Málaga Hoy

• Los fondos Edusi obligan a tener lista esta y otras actuaciones antes de que acabe 2022, plazo que se considera insuficiente

Marcaba el calendario el día 10 de octubre de 2016 cuando el Ayuntamiento de Málaga ponía sobre la mesa los proyectos que pretendía financiar con los 15 millones de euros otorgados por la Unión Europea para dar continuidad a la regeneración urbana de la ciudad. Transcurridos más de cuatro años y medio, el plan diseñado por el equipo de gobierno, que incluía en un inicio cerca de 40 iniciativas, sigue sin arrancar del todo. Al menos en lo que a las grandes obras se refiere.

Y eso es motivo de preocupación en la Casona del Parque, por cuanto una de las condiciones fijadas por Europa es que las intervenciones afectadas por este programa tienen que estar completadas antes de finalizar el año 2022. El punto de estancamiento y retraso en el que se encuentran la mayor parte de las actuaciones hace prácticamente inviable cumplir con esta previsión temporal, lo que podría derivar en una pérdida de fondos llegado el momento.

Para evitar un revés que sería mayúsculo para los intereses municipales, el Ayuntamiento ha dado el paso para solicitar formalmente a la Unión Europea una ampliación del periodo de justificación de los fondos recibidos. En concreto, reclama que la nueva fecha tope sea la del 31 de diciembre de 2023, un año más de lo inicialmente contemplado.

Sobre este particular, fuentes municipales fueron claras al señalar que para que el grueso de las operaciones cumpliese con el calendario inicial ya tendría que haber comenzado su materialización. Pero es algo que no ocurre. Los casos más palmarios vienen a coincidir justamente, con las obras de mayor volumen económico: reorganización del eje Carretería-Álamos, Plaza de los Filipenses y el entorno de la iglesia de Santo Domingo, calle Trinidad Grund, actuaciones en Lagunillas.

El análisis detallado de cada una de estas intervenciones confirma que se trata de proyectos en los que sigue sin moverse una sola piedra. El ejemplo más preciso es el de Carretería-Álamos, cuyos trabajos de materialización fueron adjudicados hace ahora una semana por parte de la Gerencia de Urbanismo. Una contratación, pendiente de la formalización, que vio la luz ocho meses después de que fuese licitada. El retraso en la aprobación del actual presupuesto municipal forzó a posponer la decisión final de la mesa de contratación.

La previsión es que los trabajos en este eje urbano puedan impulsarse a lo largo del presente mes o inicios de junio. A partir de ese momento, el contador inicial fija un total de 18 meses. Esto implica que en el mejor de los casos no estaría completada para principios de 2023, si bien en el seno de Urbanismo creen factible que pueda estar en el horizonte del primer trimestre de ese ejercicio.

Sobre este particular hay que tener en cuenta los posibles imprevistos relacionados con la arqueología, cuestión sobre la que la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía ha exigidos sondeos a lo largo de todo el eje, lo que podría dilatar el plazo.

LA PRETENSIÓN MUNICIPAL ES DISPONER AL MENOS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 PARA PODER COMPLETAR TODAS LAS ACTUACIONES

A este primer condicionante hay que sumar que con la progresiva vuelta a la normalidad en la ciudad es previsible que la obra tenga que ser paralizada temporalmente en determinados momentos del año, caso de Feria, que se ignora si tendrá lugar o no, y Navidades, por ejemplo. La unión temporal adjudicataria, compuesta Acsa y Hormacesa, fijar su oferta económica en 3.825.000 euros.

Algo semejante es lo ocurrido a finales del pasado mes de abril con la regeneración del entorno de la iglesia de Santo Domingo. Una intervención contratada a Construcciones y Obras Verosa, S.L., por un valor de 933.372 euros (IVA incluido). La preocupación por esta obra es menor, ya que el plazo que se maneja es de seis meses.

De acuerdo con los detalles técnicos conocidos, la intervención permitirá actuar sobre tres plazas situadas en la zona: Plaza Religiosa Filipense Dolores Márquez, Plaza de la Legión Española y Plaza Fray Alonso de Tomás. Con todo, un ámbito de unos 8.000 metros cuadrados de superficie.

De la que nada se sabe por el momento es de la reurbanización de un tramo de la calle Trinidad Grund, para que el actual presupuesto incluye una reserva inicial de 294.173 euros para su materialización. Un montante que se vincula con la primera fase de la actuación, ya que se maneja la posibilidad de convertir en un eje semipeatonal la parte de la vía que se extiende desde calle Córdoba hasta la Alameda de Colón.

Otro ejemplo del retraso acumulado se deja ver en una de las intervenciones previstas en el barrio de Lagunillas, donde se propone la construcción de un centro cívico. No es hasta ahora que la Gerencia de Urbanismo ha puesto en marcha el procedimiento de contratación del proyecto básico y de ejecución, para el que se estima un plazo inicial de seis meses. Será a partir de ese momento cuando pueda empezar a dibujarse un calendario cierto para la adecuación del inmueble. El servicio cuenta con un presupuesto de partida de 80.115 euros, incluido el IVA.

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• La infraestructura, la primera de carácter público, podrá acoger 136 plazas

El alcalde de Mijas, Josele González, acompañado de los ediles de Infraestructuras, José Carlos Martín, Tercera Edad, Tamara Vera, Urbanismo, Andrés Ruiz, y Servicios Sociales, Hipólito Zapico, ha presidido esta semana la reunión informativa con la Asociación de Jubilados y Pensionistas Virgen de la Peña en la que se daba a conocer la publicación de la licitación para la redacción del proyecto de la nueva residencia de mayores que se ubicará en la zona de Las Lagunas.

“Una noticia que supone un paso en firme para la ejecución de este proyecto tan demandado por los mayores de nuestra ciudad y en especial de la Asociación de Jubilados y Pensionistas Virgen de la Peña, que desde hace ya casi 15 años vienen reclamando la creación de este espacio y a quienes hoy comunicábamos la publicación en el perfil del contratante la redacción definitiva del proyecto de construcción de esta infraestructura para el cual se destinan unos 280.000 euros”, ha afirmado.

Además, ha añadido que se trata de un paso “fundamental previo a la construcción de este espacio que ha sido posible gracias al trabajo en equipo y que se ubicará en una parcela ubicada en la zona contigua al IES La Vega, en lo que será una residencia orientada a primar la comodidad de nuestros mayores y que contará con múltiples espacios abiertos, zonas de visita, salas geriátricas, varios comedores, y mucho más recogiendo así las necesidades de nuestros mayores, en lo que será un proyecto que vendrá a cumplir el compromiso de este gobierno con los mayores de nuestra ciudad”.

Desde el gobierno local han incidido en la importancia de este paso dado, y que vendrá a dotar al municipio de Mijas de esta residencia que se prevé aglutine alrededor de 136 plazas para usuarios, según ha avanzado el concejal de Urbanismo Andrés Ruiz.

Al respecto, ha agregado que “tras desarrollar el proyecto básico por parte del Ayuntamiento se publica ahora la redacción de la modificación del proyecto básico y redacción del proyecto de ejecución previo a la futura ejecución de la obra, en lo que es un proyecto que engloba muchos detalles y adaptado a la normativa de la Junta para este tipo de edificaciones, en lo que será además un edificio singular con mucha luz y espacios abiertos y de calidad para nuestros mayores”.

Asimismo, ha añadido que “hemos ido más allá para poder desarrollar un espacio acogedor, en lo que será una edificación de tipo modular para facilitar el esparcimiento y grandes zonas verdes, una vez superado el plazo de publicación de ofertas procederemos a estudiarlas y seguir avanzando en este proyecto”.

Según han informado durante la convocatoria, las empresas interesadas tendrán de plazo hasta el 7 de junio para presentar sus ofertas a esta licitación publicada hace unos días por un importe de 280.000 euros.

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• La Junta tramita un nuevo modificado del contrato del tramo Renfe-Guadalmedina, valorado en 4,3 millones
• Con esta variación, el valor final del tajo supera ya los 30,3 millones, 7,4 millones más que lo adjudicado

La Junta de Andalucía tiene ya vía libre para tramitar el que parece será el último modificado contractual de las obras del Metro en su acercamiento definitivo a la Alameda Principal. La aparición de dos trozos de muro del antiguo arrabal de Attabanim en la Avenida de Andalucía y la obligación legal de garantizar su conservación in situ, sumado a cuestiones relacionadas con la geotecnia del túnel en la zona de Callejones del Perchel y la necesidad de adecuar la superestructura de vía en esta parte del trazado debido al retraso en la continuación del proyecto hacia el Hospital Civil, justifican una nueva alternación del contrato valorada en 4.340.262,73 euros (sin IVA).

Los detalles aquí apuntados constan en un informe emitido por el Consejo Consultivo de Andalucía, ente que se pronuncia de manera favorable a la propuesta realizada por la Agencia de Obra Pública de Andalucía, dependiente de la Consejería de Fomento. La emisión del dictamen, fechado el pasado 22 de abril, es necesario en la tramitación de este ajuste presupuestario.

¿Por qué? Porque el incremento ahora planteado, que según se precisa supone una subida del 18,96% respecto a la adjudicación de las obras originales, viene a sumarse a un modificado anterior, tramitado el 29 de junio de 2020, por un importe de 3.064.116 euros (un 13,39% del presupuesto de adjudicación). Conforme a estos valores, la suma de ambos modificados alcanza los 7,4 millones de euros, lo que equivale a una variación al alza del 32,35%, un porcentaje tal que hace necesario el pronunciamiento del Consultivo.

Una cuantía a agregar a los 22.887.229 euros por el que fueron contratados a la UTE Acciona-Sando las tareas de terminación del tajo Renfe-Guadalmedina. Con todo, salvo nuevos imprevistos, el valor final de esta pieza del suburbano va a alcanzar los 30,3 millones de euros (sin IVA).

Tomando como referencia el dictamen, al que tuvo acceso este periódico, son tres las causas esgrimidas por la Administración regional para sustanciar el segundo de los modificados. Las primeras de ellas se derivan de las circunstancias arqueológicas. En este sentido, se alude a los nuevos requerimientos de la propuesta de intervención para la musealización de los bienes inmuebles arqueológicos descubiertos durante las obras del Metro.

La segunda se deriva de la continuación de las investigaciones arqueológicas que han puesto al descubierto una cerca muraria formada por dos muros que delimitan el antiguo arrabal de la medina de los siglos XI a XIII. Unos restos que, según el pronunciamiento de la Delegación Territorial de la Consejería de Cultura, con fecha 30 de julio de 2020, tienen que ser conservados ‘in situ’, al ser calificados como Bien de Interés Cultural (BIC). Esta circunstancia, “exige modificar el proyecto de obra en el sector del túnel del Metro que intercepta sendas estructuras murarias”.

Otras razones vienen derivadas por el alcance del proyecto de superestructura de vía. En concreto, se indica que debido al desfase temporal en la puesta en servicio conjunta de los tramos Renfe-Guadalmedina y Guadalmedina-Atarazanas y la prolongación de la línea 2 hacia el Hospital Civil (no antes del año 2027), se hace necesario, “a efectos funcionales”, disponer de vías de maniobra de apartado para la línea 2 que permitan atender la demanda de viajeros de forma adecuada. “Es por ello que se hace necesario disponer de zonas de vías de apartado para el estacionamiento de trenes, cambio de vías, etc., en el acceso norte de la estación Guadalmedina”, se precisa en el dictamen.

La última de las causas apuntadas son geotécnicas, derivadas de dos episodios de entrada masiva de agua y arrastre de sólidos de relevancia sobrevenida el 28 de octubre de 2019 bajo el recinto que alberga la muralla nazarí y el 30 de junio de 2020 en una junta entre dos módulos de muros-pantalla localizados bajo la plaza de la Solidaridad.

Ante esta incidencia, se intervino para proteger a los trabajadores, “como medida de autoprotección de la obra ya ejecutada evitando la inundación del túnel; evitar daños irreparables a la muralla nazarí y la afección a terceros por derrumbes”. La primera fase de la actuación consistió en ejecutar elementos de filtro y contención con escollera para el arrastre de finos. Posteriormente, se procedió al aseguramiento y relleno de las cavidades surgidas por el arrastre de finos mediante la perforación, inyección y relleno con mortero, además de levantar un muro transversal en toda la anchura del túnel para confinar los tratamientos geotécnicos del jet grouting.

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• De la Torre aboga por levantar un inmueble alternativo “para mantener la identidad histórica de la Plaza de la Merced” y niega discordancias con el Área de Cultura

La sucesión de proyectos relativos al suelo del Astoria en la Plaza de la Merced se dispone a subir un nuevo peldaño. Si los sondeos geoarqueológicos realizados hace unos meses apuntan la posible localización de restos de gran valor histórico por debajo de los 5,5 metros de profundidad, lo que comprometería la construcción del edificio proyectado (el Málaga All Space, que promueve un grupo empresarial cordobés) hasta el punto de que la concejal de Cultura, Noelia Losada, daba ya por descartada esta actuación el pasado miércoles, ha sido el alcalde, Francisco de la Torre, quien formuló este jueves su esperada declaración al respecto; y lo hizo, primero, con una invitación a la prudencia “hasta que la Consejería de Cultura no se pronuncie sobre el resultado de los sondeos”, para no descartar la construcción de un edificio alternativo en el caso, ya asumido, de que el Málaga All Space no pueda materializarse. Eso sí, el alcalde, introdujo un matiz bien significativo: el nuevo edificio se desarrollaría “con financiación pública”.

Insistía De la Torre en que, tras haber sido remitido el resultado de los sondeos a la Delegación de Cultura, “corresponde a la Junta de Andalucía aclarar qué se puede hacer y qué se debe proteger, por lo que será dentro de unas semanas cuando podamos afrontar esta cuestión con más certezas”. Sin embargo, el alcalde mantiene intacto el empeño en construir un edificio en el suelo del Astoria y no dejar la plaza diáfana hasta la misma calle Victoria “porque, históricamente, la Plaza de la Merced ha estado siempre definida así, con sus cuatro lados. Es algo que hemos debatido con el Colegio de Arquitectos y estamos de acuerdo en que la mejor solución de acuerdo con la identidad histórica de la plaza es construir un edificio”. Admitía De la Torre que la prolongación de la excavación arqueológica por debajo de la cota de 5,5 metros hace inviable la construcción del auditorio soterrado de dos plantas con una profundidad de diez metros contemplado en el Málaga All Space, aunque remitió de nuevo al futuro pronunciamiento de la Junta de Andalucía y a los resultados de la excavación “para ver qué corresponde hacer. Tal vez sea posible compatibilizar una construcción de este tipo con la protección de los posibles restos que aparezcan, aunque sea tapándolos”. Preguntado por la información obtenida a través de los sondeos geoarqueológicos respecto a los restos hallados, De la Torre se negó a facilitarla “porque es la Junta de Andalucía quien debe hacerlo”. Lo que sí está claro es que la excavación arqueológica continuará en virtud, precisamente, de la luz arrojada por los sondeos.

EL ALCALDE NIEGA EL VARAPALO: “SIEMPRE HEMOS SIDO CONSCIENTES DE LAS DIFICULTADES QUE ENTRAÑA CONSTRUIR EN UN LUGAR TAN SENSIBLE”

La propia Noelia Losada describía el pasado miércoles esta prolongación de la excavación como una “buena noticia” dada posibilidad de localizar restos de origen romano de gran valor histórico para Málaga, por lo que daba ya por descartada la construcción del edificio aprobado. Preguntado por un posible desencuentro con el Área de Cultura por este motivo, De la Torre matizó que lo que Losada daba por descartado “el edificio proyectado”, y fue entonces cuando se refirió a una posible alternativa con otro edificio construido “con financiación pública” y adaptado a las exigencias de los restos arqueológicos. Más aún, el alcalde destacó la “sintonía” con el Área de Cultura en el seguimiento de las actuaciones. Respecto al varapalo que supone el resultado de los sondeos respecto a la elección del Málaga All Space para el suelo del Astoria, fruto de un complejo y polémico concurso público, De la Torre negó tal extremo: “Siempre hemos sido conscientes de las dificultades que entraña construir un nuevo edificio en un lugar tan sensible. Ya cuando quisimos hacer el Museo de Museos, al que hubo que renunciar por la crisis de 2008, sabíamos que el arroyo que viene desde la calle Victoria podía dar problemas para la construcción del edificio. En cualquier caso, seguiremos trabajando y adaptándonos a las circunstancias para darle a Málaga la mejor solución posible”.

Adiós a un proyecto de 21 millones de euros
El zoco cultural hasta ahora manejado para ocupar el vacío de los antiguos cines iba a suponer una inversión próxima a los 21 millones de euros, con unos dos años de construcción. Diseñado por los arquitectos Alberto García Marín y Manuel Sánchez la Chica, incluía dos plantas de sótano y tres alturas. Una de las particularidades de la planta baja es que se integra en el entorno, al punto de convertirse en una extensión de la Plaza de la Merced. En el inmueble se proponían actividades de ocio (tanto para el público infantil como para el público adulto) y gastronomía. La planta media quedaba reservada para la Fundación Pablo Picasso, al tiempo que se concebía para exposiciones de arte, congresos y eventos, incluyendo un auditorio para 300 personas. Y la cubierta, de casi 800, estaba pensada como mirador.

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• La intervención sobre el antiguo Gobierno Militar se tasa en casi 2,8 millones de euros
• El mal estado del inmueble obliga a la demolición de su estructura interior

La apuesta de Google por instalar un centro de referencia en materia de ciberseguridad en Málaga capital empieza a dar sus primeros pasos. Tras el anuncio formalizado el pasado mes de febrero, el proyecto avanza ahora con la concesión de la licencia de obras para cambiar el uso del antiguo Gobierno Militar, que lo albergará, así como para proceder a su adecuación.

De acuerdo con los datos recogidos en el permiso de intervención, la ejecución material queda valorada en 2.782.252 euros. Sea como fuere, la inversión será muy superior, ya que hay que incluir a esta suma los gastos propios de la operación, así como el desembolso posterior necesario para las propias instalaciones. De acuerdo con la documentación oficial, el inicio de las obras debe producirse en un plazo máximo de seis meses desde la expedición de la licencia, fijándose un máximo de 36 meses para su finalización.

La lectura de la licencia, que incluye ciertos condicionantes, pone de manifiesto el mal estado en el que se encuentra el inmueble. De hecho, se autoriza incluso la demolición de la estructura interior tras concluir que su adaptación a los nuevos usos previstos “conlleva un peligro para su seguridad y para la estabilidad de las fachadas protegidas”.

Ante la petición de la parte privada, los técnicos municipales admiten como “una necesidad” su sustitución, aunque vinculando esto con la protección de los elementos a proteger y conservar. Sobre ello, se precisa que se incluyen bocetos del proceso constructivo por el que se prevé estabilizar las fachadas para la posterior sustitución de la estructura interior.

Este visto bueno se produce tras conocer las conclusiones de varios informes y estudios aportados por la propiedad en la que se aconseja la renovación total de la estructura. “Entendemos que se encuentra en un estado asimilable a una ruina técnica por el peligro que corre la conservación de las fachadas y el volumen del edificio y por tanto es admisible la renovación/demolición de la estructura, conservando en todo momento las fachadas y el volumen actual de la edificación”, se precisa.

También menciona las inspecciones previas realizadas por Cemosa en 2017 “donde se advierten patologías estructurales relacionadas con espesores insuficientes en las armaduras, corrosión de éstas y diversos tipos de humedades”, y se recuerda la existencia de un expediente de ITE desfavorable, relacionando temas de seguridad, estabilidad y consolidación estructural.

Otro estudio de Cemosa, de agosto de 2020, advierte de la detección de “anomalías relacionadas con la corrosión en elementos estructurales y patologías en la cimentación”. A este trabajo se incorpora una adenda posterior, de diciembre de 2020, en la que se dice: “La utilización para los nuevos usos previstos en el edificio podría conducir a un fallo generalizado de la estructura y cimentación de la edificación”.

Respecto a la posibilidad de asentar en este inmueble, calificado como equipaminte, un centro formativo de estas características, los técnicos lo consideran admisible. En esta misma línea, autorizan la intervención programada sobre el mismo, en la que destaca la demolición y eliminación de volúmenes que fueron añadidos al edificio y que no representan el aspecto histórico inicial. Esto incluye dos garitas que invaden espacio público en las dos esquinas traseras del edifico, un volumen en planta cubierta que se destinaba a lavadero cubierto con chapa ondulada, y un tercer volumen añadido en planta segunda, posiblemente también para lavadero.

Además se valida la prolongación de las ventanas hasta nivel de solería conservando las dimensiones y anchos de huecos, así como los ejes verticales; en la fachada trasera, se propone unificar los huecos que iluminan la escalera; en la fachada trasera se propone recuperar uno de los accesos originales al edificio, actualmente parcialmente tapiado y convertido en ventana; también se quiere elevar la altura de los casetones de cubierta para facilitar la accesibilidad y conexión con la terraza descubierta, y se apuesta por ampliar el casetón de salida a cubierta junto al ascensor para mejorar la accesibilidad, reubicando aquí el volumen que se demuele en el cuerpo destinado a tendedero.

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• La concejala de Cultura asegura que es una tesis manejada también por el alcalde
• Apunta el compromiso para seguir excavando en los puntos donde se localizaron hallazgos romanos

El guión que durante años había redactado el Ayuntamiento de Málaga para dar una salida airosa a los antiguos cines Astoria y Victoria salta por los aires. El resultado de los sondeos geoarqueológicos ejecutados meses atrás para determinar la existencia o no de más restos de valor bajo la cota -5,5 metros, que es la alcanzada en la primera fase de las excavaciones, concluye la necesidad de profundizar más en el subsuelo. Al menos en los extremos de la finca, donde fueron localizados hallazgos de época romana.

Y ello, salvo sorpresa, toca de lleno la viabilidad del proyecto arquitectónico contemplado para ocupar el actual vacío. Una de las particularidades de este edificio, promovido por un grupo empresarial de Córdoba y bautizado como Malaga All Space (MAS), es que incluye un auditorio soterrado de dos plantas, que alcanzaría los 10 metros bajo tierra. Según ha podido saber este periódico, la construcción del inmueble tal y como está concebido es incompatible con la presencia de los restos.

Si bien es cierto que la última palabra respecto a lo que acabe sucediendo con el solar corresponde a la Delegación de Cultura, varias fuentes consultadas dan por seguro que el pronunciamiento de los técnicos autonómicos (que tienen la memoria en sus manos desde el pasado día 30 de abril) será proclive a la conservación de lo ya encontrado. En conclusión, esto obligaría al Ayuntamiento o a alterar de manera clara el nuevo edificio o a encontrar un nuevo modelo.

Del revés que esto supone para el Consistorio ha dado cuenta este miércoles la concejala de Cultura, Noelia Losada, y no los responsables de la Gerencia de Urbanismo, organismo responsable de las actuaciones arqueológicas impulsadas en la parcela. De hecho, preguntado por este asunto, el concejal de Ordenación del Territorio, Raúl López, ha declinado pronunciarse sobre el asunto.

López ni ha confirmado ni ha desmentido las palabras de su compañera de equipo de gobierno. La también portavoz de Ciudadanos en la Casona del Parque, citando las explicaciones recibidas desde Urbanismo, ha asegurado que los sondeos materializados avalan la necesidad de excavar más en los puntos donde fueron localizados los restos romanos.

“Hay más romano, no se sabe el qué, ni de qué entidad ni su conservación, pero hay más cosas”, ha enfatizado, valorando este hecho como una “buena noticia” para seguir con la investigación. Por el contrario, de este mismo trabajo se deduce que en la parte central, coincidente con el antiguo hospital de Santa Ana, no será necesario continuar con las actuaciones.

En este contexto, Losada da por “descartado” el proyecto arquitectónico que fue validado hace ahora unos tres años por el Consistorio. Y, por lo que parece, no sólo ella. Según ha confirmado a este periódico el propio alcalde, Francisco de la Torre, asume esta misma tesis. “Hablando con él hemos dado ese proyecto como no factible, lo doy por descartado”, ha precisado.

NOELIA LOSADA, CONCEJALA DE CULTURA “Hablando con el alcalde hemos dado ese proyecto como no factible, lo doy por descartado”

Esta circunstancia, pendiente de nuevos acontecimientos, fuerza al equipo de gobierno a trazar una nueva hoja de ruta. Y en ella Ciudadanos quiere ser tenido en cuenta. Su planteamiento, ha apuntado Losada, pasa por un edificio de bajo impacto visual, que permita la permeabilidad con la Alcazaba y que haga posible el mantenimiento de los restos arqueológicos. A esto añade que el mismo tenga uso cultural.

El zoco cultural hasta ahora manejado para ocupar el vacío de los antiguos cines iba a suponer una inversión próxima a los 21 millones de euros, con unos dos años de construcción. Diseñado por los arquitectos Alberto García Marín y Manuel Sánchez la Chica, incluía dos plantas de sótano y tres alturas. Una de las particularidades de la planta baja es que se integra en el entorno, al punto de convertirse en una extensión de la Plaza de la Merced.

En el inmueble se proponían actividades de ocio (tanto para el público infantil como para el público adulto) y gastronomía. La planta media quedaba reservada para la Fundación Pablo Picasso, al tiempo que se concebía para exposiciones de arte, congresos y eventos, incluyendo un auditorio para 300 personas. Y la cubierta, de casi 800, estaba pensada como mirador.

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• Los socios privados del proyecto realizarán una inversión de 23,7 millones de euros

La Junta de Andalucía, a través del Fondo de Desarrollo Urbano, impulsará con el apoyo financiero de 15 millones de euros las obras de urbanización de la primera fase de la plataforma logística Megahub Andalucía, iniciativa público-privada fruto del convenio entre la empresa Puerto Seco de Antequera, que asume el 56,74 por ciento de la inversión, y la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, a través de la Red Logística de Andalucía, que absorbe el 43,26 por ciento restante.

El consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, acompañado de la delegada del Gobierno de la Junta en Málaga, Patricia Navarro, ha asistido al acto de firma de la operación junto al presidente de Puerto Seco de Antequera, Domingo de Torres; el gerente de la sociedad, Saúl Minguela; la delegada de Groupe IDEC en España, Maite Palomino; y representantes de GED Capital.

GED Andalucía Urbano, una de las entidades encargadas de la gestión del Fondo de Desarrollo Urbano, participará también en la parte privada del proyecto, cuya inversión estimada asciende a 23,7 millones de euros incorporándose al accionariado de Puerto Seco de Antequera con un cinco por ciento del capital social.

Los accionistas mayoritarios de Puerto Seco de Antequera son el empresario malagueño Domingo de Torres, propietario de la empresa de transportes Acotral, y el socio internacional francés Groupe IDEC, recientemente incorporado al capital en octubre de 2020, han precisado desde la Junta de Andalucía en un comunicado.

Esta primera fase incluirá todas aquellas actuaciones de urbanización del suelo, así como los viales, zonas verdes y libres en una superficie de 102 hectáreas (de un total de 338 hectáreas) en el extremo occidental del término municipal de Antequera, junto al núcleo urbano de Bobadilla Pueblo, siendo los suelos tanto de titularidad pública como privada.

Megahub Andalucía, han recordado, tiene por objetivo crear el mayor centro logístico sostenible y digital del sur de Europa con capacidad para albergar, al menos 150 empresas, e incentivando la relocalización de empresas en otros polígonos de la zona. Tiene potencial para crear más de 8.000 empleos directos y en torno a 16.000 empleos indirectos.

Se trata de una iniciativa declarada de Interés Estratégico para la comunidad andaluza, con capacidad de generar un impacto social, económico e industrial significativo en Antequera y su comarca, contribuyendo a la reactivar la economía en Andalucía.

Sus principales atractivos y valores diferenciales se resumen en la intermodalidad viaria, al estar ubicada estratégicamente junto a varias vías de alta capacidad y nudos de transporte de camiones; ferroviaria, por su pertenencia a los corredores Mediterráneo y central Atlántico; marítima, por su conexión con el Puerto de Algeciras; y aérea, con el aeropuerto de Málaga.

Además, permitirá el acceso y circulación fluida de vehículos de carga de gran dimensión y megaparcelas de más de 100.000 metros cuadrados y ofrecerá una amplia oferta de servicios de valor añadido para los operadores como la Terminal Ferroviaria o el Centro Integrado de Servicios, donde se localizarán edificios de oficinas, salas de reuniones y conferencias, aulas de formación, locales comerciales, hotel y otros servicios complementarios como aparcamiento de camiones o estación de servicio.

El Fondo de Desarrollo Urbano de Andalucía, ha recordado el Gobierno autonómico, es un instrumento financiero cuyos recursos provienen mayoritariamente del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2014-2020 y de la Junta de Andalucía, y que tiene como objetivo invertir en torno a 200 millones de euros en proyectos de desarrollo urbano en la comunidad andaluza.

El Fondo de Desarrollo Urbano de Andalucía ha respaldado en lo que va de año otros cuatro proyectos: la recuperación y ampliación de la antigua Residencia de Tiempo Libre de Cádiz como hotel tras 12 años cerrado y sin actividad; la reconstrucción y recuperación del antiguo Hotel Byblos en Mijas , que ha permanecido clausurado desde el año 2010; la construcción de la que será la mayor residencia de estudiantes de España en Sevilla, un proyecto que supondrá una inversión total cercana a los 60 millones y la construcción de un museo temático del aceite de oliva en Ronda, que se convertirá en el primer proyecto de autor en oleoturismo de Europa

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• Selecciona a la unión temporal integrada por Acsa y Hormacesa, cuya oferta económica es de 3.825.000 euros

Casi ocho meses después de que fuese licitada la contratación de los trabajos de regeneración de la calle Carretería, hay fumata blanca. La mesa de contratación acaba de proponer la adjudicación de este proyecto a la unión temporal de empresas integrada por Acsa y Hormacesa por un valor de 3.825.000 euros (IVA incluido). La cuantía ofertada supone una rebaja de 1.135.634 euros (casi el 23%) respecto al precio de licitación.

De acuerdo con los detalles aportados por el concejal de Ordenación del Territorio, Raúl López, esta proposición contempla la formalización de 1.400 jornales durante el desarrollo de los trabajos, para los que se estima, inicialmente, un plazo de 18 meses. A esta convocatoria habían concurrido en total 31 firmas.

Con este paso, que se ha venido retrasando, el Ayuntamiento allana el camino para arrancar las actuaciones sobre este eje del Centro histórico. Uno de los condicionantes que pesa sobre la actuación es que debido a que se nutre en un 80% de fondos europeos, procedentes del plan Edusi, la obra deberá estar completada en un plazo máximo. En este caso con diciembre de 2022 como referencia. Si bien ahora se ha conocido la adjudicación, se dispone de un plazo de varias semanas para posibles recursos. En caso de no haber variación, se formalizará la contratación y será ese el momento en que se podrá activar el contador.

La intervención se antoja complicada. No sólo por la afectación que tiene sobre un eje importante del casco antiguo, sino por la exigencia por parte de la Delegación de Cultura de antes de impulsar los trabajos se realicen una serie de sondeos arqueológicos en todo el trazado.

La hoja de ruta trazada contempla la división del escenario en siete etapas físicas y temporales, de manera que cada una esté completada antes de avanzar en la siguiente. El primero de los pasos, según el proyecto, se dará en la parte de Carretería más próxima a la Tribuna de los Pobres, incluyendo al reforma de la misma.

LA UTE VEROSA-ACER RECIBE EL ENCARGO PARA EJECUTAR LA CUARTA FASE DEL PARQUE DE SAN RAFAEL, CON UN VALOR DE 2.078.000 EUROS

En cuanto al eje, la transformación hará que tanto Carretería como Álamos tengan un solo nivel. La gran variación, además de la renovación de los pavimentos, se dejará notar en la reducción significativa que se hará en el espacio destinado al tráfico de paso. En este sentido, se prevé una reducción del 21% en la intensidad media diaria de vehículos (unos 6.000 vehículos actuales) por un eje que desde hace años viene funcionando como una especie de circunvalación del Centro.

Siendo uno de los más relevantes de las adjudicaciones conocidas, no es la única. A esta hay que sumar la propuesta para que sea la UTE Verosa-Acer la que acometa la cuarta fase del Parque de San Rafael, con un valor de ejecución de 2.078.000 euros (casi 800.000 euros menos).

El soterramiento de la línea de 66 KV D/C unificada Ramos-Viso será desarrollado por Eiffage por 1.540.000 euros; la separata del proyecto de urbanización reformado del sector Peri Carril de Orozco, por la UTE Trafisa-Sercli, por 1.160.000 euros; y el encauzamiento del arroyo de la Rebanadilla, en Campanillas, por Martín Casillas, por 707.000 euros.

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• El RACE cree que puede ser peligroso porque se podría optar por ir por vías más peligrosas
• El director de la DGT se muestra partidario a la medida y dice que “el que lo usa lo paga”
• El Gobierno implementará el peaje en todas las autovías en 2024

La incorporación en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la posibilidad de implantar para 2024 un sistema de pago por uso de las autovías en la red de carreteras del Estado ha provocado la oposición en cadena tanto de los sectores afectados como de la oposición. El Real Automóvil Club de España (RACE) mostró ayer su desacuerdo con la medida debido a que entiende que implantar el pago por uso en las carreteras puede suponer un serio peligro, ya que muchos conductores podrían optar por buscar vías alternativas gratuitas, mucho más peligrosas.

“Se quiere hacer pagar de nuevo por algo que ya se paga. Hay que recordar que, entre impuestos directos, indirectos y tasas, los conductores contribuyen con 30.000 millones de euros a las arcas del Estado”, sostuvo el director de Seguridad Vial del RACE, Antonio Lucas.

Una opinión que comparten en la organización de consumidores Facua, que afirmó que las carreteras “deben financiarse a través de los Presupuestos Generales del Estado”, no con un peaje que supone “un pago por igual a todos los usuarios, sin tener en cuenta criterios de renta o de capacidad económica”.

En un comunicado, la organización aseguró que la medida terminará afectando a los usuarios con menos poder adquisitivo y quienes no viven en grandes núcleos urbanos. En este sentido, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) criticó el “afán recaudatorio” de una medida que supondrá un triple coste para los ciudadanos, que ya pagan impuestos por circular con sus vehículos y verán encarecerse el transporte de productos y servicios. Por ello, la organización de consumidores pide un debate social con los actores implicados para lograr un modelo justo de financiación que permita el mantenimiento de todas las vías de circulación.

Las críticas también llegaron desde el Partido Popular y los gobiernos de comunidades autónomas como Galicia, Cataluña, Castilla y León, Andalucía y Murcia. Así, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, anunció una batería de iniciativas parlamentarias para evitar que el Gobierno imponga esa medida. En la misma línea, el vicesecretario general del PP de Andalucía, Toni Martín, lo calificó de “un atraco fiscal sin precedentes”.

Desde el Gobierno andaluz, la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, mostró el “más absoluto rechazo” a los peajes y ha asegurado que la Junta de Andalucía garantizará que “no se va a pagar ni uno solo” en las vías de competencia autonómica. “No es el momento de plantear este debate”, afirmó la consejera, a la vez que consideró que este es “un momento social de desempleo económico muy delicado”, subrayando que los gobiernos “del resto de los países lo que plantean son rebajas fiscales”.

En el extremo contrario a todas estas críticas, el director general de Tráfico, Pere Navarro, se mostró partidario, durante su comparecencia en la Comisión de Interior del Senado, del pago: “El que lo usa lo paga”, enfatizó.

Según recoge el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el pago de peajes en autovía formaría parte de la Ley de Movilidad y Financiación del Transporte, con la que el Gobierno pretende introducir en España los principios de “el que contamina paga” y “el que usa paga”. Esta medida será tratada con los transportistas profesionales con objeto de llegar a un acuerdo, así como con las comunidades autónomas y otras administraciones, para implantarla en 2024.

La ministra y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, dijo que es una medida en la que se está trabajando y “estudiando” dentro de un “proyecto integral” y señaló que la fecha dependerá de la recuperación económica y de que se vuelva a los niveles habituales de crecimiento del producto interior bruto (PIB) anteriores a la pandemia de la Covid-19.

Málaga Hoy

• Otra de las contrataciones es la cuarta fase del Parque de San Rafael, valorada en algo más de 2,8 millones

Casi siete meses y medio después de que fuese licitada la obra de transformación de las calles Carretería y Álamos, el Ayuntamiento de Málaga está en disposición de adjudicar su desarrollo a una de las 31 empresas que han concurrido al concurso. El valor inicialmente asignado a esta actuación, casi 5 millones de euros, la convierten en una de las de mayor envergadura contempladas en el presente mandato municipal.

La decisión final será dada a conocer este jueves tras la reunión de la mesa de contratación encargada del estudio de las proposiciones. Siendo la de Carretería la gran protagonista de la jornada, no será la única. Porque la intención de Urbanismo es que mañana queden resueltas las propuestas de contratación de un volumen de obras de 12,4millones de euros.

Para afrontar la regeneración de este espacio del Centro histórico se maneja un plazo de 18 meses. Un elemento mas que relevante por cuanto la naturaleza de parte de la financiación de la obra, los fondo europeos Edusi, obligan a tener lista la actuación antes de finalizar 2022. El retraso en la adjudicación, motivada entre otras razones por la demora en la aprobación del Presupuesto municipal para este ejercicio, obliga a acelerar el ritmo de actuación. A esto hay que añadir la exigencia de la Junta de Andalucía para que se realicen sondeos arqueológicos.

El proyecto divide en siete etapas físicas y temporales el conjunto de la operación. La idea es que cada una de ellas esté completada antes de avanzar en la siguiente. El primero de los pasos se dará en la parte de Carretería más próxima a la Tribuna de los Pobres, incluyendo al reforma de la misma.

En cuanto al eje, la transformación hará que tanto Carretería como Álamos tengan un solo nivel. La gran variación, además de la renovación de los pavimentos, se dejará notar en la reducción significativa que se hará en el espacio destinado al tráfico de paso. En este sentido, se prevé una reducción del 21% en la intensidad media diaria de vehículos (unos 6.000 vehículos actuales).

Descontados los cinco millones de la obra de Carretería, el montante restante se distribuye en otras seis operaciones urbanas. De entre ellas, destacar la concerniente a la cuarta fase del Parque de San Rafael, con un valor de licitación de 2.833.420 euros. El plazo manejado para esta intervención es de seis meses.

Esta fase, la última del proyecto global, afecta a una superficie total de 45.000 metros cuadrados que consolidarán este espacio como un gran parque urbano y que comprenden la ejecución de la superficie de césped de gran parte del parque, de la balsa central proyectada y de la plaza escenario, así como la finalización de la zona deportiva.

A estas propuestas hay que sumar el soterramiento de la línea de 66 KV D/C unificada Ramos-Viso, tasada en 1.975.703 euros; la separata del proyecto de urbanización reformado del sector Peri Carril de Orozco, con un valor inicial de 1.380.990 euros; el encauzamiento del arroyo de la Rebanadilla, en Campanillas, por 911.944 euros; el contrato de obras urgentes en inmuebles municipales, por 200.000 euros, y las obras de reparación del muro de la calle Joaquín Gaztambide, por 115.702 euros.