• Señala que el decreto aprobado por el Gobierno andaluz, que debe ser convalidado este miércoles por el Parlamento autonómico, ‘no respeta’ la legislación estatal
• Considera que las medidas aprobadas por la Junta pueden generar un trato muy distinto a los diferentes contratistas en función de las autonomías que les adjudiquen contratos
• La Junta de Andalucía aprobó el Martes Santo un decreto para revisar los precios de los contratos públicos por la subida de materiales

El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía ha puesto de manifiesto sus «dudas» sobre la constitucionalidad del Decreto-ley 4/2022, aprobado en Consejo de Gobierno el 12 de abril y que debe convalidar el próximo miércoles el Pleno del Parlamento de Andalucía, que contempla medidas de revisión excepcional de precios en los contratos públicos de obras. Ese decreto ampliaba las obras con derecho a revisión de sus precios con todo tipo de materiales empleados, además de los cuatro del decreto estatal (bituminosos, siderúrgicos, aluminio y cobre) y abría la puerta a la adhesión al decreto de las entidades locales y las universidades. El Ejecutivo autonómico estimó que el alza de los precios se moverá en una horquilla entre el 10% y el 20%, tope máximo que establece el Estado para la revisión de los precios.

El equipo jurídico que asesora al Gobierno andaluz pone de manifiesto en su informe al Decreto-ley 4/2022 que «albergamos dudas relativas a la competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía a la hora de aprobar normas con rango de ley que puedan no respetar, o sobrepasar, la legislación básica del Estado en la materia que nos ocupa». La conclusión a la que llega el equipo jurídico autonómico es que «la incorporación de algunas de las medidas señaladas puede suscitar dudas sobre la constitucionalidad del borrador de decreto-ley».

Los juristas autonómicos esgrimen, en el texto al que ha accedido Europa Press, que «desde el punto de vista de la adecuación de la figura del decreto-ley a los requisitos legal y jurisprudencialmente exigidos, debería llevarse a cabo en el preámbulo del decreto-ley la justificación de la adecuación de las medidas en él previstas para hacer frente al aumento del precio de las materias primas».

El Gabinete Jurídico plantea que «si bien los principios básicos de la contratación pública están enderezados a la libre competencia de los posibles licitadores, las medidas que nos ocupan pueden generar un trato muy distinto a los diferentes contratistas en función de cuáles sean las comunidades autónomas que les hayan adjudicado los contratos».

«Se trata de una cuestión cuyo conocimiento privativo correspondería, en su caso, al Tribunal Constitucional», sostienen los juristas de la Junta de Andalucía en su razonamiento, para concluir que «lo cierto y verdad es que el Tribunal Constitucional no ha dictado sentencia alguna sobre la concreta materia de la revisión de precios que nos pueda arrojar luz suficiente para poder calibrar qué es básico y qué no lo es en esta materia».

El Gabinete Jurídico contextualiza su reflexión en el marco de un recurso de inconstitucionalidad por invasión de competencias planteado por el Gobierno de Aragón sobre la Ley de Contratos del Sector Público, que reserva a órganos del Estado la facultad para revisar precios.

Ley de Contratos del Estado

El Tribunal Constitucional se pronunció, esgrimen los juristas de la Junta, a favor de considerar la Ley de Contratos del Sector Público como normativa básica, desechar la invasión de competencias y situar el Comité Superior de Precios de Contratos del Estado como el órgano que «determinará aquellas actividades donde resulte conveniente contar con una fórmula tipo, elaborará las fórmulas y las remitirá para su aprobación al Consejo de Ministros».

El dictamen del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía se pronuncia, en su evaluación de «la procedencia de la forma de decreto-ley», sobre aspectos como la extraordinaria y urgente necesidad del decreto-ley, la adecuación de las medidas adoptadas y la competencia autonómica y los límites materiales.

El Gabinete Jurídico plantea que «en la parte expositiva del texto sometido a nuestra consideración no se acredita, a nuestro juicio, la adecuación de las medidas adoptadas» por la Junta de Andalucía, de la que indica que «son esencialmente seis».

Entre las medidas previstas por la Junta alude ampliar las medidas del Estado a los contratos de servicios necesarios para la ejecución de obras; añadir los contratos en ejecución en 2021; aumentar los presupuestos fácticos para reconocer la revisión excepcional de precios; no imponer penalidades en los retrasos en la ejecución por falta de suministro; modificar los materiales en los contratos de obra; e incluir la revisión de precios en los pliegos de obras por procedimiento abierto. Los juristas autonómicos advierten de que «ninguna de estas medidas encuentra justificación, siquiera sea mínima, en el preámbulo del Decreto-Ley».

Impacto en los presupuestos andaluces

El Gobierno andaluz ha explicado que el sobrecoste se pagará en la certificación final de la obra y que su impacto en los presupuestos andaluces se reflejará en diferentes años, del que sólo ha calculado su repercusión en las cuentas de la Consejería de Fomento, estimada en 59 millones de euros, cantidad sujeta a una evaluación al alza. Igualmente queda pendiente cuantificar la repercusión de la medida en las obras de otros departamentos como Salud, Educación, Agricultura, Cultura y de Turismo.

La norma aprobada por la Junta desarrolla el Real Decreto-Ley 3/2022, de 1 de marzo, del Estado, que prevé en su artículo 6.3 que «lo dispuesto en este Título será aplicable en el ámbito de las Comunidades Autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla que así lo acuerden». En el caso de la competencia autonómica y los límites materiales, el Gabinete Jurídico traslada «en favor de la viabilidad jurídica» de las medidas que ha previsto la Junta de Andalucía el hecho de que el Estado haya contemplado «la necesidad -en cualquier ámbito- de que lo básico no excluya cualquier regulación por parte de la Comunidad Autónoma».

Aunque precisa que «el propio Tribunal Constitucional nunca ha abordado directamente la revisión de precios, debiendo empero presumirse que, si la norma con rango de ley es susceptible de varias interpretaciones, se debe llevar a cabo aquella que sea conforme a la Norma Fundamental».

Ceacop confirma que en todas las provincias andaluzas hay obras públicas paradas por el precio de las materias y por la falta de suministro tras el paro de transportistas

El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (CEACOP) ha dado la voz de alarma ante la realidad que vive el sector con la paralización o ralentización de numerosas obras públicas en la comunidad autónoma por la falta de suministros que ha provocado el paro de los transportistas y el alza de precios de los materiales. Ana Chocano, presidente de CEACOP, que agrupa a las pymes andaluzas que representan a constructoras e ingenierías, reclama a las administraciones que se revisen los precios de los contratos firmados para hacer centros de salud, depuradoras, colegios o carreteras.

<<Los problemas comenzaron para nosotros con el incremento de precios de las materias primas a principios de 2021, cuando se reactivó la economía tras el Covid. La situación ha empeorado con la guerra de Ucrania. Las materias primas no sólo están caras, sino que hay dificultades para encontrarlas>>, dice Chocano, quien dice que el remate ha sido el paro de los transportistas.

<< Unas obras públicas están paradas, otras ralentizadas en todas las provincias andaluzas. En esos casos estamos comunicando al propietario de la obra lo que ocurre para que se tengan en cuenta a la hora de ver el plazo de ejecución estipulado y evitar la penalización por retrasos>> añade la presidenta de CEACOP.

<<La falta de suministros en las obras afecta al 75% u 80% de las obras>> lamenta Chocano, quien asegura que << ante esta situación peligra la viabilidad de las empresas si no se revisan los precios de los contratos y se rebaja el coste de la energía. Estamos ante una disyuntiva: o hacemos la obra perdiendo dinero o no se ejecuta la obra, lo que supone despidos y paralizaciones de obras. Muchas empresas podrían ir a la quiebra si no se revisan los precios de los contratos>>.

CEACOP ha enviado una carta a la Junta de Andalucía para que no acepte el mecanismo aprobado por el Gobierno central para la revisión de contratos públicos, << ya que el 90% de las obras que se están haciendo ahora en Andalucía no se pueden acoger al mismo por las limitaciones temporales impuestas y porque se aplican para cuatro materiales>>.

La situación es insostenible para el sector, dice Ana Chocano, que pone como ejemplo el que el 1 de abril suba entre 120 y 150 euros la tonelada de betún debido a la guerra de Ucrania y el incremento del precio del petróleo. << Se podría pensar que ante esa previsión podríamos hacer acopio de betún pero este que se trata de una materia que tiene que estar a una temperatura alta, lo que su pone un enorme gasto energético>>.

• La obra del puente del Centenario de Sevilla es una de las afectadas por la subida de precios
• La patronal de la construcción de Andalucía señala que la solución que propone el Gobierno no resuelve el problema “grave” para las pequeñas y medianas empresas 
• Denuncia que el borrador no incluye en la compensación el aumento del precio de la energía

La patronal de la construcción en Andalucía, CEACOP, que preside Ana Chocano ha manifestado “su preocupación y descontento” tras conocer el contenido del borrador del Real Decreto Ley que prepara el Gobierno para restablecer las condiciones de equilibrio económico en los contratos firmados tras la escalada de precios de las materias primas en el sector. Entre las obras públicas que esperan esta medida destaca la del puente del Centenario de Sevilla, que se está ejecutando para la ampliación de carriles y sustitución de tirantes

INSTA A LA JUNTA DE ANDALUCÍA A SEGUIR SU PROPIO CAMINO PONIENDO EN MARCHA SU PROPIO MECANISMO DE REEQUILIBRIO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

En opinión de la asociación, la solución que propone el Gobierno no resuelve el problema, especialmente grave para las pequeñas y medianas empresas. Desde CEACOP denuncian que la norma que el Gobierno de España tiene previsto aprobar en los próximos días excluye a la mayoría de las actuaciones “es un sistema diseñado para las grandes obras de ferrocarriles”.

El documento establece un máximo en la compensación del 20% del precio de adjudicación del contrato y siempre que el incremento de los precios, considerando solo el aluminio, cobre, materiales siderúrgicos y bituminosos, superen el umbral del 8%. El borrador no considera en la compensación el aumento del precio de la energía. Solo se revisan las obras que estén en ejecución en 2022 y a partir del 1 de enero de 2021 o de la firma del contrato, si es posterior, por lo que las infraestructuras ejecutadas en 2020, afectadas también por los efectos de la Covid-19, así como las terminadas en 2021 no pueden acogerse a este mecanismo. Además, cualquier retraso en el plazo de ejecución conlleva la pérdida de derecho a aplicar esta compensación.

CEACOP manifiesta también que le preocupa “el limbo” en el que quedan los contratos firmados con los ayuntamientos y diputaciones, ya que el documento no aclara su situación.

La patronal andaluza pide al Gobierno que reconsidere los términos del documento e incluya también la energía por su gran impacto en la fabricación de materiales.

Asimismo, insta a la Junta de Andalucía a seguir su propio camino, como ya lo hicieran otros gobiernos autonómicos como el gallego o extremeño, poniendo en marcha su propio mecanismo de reequilibrio de los contratos de obra.

Para CEACOP, el documento llega tarde y no refleja la realidad. “Las empresas empiezan a estar en situación límite. Muchos concursos se quedan desierto, no porque las empresas no quieran trabajar sino porque no pueden hacerlo a esos precios”, destaca la presidenta de CEACOP, Ana Chocano Román, y añade que si no se pone pronto una solución real, “las obras en ejecución se van a paralizar, lo cual va a acarrear problemas. Por un lado, la sociedad no podrá disponer de las infraestructuras necesarias y demandadas, y por otro, si las obras se paran muchos trabajadores pueden perder sus empleos”.

“Y esto en un sector tractor de la economía de la región. La construcción es sinónimo de creación de empleo y de actividad, que incluso durante la pandemia mantuvo su actividad”, concluye la presidenta de CEACOP.

El año 2021 nos ha traído una subida desproporcionada de los precios de las materas primas en la construcción que va a perjudicar seriamente a un sector que aún no se había recuperado de la anterior crisis. La subida del precio del petróleo y sus derivados está teniendo repercusiones en el trasporte, la fabricación y la distribución, y consecuentemente todas las materias primas en general, han sufrido un fuerte incremento en sus precios, llegando en algunos casos a duplicar el coste de hace un año; es el caso, por ejemplo, del betún, el acero o el cobre. Además, se está produciendo un desabastecimiento de determinados materiales. Estos factores afectan a la estabilidad de los contratos firmados y en algunos casos también a las empresas, principalmente a las pymes. Si no se toman medidas vaticinamos el encarecimiento en el precio final de las infraestructuras entre un 20% y un 35%. Asimismo, que se podría producir una paralización del sector, lo que puede tener consecuencias en el empleo, en un momento en el que la construcción está siendo motor económico para la reactivación tras la crisis del Covid.

Consideramos que la solución pasa por trabajar y colaborar conjuntamente con las administraciones, llegar a un consenso que permita revisar los precios de los materiales, así como la creación de mecanismos extraordinarios que permita solventar el problema, similar al mecanismo de los ERTE´S por causa del Covid que ha servido para garantizar el empleo y la viabilidad de las empresas que sufrieron la paralización de su actividad a causa de la pandemia.

A esto se añade otro lastre para la construcción. Dificultad para encontrar mano de obra especializada, en un sector envejecido, y a punto de que lleguen los primeros fondos europeos Next Generation para la recuperación de España. Siete de cada diez euros de los fondos europeos de reconstrucción están vinculados a proyectos de construcción. Se prevé necesario la contratación de unos 700 mil trabajadores más para hacer frente a los nuevos planes. En la crisis de 2008 se destruyó empleo en el sector que nunca se recuperó. Ahora más de 10 años después, la construcción requiere incorporar personal a las obras, pero los jóvenes no tienen formación tras la paralización del sector estos años, recordemos que son oficios que se aprenden en las obras. Además, los antiguos trabajadores del sector han reorientado su actividad laboral o se han jubilado. En este contexto de alta demanda y poca oferta, los especialistas en oficios están subiendo los precios, coste añadido al alza de las materias primas.

En este punto en el que nos encontramos es fundamental que se active la formación reglada para desempleados, pero también para profesionales en activo. Una formación en oficios de la construcción, desde pintores a soladores, escayolistas, fontaneros, herreros, etc.

La recuperación económica de España pasa por la creación de actividad y empleo, y el sector de la construcción juega un papel fundamental para la consecución de este objetivo. Además, los fondos que se destinan a infraestructuras crean riqueza durante el periodo de construcción y después puesto que lo diseñado y construido queda al servicio de la sociedad. Por estas razones es vital encontrar la solución a la problemática que amenaza a la construcción en estos momentos.

#LaConstrucciónEsParteDeLaSolución.

Antonio R. Vega

• Uno de cada cuatro proyectos licitados se queda desierto, denuncia Ceacop

El encarecimiento de los materiales de construcción proyecta negros nubarrones sobre un sector que tenía puestas todas sus esperanzas en la llegada de los fondos europeos para resarcirse del parón que padeció durante el confinamiento. El acero, que se emplea para construir puentes, torres de alta tensión o estructuras de viviendas, cuesta ahora casi un 100% más que en abril de 2020; el aluminio de las ventanas, un 84%; el cobre, utilizado en las instalaciones de agua, electricidad y climatización, ha subido un 81%, y el petróleo, del que se saca el betún para asfaltar carreteras, se ha disparado un 235%. Eso sin contar con el precio de la electricidad, que encadena máximos históricos desde junio.

Con estas subidas, a constructores y promotores no les salen las cuentas para seguir ejecutando

los proyectos de obra civil que ahora se están ejecutando y que salieron a licitación entre el último trimestre de 2020 hasta la mitad de 2021. El coste de las materias primas que se tomó como referencia se han quedado desfasados por el desabastecimiento o el aumento del coste de los materiales a nivel mundial por el aumento de la demanda generado al calor de los estímulos económicos tras la pandemia.

En el sector han encendido las alarmas porque la recuperación económica, que iba a llegar de la mano de los fondos europeos para la rehabilitación energética de edificios, puede quedar comprometida si las administraciones públicas no establecen un sistema automático de reequilibrio que les permita hacer frente a estos sobrecostes en las obras que ya están en marcha.

«Lo que no podemos hacer es trabajar, pagar los materiales, el transporte y los sueldos y que encima nos cueste el dinero», advierte Ana Chocano, presidenta del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, la Consultoría y la Obra Pública (Ceacop). Asegura que uno de cada cuatro proyectos que se licitan se quedan desiertos en Andalucía porque no interesa presentar ofertas cuando el precio está por debajo del coste real. A final de año, estima que el número de contratos desiertos llegará al 30% si las administraciones no mueven ficha con rapidez. «Igual que se paralizó la producción con el Covid y se establecieron los ERTE, pedimos una actualización de los precios para adecuarlos al mercado», demanda Chocano.

La burbuja de las materias primas están impactando muy negativamente sobre toda el sector y muy especialmente sobre aquellas empresas, fundamentalmente pequeñas y medianas, con menos margen para aguantar. Desde Ceacop distinguen entre las infraestructuras de gran envergadura, con largos plazos de ejecución que permiten revisar los precios a los dos años, y las obras que deben realizarse en menos tiempo, que «no se pueden reequilibrar con este mecanismo».

Cuestan un 22% más

La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) reveló a mediados de octubre que el encarecimiento de las materias primas ha provocado que cuatro de cada diez empresas (39,5%) se hayan visto obligadas a cancelar o paralizar sus obras, según un estudio realizado con 300 compañías del sector. Estima que el coste total de las obras ha subido, de media, un 22%. Otro informe de la Asociación Nacional de Constructores Independientes (ANCI) analiza el incremento medio por tipo de obra: carreteras (65%), ferroviaria (29%), aeroportuaria (35%), edificación (24%) e hidráulica (22%).

María del Carmen Ruiz Cobo, delegada de Vialterra Infraestructura en Andalucía occidental, constata que «tenemos problemas de desabastecimiento y subida bestial de precios, aparte de la falta de mano de obra, en todas las obras que tenemos en marcha ahora en Málaga, Córdoba y Sevilla». El principal escollo es que «presentamos ofertas en base a precios antiguos de materiales y ahora debemos ejecutarlas con los precios actuales».

«Esta carga está recayendo sobre las constructoras. Es un palo de tal calibre que no podemos soportarlo nosotros solos por mucho tiempo si no hay una colaboración bilateral de las administraciones y organismos privados para revisar los precios de las obras en marcha», lamenta esta empresaria, que vislumbra un ‘efecto dominó’ evidente si no se arbitra pronto una solución. «Si hay que parar obras porque no podemos soportar esta subida del precios, al final es mano de obra que dejamos de utilizar y que se va al paro».

Es la pescadilla que se muerde la cola. El retraso que se está produciendo en el abastecimiento de los materiales también juega en contra de las constructoras. «Sin material no podemos avanzar en una obra y si no cumplimos los plazos de las obras, pueden aplicar penalizaciones», apunta Chocano.

En el Gobierno central llevan meses estudiando fórmulas para mitigar su impacto. El sector se impacienta. Ceacop envió una carta al Ministerio de Transportes en mayo para pedirle una reunión, pero aún espera una cita. La secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, avanzó el pasado día 16 que estaba «trabajando activamente» con el Ministerio de Hacienda para calcular el sobrecoste. «Más complicado de articular» es la revisión de los precios con carácter retroactivo en la obra pública, que precisa una reforma de la ley de contratos del Estado.

La Junta revisa precios

Más receptividad ha encontrado hasta ahora en la Junta de Andalucía. La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, en el margen de sus competencias, negocia con las empresas acciones dirigidas a mitigar «la preocupante situación que vive el sector por el incesante incremento del coste de los materiales».

La revisión de los precios de los contratos que están en ejecución es competencia del Ejecutivo central, advierte. En lo que atañe a la Junta, se están actualizando los principales precios de construcción de la obra civil para la redacción de los nuevos proyectos y, además, se está trabajando con la patronal de la edificación para revisar los precios de referencia. Los pliegos de las nuevas contrataciones se han modificado e introducen una fórmula de revisión conforme a la Ley de Contratos del Sector Público.

• Galicia toma la iniciativa de regular el reequilibrio de contratos ante el riesgo de un parón

La mesa de contratación de la Consejería asturiana de Salud constituida para el proyecto de ampliación y reforma del Hospital Universitario Cabueñes, en Gijón, concluyó el martes la pretendida revisión de las ofertas sin sobre alguno que abrir. El concurso, dotado con un presupuesto de 54 millones de euros, fue declarado desierto, y en el sector se explica esta circunstancia por la volatilidad en el precio de los materiales de obra.

Reclaman a la administración que revise los proyectos ante la subida de precios

«Si hago la obra, mañana cierro». Es la difícil situación a la que se enfrentan cada vez más empresas constructoras ante la crisis mundial de suministros que, de un lado, está provocando el desabastecimiento en muchas materias primas y, de otro, elevando de forma galopante los precios en el mercado. Una consecuencia directa de ello es que ha aumentado hasta en un 30 por ciento el número de licitaciones de las administraciones públicas que quedan desiertas en la comunidad autónoma, según alerta el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop). La causa es que los proyectos se quedan anticuados, con precios previos a esta crisis, y no resultan atractivos para las empresas porque, ante la subida generalizada, se pueden enfrentar a un escenario de pérdidas. «La administración no está siendo ágil a la hora de actualizar los precios de los proyectos», apunta a LA RAZÓN Ana Chocano, presidenta de Ceacop, además de remarcar que «un proyecto que se redactó hace dos años, con los precios de entonces y que se fiscaliza de acuerdo con esas cifras, hoy está obsoleto». La licitación, por tanto, queda desierta porque «ninguna empresa se va a presentar para perder dinero».

El panorama es, en palabras de Chocano, «bastante inquietante», puesto que el problema tiene muchas vertientes y en la solución deben participar varios actores. Antes de la pandemia, recuerda, los productores de cualquier material «fabricaban, almacenaban y después vendían; ofrecían lo que tenían en stock». La covid ha cambiado el procedimiento, o más bien «ha acelerado» una dinámica que ya se venía vislumbrando. «Ahora el 90 por ciento de los productos se fabrican bajo pedido», lo que ocasiona desabastecimiento ante cualquier paralización del mercado como la ocurrida durante los confinamientos por la covid. «Hay escasez de materiales y obviamente los precios suben porque los fabricantes venden al mejor postor», señala Chocano.

Esto ocurre con los materiales del sector de la construcción, una situación que se agrava con el aumento del coste de los combustibles y de la energía eléctrica, elevando el precio final del producto. Con los contratos entre privados, las empresas se sientan y negocian. La relación entre una empresa y la administración es distinta. «La administración no entiende nada. No es consciente de lo que ofertamos hace meses o un año ha cambiado porque los materiales han subido un 20, 30 o un cien por cien», lamenta la presidenta de Ceacop, además de advertir de que «no podemos asumir esta subida». La consecuencia es que las obras se retrasan y, en el peor de los casos, las empresas rescinden los contratos.

¿Cuáles son los materiales que más se están encareciendo? Chocano apunta que están subiendo los precios de los derivados del petróleo, como el betún para la fabricación de mezclas, así como el acero utilizado en las chapas galvanizadas o el aluminio para la carpintería de viviendas. También la madera, un material muy utilizado para encofrar y para fabricar puertas y demás terminaciones. Los plásticos, también derivados de petróleo, están en ascenso: tuberías de pvc y láminas de impermeabilización. Las subidas oscilan entre un 15 y 20 por ciento llegando incluso al cien por cien en algunos materiales. El transporte también se ha encarecido y, por ejemplo, los costes de la modalidad marítima, utilizada en la importación, «se han multiplicado por cuatro».

A juicio de Chocano, Europa debería «reestudiar su equivocada política de fabricación», puesto que se han derivado muchos centros de producción a países emergentes como China o Indonesia. «Ahora, cuando esos países necesitan materiales, dejan de exportar y tenemos que interrumpir la cadena de suministros», traduciéndose en retrasos.

Ante esto, Ceacop propone a las administraciones una solución «extraordinaria», al igual que se articularon los ERTE cuando el confinamiento obligó a parar la producción en muchos sectores. Es hora, por tanto, de que «se aborde una actualización de los precios por el aumento incontrolado de las materias primas». Un problema que no está originado por la administración ni por las empresas y cuya solución «debería ser compartida».

Ante la falta de mano de obra cualificada

La construcción fue uno de los sectores que no paró durante el confinamiento severo y ahora, cuando la reactivación está en marcha, se recupera a pasos agigantados. Sin embargo, soporta el lastre de la falta de mano de obra cualificada. Así lo constata Ceacop, una asociación que puso en marcha la campaña titulada «La construcción es parte de la solución». Su presidenta, Ana Chocano, apunta que en el sector «la mano de obra se aprende en el tajo» y recuerda que en la anterior crisis, la que se inició en 2008, la actividad quedó paralizada y «muchos trabajadores se fueron a otros ámbitos profesionales y no tuvieron más remedio que reinventarse».

El año 2021 nos ha traído una subida desproporcionada de los precios de las materas primas en la construcción que va a perjudicar seriamente a un sector que aún no se había recuperado de la anterior crisis. La subida del precio del petróleo y sus derivados está teniendo repercusiones en el trasporte, la fabricación y la distribución, y consecuentemente todas las materias primas en general, han sufrido un fuerte incremento en sus precios, llegando en algunos casos a duplicar el coste de hace un año; es el caso, por ejemplo, del betún, el acero o el cobre. Además, se está produciendo un desabastecimiento de determinados materiales. Estos factores afectan a la estabilidad de los contratos firmados y en algunos casos también a las empresas, principalmente a las pymes. Si no se toman medidas vaticinamos el encarecimiento en el precio final de las infraestructuras entre un 20% y un 35%. Asimismo, que se podría producir una paralización del sector, lo que puede tener consecuencias en el empleo, en un momento en el que la construcción está siendo motor económico para la reactivación tras la crisis del Covid.