arqueológicos desenterrados en el marco de la obra en la Avenida de Andalucía. Una intervención que sacó a la luz una parte importante del antiguo arrabal musulmán. El compromiso tanto de Fomento como de la Consejería de Cultura es el de poner en valor y hacer visibles las piezas que han sido protegidas y rescatadas. El interrogante es cuándo se dará el paso para ejecutar el anunciado espacio expositivo que se pretende instalar en el interior del túnel del ferrocarril urbano, muy posiblemente en el mismo espacio en el que ya permanecen guarecidos dos trozos de muralla musulmana, en la misma Avenida de Andalucía.

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• Quiere aprovechar la estela de Google, Telefónica y Vodafone para seguir atrayendo a otras multinacionales
• Va a disponer de 125.000 metros de equipamiento en este sector

Málaga quiere aprovechar la estela de Google, Telefónica y Vodafone, entre otras multinacionales que han decidido asentarse en la capital de la Costa del Sol, para abrir nuevos espacios de oportunidad a los que atraer a otras empresas de nivel internacional. Y en estar estrategia juega un papel clave el futuro desarrollo urbanístico de Sánchez Blanca, en la zona oeste de la ciudad.
Aunque se trata de una operación de carácter principalmente privado, de la mano de Urbania, el Ayuntamiento pretende aprovechar los aprovechamientos que le van a tocar en suerte en el sector (como parte de la cesión legal del 10%) para fortalecer esta apuesta. Y una parte sustancial del pastel que se le asigna en el proyecto de reparcelación, que va a ser objeto de aprobación este viernes por parte del Consejo de Administración de la Gerencia de Urbanismo, destacan los suelos de equipamiento.
“Con la gente de Urbania tenemos muy buena relación y estamos utilizando sus contactos a nivel internacional para atraer equipamientos de primer orden”, admitió el concejal de Ordenación del Territorio, Raúl López.
De manera precisa, según el documento oficial, el Consistorio pasará a tener siete fincas con esta calificación, con una superficie cercana a los 125.000 metros cuadrados. De todos ellos, Casi 61.000 son escolares; otros 22.000 deportivos, a los que añadir otro espacio de casi 41.100 metros pueden ser destinados a servicios de interés público y social (Sips) o deportivo.
Pero no es lo único que obtiene la Administración local dentro de la reparcelación ahora ajustada. Como ya ocurre en otros muchos sectores ahora en desarrollo, caso de Cortijo Merino, uno de los grandes alicientes para la ciudad es que va a poder ampliar de manera significativa la bolsa de suelo para la construcción de vivienda a precio asequible.
En el caso de Sánchez Blanca pasará a disponer de seis parcelas sobre las que se autorizan hasta 606 pisos de protección oficial. Asimismo, tendrá otra finca para 46 viviendas de renta libre, así como de un espacio para 42 plazas de aparcamiento y unos aprovechamientos comerciales de 1.563 metros cuadrados.
En su conjunto, el nuevo barrio dibujado en estos suelos, localizados cerca de la antigua Intelhorce, dará cabida a más de 3.400 viviendas. La irrupción de Urbania en esta operación tuvo lugar a mediados de 2019, cuando compró los terrenos a Unicaja Banco. Muestra de la envergadura de este proyecto, en el que Urbania pretende desarrollar un espacio sostenible desde el punto de vista medioambiental, es que los coste de la urbanización ascienden a unos 74 millones de euros.

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• El proyecto de reparcelación de Cortijo Merino le asigna también 33.000 metros para equipamiento

La operación urbanística que va a traer consigo la construcción en los próximos años de un nuevo barrio residencial sobre los antiguos suelos de Amoniaco, se va a dejar sentir y mucho en la política de viviendas a precio asequible del Ayuntamiento de Málaga. Y ello porque en el marco del proyecto de reparcelación de estos terrenos, también conocidos como Cortijo Merino, el Consistorio va a ser adjudicatario de aprovechamientos para la ejecución de 562 viviendas de protección oficial (VPO).

Así consta en el documento que se encuentra desde hace días abierto a información pública y en el que se detalla de manera pormenorizada el reparto de los desarrollos existentes entre la propiedad de los terrenos, la entidad Reina Marín, S. L., y la Administración local.

Atendiendo al citado expediente, los beneficios municipales son mayores, por cuanto al margen de las siete parcelas reservadas para las promociones de carácter protegido, hay que sumar la obtención de cinco fincas más para equipamientos públicos, con una superficie total de 33.020 metros cuadrados. Al tiempo, obtiene 26.749,45 metros cuadrados de áreas libres, a las que sumar 2.609,78 metros de áreas libres forestales, así como 118.122,17 metros cuadrados reservados para viales en la urbanización.

Y todo ello sin tener que asumir carga económica alguna en las tareas de urbanización del sector. Un detalle que no es menor, por cuanto al presupuesto de ejecución material de esta fase se calcula en casi 15,9 millones de euros. Dentro de esta suma hay que señalar algo más de 1,2 millones de euros para los trabajos de remediación del suelo. Todo este montante, de acuerdo con los documentos oficiales, tendrá que ser asumido en su integridad por la empresa Reina Marín.

688 pisos. Reina Marín recibe suelo para 688 pisos de renta libre y 17.401 metros de comercial

El proyecto de urbanización contempla , entre otras acciones, la definición de espacios públicos; la red de abastecimiento de agua potable; la red de saneamiento (recogida tanto de pluviales como de aguas negras y conexión con los sistemas generales); la red de distribución de energía eléctrica, tanto de fuerza y alumbrado interior, como para alumbrado público; la red de telecomunicaciones; señalización y marcas viales; jardinería y mobiliario público; trazado viario y pavimentación, y red de riego. El plazo de ejecución de las obras es de dos años.

¿Qué obtiene la entidad privada? El proyecto de reparcelación le adjudica cinco fincas destinadas a la construcción de otras tantas promociones plurifamiliares de renta libre. En concreto, los aprovechamientos fijados en el planeamiento le autorizan a edificar un máximo de 688 pisos de esta naturaleza. Asimismo, resulta adjudicatario de otro terreno de 17.401 metros cuadrados de superficie para uso comercial y sobre el que se autoriza un techo máximo de 11.450 metros.

Esta operación, que ahora afronta su tramitación final, deriva de un convenio urbanístico que las dos partes implicadas firmaron en junio de 2008. Entre los detalles más reseñables está el incremento de edificabilidad del sector, de manera que el mismo pasó de 0,41 a 0,535.

A cambio, el Consistorio obligó a incrementar la reserva del espacio destinado a VPO, que pasó de una reserva inicial de 30% a un 45%. El ámbito del convenio abarca los suelos donde se levantaba la fábrica Cros de Amoniaco, frente a la antigua Intelhorce, con una extensión de unos 285.600 metros cuadrados. El convenio fue ratificado por el Pleno en 2011.

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• El presupuesto asciende a 8,01 millones de euros

El contrato de obras de rehabilitación estructural del firme en la autovía del Mediterráneo A-7, del punto kilométrico 1013,145 al 1041,230, que atraviesa los términos municipales de Marbella, Mijas y Fuengirola ha sido licitado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma). El presupuesto de licitación asciende a 8,01 millones de euros.

Las obras consisten en la rehabilitación y refuerzo del firme en toda la anchura de las calzadas del tronco y glorietas, arcenes, paradas de autobús y pasos de mediana, carriles de aceleración y deceleración de sus vías de servicio y en los accesos a urbanizaciones.

Adicionalmente, donde el deterioro es de mayor entidad, se fresará la capa intermedia del firme. Las obras se completan con el repintado de todas las marcas viales existentes en los tramos a rehabilitar y balizamiento, han precisado desde el Ministerio en un comunicado.

Esta actuación, han añadido, se incluye dentro del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, en el que se han invertido 26,4 millones de euros desde junio de 2018 en la provincia de Málaga, “y que genera un impulso significativo para mejorar la calidad de servicio de la infraestructura viaria estatal existente”.

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• El proyecto contará con una inversión autonómica de 6,3 millones de euros y un plazo de ejecución de 18 meses

La Consejería de Educación y Deporte, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha licitado las obras de construcción de un nuevo Instituto de Educación Secundaria (IES) en la zona de Las Lagunas de Mijas , por un importe de 6.320.776,53 euros y con un plazo de ejecución de 18 meses.

Este nuevo centro educativo contará con seis líneas de secundaria obligatoria (D6), lo que supondrá crear un total de 720 nuevas plazas escolares para absorber la demanda existente esta zona de Mijas.

El edificio se levantará en una parcela de 7.358 metros cuadrados ubicada junto al colegio público de infantil y primaria Indira Gandhi. El nuevo instituto contará en la zona docente con 24 aulas polivalentes de secundaria, la biblioteca, un aula gimnasio con vestuarios, dos aulas de música, dos de plástica y otras dos de tipo taller, dos laboratorios, diez departamentos y seis aulas de desdoble y de refuerzo pedagógico. También existirá un aula para educación especial con su correspondiente aseo especialmente adaptado.

La zona de administración albergará la Secretaría y archivo, la conserjería y reprografía, la sala de profesorado, los despachos de dirección, secretario/a, orientación y jefatura de estudios, y los despachos para la asociación de madres y padres del alumnado y para los estudiantes. El centro contará, asimismo, con una cafetería, un almacén para recursos, un cuarto de limpieza, los aseos y vestuarios para personal no docente, los cuartos de instalaciones, etcétera

En el exterior del centro se construirán dos pistas polideportivas, una zona de juegos, un huerto escolar, porches cubiertos y zonas ajardinadas. También se prevé una zona de estacionamiento de vehículos para el profesorado. En total, el centro contará con una superficie construida de 6.038 metros cuadrados.

Además, contará con placas solares fotovoltaicas para la producción de energía eléctrica, en línea con el objetivo de conseguir edificios docentes más sostenibles y reducir el coste energético de los mismos. Asimismo, dispondrá de un sistema de ventilación natural para garantizar la calidad del aire interior, compuesto en cada una de las aulas por ventanas automatizadas con pulsador y un sensor de CO2 que determinará el nivel a partir del cual se activará su apertura.

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• El pliego contempla un importe estimado de 4,3 millones para la ejecución del tramo

El Ayuntamiento de Mijas ha sacado a licitación los trabajos de ampliación de la senda litoral para el tramo comprendido entre el núcleo de La Cala hasta el límite territorial con el municipio de Fuengirola, un proyecto que cuenta con un presupuesto estimado de 4,3 millones de euros, según ha anunciado este miércoles el concejal de Contratación, Roy Pérez.

“Se trata de un pliego muy importante que era un compromiso del equipo de gobierno en lo que es un proyecto que vendrá a mejorar y ampliar la senda litoral con la creación de esta obra para el tramo correspondiente entre el núcleo de La Cala y Fuengirola”, ha destacado el edil.

El pliego sale a licitación por un importe estimado de 4,3 millones de euros en un proceso abierto no sujeto a regulación armonizada, y que llega tras un importante trabajo de diversas áreas, y en especial de Infraestructuras, ha señalado Pérez, quien ha añadido que “desde el Ayuntamiento invitamos a las empresas a participar y presentar sus ofertas”.

El responsable municipal ha detallado que los interesados en presentar sus propuestas contarán con un plazo que se abre mañana jueves y permanecerá abierto hasta el 21 de junio, con 26 días naturales para realizar la tramitación.

Por su parte, el concejal de Infraestructuras y Playas, José Carlos Martín, ha subrayado que esta obra es “muy esperada”, la cual “vendrá a sumar un atractivo más al ya conocido sendero, ampliándolo y llevándolo hasta el municipio vecino de Fuengirola”.

El edil ha recordado que este recorrido es el último a ejecutar en la senda litoral mijeña, que contará con una longitud aproximada de 3 kilómetros divididos en dos tramos, siendo el primero de unos 700 metros entre La Cala y el chiringuito El Sheriff y un segundo correspondiente entre Fuengirola y el Faro de Calaburra de unos 2.300 metros.

Martín ha agradecido “la labor de todo el equipo técnico, ya que hablamos de un proyecto de gran envergadura muy complejo que ha necesitado de hasta 3 informes favorables de distintas administraciones, tales como Medio Ambiente, Carreteras y Costas”, a lo que ha añadido “la complejidad de la orografía del terreno, que sin duda dificulta la ejecución de la obra” y que supondrá “una mejora para nuestra ciudad que quedará para siempre en la retina de quienes la transiten”.

La obra permitirá culminar la conexión del litoral mijeño casi en su totalidad mediante esta característica infraestructura, y que de momento no incluirá un pequeño tramo central que saldrá a licitación a la mayor brevedad posible, ya que “en aras de agilizar la ejecución de la totalidad de nuestro sendero hemos procedido a licitar estos principales tramos a la espera de concluir algunas expropiaciones administrativas pendientes para el tramo comprendido entre El Faro y el Sheriff”.

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• El pleno rechaza por unanimidad la intención del Gobierno de imponer peajes en las autovías

El Pleno de la Diputación de Málaga ha dado este martes luz verde -con los votos favorables de PP, Ciudadanos y el diputado no adscrito Juan Cassá y la abstención del PSOE y de Adelante Málaga- al inicio de los trámites para contratar el préstamo de 100 millones de euros, a 13 años, para financiar inversiones provinciales y municipales y para transferencias de capital a los ayuntamientos.

Esta operación ya estaba contemplada en el presupuesto de la Diputación de este año, como anunció el presidente de la institución provincial, Francisco Salado, quien ha defendido en el pleno la necesidad de recurrir a esta vía de financiación para acometer las principales necesidades y problemas estructurales de la provincia.

Los 100 millones de euros se emplearán en proyectos de la Gran Senda, Senda Litoral, Senda Azul, Corredor Verde del Valle del Guadalhorce y otros espacios naturales del interior de la provincia, así como en diferentes actuaciones de movilidad y comunicaciones en carreteras, como el Plan Vía-ble, y para la mejora de depuración y abastecimiento de agua. Igualmente, una parte se destinará como subvenciones a municipios y para proyectos de mejora del patrimonio de la Diputación.

En el pliego de condiciones para la contratación del préstamo, se establece que la operación u operaciones que se concierten tendrán una duración de 13 años, entre los que se incluyen tres años de carencia de capital e intereses contados a partir de la fecha de la firma del contrato o contratos. El plazo de presentación de las ofertas que presenten las entidades financieras será de 15 días naturales desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia.

La portavoz de Adelante, Teresa Sánchez, ha considerado que es importante contar con este dinero aunque no está de acuerdo en las actuaciones previstas y que, a su juicio, debieran ir hacia la promoción de vivienda pública, de energías renovables, etcétera.

Por su parte, el portavoz del PSOE, José Bernal, ha lamentado que la información la hayan recibido “tarde” y ha puesto sobre la mesa dudas que les surgen al ver “por encima” la documentación; un hecho que ha explicado el diputado Lopez Mestanza.

El diputado provincial de Economía Manuel López Mestanza ha esperado que en no más de un mes y medio esté ya adjudicada la entidad financiera que proporcione este préstamo. También ha indicado que la operación estará exenta de cualquier comisión y no tendrá gastos de corretaje, ni comisión de intermediación, de apertura o de cancelación anticipada. Así, los impuestos, derechos y tasas, compensaciones y demás gravámenes o gastos serán por cuenta de la entidad financiera prestamista.

Fondo de Liquidez Provincial
También se han aprobado en el Pleno las bases por las que se regula la creación y gestión de un Fondo de Liquidez Provincial para los ayuntamientos de la provincia menores de 20.000 habitantes por un importe de diez millones de euros. Se trata de una fórmula a través de anticipos reintegrables sin coste de intereses para ayudar a los ayuntamientos a hacer frente al pago de deudas a proveedores y para sanear las arcas municipales.

Según López Mestanza, se establecen tres líneas de actuación. Por un lado, anticipos reintegrables destinados a atender necesidades transitorias de tesorería, con un plazo máximo de reintegro de once mensualidades. Una segunda línea para anticipos reintegrables destinados a la consolidación de operaciones de deuda a corto plazo vigentes en operaciones de crédito a largo plazo, con un plazo máximo de reintegro de 110 mensualidades. Y una tercera línea de anticipos reintegrables destinados a la sustitución total o parcial de operaciones de crédito a largo plazo con un plazo máximo que no podrá superar las 110 mensualidades.

29 millones de fondos incondicionados
Otro de los puntos que han salido adelante ha sido la aprobación, por unanimidad, de una modificación presupuestaria que ha permitido dotar económicamente al tercer Plan de Asistencia Económica Municipal (PAEM), que distribuirá 29 millones de euros como fondos incondicionados a entidades locales menores de 20.000 habitantes.

Esto facilita la financiación de otros seis millones de euros para diferentes programas de obras y servicios que oferta la Diputación a través del Plan Provincial de Asistencia y Cooperación y que se ejecutarán en los municipios.

Modificación de los estatutos del CPB
También se ha aprobado la modificación de los estatutos del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB), en el que se lleva trabajando desde 2019 y que ha salido adelante por unanimidad. La portavoz de Adelante, Teresa Sánchez, ha incidido en que llevan trabajando “de manera consensuada con el diputado Manuel Marmolejo” en esto, “algo muy esperado”.

En los mismos términos se ha pronunciado el socialista Manuel Chicón, quien ha indicado que es un “gran día” para el CPB: “Da soluciones no sólo a trabajadores sino que supone un alivio para los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes que verán que la Diputación asumirá las aportaciones que debían hacer al Consorcio”.

También el diputado de Seguridad y Emergencias, Manuel Marmolejo, ha resaltado que esta modificación de estatutos era uno de los principales objetivos para dar estabilidad a la plantilla, que tiene a algunas personas “con más de 18 años de interinidad”.

“Esto supone el pistoletazo de salida para la actualización de la plantilla que es lo que nos están requiriendo. Esta aprobación es fruto del consenso de todos los grupos, se ha negociado, se ha hablado. Es un día bastante importante y los trabajadores del CPB están esperando como agua de mayo para hacer realidad su estabilidad”, ha finalizado.

Plan de Asistencia y Cooperación 2021
Asimismo, se ha aprobado de manera definitiva el Plan de Asistencia y Cooperación del año 2021 y se ha dado cuenta de la suspensión de la formalización del contrato de concesión del Caminito del Rey, el centro de visitantes y el aparcamiento debido a un recurso de una de las empresas que participó en el proceso; y se ha dado luz verde a la aprobación de los terrenos para el futuro parque de bomberos de Antequera, que el diputado Manuel Marmolejo ha confiado en que sea una realidad antes de que finalice el año 2023.

Rechazo a los peajes en las autovías
El pleno de la Diputación de Málaga también ha aprobado por unanimidad la moción del PP contra la intención del Gobierno central de imponer peajes en las autovías, de manera que la Corporación ha rechazado este planteamiento del Ejecutivo nacional.

La iniciativa, aprobada sin debate, plantea dejar libres de peajes los 326 kilómetros de autovía con los que cuenta la provincia de Málaga, evitando así “pagar dos veces por el mismo concepto”, recoge la moción, que recuerda que estas vías han sido ejecutadas “gracias a los impuestos pagados por los ciudadanos”.

Tívoli
El PSOE ha retirado su moción sobre Tívoli World, según la diputada Irene Díaz, tras el compromiso del presidente de la Diputación de mantener una reunión en breve con el alcalde de Benalmádena, Víctor Navas, para buscar soluciones a la situación del parque. Salado ha incidido en que están dispuestos a “arrimar el hombro” aunque ha advertido de que es una cuestión del administrador judicial, más privada que pública.

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• Es la cuantía en la que se estima la ejecución material de los diez complejos que vienen siendo objeto de tramitación por parte del Ministerio de Política Territorial y Función Pública

El volumen de inversión de las plantas solares proyectadas en la provincia de Málaga en los últimos meses empieza a adquirir una relevancia superlativa. Tanto como para superar los 538 millones de euros.

Esta es la cuantía en la que se estima la ejecución material de los diez complejos que vienen siendo objeto de tramitación por parte del Ministerio de Política Territorial y Función Pública desde principios de año, todos ellos con dos empresas detrás: Catalpa Solar y Tejo Solar.

Los últimos en activarse son dos plantas previstas en los municipios de Álora, Casarabonela, Pizarra y Cártama, con una potencial instalada prevista de 248,4 megavatios y un presupuesto de construcción de algo más de 121 millones de euros.

La preceptiva autorización administrativa y declaración de impacto ambiental de ambas instalaciones se encuentra se encuentran ya en fase de información pública, tal y como recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este martes. A las plantas se suma también el procedimiento para validar la infraestructura de evacuación común.

Uno de los proyectos está vinculado a Posets Solar, S. L. (Catalpa Solar), responsable de un parque solar con una potencia instalada de 102,7 megavatios, 333.315 módulos y un presupuesto de 44,3 millones de euros. En este caso, los terrenos, localizados en Casarabonela y Álora, tienen una superficie de 310,91 hectáreas, quedado vallas 269,52 hectáreas.

La segunda promotora es Faballones Solar, S. L. (Tejo Solar), que impulsa un parque con una potencia de instalación de 145,1 megavatios y 269.256 módulos. Los terrenos afectados, en los municipios de Álora, Pizarra y Cártama, tienen 295,32 hectáreas, de las cuales quedan valladas 288,51. El presupuesto de ejecución es de 76,9 millones.

Estos proyectos vienen a sumarse a otros que también fueron activados meses atrás. A finales del pasado mes de abril era la empresa Catalpa Solar, por medio de las sociedades Orla Solar y Natera Solar la que impulsaba la tramitación de cuatro parques, con una inversión estimada de 124 millones, una potencia instalada total de 250 megavatios, la colocación de 555.000 módulos y un terreno total disponible de 752 hectáreas.

LOS PROYECTOS TIENEN DOS EMPRESAS DETRÁS: CATALPA SOLAR Y TEJO SOLAR

Orla Solar, por un lado, proyecta una inversión de 66,5 millones en sus dos iniciativas. De ambas, FV Orla Solar prevé una potencia instalada de 62,5 megavatios, con 138.888 módulos fotovoltaicos. El terreno disponible para este proyecto es de 257,97 hectáreas. A esta primera hay que sumar la denominada Orla Solar II, con una potencia de 62,5 megavatios y otros 138.888 módulos fotovoltaicos. En su caso, el terreno disponible es de 146,57 hectáreas.

Natera Solar, por su parte, eleva la inversión a 57,2 millones de euros. La primera de sus plantas fija una potencia instalada de 62,5 megavatios y 138.888 módulos fotovoltaicos, con un terreno disponible de 183,94 hectáreas. Y Natera Solar II prevé otros 62,5 megavatios de potencia instalada y 138.888 módulos. El terreno total disponible es de 208,75 hectáreas.

Antes, en febrero, fueron impulsados otros cuatro proyectos por parte de Tejo Solar por medio de varias entidades: Reclamo Solar, S.L.; Rehala Solar, S.L., y Stopper Solar, Volateo Solar. Los mismos incluían una estimación económica total de 293 millones de euros, con una potencia instalada de 600 megavatios.

De acuerdo con los datos oficiales, desde un punto de vista económico, las instalaciones de mayor envergadura eran las correspondientes a Volateo Solar, dado que el presupuesto de materialización supera los 86,3 millones de euros. La localización de esta planta afecta a los municipios de Campillos, Antequera, Valle de Abdalajís y Álora, con una superficie de ocupación de 235,5 hectáreas de suelo. La potencia instalada prevista es de 150 megavatios (MW).

La segunda mayor apuesta inversora por parte de Tejo Solar era la que realiza por medio de Rehala Sola, con casi 77,6 millones, un valor fijado para una planta con una potencia instalada de 170 MW, con 377.757 módulos. La superficie de ocupación alcanza las 407,74 hectáreas, repartidas en las localidades de Campillos y Antequera.

Dos localidades que también se ven implicadas en los dos proyectos restantes. El de Reclamo Solar se asienta en Campillos, sobre un espacio de 313,94 hectáreas, donde se proyectan 353.315 módulos y una instalada de 150 MW, La inversión estimada supera levemente los 69 millones.

La última de las iniciativas era a la de Stopper Solar: una planta en Antequera, sobre un espacio de 352,55 hectáreas, con potencia estimada de 130 MW, con 288.873 módulos fotovoltaicos y una inversión de caso 60,2 millones.

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• La segunda etapa del proyecto permitirá disponer de un modelo completo de la estación, sus accesos y sus infraestructuras ferroviarias

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• Los ayuntamientos son las administraciones que más fondos han movilizado, con 154 millones
• La ejecucion del Metro sigue siendo la infraestructura que más dinero recibe de la Junta
• La construcción del nuevo edificio de la Facultad de Turismo hace de la UMA la universidad andaluza más inversora

La inversión en obra pública en la provincia de Málaga creció un 35,6% durante el año 2020, llegando a un total de 370,7 millones de euros en actuaciones impulsadas por las administraciones estatal, regional y locales, según los datos expuestos este lunes por CEACOP, asociación que representa a las pymes andaluzas del sector de la construcción y la consultoría, que ha presentado su informe anual de adjudicaciones.

En el contexto andaluz, Málaga es una de las cuatro provincias que registran una evolución positiva en el año del Covid, lo que contrasta con el comportamiento de Andalucía, donde la obra pública ha experimentado un retroceso del 14%, consecuencia de la caída del 63,6% de la inversión procedente del Gobierno central.

Además, la provincia malagueña es la segunda que más fondos ha logrado para infraestructuras, con un 21,5% del total, solo superada por Sevilla, que asume el 24,7%. Por detrás aparecen Cádiz (12,4%), Almería (9,6%), Córdoba (8,8%), Granada (8,7%), Jaén (7,1) y Huelva, con el 6%.

Del montante total de intervenciones licitadas, la Administración local es la que ha tenido una mejor respuesta, al punto de haber publicado operaciones por valor de 154,3 millones, un 10% más que el ejercicio anterior. Según el informe de CEACOP este fenómeno también se da en las cifras generales de la comunidad, donde son los ayuntamientos los entes más inversores, desbancando al tradicional que suele ser el Ejecutivo nacional.

Le sigue la Junta de Andalucía, que es la administración que más fondos ha destinado a infraestructuras en la provincia de Málaga, con 96,3 millones y un alza del 160%. La tercera posición de este particular ranking la ocupa el Gobierno central, con 76,1 millones y un incremento del 22%.

Destacan también los 33,5 millones en actuaciones impulsadas por la Universidad de Málaga (UMA), cuya inversión crece un 35%, siendo la institución académica que más fondos ha invertido de toda Andalucía. Por último, se sitúa la Diputación Provincial, con 9,4 millones y un aumento del 62%.

Obras destacadas
Los cinco ayuntamientos que más recursos desembolsaron en la provincia fueron el de Málaga capital con 48,9 millones; Estepona con 32,7 millones; Marbella con 14,5 millones; Fuengirola, con 9,2 millones; y Rincón de la Victoria (8,6 millones). Entre los cinco copan el 75% de las actuaciones. Como obra estrella, el informe señala la ejecución del aparcamiento subterráneo público en la plaza del Ajedrez de Estepona, por un importe de 13,4 millones.

En cuanto a la Junta de Andalucía, que aumenta significativamente la inversión, al pasar de 37 a 96,3 millones, la consejería más activa es la de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio (49,6 millones), seguida de la Consejería de Salud y Familias (23,5 millones) y en tercer lugar Educación y Deporte (10 millones).

Como principales actuaciones destacan la construcción de las instalaciones y arquitectura de las líneas 1 y 2 del Metro de Málaga, en el tramo Guadalmedina‐Atarazanas, por un importe de 24,9 millones; y la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras del sector MA‐01.

Por su lado, el Gobierno central alcanza una inversión de 76,1 millones, un 26,3% más, gracias a actuaciones de Aena en el aeropuerto de Málaga (soluciones prescriptivas de PCI en T2‐T3 y P1‐P2 y renovación de la climatización en T2 por 17,8 millones) y la mejora de la accesibilidad de la Estación de Renfe en Fuengirola, fase 2 (núcleo de cercanías de Málaga) por 2,6 millones.

Así, es el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, con 72,3, millones, el que destina mayor presupuesto a la provincia de Málaga, que además es la provincia que más fondos ha copado. El Ministerio del Interior es el segundo, con 2,5 millones.

Por último, cabe destacar que la Universidad de Málaga (UMA) es la más inversora de Andalucía. El principal proyecto ha sido la ejecución del nuevo edificio de la Facultad de Turismo 22,9 millones, adjudicada Acciona.

Cuota de empresas andaluzas
CEACOP defiende la “necesaria y vital” participación de empresas andaluzas en las obras de la comunidad, como una vía para apoyar a los emprendedores locales y el empleo. Concretamente, en 47% de las adjudicaciones en Málaga es a empresas andaluzas, frente al 54% en toda la región.

Así, a pesar de que aumenta la inversión en la provincia se reduce la adjudicación a empresas andaluzas. En 2019, el 56,6% de las actuaciones lo realizaron empresas andaluzas.

Los ayuntamientos malagueños son los cuartos que mayor volumen económico han destinado a empresas andaluzas, con el 67,6%, frente al 63% que alcanza en toda la región. La Junta de Andalucía ha adjudicado un 57,2% a firmas de la comunidad, mientras el Gobierno central no llega al 8,4% de esa cuota.

Sector prioritario
En Andalucía, las adjudicaciones se sitúan en 1.723 millones, según el informe anual elaborado por CEACOP, que denuncia la ralentización de este sector, que se mantenía en tendencia positiva desde 2016, año en el que tocó fondo.

CEACOP destaca que la construcción es prácticamente el único ámbito productivo donde no ha aumentado el paro, lo a juicio de esta asociación “demuestra su solidez a la hora de soportar las secuelas de la pandemia”. “El sector continuó su actividad reforzando las medidas de seguridad y adaptándose a las circunstancias derivadas del COVID‐ 19, manteniéndose como zona segura”, han subrayado.

Cabe recordar, además, que la inversión en obra pública se traduce en que, por cada millón de euros invertido, se crean 15 empleos directos y hasta 30 indirectos. Y que, por cada 100 euros invertidos en infraestructuras, 62 retornan a la administración vía impuestos, seguros sociales y tasas. Los recursos destinados a infraestructuras es inversión productiva porque crea empleo, genera actividad y es tractor de otros sectores económicos.

Ana Chocano, presidenta de CEACOP, destaca que, “afortunadamente, en estos momentos, en los que otras actividades están bajo mínimos, estamos demostrando que somos un pilar fuerte de la economía andaluza, necesario para que otros muchos sectores continúen su marcha y arrastrando a una fuerte industria auxiliar”.

En cuanto al volumen de inversión, señala que está muy alejado de los 2.800 millones que CEACOP estima como inversión mínima en Andalucía para que esta actividad contribuya de forma decisiva a la recuperación de la riqueza de la región en términos de PIB y empleo. “La construcción es parte de la solución, porque no se puede obviar a un sector esencial, capaz de resistir los embates de una pandemia sin elevar el paro”, señala la presidenta de CEACOP.