Revista Caminos Andalucía

El valor de una infraestructura se define por la utilidad que tiene. Las infraestructuras son vitales para el estado del bienestar ya que permiten y fomentan el desarrollo y la mejora del entorno productivo, económico y social. Por eso invertir en infraestructuras es invertir en calidad de vida y en el progreso del lugar en el que se construyen.
En este marco, las infraestructuras viarias son vitales para el estado del bienestar y el desarrollo de la vida. Contar con una red de carreteras bien vertebrada y en condiciones de utilización que garanticen la seguridad del usuario y su confortabilidad, supone mejorar la conexión entre núcleos urbanos, reducir los tiempos de desplazamiento y reducir las emisiones de carbono, contribuyendo al desarrollo sostenible. Además, previene accidentes evitando muertes y lesiones que suponen alto coste social y económico. Por estas razones la inversión en carreteras es prioritaria, tanto para la construcción de nuevas vías, como la conservación y mantenimiento de las ya construidas.

La red viaria de Andalucía
La Comunidad Autónoma de Andalucía, es una de las comunidades con mayor extensión de carreteras de todo el territorio nacional. La red actual de carreteras en Andalucía suma 23.143 kilómetros, de los que 10.561 son de titularidad de la Junta de Andalucía, 3.451 kilómetros del Estado y el resto de las administraciones locales. Vertebran una comunidad con una extensión de 87.268 km², el 17,3 % del territorio español, siendo la segunda más extensa, tras Castilla y León, cuya extensión de red de carreteras es de 11.311 kilómetros.
Este patrimonio que tanto nos ha costado construir se ve amenazado por la falta de inversión en su conservación. Si no mantenemos las infraestructuras que construimos en el pasado, de nada habrá servido el esfuerzo.
La inversión anual en conservación de carreteras debería estar entre el 2% y el 3% del valor patrimonial de forma que puedan planificarse las actuaciones a acometer en las vías y logremos una actuación preventiva en lugar de correctiva, como ocurre habitualmente. En 2020 la inversión en vías andaluzas del conjunto de administraciones con competencias en ellas fue de 138 millones de euros. La AEC (Asociación Española de la Carretera) cifraba hace años las necesidades la red viaria andaluza en 600 millones anuales. Afortunadamente nuestras infraestructuras se están comportando mucho mejor de lo esperado según las cifras analizadas, pero no podemos mantener esta situación de forma indefinida. Cada euro invertido hoy en conservación de carreteras supone un ahorro 5 euros en tres años y de hasta 7 euros en reparar las graves deficiencias que tendría la vía en 10 años.

Inversiones en 2021
Los Presupuestos Generales del Estado para 2021 apenas contemplan una inversión de 1.100 millones de euros para las carreteras de toda España, y de los fondos que llegarán de la unión europea solo hay prevista una inversión de 30 millones. Esta cicatera cifra deja patente que 2021 no será el año para el desarrollo de nuevos proyectos.
Algo mejores son los presupuestos para la conservación, a la que se destinarán 1.240 millones de euros. Aunque es un importante aumento respecto años anteriores, todavía es insuficiente. Según datos de la Asociación Española de Carreteras (AEC) las carreteras españolas acumulan un déficit de más de 7.463 millones de euros.
Por otro lado, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha anunciado la puesta en marcha de un plan de inversión que podría ascender a más de 5.000 millones de euros para modernizar 2.000 kilómetros de carreteras de alta capacidad. Pero la vertebración de un territorio no solo depende de estas vías, sino que debe también poner el foco en las vías secundarias. Son igualmente necesarios planes que desarrollen y mejoren las carreteras de la red secundaria.
Por su parte, el presupuesto que en 2021 la Junta de Andalucía destinará a infraestructuras viarias está cifrado en 255,2 millones, de los cuales 176,2 millones irán dirigidos a conservación de carreteras, red convencional y seguridad víal.
Otro aspecto interesante a considerar en las carreteras es su capacidad en cuanto a la creación de empleo, y más en el contexto socio-económico en el que debemos desarrollarnos ahora. Desde que comenzó la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, y prescindiendo aquí de las consecuencias en el aspecto sanitario que ha tenido, hay varios sectores económicos cuya actividad ha sufrido un cese temporal que en algunos casos supondrá el cierre definitivo. En esta situación es importante considerar el aspecto positivo que puede tener la inversión en construcción y conservación de carreteras. Cada millón euros invertido en ello genera en torno a 16 puestos de trabajo directos, y alrededor de 30 indirectos. Además, en un plazo de tiempo muy corto; casi inmediato. Por tanto, es importante considerar que la construcción y conservación de carreteras son parte de la solución del problema económico y de empleo al que como región y como país tenemos que enfrentarnos. (#La construcción es parte de la Solución)
Por otra parte, escalando el tamaño de las actuaciones, se favorece la participación pequeñas y medianas empresas responsables del 66% del empleo en el sector.

Actuaciones Pendientes
En Andalucía estamos a la espera del inicio de algunas actuaciones en materia de vías, fundamentales para la vertebración de las zonas donde se van a acometer. Es el caso de la terminación de la Autovía del Almanzora en Almería; el nuevo acceso a Alcalá del Valle en Cádiz, pendiente de adjudicación; la mejora de la capacidad de la A-306 Jaén-Andújar, que está en fase de desarrollo del proyecto o las obras de variante de Las Angosturas, A-333 en Priego de Córdoba, pendientes de licitación; entre otras. Todas ellas dependientes de la administración autonómica.
También el Gobierno de España tiene previstas algunas actuaciones singulares en nuestra Comunidad como la mejora del acceso al Puerto de Algeciras o las actuaciones de conservación y ampliación del Puente del Centenario en Sevilla. Aún hay muchas otras pendientes de obtener recursos para su ejecución.
La puesta en marcha de estas actuaciones, así como destinar recursos a la conservación del patrimonio viario, es vital ya que suponen un valor añadido al desarrollo y crecimiento económico del territorio que conectan, sin olvidar su impacto como generador de empleo.

Revista Caminos Andalucía

El valor de una infraestructura se define por la utilidad que tiene. Las infraestructuras son vitales para el estado del bienestar ya que permiten y fomentan el desarrollo y la mejora del entorno productivo, económico y social. Por eso invertir en infraestructuras es invertir en calidad de vida y en el progreso del lugar en el que se construyen.
En este marco, las infraestructuras viarias son vitales para el estado del bienestar y el desarrollo de la vida. Contar con una red de carreteras bien vertebrada y en condiciones de utilización que garanticen la seguridad del usuario y su confortabilidad, supone mejorar la conexión entre núcleos urbanos, reducir los tiempos de desplazamiento y reducir las emisiones de carbono, contribuyendo al desarrollo sostenible. Además, previene accidentes evitando muertes y lesiones que suponen alto coste social y económico. Por estas razones la inversión en carreteras es prioritaria, tanto para la construcción de nuevas vías, como la conservación y mantenimiento de las ya construidas.

La red viaria de Andalucía
La Comunidad Autónoma de Andalucía, es una de las comunidades con mayor extensión de carreteras de todo el territorio nacional. La red actual de carreteras en Andalucía suma 23.143 kilómetros, de los que 10.561 son de titularidad de la Junta de Andalucía, 3.451 kilómetros del Estado y el resto de las administraciones locales. Vertebran una comunidad con una extensión de 87.268 km², el 17,3 % del territorio español, siendo la segunda más extensa, tras Castilla y León, cuya extensión de red de carreteras es de 11.311 kilómetros.
Este patrimonio que tanto nos ha costado construir se ve amenazado por la falta de inversión en su conservación. Si no mantenemos las infraestructuras que construimos en el pasado, de nada habrá servido el esfuerzo.
La inversión anual en conservación de carreteras debería estar entre el 2% y el 3% del valor patrimonial de forma que puedan planificarse las actuaciones a acometer en las vías y logremos una actuación preventiva en lugar de correctiva, como ocurre habitualmente. En 2020 la inversión en vías andaluzas del conjunto de administraciones con competencias en ellas fue de 138 millones de euros. La AEC (Asociación Española de la Carretera) cifraba hace años las necesidades la red viaria andaluza en 600 millones anuales. Afortunadamente nuestras infraestructuras se están comportando mucho mejor de lo esperado según las cifras analizadas, pero no podemos mantener esta situación de forma indefinida. Cada euro invertido hoy en conservación de carreteras supone un ahorro 5 euros en tres años y de hasta 7 euros en reparar las graves deficiencias que tendría la vía en 10 años.

Inversiones en 2021
Los Presupuestos Generales del Estado para 2021 apenas contemplan una inversión de 1.100 millones de euros para las carreteras de toda España, y de los fondos que llegarán de la unión europea solo hay prevista una inversión de 30 millones. Esta cicatera cifra deja patente que 2021 no será el año para el desarrollo de nuevos proyectos.
Algo mejores son los presupuestos para la conservación, a la que se destinarán 1.240 millones de euros. Aunque es un importante aumento respecto años anteriores, todavía es insuficiente. Según datos de la Asociación Española de Carreteras (AEC) las carreteras españolas acumulan un déficit de más de 7.463 millones de euros.
Por otro lado, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha anunciado la puesta en marcha de un plan de inversión que podría ascender a más de 5.000 millones de euros para modernizar 2.000 kilómetros de carreteras de alta capacidad. Pero la vertebración de un territorio no solo depende de estas vías, sino que debe también poner el foco en las vías secundarias. Son igualmente necesarios planes que desarrollen y mejoren las carreteras de la red secundaria.
Por su parte, el presupuesto que en 2021 la Junta de Andalucía destinará a infraestructuras viarias está cifrado en 255,2 millones, de los cuales 176,2 millones irán dirigidos a conservación de carreteras, red convencional y seguridad víal.
Otro aspecto interesante a considerar en las carreteras es su capacidad en cuanto a la creación de empleo, y más en el contexto socio-económico en el que debemos desarrollarnos ahora. Desde que comenzó la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, y prescindiendo aquí de las consecuencias en el aspecto sanitario que ha tenido, hay varios sectores económicos cuya actividad ha sufrido un cese temporal que en algunos casos supondrá el cierre definitivo. En esta situación es importante considerar el aspecto positivo que puede tener la inversión en construcción y conservación de carreteras. Cada millón euros invertido en ello genera en torno a 16 puestos de trabajo directos, y alrededor de 30 indirectos. Además, en un plazo de tiempo muy corto; casi inmediato. Por tanto, es importante considerar que la construcción y conservación de carreteras son parte de la solución del problema económico y de empleo al que como región y como país tenemos que enfrentarnos. (#La construcción es parte de la Solución)
Por otra parte, escalando el tamaño de las actuaciones, se favorece la participación pequeñas y medianas empresas responsables del 66% del empleo en el sector.

Actuaciones Pendientes
En Andalucía estamos a la espera del inicio de algunas actuaciones en materia de vías, fundamentales para la vertebración de las zonas donde se van a acometer. Es el caso de la terminación de la Autovía del Almanzora en Almería; el nuevo acceso a Alcalá del Valle en Cádiz, pendiente de adjudicación; la mejora de la capacidad de la A-306 Jaén-Andújar, que está en fase de desarrollo del proyecto o las obras de variante de Las Angosturas, A-333 en Priego de Córdoba, pendientes de licitación; entre otras. Todas ellas dependientes de la administración autonómica.
También el Gobierno de España tiene previstas algunas actuaciones singulares en nuestra Comunidad como la mejora del acceso al Puerto de Algeciras o las actuaciones de conservación y ampliación del Puente del Centenario en Sevilla. Aún hay muchas otras pendientes de obtener recursos para su ejecución.
La puesta en marcha de estas actuaciones, así como destinar recursos a la conservación del patrimonio viario, es vital ya que suponen un valor añadido al desarrollo y crecimiento económico del territorio que conectan, sin olvidar su impacto como generador de empleo.

Revista Caminos Andalucía

El sector de la construcción es uno de los pilares fundamentales de la reactivación económica y colaborador necesario para la recuperación del país tras los devastadores efectos de la crisis sanitaria vivida en los últimos meses. Para ocupar este lugar destacado y ser la tabla de salvación, la construcción necesita partir de dos condicionantes, por un lado, la puesta en marcha de un plan de inversión en obras públicas, que facilite esta activación económica y le permita contribuir al desarrollo y generar empleo; y por otro que se garantice la viabilidad de los proyectos. Y para ello es fundamental que las administraciones adjudiquen los contratos en precios justos, que permitan a las empresas desarrollar las actuaciones de redacción o ejecución de los proyectos sin empujarlas a la precariedad. Este aspecto es fundamental para que las empresas puedan acometer su objetivo: ser tractor económico. Ambos conceptos están unidos y no se pueden desligar.

El problema de las bajas temerarias
Desde hace años, las empresas de construcción e ingeniería ven como la oferta económica se ha convertido en el elemento determinante en la adjudicación de los contratos de obra y redacción de proyectos. Sin duda, la oferta económica es uno de los elementos esenciales en toda licitación, pero en muchos casos la presión de que el peso económico sea decisorio en la adjudicación lleva a las empresas a presentar unos precios excesivamente bajos, en una dura competencia auspiciada por algunos organismos para los que el precio es la clave en la adjudicación del contrato.
La adjudicación a ofertas anormalmente bajas, coloquialmente conocidas como “baja temeraria” es uno de los principales problemas al que tienen que hacer frente las empresas del sector y también la Administración. Es un mal endémico en el que ambos son colaboradores necesarios, pero no exclusivos.

Aclaremos que adjudicar un contrato en baja temeraria es legal. Incluso la ley obliga al órgano de contratación a dar audiencia a los ofertantes que hayan incurrido en temeridad, para que “justifiquen y desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, o de costes, o cualquier otro parámetro en base al cual se haya definido la anormalidad de la oferta”.
Pero admitir justificaciones más o menos fundamentadas, para la ejecución de los contratos, tiene un efecto pernicioso y que perjudica a todas las partes implicadas.

Muchos organismos siguen en la dinámica de adjudicar los contratos a la oferta más baja, estando estos precios muy por debajo de los importes de licitación, bajo la falsa creencia de que el precio es el parámetro más objetivo, que además ahorra costes a la sociedad. Pero ambos supuestos están alejados de la realidad.
Por otra parte, las empresas, en su afán de contratar, a menudo ofertan los contratos sin margen, incluso a veces renunciando al beneficio y a parte de los gastos generales. Esto aún se hace más acusado en épocas como la actual, donde se teme un recorte en la inversión pública y todos aspiran a que “el parón nos pille con cartera de encargos”.
Pues hay que dejar patente que adjudicar contratos en temeridad, en primer lugar, no se ajusta a derecho. La Ley de Contratos del sector público establece que la adjudicación de las ofertas debe responder a una mejor calidad- precio, y no solo al precio. Sobre todo, en aquellos contratos con componente intelectual, como es el caso de la redacción de proyectos, donde este componente es patente. Pero también los contratos de asistencia técnica y de dirección de obra. Es más, la ejecución de las obras también exige un componente intelectual por parte de los equipos técnicos que rara vez se reconoce.

En segundo término, adjudicar contratos por debajo del precio justo, repercute en el normal desarrollo de los proyectos y amenaza la supervivencia de las empresas, especialmente en tiempos de crisis, en los que el número de contratos es menor y las empresas necesitan adjudicaciones que les permita mantener al menos la estructura y continuar la actividad.

Por último, es necesario considerar cual es el fin de un contrato de ingeniería o de obra: el diseño o la construcción de un elemento para ponerlo al servicio de la sociedad en un tiempo establecido igualmente en el contrato, junto con las características de calidad del mismo y el precio. Por lo tanto, pretender ejecutarlo por debajo del precio de mercado tiene un efecto pernicioso sobre todos los intervinientes. Sobre el que ejecuta el contrato, ya que le ocasiona pérdidas económicas que llegado el caso pueden llevarle a la renuncia del encargo. Para el promotor que en la mayor parte de los casos sufre retrasos en el plazo de ejecución y a menudo mermas en la calidad final del objeto del contrato. Y para el destinatario final del bien, el usuario en obra pública, que no recibe aquello que espera en tiempo y forma. Además también resultan perjudicados otros intervinientes en el proceso: industrias auxiliares, proveedores, subcontratas, etc.

Es imprescindible atajar las adjudicaciones en baja temeraria en los contratos. Se deben regular en los pliegos de licitación el límite de temeridad de las ofertas, para que sea viable la construcción de la infraestructura y las empresas deben ser coherentes y ofertar a precios reales.

Revista Caminos Andalucía

En el mundo de la empresa, el ingeniero de caminos, canales y puertos desempeña un papel muy versátil que en ocasiones es decisivo para el buen desarrollo de los proyectos. Y eso es lo que se espera de ellos por parte de la dirección de la organización, es decir, que aplique su ingenio y su talento para resolver las cuestiones que se presenten en cada momento.
La ingeniería es una profesión apasionante que plantea continuos retos donde nunca se podrá decir que ya está todo aprendido ni todo hecho. Quien accede a esta profesión lo hace motivado por la ilusión de poder dedicar su vida a desarrollar sus habilidades de análisis y resolución de problemas, aplicando estas aptitudes a la ejecución de proyectos que pasen del papel a la realidad, que se materialicen y así poner al servicio de la sociedad las infraestructuras estratégicas para la cohesión territorial, y la sostenibilidad de nuestro modelo social, económico y productivo. El ingeniero de caminos es un profesional muy valioso por su capacidad técnica e implicación en el desarrollo de nuestro entorno.
La ingeniería no es una profesión estancada. Los ingenieros de caminos a diario continúan ampliando su aprendizaje a la vez que fortalecen sus capacidades como profesionales cualificados. Y aquí juega un papel muy determinante la empresa, ya que en muchas ocasiones es dentro de la empresa, como integrante de la misma, donde el profesional realmente se forma como ingeniero de caminos, aplicando sus conocimientos a situaciones reales.
Si bien el mundo académico es útil para sentar las bases de la profesión, la formación real y práctica del ingeniero de caminos está fuera del mundo académico, y es la que proporciona mayor valor al profesional. La Universidad y especialmente las escuelas técnicas adolecen de cercanía con las necesidades reales de la profesión, dejan al margen las capacidades que debe recoger el perfil de un ingeniero de caminos para su actividad diaria, que es donde realmente se siguen formando.
Cuando el ingeniero de caminos desembarca en la empresa, es cuando pasa de la teoría a la práctica y desarrolla las capacidades que le serán útiles para su día a día. Dependiendo del puesto que desempeñe en la organización presentará un perfil u otro.
En el caso de los jefes de obra, así como en los puestos de redactor de proyecto y en las oficinas técnica, lo que la empresa espera de ellos, además de sus capacidades técnicas, es que sea resolutivo, que tenga fuertes habilidades de negociación y de interpretación, incluso de empatía. A estas aptitudes tendrá que recurrir en muchas ocasiones, ya sea para trasladar las directrices al proyecto, ya sea para negociar con proveedores, o bien para tratar con la Administración. También es muy importante su capacidad de presentación de los planteamientos que crea convenientes y que si son viables se podrán incorporar al proyecto, y si no lo son, al menos será interesante tenerlos en cuenta para valorar todas las posibilidades, de todo se aprende.
En el organigrama funcional de la empresa, el ingeniero de caminos también puede desempeñar puestos directivos. En este caso, sus capacidades psicológicas pesarán más que las técnicas, ya que las habilidades sociales, incluso los conocimientos financieros, son determinantes para el buen hacer de su trabajo.
El trabajo del ingeniero de caminos debe ir en la línea de los objetivos de la empresa, cuya preocupación principal es la sostenibilidad de la organización en todos los planos y el reconocimiento social de la misma.
Todos estos conocimientos y destrezas que, en definitiva, definen el perfil de ingeniero de caminos deseable por la empresa, los adquiere el profesional de forma complementaria a su experiencia académica.
Es una realidad que nos preocupa desde el tejido empresarial y donde creemos que el mundo académico debería hacer una seria reflexión y poner mayor ahínco en forzar una conexión real entre Universidad y empresa, para que nuestros estudiantes de hoy sean eficaces profesionales del mañana.