• Señala que el decreto aprobado por el Gobierno andaluz, que debe ser convalidado este miércoles por el Parlamento autonómico, ‘no respeta’ la legislación estatal
• Considera que las medidas aprobadas por la Junta pueden generar un trato muy distinto a los diferentes contratistas en función de las autonomías que les adjudiquen contratos
• La Junta de Andalucía aprobó el Martes Santo un decreto para revisar los precios de los contratos públicos por la subida de materiales

El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía ha puesto de manifiesto sus «dudas» sobre la constitucionalidad del Decreto-ley 4/2022, aprobado en Consejo de Gobierno el 12 de abril y que debe convalidar el próximo miércoles el Pleno del Parlamento de Andalucía, que contempla medidas de revisión excepcional de precios en los contratos públicos de obras. Ese decreto ampliaba las obras con derecho a revisión de sus precios con todo tipo de materiales empleados, además de los cuatro del decreto estatal (bituminosos, siderúrgicos, aluminio y cobre) y abría la puerta a la adhesión al decreto de las entidades locales y las universidades. El Ejecutivo autonómico estimó que el alza de los precios se moverá en una horquilla entre el 10% y el 20%, tope máximo que establece el Estado para la revisión de los precios.

El equipo jurídico que asesora al Gobierno andaluz pone de manifiesto en su informe al Decreto-ley 4/2022 que «albergamos dudas relativas a la competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía a la hora de aprobar normas con rango de ley que puedan no respetar, o sobrepasar, la legislación básica del Estado en la materia que nos ocupa». La conclusión a la que llega el equipo jurídico autonómico es que «la incorporación de algunas de las medidas señaladas puede suscitar dudas sobre la constitucionalidad del borrador de decreto-ley».

Los juristas autonómicos esgrimen, en el texto al que ha accedido Europa Press, que «desde el punto de vista de la adecuación de la figura del decreto-ley a los requisitos legal y jurisprudencialmente exigidos, debería llevarse a cabo en el preámbulo del decreto-ley la justificación de la adecuación de las medidas en él previstas para hacer frente al aumento del precio de las materias primas».

El Gabinete Jurídico plantea que «si bien los principios básicos de la contratación pública están enderezados a la libre competencia de los posibles licitadores, las medidas que nos ocupan pueden generar un trato muy distinto a los diferentes contratistas en función de cuáles sean las comunidades autónomas que les hayan adjudicado los contratos».

«Se trata de una cuestión cuyo conocimiento privativo correspondería, en su caso, al Tribunal Constitucional», sostienen los juristas de la Junta de Andalucía en su razonamiento, para concluir que «lo cierto y verdad es que el Tribunal Constitucional no ha dictado sentencia alguna sobre la concreta materia de la revisión de precios que nos pueda arrojar luz suficiente para poder calibrar qué es básico y qué no lo es en esta materia».

El Gabinete Jurídico contextualiza su reflexión en el marco de un recurso de inconstitucionalidad por invasión de competencias planteado por el Gobierno de Aragón sobre la Ley de Contratos del Sector Público, que reserva a órganos del Estado la facultad para revisar precios.

Ley de Contratos del Estado

El Tribunal Constitucional se pronunció, esgrimen los juristas de la Junta, a favor de considerar la Ley de Contratos del Sector Público como normativa básica, desechar la invasión de competencias y situar el Comité Superior de Precios de Contratos del Estado como el órgano que «determinará aquellas actividades donde resulte conveniente contar con una fórmula tipo, elaborará las fórmulas y las remitirá para su aprobación al Consejo de Ministros».

El dictamen del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía se pronuncia, en su evaluación de «la procedencia de la forma de decreto-ley», sobre aspectos como la extraordinaria y urgente necesidad del decreto-ley, la adecuación de las medidas adoptadas y la competencia autonómica y los límites materiales.

El Gabinete Jurídico plantea que «en la parte expositiva del texto sometido a nuestra consideración no se acredita, a nuestro juicio, la adecuación de las medidas adoptadas» por la Junta de Andalucía, de la que indica que «son esencialmente seis».

Entre las medidas previstas por la Junta alude ampliar las medidas del Estado a los contratos de servicios necesarios para la ejecución de obras; añadir los contratos en ejecución en 2021; aumentar los presupuestos fácticos para reconocer la revisión excepcional de precios; no imponer penalidades en los retrasos en la ejecución por falta de suministro; modificar los materiales en los contratos de obra; e incluir la revisión de precios en los pliegos de obras por procedimiento abierto. Los juristas autonómicos advierten de que «ninguna de estas medidas encuentra justificación, siquiera sea mínima, en el preámbulo del Decreto-Ley».

Impacto en los presupuestos andaluces

El Gobierno andaluz ha explicado que el sobrecoste se pagará en la certificación final de la obra y que su impacto en los presupuestos andaluces se reflejará en diferentes años, del que sólo ha calculado su repercusión en las cuentas de la Consejería de Fomento, estimada en 59 millones de euros, cantidad sujeta a una evaluación al alza. Igualmente queda pendiente cuantificar la repercusión de la medida en las obras de otros departamentos como Salud, Educación, Agricultura, Cultura y de Turismo.

La norma aprobada por la Junta desarrolla el Real Decreto-Ley 3/2022, de 1 de marzo, del Estado, que prevé en su artículo 6.3 que «lo dispuesto en este Título será aplicable en el ámbito de las Comunidades Autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla que así lo acuerden». En el caso de la competencia autonómica y los límites materiales, el Gabinete Jurídico traslada «en favor de la viabilidad jurídica» de las medidas que ha previsto la Junta de Andalucía el hecho de que el Estado haya contemplado «la necesidad -en cualquier ámbito- de que lo básico no excluya cualquier regulación por parte de la Comunidad Autónoma».

Aunque precisa que «el propio Tribunal Constitucional nunca ha abordado directamente la revisión de precios, debiendo empero presumirse que, si la norma con rango de ley es susceptible de varias interpretaciones, se debe llevar a cabo aquella que sea conforme a la Norma Fundamental».

• La obra del puente del Centenario de Sevilla es una de las afectadas por la subida de precios
• La patronal de la construcción de Andalucía señala que la solución que propone el Gobierno no resuelve el problema “grave” para las pequeñas y medianas empresas 
• Denuncia que el borrador no incluye en la compensación el aumento del precio de la energía

La patronal de la construcción en Andalucía, CEACOP, que preside Ana Chocano ha manifestado “su preocupación y descontento” tras conocer el contenido del borrador del Real Decreto Ley que prepara el Gobierno para restablecer las condiciones de equilibrio económico en los contratos firmados tras la escalada de precios de las materias primas en el sector. Entre las obras públicas que esperan esta medida destaca la del puente del Centenario de Sevilla, que se está ejecutando para la ampliación de carriles y sustitución de tirantes

INSTA A LA JUNTA DE ANDALUCÍA A SEGUIR SU PROPIO CAMINO PONIENDO EN MARCHA SU PROPIO MECANISMO DE REEQUILIBRIO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

En opinión de la asociación, la solución que propone el Gobierno no resuelve el problema, especialmente grave para las pequeñas y medianas empresas. Desde CEACOP denuncian que la norma que el Gobierno de España tiene previsto aprobar en los próximos días excluye a la mayoría de las actuaciones “es un sistema diseñado para las grandes obras de ferrocarriles”.

El documento establece un máximo en la compensación del 20% del precio de adjudicación del contrato y siempre que el incremento de los precios, considerando solo el aluminio, cobre, materiales siderúrgicos y bituminosos, superen el umbral del 8%. El borrador no considera en la compensación el aumento del precio de la energía. Solo se revisan las obras que estén en ejecución en 2022 y a partir del 1 de enero de 2021 o de la firma del contrato, si es posterior, por lo que las infraestructuras ejecutadas en 2020, afectadas también por los efectos de la Covid-19, así como las terminadas en 2021 no pueden acogerse a este mecanismo. Además, cualquier retraso en el plazo de ejecución conlleva la pérdida de derecho a aplicar esta compensación.

CEACOP manifiesta también que le preocupa “el limbo” en el que quedan los contratos firmados con los ayuntamientos y diputaciones, ya que el documento no aclara su situación.

La patronal andaluza pide al Gobierno que reconsidere los términos del documento e incluya también la energía por su gran impacto en la fabricación de materiales.

Asimismo, insta a la Junta de Andalucía a seguir su propio camino, como ya lo hicieran otros gobiernos autonómicos como el gallego o extremeño, poniendo en marcha su propio mecanismo de reequilibrio de los contratos de obra.

Para CEACOP, el documento llega tarde y no refleja la realidad. “Las empresas empiezan a estar en situación límite. Muchos concursos se quedan desierto, no porque las empresas no quieran trabajar sino porque no pueden hacerlo a esos precios”, destaca la presidenta de CEACOP, Ana Chocano Román, y añade que si no se pone pronto una solución real, “las obras en ejecución se van a paralizar, lo cual va a acarrear problemas. Por un lado, la sociedad no podrá disponer de las infraestructuras necesarias y demandadas, y por otro, si las obras se paran muchos trabajadores pueden perder sus empleos”.

“Y esto en un sector tractor de la economía de la región. La construcción es sinónimo de creación de empleo y de actividad, que incluso durante la pandemia mantuvo su actividad”, concluye la presidenta de CEACOP.

• Galicia toma la iniciativa de regular el reequilibrio de contratos ante el riesgo de un parón

La mesa de contratación de la Consejería asturiana de Salud constituida para el proyecto de ampliación y reforma del Hospital Universitario Cabueñes, en Gijón, concluyó el martes la pretendida revisión de las ofertas sin sobre alguno que abrir. El concurso, dotado con un presupuesto de 54 millones de euros, fue declarado desierto, y en el sector se explica esta circunstancia por la volatilidad en el precio de los materiales de obra.

Reclaman a la administración que revise los proyectos ante la subida de precios

«Si hago la obra, mañana cierro». Es la difícil situación a la que se enfrentan cada vez más empresas constructoras ante la crisis mundial de suministros que, de un lado, está provocando el desabastecimiento en muchas materias primas y, de otro, elevando de forma galopante los precios en el mercado. Una consecuencia directa de ello es que ha aumentado hasta en un 30 por ciento el número de licitaciones de las administraciones públicas que quedan desiertas en la comunidad autónoma, según alerta el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop). La causa es que los proyectos se quedan anticuados, con precios previos a esta crisis, y no resultan atractivos para las empresas porque, ante la subida generalizada, se pueden enfrentar a un escenario de pérdidas. «La administración no está siendo ágil a la hora de actualizar los precios de los proyectos», apunta a LA RAZÓN Ana Chocano, presidenta de Ceacop, además de remarcar que «un proyecto que se redactó hace dos años, con los precios de entonces y que se fiscaliza de acuerdo con esas cifras, hoy está obsoleto». La licitación, por tanto, queda desierta porque «ninguna empresa se va a presentar para perder dinero».

El panorama es, en palabras de Chocano, «bastante inquietante», puesto que el problema tiene muchas vertientes y en la solución deben participar varios actores. Antes de la pandemia, recuerda, los productores de cualquier material «fabricaban, almacenaban y después vendían; ofrecían lo que tenían en stock». La covid ha cambiado el procedimiento, o más bien «ha acelerado» una dinámica que ya se venía vislumbrando. «Ahora el 90 por ciento de los productos se fabrican bajo pedido», lo que ocasiona desabastecimiento ante cualquier paralización del mercado como la ocurrida durante los confinamientos por la covid. «Hay escasez de materiales y obviamente los precios suben porque los fabricantes venden al mejor postor», señala Chocano.

Esto ocurre con los materiales del sector de la construcción, una situación que se agrava con el aumento del coste de los combustibles y de la energía eléctrica, elevando el precio final del producto. Con los contratos entre privados, las empresas se sientan y negocian. La relación entre una empresa y la administración es distinta. «La administración no entiende nada. No es consciente de lo que ofertamos hace meses o un año ha cambiado porque los materiales han subido un 20, 30 o un cien por cien», lamenta la presidenta de Ceacop, además de advertir de que «no podemos asumir esta subida». La consecuencia es que las obras se retrasan y, en el peor de los casos, las empresas rescinden los contratos.

¿Cuáles son los materiales que más se están encareciendo? Chocano apunta que están subiendo los precios de los derivados del petróleo, como el betún para la fabricación de mezclas, así como el acero utilizado en las chapas galvanizadas o el aluminio para la carpintería de viviendas. También la madera, un material muy utilizado para encofrar y para fabricar puertas y demás terminaciones. Los plásticos, también derivados de petróleo, están en ascenso: tuberías de pvc y láminas de impermeabilización. Las subidas oscilan entre un 15 y 20 por ciento llegando incluso al cien por cien en algunos materiales. El transporte también se ha encarecido y, por ejemplo, los costes de la modalidad marítima, utilizada en la importación, «se han multiplicado por cuatro».

A juicio de Chocano, Europa debería «reestudiar su equivocada política de fabricación», puesto que se han derivado muchos centros de producción a países emergentes como China o Indonesia. «Ahora, cuando esos países necesitan materiales, dejan de exportar y tenemos que interrumpir la cadena de suministros», traduciéndose en retrasos.

Ante esto, Ceacop propone a las administraciones una solución «extraordinaria», al igual que se articularon los ERTE cuando el confinamiento obligó a parar la producción en muchos sectores. Es hora, por tanto, de que «se aborde una actualización de los precios por el aumento incontrolado de las materias primas». Un problema que no está originado por la administración ni por las empresas y cuya solución «debería ser compartida».

Ante la falta de mano de obra cualificada

La construcción fue uno de los sectores que no paró durante el confinamiento severo y ahora, cuando la reactivación está en marcha, se recupera a pasos agigantados. Sin embargo, soporta el lastre de la falta de mano de obra cualificada. Así lo constata Ceacop, una asociación que puso en marcha la campaña titulada «La construcción es parte de la solución». Su presidenta, Ana Chocano, apunta que en el sector «la mano de obra se aprende en el tajo» y recuerda que en la anterior crisis, la que se inició en 2008, la actividad quedó paralizada y «muchos trabajadores se fueron a otros ámbitos profesionales y no tuvieron más remedio que reinventarse».